Todo parece indicar que marchamos a pasos acelerados hacia un deterioro creciente del Estado de Derecho. Los signos son inconfundibles, históricamente comunes a todo proceso semejante, sin perjuicio de los detalles folklóricos propios de nuestra maltratada República.

Se ha desatado una campaña de revanchismo político cuyos paralelos hay que buscarlos en tiempos anteriores a diciembre de 1983. Justo es decir que algunos pretextos legales son aún más insólitos que sus precedentes de períodos autoritarios o dictatoriales, porque ni siquiera se piensa en las consecuencias que podrían tener para sus mismos instrumentadores cuando cambien los vientos políticos, lo que irremediablemente siempre sucede, aunque demore.

Así, se quiere criminalizar como administración fraudulenta cualquier política económica, sin percibir que también la propia es una política económica que favorece a alguien y perjudica a otros, como todas.

Se pretende inventar una “traición a la Patria” sin guerra, sin calcular que alguien puede mañana tener la peregrina idea de considerar “traición a la Patria” también el incremento astronómico de la deuda externa que están llevando a cabo.

Se procesa a diestra y siniestra por “asociación ilícita”, sin calcular que es un tipo inconstitucional que bien puede mañana adjudicarse al actual gabinete, como hace años se le endilgó a Carlos Menem.

Se clonan procesos penales contra Milagro Sala sin que el Gobierno Federal se inmute ante el reclamo internacional, recordando los viejos tiempos de la visita de la Comisión Interamericana en 1979.

Se pretende ahora por un Fiscal, deduciendo de una expresión metafórica en una conversación privada captada ilegalmente, que hay una “tentativa de instigación”, ignorando groseramente el derecho, porque no parece percatarse de que la tentativa de instigación no es punible en nuestro derecho.

Podría seguir con la lista de aberraciones jurídicas, pero se suman otras ya de política judicial: al parecer se tiene la intención de convertir a jueces nacionales en jueces de la CABA, es decir, en jueces provinciales, introduciendo una causa de remoción que obviamente no tienen (la intervención federal).

Esto sin contar con la maniobra de distracción de lanzar la idea de criminalizar a los adolescentes para disimular el problema policial creado por decisiones en materia policial o de servicio de seguridad, que tienen nerviosa a una parte de la población y a la propia policía que, obviamente, como no tienen derecho de sindicalización, no pueden protestar. Debo reconocer que tuvieron éxito en la distracción, dejando de lado que en medio quedó un muerto y quizá algunos más que no se cuentan. Le agradezco al ministro querer hacerme partícipe de ella, pero no tomo parte en shows.  

Ahora parece que se vienen contra los jueces que les molestan: hay que depurar a la justicia. Es correcto desde su punto de vista. Quieren marchar hacia un Estado de policía, porque el programa económico de exclusión lo exige, más cuando sus consecuencias ya están empezando a llegar hasta la clase media. El colchón que les dejaba la “pesada herencia” lo están agotando rápidamente.

Para eso necesitan un “enemigo”, pero es la primera vez en la historia en que un proyecto de Estado de Policía no encuentra aún como fabricar un enemigo peligroso, pues los que se han ensayando no funcionan, son de mala calidad. Es posible que sigan ensayando con otros. De cualquier modo un Estado de Policía (como contracara de un Estado de Derecho) no puede tolerar jueces “díscolos”. Necesita subordinación de todo el Poder Judicial, unánimemente.

Pero los jueces están nerviosos con las propias propuestas del ejecutivo: convertirlos sin más en jueces provinciales afectándoles la estabilidad, eliminarles la ferias judiciales, nada de eso gusta entre los jueces, y para colmo hay algunos que no atienden los teléfonos del ejecutivo, y otros que le dan el control de las intervenciones telefónicas al personal que depende de un jefe denunciado por unos cientos de miles de dólares sin mucha explicación.

Es lógico que vengan por los “díscolos”, todo autoritarismo lo hizo: en 1955 pusieron en comisión a toda la justicia y nombraron jueces gorilas. Hoy necesitan hacer algo parecido, pero menos frontal, más encubierto, aunque siempre bajo la misma consigna: no puede haber jueces “políticos”, es decir con ideas “políticas”, y las únicas ideas “políticas” son las de quienes no comparten las de los gorilas.

El “acting out” es una característica psicopática, de quien pasa de estímulo al acto sin pasar por la reflexión: el gorilismo revanchista se conduce por “acting out” y, nuevamente, no piensa que mañana -cuando como pasa siempre, pierdan el poder- puede pasar algo parecido: son sus jueces los que hoy están dejando todas las huellas dactilares en cada aberración. Serán más vulnerables que los “díscolos” de hoy.

Me formulo una pregunta mirando hacia el futuro: ¿Un día tendré que salir a defenderlos? La verdad, es que no tengo la respuesta.

* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.