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Por Eduardo Videla  La escena podría pertenecer a una remake de Tiempos Modernos,
aquel film con que Charles Chaplin mostraba la crudeza del capitalismo salvaje de la
década del '30. En una línea de montaje, diez chicas envuelven manojos de cables con
cintas, que formarán parte del tablero de una camioneta. Cada una de ellas repite la
acción 1.100 veces en ocho horas, cuatro veces por minuto. Y si alguna baja el ritmo en
la línea de producción, comienza a sonar una alarma que aturde a todas, y entonces el
grupo retoma la velocidad inicial hasta que el ruido desaparece. No se trata de la ironía
de un genial director de cine sobre los extremos de la automatización del trabajo sino
del modo de producción imperante en una empresa autopartista radicada en la localidad de
Escobar. En esta remake de fin de siglo, a las operarias, en pocos meses, se les hinchan
las manos, padecen tendinitis, se las infiltra como a jugadores de fútbol para que sigan
trabajando y terminan yendo a cirugía. Una de ellas, de 20 años, ya fue operada dos
veces y, según sus abogados y el sindicato, quedó virtualmente excluida de por vida del
mercado de trabajo.
Los abogados Héctor Recalde y Eduardo Ramallo, patrocinantes legales de cuatro operarias, denunciaron el hecho ante la Subsecretaría de Trabajo bonaerense y la delegación Buenos Aires de la Organización Internacional del Trabajo. El Sindicato de Mecánicos y Afines (SMATA) hizo lo propio ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). "Pero la empresa insiste en no cambiar los ritmos de producción ni hacer rotar a las empleadas en sus tareas, como recomiendan las normas de seguridad e higiene", dijo a Página/12 el secretario gremial del SMATA, Carlos Theiler. La empresa en cuestión es Yazaki Argentina SA, filial de una autopartista japonesa que se instaló hace dos años en el kilómetro 55 de la Panamericana, en Escobar. Allí se fabrican los cableados para la instalación eléctrica de las camionetas Toyota Hilux y otras marcas. Trabajan en total 86 empleados, en su mayoría de sexo femenino, con un promedio de edad de 22 años. Al 30 de junio, el SMATA había registrado 20 empleados que padecen tenosinovitis, una dolorosa inflamación de los tendones y del líquido sinovial, también conocida como tendinitis. El mal afecta al 23 por ciento del personal. Ante reiteradas consultas de Página/12, Yazaki Argentina no quiso responder a las acusaciones. "El caso no reviste la importancia superlativa que se le quiere dar. Si se compara con otras empresas, en la planta hay pocos accidentes de trabajo", se limitó a decir un vocero de la empresa. Virginia Cameroni (20) comenzó su calvario el día de Reyes de 1997. Había llegado a Yazaki ante la promesa de un futuro promisorio en una compañía recién radicada, que ofrecía posibilidades de ascenso. Su tarea consistía en encintar manojos de 50 ó 100 cables con tela adhesiva, tirando el cableado con la mano izquierda y envolviéndolo con el rollo de cinta, en la derecha. "Empecé haciendo cuatro manojos cada dos minutos y cada vez me iban agregando más, hasta llegar hasta ocho", relató Virginia. Los movimientos mecánicos y continuos, la presión constante con el pulgar hicieron que a los seis meses comenzara a sentir dolor en la mano derecha. "El médico de la planta me recetó antiinflamatorios, pero no me calmó. Entonces, me mandaron al médico de la ART, que me enyesó la mano y me dieron 40 días de reposo. Pero a la semana me vinieron a buscar de la fábrica. Me hacían sostener los cables con la punta de los dedos, que me quedaban libres. Cuando me sacaron el yeso volví al ritmo normal y volvieron los dolores. Entonces me infiltraron y otra vez volví a trabajar", relató Virginia a Página/12. Finalmente, el 29 de setiembre la joven operaria fue intervenida en el Centro de Accidentología Laboral. Poco después necesitó una segunda operación y en febrero de este año se reincorporó al trabajo. Entonces comenzaron los problemas en la otra mano y de nuevo las peripecias: "Tenía calambres y se me hizo una pelota de líquido sinovial. Me diagnosticaron síndrome de túnel carpiano, con dos nervios comprometidos y me sugirieron una nueva operación. Pero esta vez no quise saber nada. No me daban ninguna garantía". Virginia se consideró despedida y está a punto de iniciar el reclamo de la indemnización. Ahora, cada vez que mira las cicatrices en su mano derecha y el vendaje sobre el globo que le crece en la izquierda, cae en una depresión de difícil retorno. "¿En qué trabajo me van a tomar ahora con estas marcas, si hay treinta esperando atrás mío para el mismo puesto?", se lamenta. Después del secundario estudió computación, pero ahora, cuando se pone frente a la PC, enseguida se le acalambran los dedos. Los médicos le adelantaron que difícilmente pueda volver a hacer trabajos manuales. "Los ritmos de trabajo de Yazaki tienden a rayar en lo inhumano", dijo Carlos Theiler, del SMATA. "Le sugerimos a la empresa que baje los ritmos de trabajo, que haga rotar a la gente, como ocurre en otras empresas,pero no quieren entender. Cuando está el sindicato en la planta los ritmos bajan pero cuando nos vamos los vuelven a subir", aseguró el gremialista. El gremio que encabeza José Rodríguez presentó la denuncia ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, donde se abrió un expediente pero aún no se adoptó ninguna medida. El SMATA quiere saber si la ART Generali elaboró algún plan para el mejoramiento de las condiciones de trabajo. En tanto, los abogados Recalde y Ramallo plantearán el reclamo de la indemnización por la vía judicial. "Según la ley de Riesgos del Trabajo, las propias ART, que son las que tienen que pagar la indemnización, son las que fijan el nivel de incapacidad, que determina el monto del resarcimiento", dijo Ramallo a Página/12. De acuerdo con la ley, el tope para la indemnización es de 110 mil pesos, a pagar en cuotas de por vida, y el afectado no tiene derecho a hacer el reclamo civil por daños y perjuicios. "Vamos a pedir ante la Justicia la inconstitucionalidad de la norma, porque viola el derecho de igualdad ante la ley: cualquier persona que sufre un accidente puede hacer el reclamo civil contra el responsable, pero un trabajador no puede hacerlo porque no se lo permite la ley", adelantó Recalde. En la provincia de Buenos Aires, los tribunales del trabajo ya dictaron seis sentencias de inconstitucionalidad contra la ley de Riesgos del Trabajo.
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