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ALICIA OLIVEIRA ES LA NUEVA DEFENSORA DEL PUEBLO DE BUENOS AIRES
La Ciudad ya tiene quien la defienda

Más de siete meses después de fracasar  con la candidatura de La Porta, el bloque mayoritario logró un voto unánime.

La flamante Defensora fue la primera jueza del fuero penal, en 1973, echada y perseguida en 1976.
Oliveira fue abogada “desde siempre” del CELS. La acompañan Brailovsky, Veljanovich, Mató y Maffía.

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Por Santiago Rodríguez

t.gif (67 bytes) Más de un diputado de la Alianza respiró tranquilo ayer, al ver que todos levantaban la mano. La Legislatura porteña acababa de aprobar, en cuestión de minutos y por unanimidad, la designación de la abogada Alicia Oliveira como Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. La votación ponía fin así a ocho meses de idas y vueltas que incluyeron el peor fracaso del támdem UCR-Frepaso en su corta trayectoria como mayoría parlamentaria local, cuando la coalición no logró imponer su número para nombrar al socialista Norberto La Porta en ese cargo.
“Es una labor muy digna la de defender a la gente y, encima, hacerlo desde el Estado con la aprobación de todos los legisladores me conmueve profundamente”, manifestó Oliveira, en medio de las felicitaciones que recibió apenas fue designada al frente de la Defensoría del Pueblo porteña a propuesta del Frepaso. A saludarla no sólo se acercaron la mayoría de los 48 legisladores presentes en el recinto, sino también los diputados nacionales frepasistas Juan Pablo Cafiero, Alfredo Bravo y Jorge Riva y las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, encabezadas por Nora Cortiñas.
El mismo ritual de los saludos protagonizaron los cuatro ombudsman adjuntos nombrados para acompañar a Oliveira en su gestión: el ecologista Antonio Brailovsky, impulsado por Nueva Dirigencia; Rafael Veljanovich, propuesto por el radicalismo; Alejandro Nató, candidateado por el peronismo; y Diana Maffía, consensuada entre radicales y frepasistas.
Oliveira ostenta como antecedente haber sido nombrada en 1973 como la primera mujer juez del fuero penal, del que debió alejarse el 24 de marzo de 1976 cuando los militares de la dictadura la desalojaron. Desde siempre abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales, también fue convencional constituyente en 1994 y actualmente se desempeñaba como secretaria legislativa del bloque de diputados porteños del Frepaso. Su candidatura a ombudsman era respaldada por la Multisectorial de Organizaciones Sociales por la Defensoría del Pueblo porteña, cuyos representantes también estuvieron en la Legislatura.
La nueva Defensora del Pueblo y sus adjuntos jurarán en un acto que el próximo jueves se celebrará en el Salón Dorado del viejo Concejo Deliberante porteño, donde en poco tiempo pasará a funcionar la Legislatura. La asunción de Oliveira pondrá fin a la gestión del actual ombudsman Antonio Cartañá. La elección parlamentaria de un nuevo titular para la Defensoría resultaba obligatoria por imperio de la Constitución local, que reformuló la estructura y las atribuciones de esa institución.
“La primera tarea será definir la estructura y adecuar la Defensoría a la nueva ley”, explicó ayer Oliveira. La idea es que Brailovsky se ocupe de medio ambiente; Maffía, de derechos humanos e igualdad entre el hombre y la mujer; Nató, de la tercera edad y discapacidad; y Veljanovich, de educación, salud, juventud, cultura y control de los servicios públicos.
La celeridad con que la Legislatura designó a Oliveira –en apenas unos minutos aprobó, incluso, un proyecto que permitiera considerarla como candidata a titular pese a haber sido postulada para adjunta– contrastó con el fracaso de la sesión del 2 de abril pasado, cuando la Alianza no pudo imponer a La Porta por faltarle apenas tres votos para llegar a los dos tercios necesarios para su designación. Notoria resultó la ausencia en el recinto de Liliana Chiernajowsky –la esposa del líder frepasista Carlos “Chacho” Alvarez, desde cuyo entorno se resistió hasta último momento la postulación de Oliveira– y no así la del duhaldista Jorge Argüello, quien ya había anticipado que no apoyaría la elección de un defensor vinculado con la coalición gobernante en la ciudad.

 

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