En el sistema universitario nacional hay 14 mil docentes que trabajan ad honorem, es decir, sin cobrar. La gran mayoría de ellos se desempeña en la UBA. El dato surge de un relevamiento realizado por las propias universidades después de que, en la última paritaria del sector, el Gobierno se comprometiera a avanzar en 2019 en la regularización de estos profesores –un reiterado reclamo de los gremios docentes–. Para comenzar a hacerlo, resolvió aportar una partida de 50 millones de pesos. Ahora la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), los dirigentes sindicales y los rectores de universidades negocian para definir los criterios de distribución de esos fondos. Los gremios advirtieron que los 50 millones son insuficientes, ya que cubrirían poco más de 400 cargos: menos de un 3 por ciento de los afectados.
Para establecer cómo se distribuirán los recursos, que se ejecutarán a partir de marzo próximo, la SPU solicitó a las universidades que informaran qué cantidad de sus docentes son ad honorem –no tienen renta asignada– o contratados –aquellos con designaciones provisorias a espera de poder concursar sus cargos–. El relevamiento indicó que el sistema universitario cuenta con al menos 14 mil docentes ad honorem, de los que 9600 (el 68 por ciento) pertenecen a la Universidad de Buenos Aires (UBA). La institución recibiría cerca de 20 millones de pesos, con los que podría cubrir 200 cargos, estimaron fuentes sindicales. La SPU solicitó a las universidades que acompañen la iniciativa con un aporte de fondos propios, que equipare lo que les otorgue el Estado nacional. Si eso se concretara, permitiría duplicar la cantidad de cargos a regularizar.
“Es algo menos que un parche”, sintetizó Ileana Celotto, secretaria general de la AGD-UBA (Conadu Histórica). “En Argentina tenemos la victoria de tener una universidad estatal, pública y gratuita. Una forma de atentar por parte de los gobiernos contra este logro es el ahogo presupuestario. Entre otras cosas, eso lleva a tener docentes ad honorem. Además, tenemos otra conquista: el ingreso irrestricto, que también hace que haya más estudiantado”, agregó la dirigente.
“Estamos exigiendo que esa cifra se amplíe mucho más porque es evidente que estamos lejos de resolver la situación con ese dinero”, aseguró el secretario general de Feduba (Conadu), Federico Montero, que igualmente destacó la importancia de que se haya logrado un reconocimiento político a la situación. “Somos conscientes de que en el marco de las dificultades presupuestarias que estamos atravesando todavía queda mucho camino por recorrer –agregó–, pero que se haya sincerado esta situación y que aparezca esta primera cuota de recursos lo vemos como positivo.”
Según Montero, el problema de los ad honorem se vincula sobre todo con la escasez de presupuesto, pero también con la desigualdad en la distribución de los fondos al interior de las universidades, e incluso dentro de las facultades, entre distintas carreras. “Eso hace que nuestra tarea como sindicatos sea un poco más sofisticada que pedir una cantidad de dinero y nada más, tenemos que poder verificar la implementación de esos fondos, porque si hay una matriz de reparto desigual de recursos al interior de las universidades, ahí hay una pelea que dar. Sobre la base de una restricción presupuestaria brutal, que es la que venimos peleando todo este tiempo, también tenemos que debatir cuáles son las prioridades en la asignación de recursos, y eso estamos discutiendo ahora: sindicatos, autoridades universitarias y la SPU”, precisó.
En el caso de la UBA, su Facultad de Medicina es la que concentra la mayoría de los ad honorem. Allí, el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), Daniel Ricci, aseguró que el sindicato Aduba espera firmar la semana que viene un convenio para que la facultad otorgue cobertura de aseguradora de riesgos de trabajo (ART) para los trabajadores no rentados, que hoy no tienen protección en casos de accidentes.
Sobre los fondos asignados por la SPU, Ricci consideró que representan “un avance importante”, aunque estimó que son insuficientes, “una gota en el desierto”, dijo. “Desde que arrancó la democracia hasta hoy, gracias a que se eliminaron los exámenes de ingreso, hubo un fuerte crecimiento de la matrícula estudiantil. Por supuesto que estamos a favor de que haya más estudiantes, el problema es que no hubo un crecimiento de la planta docente que lo acompañe”, explicó el dirigente docente.
Informe: Inés Fornassero.
