Página/12

Los lores dieron marcha atrás, el general Pinochet suspiró, las víctimas de su régimen lloraron. Por unanimidad, el comité de apelación de los lores anuló el histórico fallo del 25 de noviembre que negó la inmunidad soberana al general Pinochet, debido a que Lord Hoffmann, uno de los tres Law Lords que votó en contra del ex dictador, "no reveló sus vínculos con Amnesty International, que era una de las partes del caso". El fallo del comité significa que el caso Pinochet regresa como en un túnel del tiempo al 28 de octubre, cuando el Real Tribunal Superior de Londres se pronunció a su favor aunque concedió al Servicio Fiscal de la Corona el derecho a la apelación. El general recupera la inmunidad que había perdido y un nuevo panel de cinco Law Lords deberá considerar, probablemente el 18 de enero, la apelación de la Fiscalía.

Los lores volvieron a sorprender al mundo. Aunque indicaron que no publicarán los fundamentos de la decisión hasta después de Año Nuevo, la unanimidad del fallo indica que el comité de apelación consideró que el hecho de que Lord Hoffmann no declarara que era director ad honorem de Amnesty International Charity Ltd. (AICL), una organización filial de Amnesty International, basta para generar la sospecha de parcialidad. El mismo presidente del comité Lord Browne-Wilkinson lo insinuó en la audiencia del miércoles cuando le señaló al abogado de Amnesty International, Peter Duffy, que "la primera cosa que se aprende del Derecho británico es que no sólo se debe hacer justicia sino que se debe dar la impresión de que se está haciendo justicia".

El fallo vuelve el caso al punto anterior. En esta suerte de "laberinto de los senderos que se bifurcan" borgeano, los lores deberán nombrar un panel que tendrá que decidir si bajo la ley inglesa la inmunidad de un ex jefe de Estado es absoluta --cubre todo acto que haya realizado-- o tiene límites, y no es aplicable a los crímenes de lesa humanidad. En caso de que esta vez el panel de cinco Law Lords ratifique el fallo del Real Tribunal Superior de Londres del 28 de octubre, Pinochet podrá regresar a Chile a menos que la Fiscalía logre montar un pedido de revisión judicial antes de que alcance el avión de la Fuerza Aérea chilena que vendrá a esperarlo. Si el nuevo panel de lores llega a la misma conclusión que el pasado 25 de noviembre, se abrirían probablemente las mismas instancias que se cerraron hace nueve días. El ministro del Interior Jack Straw podría volver a considerar la posibilidad de otorgarle la libertad por razones humanitarias --edad o salud--, político-diplomáticas --el impacto en la situación interna chilena--, o de Estado --los intereses británicos--. El pasado 9 de diciembre Straw dio luz verde al proceso de extradición después de analizar estos factores, pero si la nueva apelación ante los lores se prolonga hasta mediados de febrero, como bien podría ocurrir, el ministro laborista podría considerar que las circunstancias han variado. Si, en cambio, considera aún válida la autorización que dio, la defensa de Pinochet presentaría un pedido de revisión judicial, tal como anunció que haría esta semana si fallaba el recurso ante los lores.

Amnesty International se negó a considerar que el fallo de ayer fuese un retroceso para los derechos humanos. "Nosotros no tenemos ningún problema con el dictamen de los lores. Amnesty International cree que toda persona tiene derecho a un juicio con todas las garantías de imparcialidad. Y si los lores consideran que el dictamen previo no ofrecía esas garantías, es necesario hacer un nuevo proceso. Es irónico que sea con Pinochet. Pero es importante demostrar que la Justicia funciona", indicó a Página/12 en correcto castellano Andy Mc Entee, miembro del directorio de Amnesty.

Para los exiliados chilenos que hasta minutos antes del veredicto se desgañitaban cantando enfrente del Parlamento, "Extradition, the only decision", el fallo fue una píldora dura de tragar. "Estoy totalmente shockeado por esta decisión. Desde el principio tuve fe de que se haría justicia y de que habría la impresión de que se hacía justicia. Ahora no estoy tan seguro", indicó a Página/12 Carlos Reyes Manso, de la organización Chile Democrático.

Los pinochetistas presentes mostraban una nerviosa euforia. Por un lado, por primera vez desde el 25 de noviembre, obtenían una victoria. Por el otro, dialogaban con la prensa bajo la lluvia de gritos de "asesinos" que le lanzaban los exiliados chilenos. "Estamos contentos pero hay que tener en cuenta que esto es un primer paso. Esperamos ahora que el gobierno chileno pueda ser parte de la apelación", indicó a Página/12 Rodrigo Alvarez, diputado de la ultrapinochetista Unión Democrática Independiente. En términos similares se refirió el abogado Fernando Barros, uno de los organizadores de la campaña pinochetista en Gran Bretaña. "Este es un asunto que debemos resolver los chilenos", señaló a Página/12.

Mientras se preparaba para una entrevista por televisión, una exiliada chilena se acercó a Barros y le espetó: "¿Cuál es la paz que ustedes quieren?, ¿dónde están los desaparecidos?". Barros hizo una seña al gigantesco policía británico que se hallaba a unos pasos para que sacara a la exiliada: el "bobby" no lo vio o no le prestó atención.

