 Lenta pero
por el momento inexorable, la Justicia inglesa sigue su marcha. El ministro de Interior
Jack Straw prefirió su pasado juvenil de militante antipinochetista a los consejos de la
Realpolitik y autorizó ayer la iniciación del proceso de extradición a España del
general y reciclado senador vitalicio Augusto César Pinochet Ugarte. La decisión puede
ser apelada por la defensa del general, que es lo que se espera que haga. Los más de 300
pinochetistas que llegaron en el curso de la semana para prestar su apoyo al ex dictador
prometieron no cejar en su lucha hasta conseguir que regrese a Chile. “Estamos muy
decepcionados con esta decisión injustificada pero seguiremos luchando como contra toda
injusticia”, indicó a Página/12 el diputado por la derechista Unión Democrática
Independiente Darío Paya. Por ahora no cabe duda de que el primer destino del general
Pinochet no es Santiago sino el magistrado de Bow Street que celebrará mañana su primera
audiencia en un tribunal del sudeste de Londres, estratégicamente alejado del centro de
la capital.
La declaración de Straw contiene dos párrafos clave. “El ministro del Interior
considera que el senador Pinochet está acusado en España de delitos equivalentes a los
penados por la ley británica como intento de asesinato, asociación ilícita para
asesinato, tortura, asociación ilícita para torturar, secuestro y asociación ilícita
para secuestrar”. El ministro del Interior añade que el senador Pinochet “no
goza de inmunidad por su condición de ex jefe de Estado en relación con los delitos
antes mencionados”, aunque excluye del proceso de extradición la acusación de
genocidio. En la declaración Straw también desestima el pedido de impugnación
presentada por la defensa de Pinochet que acusaba de “parcialidad” a lord
Hoffman, uno de los lores que votó en contra de Pinochet, por pertenecer al directorio de
Amnesty International Charity Ltd. “El ministro no aceptó el pedido de la defensa
para que se anule el dictamen de los lores por la presunta parcialidad de uno de
ellos.” Y más adelante, remata. “En nombre del senador se le solicitó al
ministro que considerando su edad y salud no se diera autorización para proceder con el
proceso de extradición. El ministro del Interior analizó cuidadosamente estos factores y
decidió que para el senador no resultaría injusto u opresivo ser sometido a juicio por
los delitos de los que se le acusa”.
Igualmente relevante es la decisión del ministro del Interior de no tomar en cuenta el
impacto que su decisión tendría sobre la estabilidad de Chile y el futuro de su
democracia, así como los intereses específicos de Gran Bretaña al respecto. “Tras
el análisis del material y los documentos que se le presentaron al respecto, el ministro
concluyó que no presentan razones suficientes como para no autorizar la iniciación del
proceso de extradición”. La reacción inmediata del gobierno chileno fue convocar a
Santiago para “inmediatas consultas” a su embajador en Gran Bretaña Mario
Artaza. “El gobierno de Chile usará todos los medios a su alcance para revertir esta
decisión”, dijo Artaza. En su declaración el ministro del Interior deja en claro
que al final del proceso podría considerar nuevos hechos y pedidos de hábeas corpus.
“Los mismos factores que tomó en cuenta ahora, la edad, la situación en Chile, el
interés británico, serán otra vez analizados”, indicó a Página/12 Michael
Zander, experto legal de la London School of Economics and Political Sciences (ver
aparte).
La reacción se hizo sentir en las calles londinenses. Las decenas de manifestantes del
exilio chileno, congregados como quien se aferra a una cábala enfrente del Parlamento
inglés, estallaron en cánticos y abrazos, repitiendo los festejos del 25 de noviembre,
cuando los lores dictaminaron que Pinochet no gozaba de inmunidad como ex jefe de Estado.
“Esto demuestra que estamos cada vez más cerca de que se haga justicia”,
señaló a Página/12 Vicente Alegría de Chile Democrático. Por su parte, los
pinochetistas, que se congregaron afuera del ministerio de Interior británico, a espaldas
del Saint James Park, dieron rienda suelta a su amargura. “No puede haber justicia
para Pinochet acá en Europa. Porque él tiene muy mala imagen. Sólo en Chile puede tener
justicia”, declaró uno de los manifestantes. Otros llamaban al general
“héroe” y “salvador”.
