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Por Miguel Bonasso
Según diversas fuentes periodísticas, Alicia Raquel Hartridge de Videla habría mantenido dos diálogos con la prensa. Uno telefónico, en la noche del lunes, con la producción de América TV, en el que desmintió haber tenido un hijo internado en la Colonia Montes de Oca, aunque admitió que uno de sus siete hijos había fallecido a los 19 años. El otro habría sido ayer por la mañana, a través del portero eléctrico de su vivienda. De acuerdo con el relato del diario Crónica, que reproduce un cable de Noticias Argentinas, habría dicho "enfáticamente": "Yo he tenido siete hijos, pero mis hijos no son míos. Son de Dios. Dios me los dio y se los puede llevar cuando tenga ganas. Me llevó uno. Me mandó un enfermo, me lo regaló 19 años. Y nos mandó un ángel a nuestro hogar. Lo que quiere ese diario (aludiendo a Página/12) es deshacer la familia. Pero no nos van a deshacer". Luego, "cuando una periodista de un canal de cable le preguntó si había tenido, entonces, un hijo oligofrénico, la mujer respondió: "No, por Dios, no fue oligofrénico; murió a los 19 años, hoy tendría 46". Para concluir: "Lo cuidé yo con mi marido. No nos van a deshacer. No, adiós". El vespertino agrega que "otra hija de Videla" a la que le preguntaron si la familia había ocultado a un menor enfermo, lo desmintió con un "nunca, jamás". Por su parte, el doctor Alberto Desouches, actual interventor de la Colonia Montes de Oca, confirmó, en diálogo con este cronista, la información adelantada por Página/12. Según consta en los registros oficiales del establecimiento psiquiátrico, Alejandro Eugenio Videla, hijo de Jorge Rafael Videla y Alicia Raquel Hartridge de Videla, nacido el 7 de octubre de 1951, fue ingresado por su padres a la Colonia Doctor M. A. Montes de Oca el 28 de marzo de 1964. En la internación, como es de rigor, tomó parte el juzgado civil número 2 de la ciudad de Mercedes, que designó "curador" (o sea salvaguarda legal) del interno a su padre Jorge Rafael Videla. Aunque el doctor Desouches no quiso proporcionar la historia clínica del interno, que apenas contaba 12 años cuando fue internado, este diario pudo establecer que el diagnóstico era de oligofrenia profunda combinada con epilepsia, lo que suele ser común en esta clase de patología. Alejandro Videla falleció en la llamada "Casa de los Locos" el primero de junio de 1971 a causa de un edema agudo de pulmón provocado por insuficiencia cardíaca. Tenía 19 años. En aquel momento su padre, que era coronel, revistaba como jefe de operaciones del cuerpo III de Ejército, con sede en Córdoba. Seis meses más tarde sería ascendido a general de brigada y nombrado director del Colegio Militar. La Argentina padecía la penúltima dictadura castrense de este siglo, autodenominada Revolución Argentina. Al frente de la presidencia de facto estaba el oficial de inteligencia Roberto Marcelo Levingston y la Colonia tenía como interventor al coronel médico René Bergara (ya fallecido), cuya gestión es recordada elogiosamente por algunos veteranos del establecimiento que hoy viven, jubilados, en las localidades cercanas. El actual interventor Alberto Desouches, ya consultado por este cronista la semana pasada, volvió a tener una actitud abierta ante el requerimiento periodístico, con la única salvedad de los detalles clínicos. El interventor, embarcado en un plan de "desmanicomialización" de la Colonia, negó haber dicho que ésta fuera un "depósito de cadáveres" en los años '70. Pero admitió que el establecimiento era entonces, como otros "manicomios", un "depósito" de seres vivientes, según el criterio "asilar" (de asilo) y "asistencialista" que primaba en aquellos años, cuando los Videla internaron en la Colonia a su hijo Alejandro. Preocupado por ser y aparecer como rigurosamente objetivo, el interventor subrayó que "las visitas familiares de los Videla se efectuaban con regularidad" y que el ex dictador "fue socio y miembro directivo de la cooperadora" de la Colonia. Datos que, según el doctor Desouches, figuran en las actas. Su testimonio corrobora todos los aspectos esenciales de las notas publicadas hasta hoy por Página/12, que vinieron a quebrar un secreto mantenido a cal y canto durante tres décadas: los Videla tuvieron un hijo con un severo problema de discapacidad mental, que mantuvieron oculto y "depositaron" en la Colonia Montes de Oca, donde se murió. Un triste loquero, que en los setenta ya era un depósito de seres humanos y en los ochenta y noventa sería objeto de varias investigaciones administrativas y judiciales por las gravísimas irregularidades que se perpetraron en contra de los enfermos. Quedan escasos detalles por resolver en la investigación que no tienen, aparentemente, mayor importancia. La exhumación y publicación de esta historia no obedece al propósito señalado por la esposa del dictador. Ni este cronista ni este diario se dedican a "deshacer familias", especialidad que sí llevó al paroxismo generalizado el esposo de la señora Alicia Raquel Hartridge, ni hubo ningún afán por meterse gratuitamente en la intimidad de la familia Videla, porque tampoco es la especialidad de Página/12 y porque la justicia, que debe alcanzar al ladrón de niños con todo el rigor que marca nuestro ordenamiento jurídico constitucional, no tiene por qué extenderse, de manera arbitraria y revanchista, a sus familiares. Porque eso equivaldría a copiar la ideología del Proceso. Si esta terrible historia familiar no hubiera estado cruzada con la tragedia del suboficial del Ejército Santiago Sabino Cañas, al que el esposo de la señora dejó sin mujer y tres hijos, la historia de Alejandro Videla hubiera tenido mucho menor impacto sobre la sociedad. El único objetivo de este trabajo ha sido el que cuadra a un periodismo independiente: develar los ocultamientos y mentiras del poder.