LOS LORES DEBERAN CONVOCAR A SUS MIEMBROS JUBILADOS
Ahora, a llamar al geriátrico

El fallo abrió muchos interrogantes respecto de la mecánica futura del caso Pinochet. El primer problema es la composición de un nuevo panel de cinco jueces lores. Los lores constituyen la última instancia de la Justicia británica --equivalente a la Corte Suprema argentina-- y está compuesta por 12 miembros: los "law lords". Uno de los máximos especialistas británicos en el tema, el profesor de la Universidad de Oxford David Robertson, resumió ayer en el vespertino The Evening Standard las dificultades que hay para formar el panel. "De los 12 'law lords', sólo cuatro pueden formar parte del panel, ya que el resto participó del caso. Estos cuatro son los lores de menor experiencia en la Cámara. Quedan entonces los lores jueces jubilados. Dos de ellos, que se jubilaron este año, participaron en los procedimientos esta semana. De modo que habría que convocar a otros que llevan más tiempo jubilados. Ahora bien, un panel formado así, ¿tendrá la autoridad necesaria para pronunciarse en un caso de esta envergadura?".

En el contexto del dictamen de ayer, que invalidó el voto de Hoffmann por sus vínculos con Amnistía Internacional, la formación del panel plantea una pregunta adicional: ¿constituye la pertenencia a una organización de derechos humanos un impedimento para ser uno de los law lords en el caso Pinochet? De serlo, constituiría un claro absurdo ya que los derechos humanos forman parte de la Justicia británica y de la idea misma de justicia.

Pero además de esta objeción de principios, está el problema logístico. Es muy frecuente que los lores pertenezcan a varias de las 175 mil organizaciones caritativas que hay en Gran Bretaña, muchas de las cuales, son organizaciones de derechos humanos, favoritas de los "law lords". De aplicarse ese criterio a rajatabla, se podría al menos en teoría inhabilitar a todos los jueces lores vivos --jubilados o no.

El otro problema es quiénes serán las partes del caso. Hasta ahora habían sido el general (R) Augusto Pinochet Ugarte contra el Servicio Fiscal de la Corona, en representación del gobierno español, y Amnistía Internacional, admitida especialmente para la apelación, en representación de las víctimas. El miércoles, al final del segundo día de audiencias, lord Browne-Wilkinson preguntó al abogado de Amnistía si la organización participaría en caso de que se reviera el fallo del 25 de noviembre. Amnistía indicó que sí y Browne-Wilkinson sugirió que presentara su caso de forma escrita, para ahorrar tiempo ya que el caso Pinochet "está desplazando otros casos de igual o mayor urgencia pero esto no puede seguir sucediendo".

La defensa, por su parte, indicó que el gobierno de Chile podría querer participar en el caso. A lo que Alun Jones, por el Servicio Fiscal de la Corona, añadió que de ser así la fiscalía solicitaría la participación de otros gobiernos como el francés o el suizo que han solicitado la extradición del general Pinochet.

"La única buena noticia que puede haber es que en Chile se haga justicia y se encuentren los detenidos desaparecidos. Esta situación actual no nos produce ninguna alegría." El canciller José Miguel Insulza resumió así la posición del gobierno chileno sobre la anulación del fallo de los lores británicos que había revocado la inmunidad dada originalmente al ex dictador Augusto Pinochet. El presidente Eduardo Frei se mostró enojado por el hecho de que "después de dos meses de agitación y conmoción en Chile, Gran Bretaña y España, estemos en el punto inicial". La derecha y el ejército festejaron la noticia y se manifestaron "optimistas" respecto del regreso del ex dictador, aunque Insulza aclaró que "el futuro nos depara más sorpresas todavía y mejor no hacer más pronósticos".

Desde la detención de Pinochet, ocurrida el 16 de octubre, los gobiernos británico y español se encargaron de separar lo "judicial" de lo "político" para justificar sus acciones en el caso. El gobierno chileno había elegido claramente la opción "política" para lograr la liberación del ex dictador. Sin embargo, desde el martes pasado entró en el terreno judicial para impugnar el fallo en contra de Pinochet por la supuesta parcialidad de lord Hoffmann, quien ha sido presidente honorario de Amnesty International Charity Ltd. Y Amnistía Internacional había sido una de las instituciones que asistió a la vista del caso y que pudo exponer su testimonio. Insulza reconoció que su gobierno ahora prefiere adoptar "un papel más activo" en el terreno judicial: de hecho, Chile presentará sus argumentos ante los lores cuando la inmunidad de Pinochet sea reconsiderada a partir del 18 de enero.

