La decisión de Javier Milei de homenajear a Carlos Menem y de hablar de los indultos a los genocidas que firmó como una forma de “pacificar” el país no pasó desapercibida en los tribunales de Comodoro Py. En un fallo firmado horas después del acto que el Presidente encabezó en la Casa Rosada, la Cámara Federal de Casación –el máximo tribunal penal del país– recordó que no puede haber indultos ni morigeraciones para criminales de lesa humanidad.
Este martes, Milei inauguró un busto en Casa de Gobierno de Menem, a quien considera el mejor presidente de los últimos 40 años. En tren de celebrar su decisión de indultar a quienes operaron en los campos de concentración, el Presidente hizo un repaso de Menem como preso político de la dictadura. En ese racconto, recordó que la madre de Menem murió mientras él estaba detenido y que el riojano no consiguió permiso de Albano Harguindeguy, entonces ministro del Interior, para asistir al entierro.
“A los meses de asumido como presidente, utilizando las herramientas constitucionales, toma la decisión de pacificar a la Argentina a través de numerosos indultos otorgados a militares como así también a guerrilleros”, dijo Milei –que describe los crímenes de la dictadura como una guerra con excesos. “La historia dice que el primer indulto se lo firmó al mismo General Harguindeguy que le había prohibido asistir al velorio de su madre. Esto le costó a Menem diversas peleas familiares, con el señor Eduardo, por ejemplo. Cuando estaba indultando nada más y nada menos que a quien le había impedido despedir a su madre. Cuando lo consultaron por qué lo hacía, Menem respondía hacia sus personas más cercanas, que lo más importante era pacificar”, añadió en una oda a la reconciliación.
Las palabras no fueron inocuas. Durante la tarde, la Sala I de la Casación –integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar– revocó el sobreseimiento de Juan Carlos Alzugaray, una pieza clave de la represión en Salta. En su voto, Slokar –que preside la comisión de lesa del tribunal penal– escribió: “Resulta indubitable que del mismo modo en que los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía, tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad que se ha desandado paulatinamente durante los últimos veinte años a partir de la incorporación de los tratados de Derechos Humanos al bloque de constitucionalidad y, especialmente, ante la reapertura de estos procesos, originados en una respuesta legislativa y jurisdiccional, tardía, pero concluyente”.
Alzugaray fue alcaide mayor del Servicio Penitenciario de Salta. Fue condenado como partícipe necesario en la masacre de Palomitas, cuando once presos políticos fueron sacados del penal de Villa Las Rosas y fusilados en lo que intentó presentarse como un enfrentamiento.
En abril de 2022, Alzugaray fue procesado, además, por la desaparición del expenitenciario Héctor Ramón Pérez. En diciembre de 2022, la Cámara Federal de Salta revocó el procesamiento. El fiscal Eduardo Villalba apeló y dijo que los camaristas estaban convalidando la versión de la dictadura.
Pérez había trabajado durante siete años en el Servicio Penitenciario de Salta. Desapareció el 7 de noviembre de 1977. Dos días antes le habían dado la baja. A partir de esto, Pérez reunió a su familia y le dijo que estaba en peligro. Más allá de versiones disímiles, no volvieron a saber de él. Un testigo de identidad reservada declaró que había visto a Pérez discutiendo con Alzugaray, y que después le dijeron que había muerto por estar “buchoneando”. La explicación es que Pérez se oponía a los crímenes que cometían desde el Servicio Penitenciario salteño. Petrone, que lideró el acuerdo, entendió que había elementos para continuar con la investigación sobre Alzugaray.
En los últimos meses, ya hubo otros pronunciamientos de la Casación sobre la imposibilidad de los indultos. Lo mismo dijeron el 24 de marzo pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la Organización de Naciones Unidas (ONU) mientras arreciaban versiones de un posible beneficio a los genocidas de la dictadura.
