El martes comenzará un nuevo juicio contra Milagro Sala en la que se la acusa de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. La Justicia jujeña habilitó la feria judicial para que se desarrolle el debate oral y público por la megacausa conocida como “pibes villeros” en la que, además de la referente de la Tupac Amaru, están acusadas más de 30 personas entre militantes sociales y ex funcionarios públicos. El juicio estará dirigido por el Tribunal Oral en lo Criminal 3, que además de estar presidido por una jueza que habría reprobado los exámenes para ocupar ese rol, plagió párrafos enteros de un fallo de la Cámara de Casación Federal para justificar el rechazo a casi toda la prueba testimonial, documental y pericial que solicitó la defensa de Sala, así como de su pedido de nulidad de la elevación a juicio. La situación “priva a todos los imputados del derecho a contar con jueces imparciales e independientes y afecta decididamente su derecho a la defensa”, denunciaron los abogados de Sala.

El que comienza esta semana es el cuarto juicio que debe enfrentar la dirigente social jujeña, detenida desde enero de 2016, y el primero con posibilidad de recibir condenas graves. El 3 de febrero de 2017 fue condenada a 3 años de prisión en suspenso por un escrache a Morales. La pena fue apelada por la querella y la defensa y Casación no solo la confirmó sino que le exigió al tribunal elevar el monto de la condena. En diciembre de 2016, fue condenada por violar el código contravencional al acampar durante 50 días frente a la Gobernación.  

En este caso, sin embargo, Sala enfrenta penas de más de 10 años de prisión al estar acusada por asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado, acusaciones que fueron construidas “artificiosamente”. Durante la audiencia prelimiar, la defensa de Sala solicitó la nulidad de la elevación a juicio que realizó el Ministerio de la Acusación (la Fiscalía) en la que ubican a Sala y a otros militantes de la Tupac Amaru como integrantes de una organización criminal cuyo objetivo es estafar al Estado mal utilizando dinero público. “No hay una sola mención de fechas, referencias temporales sobre cuándo habría empezado a funcionar la asociación ilícita, cuándo habrían sucedidos los supuestos hechos bajo juicio ni la modalidad que siguieron”, indicó a este diario Matías Duarte, cabeza de la defensa. Ese pedido, junto al que presentaron sobre pericias, testigos y documentación, fue rechazado de plano por el TOC 3, que dirigirá el debate.

El plagio 

En su edición sabatina, la edición jujeña del periódico El Expreso denunció que el TOC 3 de Jujuy, integrado por las juezas María Alejandra Tolaba, Claudia Sadir y Ana Carolina Pérez Rojas, habían copiado párrafos enteros de un fallo de la Sala I de la Cámara de Casación Penal de la Ciudad de Buenos Aires en su resolución de rechazo al requerimiento de elevación a juicio y a las pruebas documentales, testimoniales y periciales propuestas por la defensa de Sala en la audiencia preliminar del juicio, que se llevó a cabo a comienzos de junio pasado. En esa resolución, el TOC no realiza determinadas citas a otros fallos, sino que directamente copia y pega argumentos que el juez de la alzada Mariano Borinsky utilizó para argumentar su voto en el fallo que él y sus colegas Ana María Figueroa y Gustavo Hornos rechazaron los recursos de casación presentados por las defensas de los hermanos William y Alan Schlenker y confirmar la condena a prisión perpetua que ambos les valió por el crimen de Gonzalo Acro. El fallo de casación es de mayo de 2016.   

“Hay párrafos con citas textuales de jurisprudencia lo cual no genera un gran problema, pero hay un párrafo en particular en el que está un párrafo entero copiado de Borinsky lo cual es grave”, sostuvo Duarte. Señaló que “demuestra que las juezas del tribunal no razonaron ni juzgaron el aspecto a analizar de la sentencia sino que lo copiaron de lo que dijo un juez de otro tribunal, de otra jurisdicción sobre otro tema”.  

“Plagiar algo siempre está mal, pero cuando lo hacen jueces o juezas en un proceso penal no solo es muestra de incapacidad y estafa intelectual sino que evidencia una imposibilidad objetiva para juzgar a otras personas”, dijo Aníbal Ibarra, miembro del Comité por la Liberación de Milagro Sala. 