MARQUEVICH DECIDE ESTA SEMANA, SIGUE EL DEBATE
El último viernes, Rita Molina, la fiscal federal que interviene en la causa de Videla, dictaminó que hay "cosa juzgada". Que el ex dictador debe ser liberado y que el expediente debe pasar a un tribunal militar. Marquevich dijo que la de Molina es "sólo una opinión", y que él se siente "con total libertad para decidir". Sin embargo, las opiniones en este sentido se multiplicaron en los últimos días. El sábado, Jorge Edwin Torlasco, integrante de la Cámara Federal que juzgó a los ex comandantes, explicó que "aunque el tema es muy complejo, a primera vista no parece posible enjuiciar a Videla por apropiación ilegal de menores porque en aquel entonces no aparecían en suficiente número los secuestros como para que pudieran atribuirse a órdenes generales de los comandantes enjuiciados". Luis Cevasco sostuvo ayer que "hay una sentencia, desde mi punto de vista equivocada, que estableció que la sustracción de menores no formó parte del plan de exterminio". Cevasco piensa igual que Luis Moreno Ocampo, fiscal adjunto en el Juicio a las Juntas e iniciador de este debate. Jorge Valerga Aráoz, camarista en el Juicio a las Juntas, se negó ayer a opinar "porque hay que dejar que actúe el juez Marquevich sin interferencias".
Entre la documentación entregada ayer, figura la actuación Nº 3727/85 de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas durante la época de Ricardo Molinas --fechada el 17 de agosto de 1988--, que prueba que la incineración de los documentos fue una orden de operaciones que dio el general Nicolaides, apoyado en un boletín reservado del Ejército firmado el 14 de diciembre de 1979 por el jefe de Estado Mayor, el general Carlos Guillermo Suárez Mason. Esto le permitiría al juez Bagnasco pedir las actas de incineración. Este es parte del contenido de las 19 carpetas: * La directiva 404/75 para la lucha contra la subversión firmada por el Comandante General del Ejército, general de brigada Jorge Rafael Videla, en la cual "se disponía el procedimiento de los respectivos comandantes de zonas en lo que hacía a la lucha antisubversiva y los facultaban a la detención de cualquiera que tuviera una opinión contraria a la de los militares", según explicó a Página/12 D'Andrea Mohr. * Un acta acuerdo entre los generales Carlos Guillermo Suárez Mason y Santiago Omar Riveros para anular o reducir los actos de pillaje o robo, a la vez que posibilitar el máximo control de las operaciones encubiertas. * Instrucciones de la "operación Claridad" --firmadas por el jefe del Estado Mayor del Ejército, general de división Roberto Eduardo Viola--, sobre detección y secuestro de bibliografía marxista e identificación de los docentes que aconsejaban libros subversivos. * Copias de partes de inteligencia que podrían probar que todo el accionar de los grupos de tareas era consignado en forma detallada y elevado a la superioridad, al igual que las órdenes que bajaban desde los comandantes hacia ellos. En relación a la causa por la que fue citado D'Andrea Mohr, aseguró que "ha habido una matanza de las madres, casi no hay mujeres embarazadas sobrevivientes, lo que hace pensar que el procedimiento fue sacarles los chicos bajo el pretexto remanido de que no se criaran con gente contaminada por ideas marxistas o alguna locura por el estilo", y agregó que "encontraron como solución entregar a los bebés porque de otro modo hubieran tenido que explicar qué había pasado con ellas". "Según testigos que trabajaron en el Hospital Militar de Campo de Mayo, no sólo hubo bebés sino chicos de hasta tres años", afirmó en coincidencia con lo declarado por la partera Silvia de Petrillo ayer en el mismo juzgado (ver aparte). En el juzgado federal Nº 7 apareció un acta fechada el 9 de diciembre de 1983, firmada por un jefe de policía de Córdoba, donde dice qué documentos quemó. Allí había instrucciones sobre cómo proceder con la gente que pintaba leyendas en las paredes o listas de libros prohibidos. Lo más grave está contenido en un reglamento denominado "Directivas a tener en cuenta para el caso de hijos de detenidos y/o desaparecidos", originado en el Ministerio del Interior, pero incinerado. El juez federal Adolfo Luis Bagnasco aseguró que la documentación aportada por el ex capitán "nos sirve mucho porque es un estudio sistemático sobre las órdenes impartidas por las Juntas Militares para la represión ilegal". Sin embargo el magistrado fue cauto al aclarar que hay que certificar todo, aunque los datos ya nos permiten saber a quiénes tenemos que preguntarles". En la página 45 de su libro El escuadrón perdido --que también fue entregado al juzgado--, D'Andrea Mohr reprodujo el acápite 3021 de las "instrucciones para operaciones de seguridad", en el que se ordenaba que "la evacuación de los detenidos se producirá con la mayor rapidez, previa separación por grupos: jefes, hombres, mujeres y niños, inmediatamente después de la captura". D'Andrea Mohr instó a quienes tengan información similar a que la lleven a los juzgados, porque a él se la hicieron llegar oficiales y suboficiales que pretenden que se sepa la verdad pero desde el anonimato. La responsabilidad que pueda haber tenido el Poder Judicial en los años de plomo se desprende --a criterio del ex capitán-- de los 19.000 pedidos de hábeas corpus rechazados durante ese período, junto a las miles de denuncias desde el exterior del país que fueron desestimadas. Pero esa investigación aún no ha sido iniciada.
