La Corte Suprema le exigió a la Justicia jujeña que cumpla, con carácter urgente, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó que Milagro Sala cumpliera detención domiciliaria y no estuviera encarcelada, por el riesgo que implica para su vida y su integridad personal. La dirigente de la Túpac Amaru cumplió ayer una semana presa en el penal federal salteño de General Güemes, incomunicada y aislada en una celda individual. Allí, en protesta, Sala mantiene una huelga de hambre seca.
“El Estado debe sustituir la prisión preventiva de la señora Sala por la medida alternativa de arresto domiciliario que deberá llevarse a cabo en su residencia o lugar donde habitualmente vive, o por cualquier otra medida alternativa a la prisión preventiva que sea menos restrictiva de sus derechos que el arresto domiciliario”, señala el pronunciamiento que la Corte IDH realizó en diciembre del año pasado –y a partir del cual no dejó de acumular, día a día, nuevas denuncias y pruebas sobre los maltratos y torturas infligidos por magistrados vinculados al gobernador jujeño, Gerardo Morales–.
Ese mismo fragmento fue recordado ayer por la Corte Suprema para solicitar a la Justicia provincial que cumpla con aquel fallo “de manera inmediata”, así como las medidas que sean necesarias “para garantizar la vida, integridad personal y salud de la señora Milagro Sala”.
El último episodio de la serie de maltratos y vejaciones que viene sufriendo la dirigente social, y que se inició con su detención hace más de 900 días, ocurrió el pasado jueves, durante el traslado desde el penal federal salteño hasta una sala de audiencias en San Salvador de Jujuy. Allí, Sala fue obligada a quitarse la ropa frente a un médico varón. Peritos judiciales constataron, además, lesiones en sus muñecas “compatibles con el uso de esposas con horas de evolución”.
El gobierno de Cambiemos venció ayer su plazo para dar explicaciones por el incumplimiento de las medidas provisionales impuestas por la Corte IDH. Tras el intempestivo traslado al penal federal, el incumplimiento fue denunciado por el CELS, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y Amnistía Internacional, con un comunicado en el que enfatizaron que el Estado provincial de Jujuy “en ningún momento cumplió de formal cabal con las medidas provisionales dictadas por la CIDH”, que “el Estado nacional, por su parte, desconoció su rol de garante de las decisiones del sistema interamericano” y que, al permitir el alojamiento de Sala en una unidad del SPF, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, “las autoridades federales avalaron el accionar de la provincia”.
La resolución que dio a conocer ayer la Corte ordenó también que el Estado “realice las gestiones pertinentes para que la atención médica y psicológica que se brinde a la señora Sala se planifique e implemente con la participación de la beneficiaria o sus representantes, a efectos de garantizar su autonomía respecto a su salud y la obtención de su consentimiento informado para la realización de los exámenes y tratamientos que los médicos o psicólogos determinen”.
El pasado lunes, los organismos de derechos humanos –Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, La Liga por los Derechos del Hombre, la APDH e Hijos, entre otros– habían solicitado, mediante una misiva, una reunión con el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, para resolver la situación de la líder de Tupac Amaru, advirtiendo que “toda demora podría resultar irreparable”. Finalmente, el encuentro no se concretó, pero el máximo tribunal accedió al pedido y requirió, además, que se le presenten “las razones por las cuales no se habría dado cumplimiento” al fallo del organismo internacional.
“Cada vez queda más claro que Milagro es víctima del régimen de Gerardo Morales y que está presa por mujer, por pobre y por negra”, dijo la secretaria nacional de Género de la CTA, Estela Díaz. “Este juicio está plagado de irregularidades, desde el comienzo hasta el final, y tiene cosas muy graves. Hacen lo que quieren con la Justicia y no hay un límite”, sostuvieron desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala, en diálogo con PáginaI12. En ese sentido, apuntaron que la decisión del juez jujeño Pablo Pullen Llermanos de trasladar a Sala al penal de Güemes “fue una ridiculez y no tuvo ninguna justificación, porque estuvo basado en una hipótesis de supuesta descompensación de Milagro por intoxicación con medicamentos sobre la cual no hay ninguna prueba”.
Informe: Sibila Gálvez Sánchez.