En esas resolución, las juezas también rechazaron por unanimidad casi todas las pruebas y los testigos que solicitaron las defensas y dejaron en pie testigos son propuestos y solicitados por el Ministerio Público de la Acusación y las querellas, impulsadas por dos organismos del Ejecutivo de Morales: la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de Estado. “Esto implica un claro y directo ataque al legítimo derecho a la defensa en el que se obliga a los acusados a participar de un proceso en el que los abogados iríamos a legitimar una suerte de espectáculo con nuestra presencia, pero sin posibilidad alguna de ejercer nuestra función”, postuló la defensa de Sala en una nota de opinión publicada en un diario local.

Jueza reprobada

Este escándalo se suma a otro que salió a la luz la semana en una publicación del sitio web El Cohete a la Luna. Tolaba, quien preside el tribunal que juzgará a Sala, ocupa ese cargo de manera subrogante ya que el concurso para otorgar puestos titulares en ese TOC sigue abierto. Es jueza correccional y aunque intentó concursar el cargo, no tuvo suerte: reprobó una de las tres categorías de evaluación. 

Según explicaron fuentes judiciales, las instancias por las que debe pasar un juez para integrar un tribunal en el fuero penal son: antecedentes, una entrevista y una prueba de oposición en la que se evalúan las capacidades del concursante para resolver un caso. Ese paso es el que desaprobó Tolaba. Tras una reforma del reglamento de los concursos que se realizó el año pasado, quien no apruebe la prueba de oposición no puede siquiera integrar la terna de jueces. Es el caso de Tolaba. Sin embargo, preside el TOC porque fue designada como subrogante. “Es una aberración moral”, criticó Ricardo Carrizo, cura por la opción por los pobres e integrante del Comité: “Lo que debería ser la imparcialidad judicial se ve mancillada por actos que son impúdicos e impunes, es el desprecio a la vida humana”, dijo. 

“Acá hay una condena previa contra los militantes sociales y eso está claro”, opinó Estela Díaz, también del Comité. “Esperaremos el resultado de las audiencias y vamos a ver que a Milagro le van a dar la pena máxima y si es un poco más, también”, dijo dando cuenta de las pocas esperanzas que tienen en el colectivo que se constituyó hace más de dos años en torno del reclamo para que la dirigenta sea puesta en libertad. Díaz evaluó que el debate se dará “sin garantías del debido proceso” y “con una condena impuesta desde que comenzaron las causas”. “Estas son causas que se armaron en contra de pobres, negros y mujeres indias líderes populares para cumplir con lo que dijo Morales no bien asumió la Gobernación y sostuvo el Presidente: que Milagro se tiene que pudrir en la cárcel”. 

La megacausa

Desde el martes las juezas del TOC 3 oirán vicisitudes de tres causas que, de cara al debate oral y por pedido del Ministerio de la Acusación, fueron acumuladas. Las tres investigan a Sala y a otras 30 personas, entre integrantes de la organización barrial y ex funcionarios provinciales y municipales, por presuntos delitos relacionados con fondos públicos destinados a la construcción de viviendas. Una de las causas es la que le da nombre al expediente unificado, “Pibes villeros”, y nace luego de que se filtrara un video de tres personas, integrantes de cooperativas de vivienda de San Pedro y San Salvador, retirando dinero en bolsos del Banco Nación de la capital jujeña. El video, cuya difusión viola el secreto bancario, muestra a estos tres cobrando un cheque correspondiente al Programa Mejor Vivir, que destinaba recursos públicos al mejoramiento habitacional de barrios vulnerables. Por ese hecho imputaron a Sala. Una segunda causa tiene como eje un hecho similar, pero con integrantes de cooperativas de la ciudad de Palpalá. 

La tercera es de enero de 2016 y le permitió a Morales mantenerla tras las rejas una vez que la demanda del acampe que Sala dirigió en la puerta de la gobernación, ya no se sostenía. Este expediente surgió de una serie de denuncias de ex cooperativistas miembros de la Red de Organizaciones Sociales jujeña, que lideraba la Tupac, en contra de Sala y los otros miembros de su agrupación: Javier Nieva, Marcia Sagardía y la diputada Mabel Balconte. En ese entonces, la Tupac advirtió que las acusaciones de fueron “inducidas” por Morales. “Los denunciantes fueron cooptados por el gobierno provincial a través de prebendas y prácticas desleales con la velada intención de dividir a la clase trabajadora”, denunciaron referentes de la Tupac. Sala, Nieva, Sagardía y Balconte fueron imputados por asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.