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Por Nora Veiras  Apenas
amanecía cuando las radios empezaron a transmitir la confusión que se vivía en el
Regimiento de Infantería III de La Tablada. Fue hace exactamente diez años, el 23 de
enero de 1989. En un primer momento, el recuerdo cercano de las rebeliones carapintadas de
Semana Santa y Monte Caseros llevó a creer al gobierno alfonsinista que eran otra vez los
seguidores de Mohamed Alí Seineldín. La confusión se disipó al mediodía: el
copamiento no era militar sino civil. Un grupo de unos cuarenta militantes del Movimiento
Todos por la Patria (MTP) era el responsable de la irrupción. El desconcierto precedió a
la condena unánime de un ataque que le permitió a las Fuerzas Armadas agitar nuevamente
el fantasma del “rebrote subversivo” y llevó a la mayoría de la sociedad a
desentenderse del modo en que se reprimió el asalto. La Justicia tampoco se hizo eco y
recién en 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó que
hubo ejecuciones y torturas a los detenidos. Se reconocieron 39 muertos, entre ellos 11
militares y 2 policías. Uno de los antiguos dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Enrique Gorriarán Merlo, era el máximo jefe político de la agrupación que efectuó el asalto que terminó en masacre al igual que 14 años antes había sucedido con el copamiento del Batallón de Arsenales Domingo Viejobueno de Monte Chingolo. Gorriarán Merlo justificó el copamiento de La Tablada en la inminencia de un golpe de Estado, encabezado por los seineldinistas. “Fuimos a defender la democracia, no a atacar a un cuartel”, le dijo a Clarín en octubre de 1998 Joaquín Ramos, uno de los detenidos que junto a Luis Ramos, consiguió ese año la autorización para cumplir su condena en España gracias a la doble nacionalidad. La hipótesis del golpe nunca se pudo corroborar y todavía se sospecha si no fueron protagonistas de una operación de inteligencia que los impulsó a un ataque divorciado de todo consenso social y político. El 5 de octubre de 1989, la Cámara Federal de San Martín condenó a Roberto Felicetti y Claudia Acosta a reclusión perpetua. Fray Antonio Puigjané, quien no participó del asalto y se presentó espontáneamente a la Justicia, recibió 20 años de cárcel. Los otros quince fueron condenados a penas de 10 a 15 años. Después de diez años, seis están bajo el régimen de libertad condicional. A Gorriarán Merlo lo apresaron el 29 de octubre del ‘95 en un confuso procedimiento realizado por agentes argentinos en México. Está condenado a reclusión perpetua. Su ex esposa, Ana María Sívori, fue detenida en Rosario y purga una pena de 18 años. La represión tapada El general Alfredo Arrillaga fue el encargado de recuperar el cuartel. Hoy en día se sigue ufanando de la efectividad de su estrategia que no ahorró cañonazos y apeló, se sospecha, a armas prohibidas como el fósforo blanco. Durante la dictadura, Arrillaga revistaba en Mar del Plata y fue uno de los señalados como responsables de la “Noche de las Corbatas”, el operativo que en la oscuridad asesinó a cinco abogados defensores de presos políticos. Más de tres mil efectivos del Ejército y la policía acudieron a La Tablada para desalojar al reducido grupo de guerrilleros. Durante el juicio se difundió la grabación de un diálogo entre Arrillaga y el general Francisco Gassino, donde el responsable de la represión dijo: “Tengo catorce paquetes (detenidos) y dos en otra unidad”. La abogada defensora de los presos, Marta Fernández, explicó que “hubo trece presos vivos dentro del cuartel. Entonces ¿dónde están los otros tres? Los cuerpos mutilados, reventados, sangrantes fueron expuestos a la prensa en la mañana del 24 de enero apenas minutos después de que el entonces presidente Raúl Alfonsín recorriera el lugar. Pocos meses más tarde, el jefe de la Policía Federal, Juan Angel Pirker, sentenció: “Yo los sacaba con gases lacrimógenos”. Se abrieron causas paralelas por la violación a los derechos humanos pero ninguna avanzó. En diciembre de1997, la CIDH, el organismo de la OEA, encargado de velar por el respeto de los derechos humanos, concluyó que “el Estado argentino es responsable” por las siguientes violaciones: * El derecho a la vida de Carlos Alberto Burgos, Roberto Sánchez, Iván Ruiz, José Alejandro Díaz, Carlos Samojedny, Francisco Provenzano, Berta Calvo, Ricardo Veiga y Pablo Martín Ramos. Burgos y Sánchez habrían sido ejecutados en la guardia dentro del cuartel, según los testimonios de cuatro soldados (Aibar, Miranda, Medina y Rojas). “Las autoridades no lograron identificar los cadáveres de dichas personas a fin de establecer la causa de la muerte”, señala el informe. Ruiz y Díaz también fueron ejecutados después de ser detenidos. En fotos de la revista La Semana, número 1227, y en un video de Canal 13 se los ve cuando se entregaron. * El derecho a la integridad personal de todos los detenidos. El pronunciamiento alude a “los datos reunidos por Amnistía Internacional que mediante una comparación de los informes médicos de los detenidos, de fechas 24 y 28 de enero de 1989, demuestra que el número de heridas había aumentado en ese lapso, durante el cual habían estado privados de su libertad y bajo el control exclusivo de agentes del Estado argentino”. La comisión consideró plenamente probado que Luis Alberto Díaz, Claudio Néstor Rodríguez, Carlos Motto, Claudio Omar Veiga y Sebastián Ramos fueron torturados. * El derecho a recurrir el fallo condenatorio ante un tribunal superior. Cuerpos
NN
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