“Quién controla las semillas controla la alimentación”, advierten desde hace décadas movimientos campesinos y agricultores de todo el mundo. Es la misma frase que resonará en el Congreso Nacional, cuando los diputados de Cambiemos intenten dar media sanción a “la ley Bayer-Monsanto de semillas”, legislación a pedido de las grandes empresas, que limita el uso propio (utilizar semillas de cosechas previas) y, de forma insólita, propone que los empresarios del agro descuenten las regalías de semillas de impuestos a las ganancias (lo que implica una transferencia de recursos desde el Estado a las grandes multinacionales del agro).

Cuatro grupos de empresas controlan el 90 por ciento de las semillas transgénicas y el 60 por ciento de todas las semillas (incluidas convencionales): Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta, Corteva (Dow-DuPont) y BASF. Desde hace más de una década impulsan en América Latina leyes de semillas restrictivas para los agricultores y que asegura mayores ganancias a las compañías.

Con el ex presidente de la Sociedad Rural al frente de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y secundado por Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa), el Gobierno impulsó un proyecto de ley gestado por la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), donde confluyen las grandes empresas internacionales. 

“Decimos no a este proyecto de ley porque implica el sometimiento de productores a pagos de regalías por años, cuando deseen guardar semillas para volver a sembrar. Esto significa la violación de un derecho básico, que da sentido a la agricultura. Esto permitirá la persecución de los productores y avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores”, denunciaron en un documento conjunto más de 300 organizaciones campesinas, indígenas, de derechos humanos, socioambientales y académicos.

El 13 de noviembre, en el plenario de Comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación de la Cámara de Diputados, el oficialismo (Pro-UCR y sector de Martín Lousteau) firmaron el proyecto de ley que fue redactado a puertas cerradas junto a las empresas y no era conocido por el resto de los bloques.

Cambiemos buscó aliados. Si llega con los votos, lo presentará en labor parlamentaria (reunión previa a la sesión en recinto).

Desde el Gobierno, las empresas y los diarios del agro transgénico señalan que existe “consenso” para una nueva ley de semillas. “El proyecto que se piensa aprobar fue negociado fuera de la Cámara de Diputados por el Ejecutivo, los semilleros voceros de Bayer-Monsanto y los grandes productores de la Sociedad Rural. El proyecto excluye los intereses de los pueblos originarios, productores de la agricultura familiar, campesinos y consumidores”, denunciaron la Multisectorial contra la Ley Bayer/Monsanto de Semillas, la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Movimiento Campesino Indígena, las Cátedras de Soberanía Alimentaria de la UNLP y de Nutrición de la UBA, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), Encuentro de Pueblos Fumigados, el Grupo de Estudios Rural del Instituto Gino Germani y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), entre otras organizaciones.

El “uso propio” es una práctica tan antigua como la agricultura. Consiste en utilizar las semillas de la cosecha para la próxima siembra. “El proyecto de ley establece que el uso propio deja de ser libre y gratuito, deja de ser un derecho de los agricultores que se enmarca de tratados internacionales de los que Argentina es signataria y pasa a ser una excepción”, explicaron las organizaciones campesinas y apuntaron al objetivo de las grandes multinacionales del agro: “Buscan cobrar regalías cada vez que un productor vuelva a utilizar ‘sus’ semillas”.

Facundo Cuesta, del colectivo de Comunicación Huerquen y de la Multisectorial contra la Ley Bayer/Monsanto, comparó: “Es como si te comprás un CD y con ese precio te cobran un extra por escucharlo los primeros cinco años. Esa locura quieren las multinacionales del agro y el Gobierno”.

El artículo 10 del proyecto establece que se incorpora como  parte de las “deducciones especiales de la tercera categoría” (de la Ley de Impuesto a las Ganancias) la posibilidad de los productores de deducir “una vez y media los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada”. Lejos del lenguaje técnico-legislativo difícil de comprender, Carlos Vicente de la organización internacional Grain resume: “Implica que el pago de la semilla a las multinacionales será financiado por el estado argentino, osea todos los ciudadanos”. 

En el plenario de comisiones lo explicó el diputado Axel Kicillof: un productor de soja que paga 100 dólares de regalías podrá descontar 150 de impuestos a las ganancias. “Es un escándalo. Es un subsidio de todos nosotros, del Estado, a las corporaciones del agro”, denunció Facundo Cuesta, de la Multisectorial contra Bayer/Monsanto.

El impulsor del proyecto en la Cámara de Diputados es el legislador Atilio Benedetti, que pretende ser gobernador de Entre Ríos. También forman parte del proyecto Sociedad Rural, Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Confederaciones Rurales (CRA), Coninagro y Bolsa de Cereales, entre otros.