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Fuerzas Armadas: si hay pobreza, no se nota
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| Por Eduardo Tagliaferro
La Ley de Reforma Militar votada este año por ambas cámaras del Congreso Nacional fue la que habilitó la venta de inmuebles de las Fuerzas Armadas. Los militares colocaron de inmediato el cartel de venta sobre los terrenos más apetecibles para el mercado inmobiliario, aunque la comisión parlamentaria que controlará la "reestructuración" y el uso de los fondos todavía no se constituyó. Al margen del aumento previsto por la Ley de Reforma, los créditos para Defensa y Seguridad crecieron este año un 4,4 por ciento, en relación con los del '97, y entre los principales proyectos de inversión figuran la finalización de una de las dos corbetas tipo MEKO-140 para la Armada y la compra de 36 aviones de combate, para la Fuerza Aérea. Aunque marinos y aviadores son destinatarios de las principales compras del presupuesto de este año, es el Ejército el que se lleva la principal parte del monto destinado al Ministerio de Defensa: 971 millones de los 2425 que legalmente gastaría el ministro Jorge Domínguez. Un trabajo realizado por el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) grafica que Defensa, el año pasado, tenía la mayor cantidad de cargos de la administración central con un 52,43 por ciento; Interior tiene un lejano segundo lugar con un 33,35 por ciento. De los cargos otorgados a Interior, Policía Federal, Gendarmería y Prefectura se llevan casi la totalidad. Desde el '96 el personal de la Dirección General de Fabricaciones Militares pasó a depender del Ministerio de Economía, aunque la función de este organismo consista en abastecer de material bélico y logístico a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Lo que se dice un verdadero "Estado capturado" por las tareas de defensa y por el presupuesto militar. A pesar de la disminución del gasto, que pasó de significar el 3,47 por ciento del PBI durante el gobierno de Raúl Alfonsín al 1,74 por ciento en la presidencia de Carlos Menem, la estructura organizativa y funcional de las Fuerzas Armadas no se modificó, y la ley conocida como segunda reforma del Estado no tuvo en los hechos aplicación entre los uniformados. El mantenimiento de un organigrama con fuerte despliegue territorial -–principalmente del Ejército--, acorde con criterios de defensa superados por una enfática política de integración regional, generó lógicas sospechas sobre las fuentes de financiamiento. "Observamos con dolor cómo en nuestro país, esto no significa un juicio de valor de todas las fuerzas; se buscaron fuentes alternativas de financiamiento", decía el diputado Carlos Balter en ocasión de tratarse la Ley de Reforma Militar. De esta manera el legislador mendocino hacía referencia a la posible vinculación del Ejército con la venta de armas a Ecuador y a Croacia, y para ser más claro sobre el tema, agregó que "esto también lo hemos visto en el caso de la Policía Bonaerense". No sólo de pizza viven los militares. En cuanto a las fuentes de financiamiento para este año, la Fuerza Aérea no percibirá la tasa de embarque que beneficiará ahora a los concesionarios privados de los aeropuertos. Pero tendrá el producido por el cobro de las tasas relacionadas con la seguridad de vuelo y apoyo de aterrizaje, al igual que los dividendos por su participación accionaria en representación del Estado Nacional en las empresas Edcadassa, Intercargo e Interbaires. A pesar de que la empresa Líneas Aéreas del Estado (LADE) trabaja a pérdida, los aviadores se distinguen de las otras fuerzas militares por ser los que generan mayores ingresos. Por considerar que es una información secreta y estratégica, el presupuesto nada dice de la cantidad de personal ocupado en los siete servicios de inteligencia vinculados con el Estado, así como tampoco informa sobre el monto que gastan los servicios locales. Desde la sanción de la Ley de Defensa en 1988, los diputados adeudan las leyes que regulen la actividad de los sérpicos nativos.