Las divisiones en la calle tuvieron su reflejo en la clase política inglesa. A las 16.32
hora local, los “pagers” de los diputados recibieron el mensaje con la decisión
de Straw y la respuesta fue de “júbilo”. El laborista Jeremy Corbyn,
vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, resumió el sentir de
los laboristas. “Estamos obviamente eufóricos. Esta es la causa de los derechos
humanos de todo el mundo”, indicó a Página/12. Como en el pasado, la Dama de
Hierro, la ex primera ministra Margaret Thatcher, lideró a las huestes conservadoras
calificando la decisión de Straw de “grave error”. El ministro del Interior en
la sombra sir Norman Fowler indicó que esta decisión perjudicará seriamente a Gran
Bretaña. “No cabe duda que será perjudicial para nuestros intereses. Y que además
perjudicará la democracia en Chile”, dijo Fowler.
El proceso de extradición podría ahora seguir todos los pasos de la Justicia inglesa: el
tribunal de instrucción, el Real Tribunal Superior de Londres y la Cámara de los Lores
para regresar nuevamente al escritorio de Straw que una vez más podría decidir que el
general regrese a Chile por “razones humanitarias”. La primera cita es este
viernes a las 14 hora local (11 hora de Buenos Aires). En lo que sería su primera
aparición pública desde su arresto el 16 de octubre, el general Pinochet debería
comparecer ante el tribunal a menos que sus abogados consigan una revisión judicial o que
consiga demostrar que no está en condiciones de salud para hacerlo. En una clara señal
de la preocupación por la temperatura política del caso, se decidió que la audiencia
sea el tribunal de Belmarsh, considerado de máxima seguridad, que se encuentra al lado de
una prisión que suele alojar a miembros del Ejército Republicano Irlandés, IRA.
UN EXPERTO ANALIZA EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR
“Podría tomar semanas o meses”
Por M.J. desde Londres
En diálogo con
Página/12 Michael Zander, especialista en temas legales de la London School of Economics
and Political Sciences, analizó la decisión del ministro del Interior británico, Jack
Straw, y los pasos que seguirá la Justicia a partir de ahora.
–¿Cómo interpreta la decisión de Straw?
–El comunicado que dio a conocer usa un lenguaje ultralegalista para explicar muy
detalladamente por qué optó por autorizar la iniciación del proceso judicial. El
comunicado está indudablemente redactado por abogados. En esta fase no era necesario que
diera razones y sin embargo optó inteligentemente por fundamentar cuidadosamente su
decisión. Es claro que la justificó respondiendo a todas las objeciones que se le
pudieran hacer.
—¿Qué pasa a partir de ahora?
–El proceso de extradición se inicia este viernes en el tribunal de primera
instancia de Bow Street. En esta instancia hay un derecho automático de apelación por lo
cual el caso pasará a la Alta Corte de Justicia. En esta instancia hay derecho de
apelación pero no es automático, es decir que depende de los jueces que se lo conceda o
no, y que el proceso llegue a la última instancia judicial, la Cámara de los Lores.
Finalmente Jack Straw tendrá que decidir nuevamente si en uso de sus facultades
cuasijudiciales otorga la libertad a Pinochet por razones humanitarias o procede con su
extradición a España. Por supuesto todo este proceso, de por sí largo y complicado,
podría resultar demorado si la defensa de Pinochet solicita una revisión judicial de la
decisión de Straw. Esta revisión no pasaría por un tribunal de primera instancia sino
que iría directo a la Alta Corte de Justicia y de ahí a los lores.
–¿Qué hay que probar en un caso de extradición?
–Primero tiene que quedar bien en claro que todo el proceso documental está en
regla. Acá difícilmente haya sorpresas porque esto ya ha sido analizado por el
Ministerio de Interior, que no hubiera autorizado la iniciación del proceso judicial si
hubiera encontrado alguna irregularidad procesal. La Justicia tiene que determinar
también si los delitos son extraditables y demostrar que hay suficiente evidencia de los
crímenes de los que se le acusa.
