La jueza de Garantías de Salta Mariela Giménez hizo lugar a la imputación penal requerida por el fiscal federal Ricardo Toranzos contra tres integrantes de una organización narcocriminal que obtenía la droga desde Bolivia y la trasladaba al sur del país.

La acusación se presentó en la audiencia de formalización de la investigación penal, realizada el viernes pasado ante la jueza Giménez, quien declaró legal la detención de los acusados Armando Martín Escalante, su hermano Rubén, y Catalina del Valle Peralta, a quienes se le imputó el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

Al presentar el caso, el fiscal -asistido por el Investigador Pablo Carraro- sindicó a Armando Escalante como el líder de la organización, ya que se estableció el rol preponderante que tenía sobre el resto, incluso se verificó que viajó a Bolivia para  negociar la compra de la cocaína.

La fiscalía solicitó la prisión preventiva de los tres acusados, planteo que fue aceptado por la jueza. Este fue punto principal de debate porque Armando Escalante es una persona no vidente y tiene además una herida intestinal abierta que le demanda cuidados sanitarios y padece de tuberculosis.

En la discusión se tuvo presente que al momento del hecho Escalante tenía el beneficio de arresto domiciliario en el cumplimiento de una pena de 5 años y 6 meses de prisión por el transporte de 26 kilos de cocaína. 

El fiscal explicó que la captura de estas personas fue como resultado de pesquisas preliminares que tenían como objetivos principales a Armando Escalante y Peralta, nombres que habían surgido de una investigación de Gendarmería Nacional. Escalante aparecía como la persona que llevaba adelante las negociaciones para abastecerse de droga, esto incluía viajes a Bolivia, y luego dirigía el traslado a la ciudad de Orán y desde ahí a Salta.

El cruce con "caminantes" 

Con otro cómplice, identificado como Víctor Sánchez, conformó una dotación de mochileros que cruzaban la frontera, a la altura de la localidad de Aguas Blancas, en el límite fronterizo. El fiscal destacó que Escalante demarcó el itinerario que debían hacer los cargadores por el monte.

Ya de lado argentino, los mochileros (también llamados “caminantes” en la jerga) dejaban la carga en una finca de la zona, donde pasaba a una etapa de “enfriamiento” hasta que nuevamente salía en tránsito a Salta. La casa de Peralta, en Orán, también era utilizada para esa misma función.

Entre otras pruebas, la fiscalía expuso diálogos extraídos de escuchas telefónicas tomadas del teléfono celular de Escalante, que aparece como el coordinador de los viajes de los mochileros.

El viernes 3 de mayo, se estableció que Escalante acordó reunirse con Sánchez en un lugar no determinado del paraje El Orejón, en Bolivia, donde iban a recibir un cargamento de 49 kilos de cocaína y coordinar su ingreso a este país.

El 6 de mayo se interceptó otro contacto en el que Sánchez confirmaba a Escalante la entrega. “Esta tarde te entrego”, le dijo, a lo que el líder de la organización responde: “sí, porque la gente ya está esperando”.

El 7 de mayo se ubicó a Rubén Escalante en las calles de la ciudad de Orán, en un utilitario Renault Kangoo. La fiscalía indicó que siguiendo el diagrama armado por su hermano, llegó hasta la calle Corrientes, entre Alberdi e Independencia, donde se detuvo junto a un vehículo Chevrolet Spin y se acercó a entregar  una mochila a su conductor. En ese momento integrantes del Grupo Operativo Conjunto NOA y la Unidad de Procedimientos Judiciales de Orán, de Gendarmería Nacional, detuvieron a Escalante, quien arrojó la mochila al suelo e intentó escapar. En cambio, el receptor logró subir al coche y huir.

En la requisa al utilitario se encontró otra mochila con 20 paquetes más de droga. Otro más fue hallado dentro de la guantera, junto a un teléfono celular y la documentación vehicular. Reunidos todos los paquetes, se estableció un peso de 49 kilos y 672 gramos de cocaína.

Tras el secuestro de la droga, la fiscalía avanzó con una serie de allanamientos. El primer domicilio registrado fue el del jefe de la organización, quien fue detenido.

También fue allanada la vivienda de Peralta, que fue detenida en ese procedimiento. La fiscalía dijo que su participación surgió de una conversaciones que mantuvo con Escalante, en cuya casa trabajaba como empleada doméstica. Además, el fiscal sostuvo que obtuvo evidencias de que prestaba su casa para el acopio de droga, citó en ese sentido llamados en los que Armando Escalante le pide guardar algo en su casa y la mujer lo autoriza. 

En cuanto al hombre que iba a recibir la droga y que logró escapar, la fiscalía aportó su identidad y solicitó su captura nacional e internacional, y también la de Sánchez.

“Carné para cometer delitos”

Al momento de evaluar las medidas de coerción, la fiscalía tuvo en cuenta la situación de Peralta, quien tiene tres hijos menores a cargo, por lo que “ante el interés superior del niño” accedió a que cumpla prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.

En cambio, pidió que los hermanos Escalante sigan en prisión efectiva. Además de tener en cuenta el monto de la pena que podrían recibir, la fiscalía destacó la envergadura y la naturaleza del hecho, la inversión puesta en la contratación de un grupo de mochileros, el riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecimiento del proceso, ya que aún resta detener a dos integrantes, sin descartar la posible participación de otros más.

Sobre la situación de Armando Escalante, resaltó el antecedente de la pena que ya cumple. “Este hecho, por sí solo, demuestra que su permanencia en una medida restrictiva inferior a la detención carcelaria no surtiría efecto, pues su nueva incursión delictiva demuestra que no supo aprovechar el beneficio otorgado en su momento”, indicó el fiscal Toranzos.

Para el fiscal, si Escalante tuviera de nuevo la prisión domiciliaria es muy factible que avise a los otros implicados. La defensa se opuso a que la prisión efectiva de Escalante, por su situación de no vidente y su estado de salud. El fiscal reconoció los problemas de salud, destacó que recibirá atención médica en la cárcel e insistió con la prisión efectiva: “Es importante que hagamos ese esfuerzo, ya que, de lo contrario, pareciera que estamos dando un carné para cometer delitos, pues tiene asegurado el orden domiciliario”, destacó el fiscal.

Al momento de resolver, la jueza dictó la prisión preventiva de los tres acusados, que en el caso de Peralta será con la modalidad de arresto domiciliario. Sobre el jefe de la organización, le reprochó: “su estado de salud no imposibilitó el haber seguido con en este tipo de delitos”. 

“No puede utilizarse la salud como motivo para sustraerse de su responsabilidad ante el Estado”, afirmó la jueza, quien, no obstante, ordenó el traslado de Escalante al hospital, para que se le practique un control integral y, si se amerita, se disponga su internación. A su vez, dispuso que el Servicio de Atención Médica del complejo penitenciario evalúe el caso y determine si puede brindarle la asistencia requerida.

“De la misma manera que este tribunal tiene que equilibrar la preservación de salud del acusado, también lo debe hacerlo respecto a la obligación que tiene el Estado argentino a fin de que estos delitos no queden totalmente impunes”, concluyó la jueza.

Su decisión fue impugnada por la defensa y el lunes último la Sala I de Revisión, integrada por los jueces Santiago French, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas y Ernesto Solá, ratificó lo resuelto por la jueza Giménez.