“Las personas que están en situación de calle muestran lo que somos como sociedad: qué se considera digno e indigno, lo esperable y lo que no. Los horizontes a los que las personas de una ciudad particular pueden aspirar”. Con esas palabras, para fraseando a Georg Simmel, Ana Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA dio el puntapié para las “Jornadas de políticas públicas y personas en situación de calle” organizadas por el Ministerio Público de la Defensa de CABA. Arias introdujo en calidad de anfitriona un panel integrado por Marcela Millán, Defensora General de la Ciudad; María Rosa Muiños, Defensora del Pueblo de la Ciudad y Gabriel Mraida, Ministro de desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. Con la moderación de Santiago Roberto (Secretario General de Planificación del MPD).

La jornada, con timming a la altura de la realidad, se realizó justamente en un momento en el que los padecimientos de las personas sin techo emergen en la agenda pública a raíz de los llamados operativos de “limpieza urbana”. La difusión de imágenes de esos operativos fue lo que motivó que el MPD realizara un pedido de informes al Gobierno porteño. La presentación formal sigue sin respuesta todavía.

A la intemperie

“Sabemos que la de las personas sin techo es una realidad tristísima con la que convivimos hace muchos años pero en el ultimo tiempo se hizo más visible”, dijo María Rosa Muiños durante su intervención en el primer panel “El rol del Estado en la problemática que atraviesan las personas en situación de calle”. Según sus estimaciones, es muy probable que la población que está en la calle ahora (los nuevos “sin techo”) haya pertenecido hasta hace muy poco a la clase media. El aumento de tarifas, prepagas, transporte, el encarecimiento de los alimentos, la falta de acceso al servicio de salud (público y privado) y a la educación se agravan cada día en el marco del ajuste feroz que enorgullece a la fuerza política gobernante. Y eso para Muiños contribuye a que “un montón de gente que hace apenas dos o tres años no imaginaba que podía terminar en la calle hoy lo esté”.

Muiños relató que desde la Defensoría de Pueblo se están haciendo relevamientos de los hoteles familiares de la ciudad y de los Centros de Inclusión Social (CIS). Las tarifas de los hoteles familiares en el último mes rondaron los 160 mil pesos, para una habitación chica. Sin embargo, el subsidio habitacional que ofrece el GCBA es de apenas de 50 mil pesos.

Este año la Defensoría del Pueblo volvió a abrir un dispositivo de atención especializada para personas en situación de calle. Según los cálculos de la Defensoría hasta el año pasado pasaban por ese dispositivo entre 30 y 40 personas por día. El 74 por ciento de las personas entrevistas son de género masculino. El 66 por ciento no tiene secundario finalizado. El 85 por ciento es de nacionalidad argentina. Las comunas 1 y la 4 son las zonas de mayor influencia de la población encuestada. El 62 por ciento de las personas que pasaron por ese dispositivo controla su salud eventualmente en el Sistema Público. Y un 27 no realiza ningún tipo de controles. Casi el 30 por no percibe ningún programa de ayuda social.

Por su parte, Marcela Millán, Defensora General de la Ciudad, describió el marco legislativo que vela por los derechos de las personas en situación de calle (leyes locales y tratados internacionales a los que Argentina adhiere desde 1994). “Las leyes no son el problema, el problema son las prácticas”, concluyó.

Además de aportar datos sobre cómo el deterioro económico profundizó el difícil permanente de la Ciudad en materia de vivienda, se refirió a cómo funciona el sistema penal de la Ciudad con las personas en situación de calle: entre 2023 y 2024, las personas sin techo detenidas por resistencia a la autoridad aumentaron un 35 por ciento.

“Hace 20 años que tenemos un problema muy grave que es que el sistema judicial es el que termina obligando al cumplimiento de las políticas públicas. Y esto no debería ser así. El poder judicial debería llegar al final, y de ninguna manera debe ser el que impulse el cumplimiento”, señaló Millán. “El responsabilidad del GCABA contribuir a visibilizar a las personas en situación de calle como, justamente, personas, no como enemigos. Plantearlos como enemigos del resto de los vecinos es algo muy peligroso”, añadió.

“Limpiando la zona”

Por estos días, organizaciones como Proyecto 7 y Amigos en el Camino, que trabajan con esta temática, declararon su repudio a los videos que circularon en redes sociales que registraban la iniciativa del gobierno porteño de trasladar a personas para sacarlas de la vía pública, “limpiando la zona como si se tratara de mobiliario o basura”. 

Quizás en parte en respuesta a estos cuestionamientos, durante la mañana del jueves, el ministro Gabriel Mraida y el jefe de Gobierno de la ciudad Jorge Macri anunciaron que sumarán dentro de 15 días un nuevo Centro de Inclusión Social (CIS) a los 47 que ya existen. Y el jueves, por la tarte, el ministro participó de las jornadas organizadas por el MPD de la Ciudad para dar algunas precisiones sobre aquel anuncio.

Mraida reconoció que “de 2019 a 2024 la población de personas sin techo aumentó más de 100 por ciento”, y que es “un problema, que se ha vuelto más grande y más complejo en los últimos años”.

Durante el panel el Ministro dijo también que desde el gobierno de la Ciudad se vienen desarrollando herramientas como la Red de atención, que busca “a veces de forma más consensuada y otras veces con errores autoasumidos” darle visibilidad al problema. La red de atención busca “descentralizar las bases de atención, abrir subsedes para llegar antes y tener los tiempos para abordar las necesidades que tiene cada persona a la cual nos acercamos”. También busca generar herramientas de segmentación más específica: "ya sea para adicciones, para velar por la continuidad escolar o apoyar la reinserción laboral. O para quienes necesitan tratamientos de salud mental”.

Números que no cierran

Durante el segundo panel, se expusieron datos alarmantes. En 2023 hay registro de unas 3511 persona viviendo en esa situación, lo cual significa un aumento del 46 por ciento con respecto al año anterior, según las propias cifras de la Ciudad. De 2016 a 2023 la cantidad de personas en situación de calle creció un 229 por ciento. Sin embargo, la cantidad de subsidios habitacionales disminuye: en 2022 hubo unos 16 mil beneficiarios, pero en 2023 solo unos 10 mil.

Los números de los relevamientos anuales oficiales, ya de por sí preocupantes, además, vienen siendo cuestionados desde hace años por las organizaciones sociales comprometidas con este tema. El año pasado, el Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle (ReNaCalle), arrojó para la Ciudad un total de 8.028 personas. Para Proyecto 7, en tanto, "actualmente la población en situación de calle, solo en la Ciudad, no es menor a 12 mil personas".

El presupuesto de los centros de inclusión social de 2017 a 2024 aumentó 166 por ciento. Pero lo ejecutado del presupuesto tiene una reducción del 26 por ciento. Además, el Programa de subsidios habitacionales representa en el volumen del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat menos de 3 % de presupuesto total.