Producción: Tomás Lukin.
Política deliberada
El gobierno se propuso que los aumentos salariales no excedan el 15 por ciento. Ese objetivo oficial se encuentra por debajo de las expectativas relevadas por el Banco Central para el año donde las consultoras privadas proyectan una inflación del 19,9 por ciento. De concretarse esa grieta entre aumento de precios y salarios, el poder adquisitivo del salario caerá.
¿Estamos ante una casualidad, un error de cálculo o una política deliberada? Llamamos ancla inflacionaria a la contención intencional de un precio en relación al resto de los precios, con el objetivo de reducir la inflación. De esta manera, identificamos un tridente constituido por tres variables nominales fundamentales: tipo de cambio, esquema tarifario y salario. Dependiendo el caso, el Gobierno viene operando sobre ellas de forma intercalada o simultánea.
Durante 2016, el salario funcionó como ancla inflacionaria con 32,9 por ciento promedio de aumento de salario registrado mientras que los tarifazos arrojaron un alza promedio de 87 por ciento en esos precios regulados y la devaluación y posterior desregulación del mercado cambiario resultaron en una depreciación del peso de 38 por ciento. Así se configuró un escenario inflacionario de 41 por ciento según el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. A lo largo de 2017 fue el tipo de cambio quien ocupó el rol de ancla (con una depreciación de 11,8 por ciento), mientras que los salarios registrados se emparejaron con la inflación. Los precios regulados conservaron un comportamiento alcista (42 por ciento), aunque más moderado que el año anterior.
¿Cuál será la suerte de los salarios respecto a la inflación en 2018? Para estimar esta relación construimos un modelo para predecir el impacto que estas tres variables tendrán sobre la inflación. Suponiendo una depreciación del peso del 34 por ciento a partir de las cotizaciones del Rofex, un incremento de precios regulados de 24,1 por ciento en base a los aumentos anunciados de tarifas y un cierre de paritarias que orbite el 15 por ciento añorado por el gobierno, estimamos que la inflación interanual en diciembre de 2018 se ubicaría en 19,4 por ciento. El salario recuperaría así su rol de ancla inflacionaria, en reemplazo del tipo de cambio, mediante una caída real de 4 por ciento. Para no perder con los precios las paritarias deberían cerrar al menos en 21,5 por ciento.
Hasta el momento las paritarias cerraron en línea o por debajo de la meta: UTA, Comercio, Obras Sanitarias y Luz y Fuerza, municipales de CABA y trabajadores/as de edificios. Otros gremios lograron aumentos superiores a la pauta del gobierno, tal es el caso de docentes de San Juan, Tucumán, Corrientes (17 por ciento) y San Luis (40). También estuvieron por arriba los estatales de Santiago del Estero (20) y San Luis (40 por ciento). Además solo un puñado de acuerdos salariales incluyeron la cláusula gatillo.
Desde la asunción de Cambiemos, el salario real del sector formal lleva registrado una caída acumulada del 6,4 por ciento. Si el Gobierno lograra su cometido, estimamos la pérdida en 9,9 por ciento para diciembre de 2018. En el sector informal la realidad es aún más cruda, dado que los trabajadores tienen un menor poder de negociación salarial. Si comparamos nuestras estimaciones de inflación con el aumento pautado para el Salario Mínimo Vital y Móvil a julio de 2018, se tiene que en todos los escenarios la caída del salario mínimo real superaría el 8 por ciento interanual.
La contención salarial contribuye a debilitar la puja distributiva, el principal factor detrás de la inercia inflacionaria, al mismo tiempo que se propone recomponer la tasa de ganancia mediante la reducción de costos empresariales. El techo de 15 por ciento no es casual ni un error, sino que responde al mismo plan económico del Gobierno expresado en las reformas tributaria y laboral. La resolución de las paritarias pendientes definirá la consolidación de un escenario de pérdida de poder adquisitivo que, a la luz de los primeros resultados, resulta bastante probable. El gobierno afirma que bajar la inflación es fundamental para cuidar el bolsillo de los argentinos. Sin embargo, la estrategia elegida para desacelerar los precios es que los ingresos crezcan por debajo.
* Miembros del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP).