Retiros y pensiones: el Estado siempre pierde La caja de retiro y pensiones militares es la más deficitaria de las cajas de jubilaciones, según surge del presupuesto nacional. El Estado aporta cerca del 80 por ciento para cubrir el déficit: en el '95 aportó 886 millones sobre un total de 1188 necesarios para su funcionamiento. Para que una caja esté equilibrada, debe existir una relación de cuatro aportantes en actividad, por cada jubilado o pensionado. En el caso de la caja de pensiones militares, la relación es de 1,23, ya que hay 103 mil personas en actividad para cubrir 84 mil pensionados y retirados. Una de las causas que contribuyó a este desfasaje fue que para los militares los años en los que estuvo vigente el estado de sitio, se les computó doble, por lo que la masa de retirados creció rápidamente, más si se tiene en cuenta que de los últimos 32 años, el estado de sitio rigió durante 14. La Ley de Reforma Militar reconoce el aporte desigual del Estado, por lo que propone en su artículo 25 crear un fondo de capitalización que, al estilo de las AFJP, recaude el aporte personal y voluntario de los militares en actividad. Más que víctimas del poder político, los militares han tenido las concesiones de los gobernantes, que piensan que tienen que limitar sus privilegios y calculan si tienen el poder necesario para hacerlo. La agenda militar de los últimos 14 años de gobierno democrático contempló más las necesidades de dar respuesta a hechos consumados, que a definir estrategias propias. La Ley de Defensa Nacional sancionada en 1988 tuvo como principal objetivo ratificar la vigencia de la democracia, luego de los levantamientos carapintadas de Seineldín y Rico. Por su parte la Ley de Anulación del Servicio Militar Obligatorio entró en vigencia luego del asesinato del conscripto Omar Carrasco. No sorprende, entonces, que la última Ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas en realidad otorgue a los militares una fuente de financiamiento, en lugar de una nueva estructura. El hecho de que la venta de los inmuebles militares no tenga como destino Rentas Generales, sino que se destinen a un fondo especial para el reequipamiento, sumado a la pretensión del Ejército de que cada fuerza disponga del producido de sus ventas es una mezcla más que explosiva, si se le agrega que los EE.UU., país vendedor por excelencia, luego del levantamiento de la enmienda Humprey–Kennedy, está en condiciones de vender libremente a la Argentina. Tal vez corresponda realizarse la pregunta que el diputado Guillermo Francos les hiciera a los miembros de la Cámara baja, en ocasión de tratarse la Ley de Reforma Militar: ¿cuál es el presupuesto que está dispuesto a gastar e invertir el pueblo argentino en la defensa nacional? LA TAJANTE OPINIÓN DE EMILIO MIGNONE, DEL CELS "Habría que eliminar los militares"
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Los más de 25 millones de pesos que ingresaron en el fondo de reequipamiento militar por
la venta de terrenos que ocuparon el Batallón 601 de Monte Chingolo y el Regimiento de La
Tablada sugieren el empobrecimiento de las Fuerzas Armadas; a las que les llegó la hora
de vender "las joyas de la abuela". Este será el comienzo del aumento
presupuestario de 1000 millones de pesos en los próximos cinco años, destinados al
aprovisionamiento de las Fuerzas Armadas. Pensar que el bajo presupuesto es un castigo de
los políticos a los militares es contradictorio con la lectura atenta de los números.
Este año el Ministerio de Defensa aumentó sus gastos, a pesar de haber sido transferidos
de su órbita la Gendarmería y la Prefectura, que pasaron a depender del Ministerio del
Interior. En el '97, Defensa tuvo el 52,43 por ciento de los cargos de la Administración
Central del Poder Ejecutivo Nacional y, si a esto se le suma el 33,35 por ciento de
Interior, se observa que la mayoría de los empleados del PEN son para defensa y
seguridad. Por este motivo, no llama la atención que del presupuesto 1998 se desprenda
que casi la totalidad del gasto de Defensa es para el pago de personal y seguridad social.
El Estado aporta más del 80 por ciento de los montos del déficit de las cajas de retiro
y pensiones militares.
