El Ministerio de Hacienda dispuso una reasignación de partidas que recorta fondos de Ciencia y Tecnología, de Educación, del área de niñez del Ministerio de Desarrollo Social, de Ambiente y Turismo (entre otros ministerios que pasaron a ser secretarías). Las universidades nacionales pierden otros 1639 millones en transferencias. A su vez, incrementó los fondos para la Policía Federal, Gendarmería y las Fuerzas Armadas. Además, se dispuso una serie de partidas para subsidios al transporte y energía y se tomará deuda para pagar pensiones. La oposición y los docentes de Ctera cuestionaron los recortes educativos.

La decisión administrativa 1605/18 es un compendio de reasignaciones de partidas y cambios de manos de dinero de las más diversas áreas. Pese a los intentos de este diario por obtener respuestas, no hubo explicación por parte de Hacienda de los múltiples puntos oscuros de la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. 

Uno de los puntos que más polémica generó fue en el que se plantea textualmente que “se amplían los créditos vigentes de la Policía Federal (...) a fin de atender el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el pago del servicio de policía adicional que presta la citada Fuerza de Seguridad” y a continuación se aclara que “el incremento citado en el considerando precedente se financia con una reducción de los presupuestos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social”. 

En las plantillas anexas, se puede ver que el Fonid se reduce en 27 millones de los cuales 25 millones van a formación de la Policía Federal y otro 1,7 millón de pesos al ISER, que depende del Enacom. La única explicación oficial del día la formuló el Ministerio de Educación, para aclarar que esa transferencia en particular “se realiza regularmente cada año, para enviar a las instituciones educativas del Ministerio de Seguridad el monto correspondiente al Fonid”.

“Sacarle plata a educación para volcarla a seguridad es una síntesis de todo lo que no debe hacer un gobierno y un enorme peligro para la paz social”, cuestionó el diputado peronista Felipe Solá. Por su parte, el kirchnerista Daniel Filmus indicó que es “gravísimo que, en el marco de la crisis que atraviesa el sistema educativo público en todos sus niveles, el Gobierno tome la decisión de quitar presupuesto al Ministerio de Educación,  y a otras áreas sociales para aplicarlo a la Policía Federal. Los funcionarios deberán dar las explicaciones correspondientes a los diputados en el Congreso Nacional”.

No obstante, la resolución contiene otras sorpresas: 

  • Universidades. Hay una reducción de 1639 millones de pesos en transferencias a universidades nacionales, presumiblemente en fondos para infraestructura, aunque no hubo comunicación oficial al respecto. La Ctera advirtió que se recortan otras partidas de Educación por 12,4 millones de pesos “que se suman a los 450 millones que quitaron del presupuesto en lo que va del año”. Las áreas afectadas son las de infraestructura, formación docente y jardines infantiles. “Por sobre la inversión en Educación se privilegia el pago de los servicios de la deuda externa según los requerimientos de FMI y el pago a las fuerzas de seguridad que llevan adelante las acciones represivas frente a la protesta socia”, indicó la federación docente.
  • Ciencia. La Secretaría de Ciencia y Tecnología resigna 346 millones entre recortes al ex ministerio, a su programa de Implementación de Política de Ciencia y Tecnología y de Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación. En tanto, el Conicet recibió 412 millones de pesos, que es lo mínimo para pagar las paritarias y las becas. Ante los reclamos, el funcionario del área Jorge Aguado había prometido 550 millones, que con el transcurso de los días se achicaron. En tanto, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) sufrió el recorte de distintos programas por 222 millones y un crédito por 300 millones que provendría del Banco de Desarrollo (CAF). En total, el área recibe 88 millones que van al Invap, al que le deben 1050 millones de pesos desde el Estado nacional. 
  • Ambiente. La Secretaría de Ambiente pierde 15 millones que iban a ser destinados al desarrollo sustentable de la cuenca Matanza Riachuelo.
  • Infancia. Pese a haber sido convertido en un superministerio, Desarrollo Social también resigna partidas: recorta 129 millones del programa de integración sociourbana, otros 117 millones de promoción de la primera infancia, mientras que a la protección integral de niños y niñas le recortan otros 5,8 millones y a protección de adultos mayores, 2,2 millones. 

No son los únicos recortes: el área de prensa y difusión de la Jefatura de Gabinete poda 439 millones de pesos, el olvidado Plan Belgrano resigna otros 20 millones de pesos, la Secretaría de Turismo pierde 10 millones destinados a refacción de hoteles y otros 16 millones de puesta en valor del complejo Chapadmalal. Las refacciones del CCK también deberán esperar (le recortaron 959 millones).

En tanto, la Policía Federal gana otros 42 millones y Gendarmería Nacional –la fuerza favorita de Patricia Bullrich– recibe 400 millones para sus jubilaciones. En tanto las Fuerzas Armadas suman distintas partidas (145 millones para el Ejército, 588 millones para la Armada, cuatro millones para la Fuerza Aérea). El área de Migraciones recibe 710 millones más. 

A esto se suman una serie de fondos para subsidios: 5818 millones de pesos para transporte a través de un fondo fiduciario creado para infraestructura, además de 610 millones en transferencias a empresas privadas. En materia de energía, se suman 10 mil millones a Cammesa, otros 12 mil millones a Enarsa, 3550 millones para subsidios a ferrocarriles. Además, colocarán deuda por 15 mil millones para el pago de pensiones, que iban a ser financiadas con recursos del Estado.

Adrián Pérez
“Por sobre la inversión en Educación se privilegia el pago de los servicios de la deuda externa”, denunciaron los docentes.