–¿Cómo se prueba esto último?
–Mediante declaraciones juradas. Según la ley, “la evidencia tiene que ser
suficiente para garantizar el juicio si el crimen extraditable ha ocurrido dentro de la
jurisdicción de la corte”. Esta evidencia la suministra el gobierno español, a
través de la Fiscalía, es decir del Servicio Fiscal de la Corona, por medio de
testimonios de la gente que dicen que el general hizo lo que hizo.
–En la Cámara de los Lores se decidió un punto abstracto, si un ex jefe de Estado
tiene inmunidad o no. Durante el proceso judicial de extradición en cierto sentido se
empezaría a juzgarlo.
–Exactamente. No es un juicio pero es lo que en la justicia británica se llama
“committal proceedings”, es decir que la Fiscalía tiene que convencer a la
Corte de que hay suficiente evidencia como para iniciar un juicio. Es lo que se solía
denominar un caso de “prima facie” (prueba semiplena). Es completamente distinto
a lo que pasó en los Lores.
–¿Cuánto tiempo puede tomar el proceso?
–Semanas, incluso meses. Aun teniendo en cuenta de que éste es un caso muy delicado
y que por lo tanto se le dará prioridad, puede tomar mucho tiempo. Dependerá de la
cantidad de apelaciones que haya.
Garzón procesará hoy y pide un documento
clave
El juez Garzón pidió a EE.UU.
que desclasifique un documento que implica a Pinochet, Kissinger y la dictadura argentina.
Cientos de manifestantes se
reunieron en la Puerta del Sol madrileña tras el anuncio británico.
El gobierno conservador de José María Aznar eligió mantener un perfil bajo
ante la decisión. |
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Por Norberto Bermúdez desde España
La noticia del inicio del
proceso de extradición de Augusto Pinochet a España encontró a Baltasar Garzón en su
despacho de la Audiencia Nacional. El magistrado fue notificado de la decisión del
ministro del Interior británico Jack Straw una hora antes de que se hiciera pública. Y
sus próximos pasos están decididos: el procesamiento del ex dictador y el pedido a
Estados Unidos de desclasificar un documento que involucra a una figura de la dictadura
argentina.
Durante los últimos días, Garzón ha estado trabajando en el auto de procesamiento de
Pinochet, que con toda probabilidad firmará hoy jueves. Asimismo, Página/12 ha tenido
acceso a un exhorto internacional que el magistrado enviará a Estados Unidos, solicitando
la desclasificación de un documento secreto relacionado con la represión en la
Argentina.
El 10 de enero de 1997, Garzón recibió declaración a un testigo, cuya identidad se
mantiene en reserva, que brindó detalles sobre una reunión celebrada el 10 de junio de
1976 en Santiago de Chile, entre el entonces secretario de Estado norteamericano, Henry
Kissinger, y el almirante César Augusto Guzzetti, ministro de Asuntos Exteriores de la
dictadura argentina. Del encuentro habrían participado también el subsecretario de
Asuntos Interamericanos, William D. Rogers, y otros cuatro asesores norteamericanos.
En el testimonio en poder de Garzón consta que el portavoz del Departamento de Estado,
Christopher Vick, redactó un memorándum resumiendo las dos cuestiones abordadas:
“a) la plena comprensión por parte de Kissinger de la situación política
argentina; y b) su promesa de apoyar el plan económico argentino”.
En el sumario por los desaparecidos españoles en la Argentina consta que la reunión
entre Kissinger y Guzzetti se celebró en el hotel Carreras de Santiago y tuvo una
duración de 90 minutos. Según una copia del memorándum sobre la reunión en poder de
Garzón, el canciller Guzzetti “solicitó al señor Kissinger su visto bueno para
aniquilar de una vez por todas la subversión”. En el documento del Departamento de
Estado se hace referencia a que Kissinger “preguntó a Guzzetti cuánto tiempo les
llevaría a los militares acabar con ese problema y el ministro de Asuntos Exteriores
argentino contestó que a finales de ese año estaría resuelto”. La frase siguiente
es devastadora: “El señor secretario de Estado, a continuación dio su
aprobación”.
