Tras más de setenta días de toma, la sede del vicerrectorado de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) continúa ocupada por un grupo de alrededor de veinte estudiantes y dos docentes, que denuncian una persecución judicial por parte de las autoridades. La conducción de la UNRN, con apoyo del Consejo Interuniversitario Nacional, reclama el cese de la protesta y un desalojo voluntario. Mientras, las clases en la universidad continúan con normalidad, ya que la medida sólo afecta a un espacio administrativo.

El edificio tomado se encuentra en la ciudad de General Roca, se lo conoce como la Casona, y pertenece a la Sede Alto Valle y Valle Medio de la universidad. 

Según explicaron integrantes de la ocupación, que comenzó el 12 de septiembre pasado, se planeaba que la toma durara sólo 24 horas, para expresar el apoyo de los estudiantes al reclamo salarial docente, la exigencia de un aumento del presupuesto universitario y una serie de reivindicaciones locales, como el pedido de un edificio propio de la UNRN en Cipolletti. Durante aquellas semanas, las tomas de universidades se multiplicaron en todo el país. Sin embargo, mientras que en el resto de las instituciones los conflictos cedieron tras el acuerdo salarial alcanzado por la mayoría de los gremios docentes, la toma en la UNRN aún continúa.

El estudiante de Artes Visuales Agustín Urrutia es uno de los integrantes de la toma. En diálogo con PáginaI12 explicó que la medida se prolongó en el tiempo debido a que, a las dos horas de efectivizarse la ocupación, las autoridades radicaron una denuncia en el juzgado federal. “Tenemos a dos compañeras docentes procesadas por la Justicia. Además, hay doce estudiantes que estamos suspendidos por la universidad, lo que no tiene precedentes. Las suspensiones por protestas no se ven en el país desde la última dictadura”, denunció. En efecto, la Cámara Federal ya confirmó el procesamiento de las dos docentes por usurpación.

Según el estudiante, que se autoidentifica como “independiente” de agrupaciones políticas, la toma se mantiene para garantizar el “cese de represalias” por parte de las autoridades. “Queremos que den marcha atrás en los sumarios a las compañeras docentes, que implican la pérdida de su trabajo. Además de las suspensiones a estudiantes, tenemos la constante amenaza por parte de las autoridades con expulsarnos de la universidad”.

El rector de la UNRN, Juan Carlos Del Bello, aseguró a PáginaI12 que la toma se planteó desde un principio por “tiempo indeterminado” y que por eso se hizo la denuncia ante la Justicia, “en cumplimiento de los deberes de funcionario público”. “No estamos en contra de las tomas, ni a favor de criminalizar la protesta social. Nos hemos manifestado mil veces por lograr un desalojo voluntario, sin intervención de las fuerzas públicas, pero no hay respuesta”, sostuvo el rector. 

Del Bello afirmó que los ocupantes están “sacados” y que a esta altura, la toma “ya es un hecho secundario”. “Ocurrieron hechos más graves, que afectan la convivencia de la comunidad universitaria. Hubo trabajadores no docentes agredidos y golpeados en un intento de toma de otra sede, además de pintadas y daños a los edificios y mobiliarios”. 

Además, el rector afirmó que, debido a la toma, la UNRN debió incurrir en gastos para realizar inspecciones de obras, que se hacen con vehículos que están secuestrados en la ocupación. 

El diálogo entre las partes está roto desde fines de octubre, cuando no se llegó a un acuerdo en una asamblea realizada en la sede tomada. La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Río Negro (Adurn, enrolada en la Conadu Histórica) aclaró en un comunicado que no participa de la toma: “No la avalamos. Los docentes que están participando de la misma lo hacen a título individual”. De todas maneras, repudiaron la judicialización del conflicto y las sanciones de tipo administrativo impuestas a las docentes y a los estudiantes. Desde el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Río Negro (Sidunrn, integrante de la Fedun) cuestionaron la ocupación y participaron de una marcha que se realizó para exigir que el grupo que toma el edificio en Roca desista de la medida de fuerza.