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Por Daniela Creamer desde Quito  Ecuador está sumido en
el caos total. Organizaciones sociales, indígenas y sindicales han declarado la guerra al
gobierno tras el anuncio el jueves del severo plan anticrisis del presidente Jamil Mahuad,
especialmente por el alza del precio de los combustibles, hasta un 165 por ciento, y el
congelamiento parcial por un año de ahorros y depósitos bancarios. Vehículos
atravesados en las calles de las principales ciudades del país, neumáticos en llamas y
barricadas paralizaron toda actividad. Dentro de su Congreso, quedó aislado el partido
Democracia Popular, de Mahuad, ante la oposición de todos los partidos al plan económico
del presidente. Esta es la semana más complicada del mandato de Mahuad, tras la huelga
general del miércoles y jueves pasados. La respuesta popular a la propuesta del mandatario ha tenido un seguimiento sin precedentes. Quito, Guayaquil y Cuenca, las tres principales ciudades del país, amanecieron completamente sitiadas por los taxistas, pese al decreto de estado de emergencia que rige en Ecuador. Desde las tres de la madrugada de ayer, más de 100.000 vehículos se apostaron en lugares estratégicos, bocacalles, entradas y salidas de dichas ciudades, para impedir la circulación. Ayer una ronda de negociaciones colapsó, y los taxistas afirmaron que “no nos entendimos en nada con el gobierno”. Por si fuera poco, los maestros han radicalizado sus protestas, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) anunció un “levantamiento campesino” en todo el país por tiempo indefinido. Desde la mañana de ayer, los indígenas cortan las carreteras del interior para impedir que los productos lleguen a la capital. La reivindicación es clara: o Mahuad retira las medidas (que han cuadruplicado el precio de algunos productos) o dimite. Al mismo tiempo, centenares de manifestantes se volcaron a las calles del casco colonial de Quito, apoyando de viva voz la protesta de los taxistas, que piden retroceder en el alza de los precios o la dimisión de Mahuad. La multitud fue dispersada una vez más por los gases lacrimógenos de las fuerzas del orden. Las zonas aledañas al Palacio de Carondelet fueron militarizadas para impedir actos de violencia. La angustia y el miedo se van apoderando de los ciudadanos, que viven en un país productor de petróleo y ahora se ven obligados a pagar por el combustible uno de los precios más altos de América latina. Después de una semana de cierre total, los bancos abrieron ayer sus puertas, en medio de un fuerte resguardo policial que estuvo presente en todas las sucursales para impedir disturbios y situaciones de pánico, ante la avalancha de clientes ansiosos de retirar sus fondos. Largas colas de gente esperaban ser atendidas desde la madrugada. Los servicios funcionaron con regularidad, a pesar de la desinformación que reinaba en las entidades bancarias. La mayoría se mostraba muy preocupada frente a la idea de tener sus depósitos congelados por un año. En la desesperación por recuperar parte de sus ahorros, los ciudadanos tuvieron que vencer toda índole de dificultades debidas al paro. El escenario era desmoralizador: centenares de bicicletas, motos y transeúntes, que trataban de evadir la cólera de los taxistas y el efecto de los gases lacrimógenos. La ministra de Economía sostuvo ayer que los depósitos congelados equivalen a unos 800 millones de dólares. La situación podría complicarse aún más, ya que el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), así como otros grupos izquierdistas y movimientos sociales han decidido adelantar sus protestas, la medida que en principio estaba prevista para mañana. Por su parte, el Frente Patriótico –una aglomeración de sindicatos, estudiantes y amas de casa– afirmó que “lo único que nos queda es la salida de Mahuad”. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Antonio Vargas, ha fijado su ultimátum: “Tiene dos días. Si hasta entonces Mahuad no retrocede en el alza de los precios, nos uniremos hasta lograr la revocación de su mandato”. Algunos analistas y observadores internacionales sostienen que la crisis que atraviesa Ecuador es de origen financiero, ocasionada por las deficiencias y falencias de su sistema bancario, y no de origen político o social. Al menos seis bancos ecuatorianos han pasado en las últimas semanas a manos de la Agencia de Garantías de Depósitos, una institución creada recientemente para aumentar la credibilidad en el sistema bancario. El gobierno de Mahuad sólo ha respondido con dos peticiones: una al ejército para que devuelva el orden público; la segunda, al Banco Interamericano de Desarrollo y a la comunidad internacional para que eviten con recursos económicos “que la democracia se ponga en peligro”. Ambas hasta ayer no habían prosperado. Ante la orden paralela de Mahuad de que evite enfrentarse con los taxistas, el ejército sólo pudo “despejar” algunos kilómetros de camino. La reacción de la comunidad internacional tampoco fue alentadora. El director del FMI, Michel Camdessus, afirmó que sin “unidad en el país detrás del programa económico (el ajustazo)”, su organismo no podía involucrarse en las finanzas del país. El único rayo de luz vino desde el Banco Mundial, que afirmó que estaba dispuesto a darle su “apoyo inmediato” al gobierno. Sin embargo, al gobierno se le está acabando el tiempo. Anteayer el Partido Social Cristiano (PSC), segunda fuerza política del país, anunció que ya no apoyará a Mahuad. “Haremos una oposición total, directa y frontal”, anunció el diputado Javier Neira, quien dejó claro que el PSC no apoyará en el Congreso la aprobación de las medidas adicionales presentadas por el gobierno (un aumento del 10 por ciento al 15 por ciento en el IVA, nuevos impuestos a los vehículos y varios procesos de privatización). Los otros grupos partidarios en el Congreso, salvo el oficial, se aliaron tácitamente a la iniciativa de Neira al criticar distintos aspectos de la gestión económica de Mahuad, y el partido del ex presidente Abdalá Bucaram declaró que buscaría revocar el “estado de emergencia” que le permitió a Mahuad aprobar por decreto su “ajustazo”. No por nada el presidente afirmó que “ésta es la peor crisis en 70 años”.
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