Una situación insólita atraviesa al expediente concursal sobre el Correo Argentino, de la familia Macri, que le debe al Estado 4 mil millones de pesos. A pesar de la orden de la Cámara Comercial, la jueza de primera instancia Marta Cirulli se niega a avanzar en la investigación de maniobras de vaciamiento denunciadas por la fiscal de Cámara Gabriela Boquín. El tribunal de alzada había respaldado el pedido de la fiscalía para profundizar medidas de prueba sobre retiros de fondos en favor de las empresas controlantes del Correo, Socma y Sideco, que son pilares del Grupo Macri, y sobre la investigación más reciente que mostró el desvío de al menos 35 millones de pesos hacia estudios de abogados, consultoras y agencias de publicidad, algunos vinculados al gobierno actual. Correo es una empresa declarada inactiva, por lo que no tendrían explicación semejantes movimientos de dinero.

El viernes último, apenas recibió el expediente de la Cámara Comercial, la jueza Cirulli firmó una resolución –a la que accedió PáginaI12– en la que dice que no hay nada nuevo en lo planteado por Boquín ni las camaristas (María Lilia Gómez de Díaz Cordero y Matilde Ballerini) y que no ve la necesidad de impulsar nuevas medidas. La postura coincide con los planteos del Correo, que incluso a fines de abril se volvió a negar a que sean revisados los libros contables de Socma y Sideco, y presentó un recurso para pedirle a la Corte Suprema que impida esa pesquisa. Lo cierto es que a dos años de la primera denuncia de Boquín sobre vaciamiento, en primera instancia no se tomó ni una sola medida de prueba.

En una decisión del 25 de abril, la Cámara dejó en claro que había gran cantidad de hechos nuevos por investigar. Eso fue después de la última denuncia de Boquín que mostraba pagos injustificados por ejemplo al estudio del actual diputado de Cambiemos Pablo Tonelli (con pagos de casi 4,5 millones de pesos); al estudio de Pablo Clusellas, secretario legal y técnico de la Presidencia (que tuvo pagos por 150 mil pesos); al estudio de Jaime Kleidermacher, abogado histórico de los Macri, que recibió 9,6 millones de pesos; y al estudio de Jaime Cibils Robirosa, actual titular de Correo, que cobró honorarios anticipados por 722 mil pesos. Actuaban asesorando en el concurso de acreedores del Correo, con pagos por sobre los límites establecidos por la ley de concursos y quiebras. Hay que tener en cuenta que son operaciones de los años 2004 a 2007, por lo cual las cifras en pesos implicaban un valor mucho mayor que hoy.

Otra de las situaciones que denunció Boquín muestra que miembros de los estudios eran, a su vez, apoderados de acreedores del Correo, en nombre de los cuales votaban y así se logró aval al acuerdo que se hizo en 2016, que quedó abortado, después de que la fiscalía mostró que licuaba prácticamente la totalidad de la deuda. Lo habían firmado representantes del gobierno de Macri y del Correo. Del estudio Kleidermacher, por caso, Sebastián Lebenglik figura como apoderado de 19 acreedores. Lo mismo pasaba con otros dos miembros del estudio, en cuyo domicilio a la vez se constituyeron sociedades que recibieron pagos del Correo (Supergol SA y Be Good SA). Junto con otras empresas, también vinculadas a la misma trama de nombres, recibieron cerca de 7 millones de pesos del Correo. El estudio de Tonelli, en paralelo, tenía entre sus miembros a directores del Correo: Pablo Sarín, que sigue en funciones, y Margarita Conti. Otra parte del equipo representaba a 55 acreedores.

En su momento, Boquín también pidió investigar el papel del actual secretario de Modernización, Andrés Ibarra, que fue director del Correo y ahora toma decisiones sobre el tema. También le apuntó al procurador Bernardo Saravia Frías.

La denuncia previa hablaba de retiros de fondos de las cuentas del concurso del Correo, con anuencia de la jueza Cirulli, por 10 millones de pesos justo antes de que se firmara el acuerdo por la deuda, durante el gobierno de Mauricio Macri. Luego se detectó la compra de acciones de la empresa Neficor para un negocio automotriz, que no le dio rédito alguno al Correo.

La jueza Cirulli es una de las denunciadas en Comodoro Py por maniobras dilatorias en favor de la empresa, durante años. Su negativa a profundizar la investigación sobre vaciamiento es llamativa y beneficia al Correo, pero es una situación atípica, ya que existe una disposición de la Cámara que estaría pasando por alto.