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¿Quiere ser aprobado por EE.UU.?
Sea un narcotraficante en serio

Colombia, México, Perú y Bolivia son los principales productores y exportadores de droga de América latina, pero EE.UU. hizo la vista gorda  y dijo que todos ellos colaboraban en la lucha antinarco.

Andrés Pastrana (der.), nuevo presidente colombiano, al que EE.UU. juega todas sus fichas.
Colombia es el principal productor de droga, pero salió eximido de la prueba de Bill Clinton.

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t.gif (862 bytes)  El presidente estadounidense Bill Clinton certificó ayer al Congreso la plena cooperación en la lucha contra la droga en 1998 de Colombia, México, Bolivia y Perú, los cuatro países del continente más afligidos por la presencia de narcotráfico. El presidente dictaminó, en cambio, que Paraguay y Haití no han tenido una actuación enteramente satisfactoria, pero por el interés nacional eximió a las dos naciones de eventuales sanciones.
De 28 países que componen este año la lista de los que Washington considera con serios problemas de producción o tráfico de drogas, 22 fueron “certificados” por contribuir a combatir los narcóticos. Aruba, Bahamas, Belice, Brasil, Ecuador, Guatemala, Jamaica, Panamá y la República Dominicana completan la lista de las naciones del continente que recibieron este año la certificación. En el caso de Colombia, la certificación plena refleja la llegada al poder del nuevo gobierno que encabeza Andrés Pastrana, tras años de tirantez con el presidente Ernesto Samper, cuya campaña electoral recibió fondos de narcotraficantes colombianos. El año pasado, la administración Clinton le negó a Colombia la certificación, pero reconociendo los esfuerzos contra el narcotráfico de su Policía Nacional le acordó la excepción de sanciones. Haití, por el contrario, perdió la certificación que recibió el año pasado, mientras que Paraguay recibió el mismo veredicto.
Como en años anteriores, la certificación plena de México se daba por descontada pese a que desde ese país llega la mayor parte de las drogas que se consumen en Estados Unidos y a que se descuenta también que provocará nuevamente un intento de revocación en el Congreso. La administración de turno debe certificar anualmente al Congreso la contribución plena a la lucha contra las drogas de una nómina de países a los que considera seriamente afectados por narcotráfico.
Los países que no reciben esa certificación pueden ser objeto de sanciones, incluyendo la total privación de ayuda estadounidense y la oposición de Washington a sus solicitudes de crédito ante organismos financieros multilaterales. Pero la ley que ordena enviar la certificación al Congreso el 1º de marzo permite al presidente eximir de sanciones por “el interés nacional” a algunos o todos los países a los que niega la certificación.
El presidente negó de plano la certificación correspondiente a 1998 a Afganistán y Birmania, como lo hizo el año pasado. Camboya y Nigeria, en cambio, no fueron certificadas pero recibieron exención de sanciones, como Paraguay y Haití. China, Hong Kong, India, Laos, Pakistán, Taiwan, Tailandia y Vietnam completan la nómina de naciones “certificadas”. Malasia e Irán no figuraron en la nómina 1998 de naciones con serios problemas de narcotráfico, como productores o puntos de tránsito.
Como suele ocurrir, el informe de este año suscitó reacciones adversas en los países involucrados. Aunque México pasó la prueba, la oposición en el Senado afirmó que el proceso de certificación “es absurdo porque ofende la dignidad del pueblo de México”, en tanto que el decertificado Paraguay dijo que “no reconoce a ningún Estado facultades ni atribuciones para juzgar o condenar a otro”.

 


 

Ni derechos ni humanos

t.gif (862 bytes) Villanos usuales –y otros que no lo son tanto– aparecieron ayer en el libro de premios y castigos del Departamento de Estado sobre el comportamiento de los distintos países en materia de respeto a los derechos humanos en 1998. Los usuales: China, Serbia, Cuba y Corea del Norte en primerísima fila, acompañados esta vez por Afganistán y Sierra Leona. También aparecen criticados México, Colombia, Perú y Turquía.
De China, un país con el que por otra parte EE.UU. mantiene excelentes relaciones diplomáticas y comerciales, el informe dijo que los derechos humanos “se han deteriorado claramente, con un castigo violento contra la disidencia en los últimos meses del año” y “crímenes extrajudiciales, tortura, maltrato a los presos, confesiones forzadas”, como algunas de las violaciones más comunes. Sobre Cuba el informe advirtió un momento de aflojamiento tras la visita del papa Juan Pablo II, pero dice que “las autoridades siguen acosando, amenazando, deteniendo en forma arbitraria, encarcelando y difamando a los activistas de derechos humanos y miembros de organizaciones profesionales independientes”. De Serbia se dijo que viola sistemáticamente los derechos humanos, especialmente de los de la minoría étnica albanesa de Kosovo.
De México se destacan los asesinatos de las fuerzas militares y policiales, arrestos arbitrarios, torturas y ataques a los indígenas; en Colombia se destacan los abusos del ejército, la guerrilla y los paramilitares, y en Perú se subraya la impunidad del gobierno.

OPINION

 

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