A pesar de que Kissinger conocía de antemano la situación de los derechos humanos en la
Argentina, no tendría reparos en aprobar la profundización de las matanzas que hasta el
día de la reunión entre Kissinger y Guzzetti habían originado 1022 víctimas, según
datos corroborados por el FBI.
El juez Garzón solicitará ahora a las autoridades de Washington que le entreguen una
copia certificada del mismo documento que ya tiene en su poder, para incorporarla al
expediente judicial. Si se accediera a esa solicitud, no sería descabellado que el
magistrado español solicitara interrogar al ex secretario de Estado Henry Kissinger.
A todo esto, el gobierno conservador de José María Aznar mantuvo un cuidadoso perfil
bajo ante el anuncio. La cadena Todo noticias, de Radio Nacional, daría la noticia casi
media hora después que el resto de los medios de comunicación.
Pero, por otro lado, la alegría estalló en la céntrica Puerta del Sol en Madrid, donde
los exiliados chilenos volvieron a concentrarse para festejar la decisión, como antes lo
habían hecho con el fallo positivo de la Cámara de los Lores. Ahora vuelve a ser el
turno de Garzón.
OPINION
El acusador
Por Susana Viau |
Habría que comenzar de un
modo trivial: cuando Carlos Alberto Slepoy llegó a Madrid, en 1978, no imaginaba nada de
esto como posible. Ni que se afincaría casi para siempre en esa ciudad; que a sus dos
hijas mujeres se les sumaría un varón; que nunca más volvería a jugar al fútbol; que
el título de abogado que había obtenido pensando en los presos políticos –y la
vida– le iba a dar una satisfacción mayor: poner a un reverendo, mayúsculo hijo de
Satanás en el camino del “maco”, de la “trena”, del
“trullo”, es decir, de cualquiera de las expresiones barriobajeras con las que
Su Señoría, el juez Baltasar Garzón, se sirva designar a la cárcel. Como la historia
de David y Goliath, como la de caperucita y el lobo.
“Carli” había estado dos años a disposición del Poder Ejecutivo; vendió
“patucos” en el Metro; manejó un taxi, hasta que se durmió, conduciendo por la
Gran Vía. En verdad, no tenía la menor aptitud para ninguna de las dos cosas. Al fin, la
UGT, la central sindical de los “sociatas”, le hizo un hueco como abogado
laboralista, pero en Zaragoza. Así se pasó unos años, yendo y viniendo de Madrid a
Zaragoza y de Zaragoza a Madrid. Era un excelente nadador, le gustaba el fútbol y como no
podía ver a Boca se hizo hincha del Real Madrid. Cierta tarde cruzó despacio la Plaza de
Olavide, una plaza llena de viejas, críos y traficantes de droga en el muy madrileño
barrio de Chamberí. Vio al policía borracho que amenazaba con la pistola a un grupo de
adolescentes. No pudo con su genio. “Usted lleva el arma para protegerlos”, le
dijo. “¿Y tú quién eres?”, le preguntó ofuscado el policía. “Soy
abogado”, fue la respuesta de Slepoy, siempre legalista. El tipo sacó rápido una
conclusión: “Además de abogado eres sudaca. Me acompañas la a comisaría”.
Doblaron la esquina. La gente de la plaza escuchó el disparo. Corrieron y encontraron a
Carli caído, con un agujero negro en la campera de jean. El balazo le había rozado la
médula. Pasó mucho tiempo en rehabilitación; con dificultades volvió a caminar; del
fútbol, ya ni hablar. No regresó en el ‘83. Se fue quedando. Fundó la Asociación
Pro Derechos Humanos de Argentina. Una noche llamó a sus amigos de esta redacción para
contar que se presentaba en el juicio por genocidio como querellante. Página/12 lo
publicó. Pero nadie, salvo él con su entusiasmo, daba diez centavos por lo que pudiera
pasar. Sin embargo está pasando. La vida da sorpresas. Y revanchas. |
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