Pero el canciller chileno se encargó también de separar a la figura de Pinochet del asunto "judicial". "No vamos a defender al senador como persona ni mucho menos respecto de delitos que puede haber cometido, lo que vamos a defender es el derecho a juzgar los delitos cometidos por chilenos en Chile", dijo Insulza. "No somos Nuremberg, no somos Bosnia y no somos Ruanda. En Chile existen los tribunales, una democracia que tiene nueve años de funcionamiento ininterrumpido y por lo tanto existen condiciones para resolver nuestros problemas", agregó el funcionario, señalando que la Ley de Amnistía dictada en 1978 para los delitos cometidos después del golpe militar en 1973 "sólo cubre los hechos que llegan hasta ese año".

Por su parte, el presidente Frei se pronunció sobre la noticia en la ceremonia de graduación de oficiales de la Escuela Militar de Santiago. Allí dijo que el país está cansado de estar pendiente de los dictámenes del extranjero que son "sorpresivos y cambiantes". "Esto ya va a parecer una telenovela judicial o jurídica, ya no sé ni cómo denominarla", dijo en apoyo de esta declaración el presidente de la Cámara de Diputados, el democristiano Gutemberg Martínez. Sin embargo, para el precandidato socialista a la presidencia, Ricardo Lagos (quien tiene hasta hoy la mayor posibilidad de suceder a Frei) estos cambios demuestran que "nadie ha podido influir en las decisiones que se están adoptando en relación a Pinochet". Aunque los socialistas forman parte del gobierno, la postura de muchos de ellos ha sido favorable al juicio del ex dictador en Europa.

Del lado de los militares, el jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, dijo que la decisión de los lores "genera una esperanza de que se rectifique la situación vejatoria e injusta que vive Pinochet en Londres". Izurieta destacó que habló con un Pinochet "confiado" en que la situación se vuelque a su favor, pero aclaró que mientras no vuelva "el ejército no va a estar tranquilo". Otro que habló con el ex dictador fue el general (R) Luis Cortés Villa, director de la Fundación Pinochet, que se manifestó "optimista con esta nueva puerta que se abre".

Los fundamentos del pedido de extradición "se han derrumbado estrepitosamente", dijeron eufóricos los presidentes de los partidos derechistas, Alberto Espina de Renovación Nacional (RN) y Pablo Longueira de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

OPINION
Imparcialidad
Por Leopoldo H. Schiffrin *

Imparcialidad no es indiferencia ni tampoco ocasión para discriminar.
Imparcialidad no significa que los jueces no tengan opiniones, tendencias políticas, inclinaciones, que no estén influidos por su formación, tipo de cultura, grupos a los que pertenecen, su clase o sector social, religión, visión ética, gustos, humores, situación en la vida, etc. Si los jueces debieran ser personas ajenas a todos los condicionamientos, entonces sólo seres ultramundanos podrían ocuparse de esa función.

Por ello, la exigencia de imparcialidad se dirige a dos núcleos básicos: a) evitar que el juez esté ligado con los destinatarios directos de su posible decisión por lazos que hagan presumir una relación particular de afecto o desafecto (por ej. parientes muy próximos, amigos íntimos, enemigos declarados) o un interés material y,

b) excluir que el juez decida otra vez la misma causa que ya resolvió antes (el prejuzgamiento).

El segundo principio sufre en nuestro país tan enormes como injustificadas limitaciones. ¿Qué ocurre cuando se trata de juzgar hechos que afectan a personas del mismo grupo de pertenencia del juez, aunque ni éste ni sus allegados sean víctimas directas de esos hechos? (Piénsese en el caso de jueces judíos cuando intervenimos --como me tocó a mí hace diez años-- en la extradición de responsables del Holocausto.)

El caso se presenta con agudeza en La Plata, donde los sectores de clase media alta de la que provienen tantos jueces y funcionarios fue brutalmente afectada por el terrorismo de Estado. Si la exigencia de imparcialidad pierde su referencia concreta, se termina discriminando a los jueces en razón de su pertenencia grupal y sectorial. Y con ello quedaría trastornada la administración de justicia y dañadas las relaciones entre los componentes sociales en una guerra general de exclusiones mutuas.

Hay ciertas parcialidades que deben exigirse a los jueces. Sí. El Libro del Exodo (cap. 28) dice que Moisés recibió de su suegro Itró el consejo de elegir como jueces hombres de corazón valiente; Maimónides, tantos siglos después, se pregunta por qué los jueces deben tener corazón valiente, y responde que ello es necesario porque su misión es arrancar a los oprimidos de las garras de los opresores.

Esto contrasta con la imagen del juez impasible, imperturbable, insensible, meramente maquinal, imagen que ni rima con un sistema político en el que los jueces deben ser los guardianes del plexo de valores que sustenta la Constitución y los primeros comprometidos con la causa de los derechos humanos que aquélla promueve.

Esto también es verdad en Inglaterra, y allí como aquí los organismos reconocidos como promotores de los derechos humanos actúan en salvaguarda de los derechos e intereses generales de la sociedad, igual que lo hace el Ministerio Público.

La vinculación de los jueces con esos organismos auxiliares de la Justicia traduce el compromiso propio e indispensable de la función judicial con los derechos humanos y aumenta su idoneidad para rescatar a los oprimidos de las garras del opresor.

* Juez de la Cámara Federal de La Plata.