TESTIMONIO DE UNA GINECOLOGA
El testimonio de la médica ante el juez federal Adolfo Bagnasco duró cuatro horas y coincide con otros de la causa en señalar esa área como una suerte de maternidad clandestina --aunque dijo no conocerla--, y en destacar que le indicaron que no registrara los nacimientos "porque de eso se ocupaba Julio César Caserotto", jefe de Ginecología del hospital. Quien le dio esa orden fue el médico militar Norberto Atilio Bianco, detenido en la cárcel de Caseros con prisión preventiva por su presunta responsabilidad en la apropiación de dos chicos nacidos en cautiverio a los que habría inscripto como Pablo y Carolina Bianco. Petrillo precisó que el parto natural fue atendido por la obstetra Nélida Valaris --que declara hoy en el mismo juzgado-- y correspondió a una mujer que tendría unos 40 años, en tanto que la cesárea fue practicada a una embarazada de 20 años, que fue llevada al quirófano en presencia del ex mayor Bianco. Silvia de Petrillo afirmó haber visto en distintas oportunidades en el sector de maternidad a un bebé de ocho meses, a un niño de dos años y a otro de cuatro al cuidado de las enfermeras. Cuando preguntó por qué estaban allí le explicaron que eran menores sin familia destinados a "adopciones". Aunque la médica tiene dos hijos adoptivos y uno de ellos habría
nacido en el Hospital Militar, el juez y el fiscal Eduardo Freiler prefirieron no formular
preguntas sobre el origen de los menores porque en esta etapa de la investigación
evitaron referirse a cuestiones que pudieran llevar a la testigo a incriminarse en un
delito. Durante el largo interrogatorio, Petrillo ratificó el testimonio que había dado
en su momento ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).
Caserotto y Bianco podrían ser citados por Bagnasco en el futuro como imputados.
SE PUSO A DISPOSICION DE URSO
Urso tiene a su cargo la causa que el abogado Ricardo Monner Sanz promovió contra Massera, a raíz de sus declaraciones públicas de la semana pasada. Entonces, el ex almirante exaltó la figura del ex dictador Jorge Rafael Videla, habló de "cabildeos" en la Armada, tildó de homosexual a "un comandante" del Ejército y advirtió que "en un tiempo más los voy a agredir" en referencia a los peronistas Italo Luder, Carlos Ruckauf y Antonio Cafiero. Monner Sanz lo denunció por apología del delito, amenazas, violación de la ley antidiscriminatoria y amenazas contra el orden constitucional. "No hubo apología del delito ni pronunciamientos que puedan entenderse como una supuesta desestabilización", aseguró Arce Ageo, quien también se presentó como defensor de Massera ante el juez Adolfo Bagnasco en la causa que investiga el secuestro de niños durante la dictadura. El abogado explicó que Massera "no exaltó" los delitos cometidos por Videla, sino que formuló "apreciaciones personales".
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Alicia
Hartridge de Videla intentó desmentir ayer lo que reveló Página/12 este domingo:
que ella y su esposo, el ex dictador Jorge Rafael Videla, tuvieron un hijo oligofrénico
al que internaron en la Colonia Montes de Oca de Torres, a doce kilómetros de Luján,
donde el joven permaneció hasta su muerte, en junio de 1971. Sostuvo, además, que Página/12
pretendía "deshacer su familia". Este cronista, por su parte, confirmó de
manera puntual y oficial la información adelantada a los lectores en las ediciones de
ayer y anteayer: Alejandro Eugenio Videla fue dejado por sus padres en la Colonia Montes
de Oca para discapacitados mentales, donde permaneció durante siete años y falleció a
los 19 años. La señora de Videla no hizo ninguna referencia a la otra familia aludida en
las crónicas: la del suboficial retirado Santiago Sabino Cañas, a quien efectivos
dependientes de su esposo le secuestraron dos hijos y le asesinaron a la mujer y otra
hija. Amén de intentar robarle el nieto de año y medio, Ernesto Valiente.