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Por Adriana Meyer La Sala I de la Cámara Federal de San Martín rechazó ayer la recusación al fiscal Pablo Quiroga, promovida por las Abuelas de Plaza de Mayo. Ese organismo cuestionó su actuación como juez subrogante --entre 1985 y 1986-- porque habría beneficiado a los matrimonios Furci y Bianco en la apropiación de Mariana Zaffaroni y de Pablo y Carolina Bianco, respectivamente. Los camaristas argumentaron que el desempeño de Quiroga como juez debió ser impugnado en aquel momento, y descartaron que exista una "enemistad manifiesta" del representante del ministerio público, porque ésta debe ser exteriorizada y debe basarse en hechos concretos. La abogada del querellante Abel Maradiaga, Alcira Ríos, calificó la actitud de los jueces como corporativa, en el sentido de preservar a un miembro de la "familia judicial" y remarcó que es un error considerar que Quiroga actuó en otra causa del pasado, cuando en realidad --según ella-- se trata de la misma: el expediente de Videla nació como un incidente del de Bianco. Abel Madariaga había recusado al fiscal de Cámara Pablo Quiroga por considerar que existía una "enemistad manifiesta" de su parte contra las víctimas del delito de apropiación de menores que habría cometido Jorge Rafael Videla. Madariaga inició esta causa junto a las Abuelas de Plaza de Mayo, porque supone que uno de los niños que se apropió el mayor médico Norberto Bianco puede ser suyo. El pedido de recusación se basaba en el cuestionamiento de la actuación de Quiroga cuando se desempeñó como juez subrogante del juzgado federal de San Isidro, entre 1985 y 1986, porque --según las Abuelas-- facilitó la apropiación de dos menores que ellas reclamaban como sus nietos: Mariana Zaffaroni Islas y Pablo y Carolina Bianco. En el primer caso, Quiroga entregó la niña al matrimonio Furci, que pocos meses después escapó del país. En cuanto al ex mayor médico Norberto Bianco y su esposa, Nilda Wehrli --ambos presos-- lo acusan de haberles avisado antes de allanar su domicilio, para que pudieran fugarse a Paraguay. Cuando las Abuelas denunciaron esto a través de una solicitada, Quiroga les respondió con una querella por calumnias e injurias. La presidenta de esta organización, Estela Carlotto consideró por todo esto que "Quiroga había actuado como defensor de Videla". Los camaristas Eduardo Barral, Hugo Fosatti y Narciso Juan Lugones entendieron que el desempeño de Quiroga como juez subrogante debió ser impugnado en aquel momento y que la causa por calumnias e injurias se la inició a Estela Carlotto y a María Chorobik de Mariani, y no al querellante en este caso, que es Madariaga. Con relación a la existencia de la causal de enemistad manifiesta por parte de Quiroga, los jueces señalan que los hechos planteados no se encuadran dentro de ella porque "sólo puede ser considerada fundada tal enemistad u odio o resentimiento si se ha manifestado por actos externos que le dieran estado público". Tampoco aceptaron la imputación de prejuzgamiento, por su pronunciamiento a favor de la prisión domiciliaria de Videla, porque en esa resolución el fiscal no estaba juzgando, sino dictaminando. Alcira Ríos, abogada de Abel Madariaga y de las Abuelas de Plaza de Mayo, manifestó a Página/12 que los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín "actuaron a nivel corporativo es decir, evitando perjudicar a un miembro de la 'gran familia judicial', y esto ya es un indicio sobre cómo van a actuar en el futuro". Enfatizó que "es un error pensar que Quiroga actuó en otra causa del pasado, porque lo que ahora es la causa Videla nació como un incidente de la de Bianco. Por eso lo cuestionamos por su actuación en este mismo caso". Ríos afirmó sus dichos con un dato: el expediente Videla conserva el número 1284/85 que era el originario del de Bianco. Los camaristas argumentaron que en el período en que Pablo Quiroga fue juez subrogante no tomó ninguna medida de fondo. En este punto la abogada se indignó y opinó que "es increíble que consideren que haberle negado a Abel Madariaga ser querellante en la causa, o no haberles prohibido la salida del país a los Bianco son medidas menores. Los efectos de esas decisiones 'sin importancia' los estamos sufriendo todavía hoy, después de 20 años". La resolución del tribunal descartó que Quiroga haya incurrido en prejuzgamiento cuando acusó al juez Roberto Marquevich de prevaricato, porque "los fiscales no juzgan, sólo dictaminan". Ríos afirma que "esa acusación de Quiroga contra Marquevich era un prejuzgamiento, con el cual el fiscal prefirió atacar al juez en lugar de limitarse a emitir un dictamen sobre el arresto domiciliario". El rechazo de la recusación del fiscal Quiroga reactivó la causa, y se esperan resoluciones sobre las cuestiones que habían quedado suspendidas. Los abogados de Videla habían recusado al juez, Roberto Marquevich, y ante la negativa del magistrado de apartarse, la Sala I hizo lugar a la queja, es decir aceptó analizar la recusación. También están pendientes los incidentes sobre la competencia y sobre la "cosa juzgada". Si el tribunal resolviera que la competencia es civil --y no militar como pretende la defensa de Videla-- y estableciera que no hay cosa juzgada, se entraría recién entonces en el debate sobre la prisión preventiva que Marquevich le ha dictado por el presunto delito de apropiación de menores.
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