Desde Lima
Acorralada por escándalos de corrupción, la presidenta Dina Boluarte recibió el golpe de la caída de su ministro del Interior, acusado de obstruir las investigaciones fiscales contra ella y su hermano, pero al día siguiente tuvo razones para celebrar. Se salvó de ser llevada al Congreso para un proceso de destitución por incapacidad moral, y una decisión judicial liberó a su hermano y a su abogado, detenidos hace una semana en el marco de una investigación fiscal por integrar una organización criminal. Estas victorias en el terreno judicial y parlamentario le dan a Boluarte algún alivio, pero con una presidencia muy desacreditada, débil y graves acusaciones en su contra, su situación sigue siendo crítica.
Un tribunal de apelaciones ordenó en la noche del viernes la liberación de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, y del abogado de la jefa de Estado, Mateo Castañeda, por considerar que no existe peligro de fuga ni de obstrucción a las investigaciones que justifiquen su detención preliminar. Pero la decisión judicial no aborda el fondo de las acusaciones contra ambos. La investigación fiscal continúa. A Nicanor Boluarte se le imputa haber influido ilegalmente y haberse beneficiado con la designación de funcionarios públicos y en el otorgamiento de obras públicas a sus allegados, y al abogado Castañeda de maniobras ilegales para neutralizar las investigaciones fiscales. A pesar de las evidencias que Castañeda ofreció, sin éxito, ascensos a dos coroneles del equipo especial de la policía que trabajaba con la Fiscalía a cambio de boicotear las investigaciones al hermano de la presidenta, los tres magistrados del tribunal consideraron que no había un riesgo de obstrucción al proceso por parte de ambos y los liberó.
En opinión del abogado y exprocurador anticorrupción Julio Arbizu, esta decisión judicial no debilita el caso que tiene la Fiscalía porque el tema de fondo no se ha visto. “Hay elementos de convicción potentísimos sobre la responsabilidad de ambos en los cargos imputados. Esta decisión judicial tiene que ver solamente con una medida cautelar sobre una detención preliminar, si hay riesgo de fuga o de obstrucción al proceso. La conducta de estas personas da cuenta que sí hay suficientes elementos para sostener que existe una obstaculización al proceso, pero es clarísimo que tienen suficiente poder como para conseguir este tipo de decisiones judiciales”, le declaró a PáginaI12.
La detención preliminar contra el hermano y el abogado de la presidenta que ha sido levantada era por diez días, pero era el primer paso para que la Fiscalía pida prisión preventiva, que podría prolongarse hasta por tres años. Esta decisión judicial que anula la detención preliminar es también un golpe contra el pedido de prisión preventiva que la Fiscalía tenía previsto hacer en estos días.
“Después de esta decisión judicial y sabiendo que una prisión preventiva caería rápidamente en apelación en la misma Sala que ha dado este fallo, la Fiscalía debe reconstruir su estrategia y sustentar ese pedido con nuevos elementos”, dice Arbizu. Uno de los oficiales policiales a los que el abogado de la presidenta ofreció beneficiar a cambio del boicot a las investigaciones de la Fiscalía ha revelado que esas conversaciones están grabadas. “Grabaciones de esas conversaciones -indica Arbizu- pueden ser un elemento nuevo decisivo para obtener una prisión preventiva”.
Las acciones de su abogado para neutralizar ilegalmente la investigación fiscal a su hermano comprometen a la presidenta Boluarte. Como el abogado no tuvo éxito en esas gestiones ilegales, el jefe de ese equipo policial que apoya a la Fiscalía, el coronel Harvey Colchado, fue suspendido, y luego el equipo policial desactivado. Por estos hechos, Boluarte es investigada por la Fiscalía por obstrucción a la justicia y encubrimiento. También es investigada por enriquecimiento ilícito y cobro de sobornos. “El caso que tiene la Fiscalía contra Boluarte es sólido”, asegura Arbizu.
Tres mociones de vacancia presidencial por incapacidad moral por estas acusaciones contra Boluarte, fueron bloqueadas en el Congreso por la derecha y extrema derecha, capitaneadas por el fujimorismo. No se alcanzaron los votos ni siquiera para que sean debatidas y Boluarte asista al Congreso a responder por estos cargos. Legisladores que antes promovieron con insistencia pedidos de destitución contra el expresidente Pedro Castillo, ahora dieron un giro total en su argumentación y señalaron que pedir la vacancia presidencial era desestabilizar la democracia.
En este escenario de grave crisis que sacude al gobierno, rodó la cabeza del ministro del Interior, el general en retiro Walter Ortiz. Renunció antes de ir al Congreso, citado por la minoría opositora para responder por la desactivación del equipo especial de la policía que apoyaba las investigaciones de la Fiscalía al hermano de la presidenta. El nuevo ministro del Interior es el abogado Juan José Santiváñez, que era el viceministro y tiene un oscuro pasado como abogado de oficiales de la policía que integraron un escuadrón de la muerte y de otros oficiales acusados de corrupción y de trabajar con bandas de delincuentes. Una designación que refleja la descomposición del régimen de Boluarte.
En diálogo con PáginaI12, el antropólogo Eduardo Ballón, investigador principal de Desco - Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, señala que “la salida del ministro del Interior es una muestra de debilidad en un momento en el que el íntegro del Ejecutivo da muestras de debilidad y desgobierno, Boluarte seguramente habría preferido su continuidad”. Atribuye la renuncia del ministro, a quien califica como un exoficial de la policía “de tercera fila”, a su temor de ir al Congreso y que legisladores de la minoría opositora lo pongan en problemas. “El nuevo ministro -afirma Ballón- asegura la continuidad en la política que convierte al Ministerio del Interior en un aparato de Boluarte para tratar de parar las indagaciones fiscales sobre el hermano en el plazo inmediato y sobre ella misma en el plazo mediano”.
Si Boluarte cae ahora se adelantarían las elecciones de 2026. Algo que la mayoría de derecha que controla el Congreso no quiere porque necesita seguir manejando el Legislativo al menos hasta asegurar terminar con las acciones que está tomando para copar los sistemas de justicia y electoral.
“Una vez que el Congreso haya terminado con su agenda para controlar las instituciones, que sería en el segundo semestre del año, puede dejar caer a Boluarte. Pero la podrían mantener más tiempo, dependiendo de su cálculo electoral y en la medida que no sientan presión para sacarla, la calle no demuestra una movilización significativa. En medio de su debilidad, Boluarte ha demostrado que el Congreso no está, en el plazo inmediato, dispuesto a destituirla. Y en estos días los gobernadores regionales, contra negociaciones presupuestarias, han apoyado su permanencia en la presidencia en nombre de la gobernabilidad. Estos dos hechos la favorecen, pero sigue siendo una presidenta muy débil”, opina Ballón. “La gran debilidad de Boluarte -precisa- no va a suponer su caída inmediata, como hace unos días algunos podían pensar”.
