LA DECLARACIÓN DEL FISCAL EN DIPUTADOS COMPLICA MÁS A OYARBIDE

Ayer se complicó la situación del juez Norberto Oyarbide. Durante su testimonio ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el fiscal José María Campagnoli entregó la copia de una denuncia que se tramita en el juzgado de Fernando Rodríguez Lubary que probaría la relación de Oyarbide con el negocio de la prostitución. "Reconoce circunstancias del juez con el submundo de los prostíbulos y el accionar policial", reconoció el justicialista César Arias, presidente de la Comisión. El segundo de los testigos citados ayer por la mañana, el argelino Zinnedine Raschem, confirmó que fue amenazado de muerte por el magistrado y negó haberlo extorsionado con un video que mostraba escenas de su vida íntima. "No sé por qué me amenazó de muerte", aseguró el encargado de relaciones públicas del restaurante El Mirasol a quien el juez federal, que ahora está de licencia, le habría dicho: "Te quedan 48 horas de vida". En la trama oscura de la causa aparecen funcionarios policiales corruptos y elementos de los servicios de inteligencia que ganaban dinero mientras hacían su negocio como espías.

El diputado radical Melchor Cruchaga cree que esto es lo más grave que se puede llegar a demostrar en el proceso que los diputados le iniciaron a Oyarbide hace menos de un mes bajo los cargos de "mal desempeño de sus funciones" y posible "comisión de delito". Según el legislador aliancista, "lo más alarmante es la aparición de miembros de las fuerzas policiales y de los servicios de inteligencia --lo que está por acreditarse-- que también habrían intentado utilizar información obtenida en los prostíbulos ya no sólo para fines económicos extorsivos, sino también para condicionamientos políticos", en referencia a videos grabados en "saunas" masculinos en los que habrían quedado registrados los placeres privados de hombres públicos. Esto podría confirmarse si se comprueba la denuncia realizada en la fiscalía de Campagnoli, donde un testigo cuya identidad no transcendió, asegura que un ex miembro de la SIDE era el propietario de cinco prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires y que le habría pagado al menos en una oportunidad la suma de 500 pesos al juez Oyarbide para garantizar "protección policial" a sus locales. El propietario de esos prostíbulos "sería un tal señor Martins", aseguraron los legisladores.

Otro que complicó la situación de Oyarbide, que acumula cinco pedidos de desafuero en la Cámara baja, fue Zinnedine Rachem, quien radicó una denuncia contra el magistrado por amenaza de muerte, la que fue rápidamente tramitada por el fiscal Campagnoli. Desde las 10.30 y durante dos horas, el argelino intentó desvincularse de la sórdida trama que envuelve al juez y sus amistades. "No sé lo que él hacía en su vida íntima", aseguró "Zinne" respecto de Oyarbide. De todos modos lo sepultó con su confirmación: "Me dijo que me quedaban 48 horas de vida". Sin embargo no supo explicar la razón por la cual el magistrado lo amenazó de tal forma. "No sabía de la existencia del video hasta que lo difundieron los medios", argumentó desestimando su participación en un presunta extorsión de la que habría sido víctima el juez federal.

"No es descabellado pensar que Oyarbide tuviera conocimiento de cómo se movían las protecciones en los prostíbulos de Buenos Aires", especuló el diputado Cruchaga a partir de los vínculos que lo unían con el propietario de Spartacus, Luciano Garbellano, y el jefe de Seguridad Personal de la Policía Federal, el ahora sumariado comisario Roberto Rosa, conocido como "Clavel" en los centros de detención clandestinos de la dictadura militar.

ROGGERO PIDE RESPALDO A LOS DIPUTADOS DEL PJ
EL GRINGO SIGUE EN LA CUERDA FLOJA

La unidad de los diputados justicialistas se debatirá hoy por la mañana cuando el jefe de la bancada, Humberto "el Gringo" Roggero, le reclame a su bloque un explícito apoyo a la continuidad de su gestión. Será el primer encuentro luego que Página/12 anticipara la semana pasada sobre la existencia de una operación en marcha impulsada desde el Gobierno con el apoyo de un importante grupo de legisladores oficialistas para desplazar a Roggero de la conducción del bloque e instalar en su lugar a un diputado más afín a las necesidades y deseos de la Casa Rosada.

Roggero deberá hoy intentar superar el malestar que existe en buena parte de su bancada que ya no disimula sus críticas por el estilo "poco claro" de conducción que ejerce el legislador cordobés. También le reprochan encerrarse en un grupo "íntimo" de diputados al que denominan "33 orientales" quienes, según afirman varios en el Congreso, "están más cerca del Frepaso que del Gobierno".

Desde la Casa Rosada, el ministro del Interior, Carlos Corach, y el Jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, agitan una larga lista de reproches contra Roggero. En ella figuran su exceso de protagonismo y los intentos por diferenciarse del Gobierno que acabaron por irritar al establishment, a los militares, a todos en Balcarce 50. Mencionan, entre otras, la inoportuna presentación de una ley que limita la tasas de interés de las tarjetas de crédito, la oposición al ajuste de los peajes, el tratamiento de la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, el proyecto de Ley de la Verdad por el que ya debió dar explicaciones ante la cúpula militar, y sus declaraciones en las que anuncia frenar la promulgación de la nueva legislación laboral.

"No necesitamos más oposición en el Congreso", braman desde los despachos oficiales, con cierto reconocimiento de Alberto Pierri y sus legisladores. Si bien ayer en el oficialismo parlamentario se esforzaban en negar el malestar, otros amenazaban con dar batalla hasta los límites de la ruptura, si fuera necesario.

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