 El Senado de
Paraguay acentuó la presión sobre el presidente Raúl Cubas, quien libraba ayer una
denotada batalla por conservar el mando tras una jornada de violentos disturbios que
dejaron ocho muertos y más de cien heridos. Al iniciar el juicio político de Cubas, a
quien se ha culpado del asesinato de su vicepresidente, Luis María Argaña, en un
atentado, y del creciente caos en Paraguay, el Senado rechazó tres de las cuatro pruebas
presentadas por sus abogados. El proceso comenzó con la Legislatura rodeada por tropas y
tanques del ejército, cuando Cubas llamó a evitar disturbios similares a los del
viernes. Pero la posición de Cubas lucía más débil que la de los legisladores que
necesitan el voto de 30 de los 45 miembros del Senado para obligar a su renuncia.
“Fue una defensa muy pobre, muy flaca, que trató de esgrimir argumentos leguleyos en
un juicio político, como si se tratara de un juzgado común”, dijo la senadora
opositora Elba Recalde. “Tenemos no solamente 30, sino 32 (de los 45) votos
asegurados”, dijo Recalde. “La destitución es un hecho.”
Un día después de los disturbios en las inmediaciones del Congreso, los defensores de
Cubas chocaron con una férrea oposición del Senado. La senadora oficialista disidente
Cristina Muñoz denunció, en declaraciones a las radioemisoras, que “la
desesperación de los oviedistas es tal que me ofrecieron un millón de dólares para
votar en contra de la destitución del presidente”. Senadores de diversas facciones
dijeron que Cubas estaría tan debilitado que incluso se mostraría dispuesto a renunciar,
a cambio de no ser luego perseguido por sus detractores. “La renuncia del presidente
es altamente probable”, dijo un senador oficialista disidente, que pidió no ser
identificado “para no entorpecer las negociaciones”. “Según esto avanza,
es posible que el asunto este solucionado el domingo”, dijo la fuente. El diputado
oficialista disidente Angel Barchini, uno de los tres fiscales acusadores de Cubas, dijo
que “por un mínimo de decencia el presidente tendría que suicidarse o renunciar,
como un acto de patriotismo”. El titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de
la Cámara alta, José Fernández Estigarribia, dijo a los periodistas que mantuvo
reuniones “con exponentes del cuerpo diplomático acreditado en el país” para
buscar “una salida decorosa para todos” en la crisis política. La crisis
política paraguaya cobró matices de mayor gravedad el martes con el asesinato de
Argaña, principal rival de Oviedo y Cubas, en una calle asunceña. El Poder Legislativo y
los principales partidos políticos, incluyendo al gobernante Colorado, culparon a Oviedo
de ordenar la violencia del viernes y a Cubas de permitirla. La mayoría también los
culpa a ambos del asesinato de Argaña, quien abogaba por el juicio político. El jefe de
la policía nacional, Niño Trinidad, fue destituido ayer después de que sus hombres
abandonaran a los manifestantes a su suerte en la batalla campal. La Fiscalía General del
Estado, que había responsabilizado al gobierno de todo lo ocurrido, ordenó el arresto de
Trinidad bajo el cargo de homicidio culposo, que conlleva hasta cinco años de prisión.
Según algunos jueces, alguno de los francotiradores puede haber sido ya identificado por
testigos.
En Washington, el Departamento de Estado deploró las muertes de los manifestantes e
instó al gobierno “a llevar a cabo una investigación completa que lleve al
enjuiciamiento de los responsables”. Oviedo fue recluido en un cuartel militar
cercano a la residencia oficial el miércoles, en un fallido intento de Cubas por frenar
el juicio político. El ex militar llamó a sus ex simpatizantes, a través de sus
colaboradores, a la movilización que acabó en tragedia el viernes.
Pese a las conclusiones que aseguran que el presidente está muy debilitado, declaraciones
ambiguas de su parte hicieron suponer a algunos legisladores que Cubas podría intentar
desobedecer una eventual destitución. El abogado Aníbal Elizache, representante de Cubas
en el juicio político, contribuyó a las sospechas al decir que “el presidente va a
acatar la decisión del Senado, siempre que se respeten las normas del debido
proceso”, dando a entender que Cubas juzgaría si el resultado delproceso fue legal o
no. “Este es un proceso viciado de nulidad. Un plan ejecutado por muchos sectores
contrarios al gobierno”, añadió Elizeche.
La sesión de ayer se desarrolló en medio de fuertes medidas de seguridad. Tanquetas del
regimiento 2 de Caballería del Ejército cerraban las calles que conducen a la Plaza de
Armas, y la Marina custodiaba el recinto propiamente dicho. En la explanada de la Catedral
se concentraban los jóvenes y campesinos antigubernamentales, con crespones negros de
luto en memoria de los muertos de la víspera. Los oviedistas se juntaron por su lado en
las inmediaciones de la Casa de Gobierno, a unos 200 metros. Varios senadores se
ausentaron durante la sesión con rumbo más o menos misterioso. José Francisco
Appleyard, que fue defensor de Oviedo, mantuvo una reunión con miembros de su tendencia
política antes de ser recibido por Cubas. Al salir del despacho presidencial, se negó a
formular declaraciones, aunque no negó que el presidente buscara una solución de
compromiso. Una primera señal de esa voluntad podría ser la destitución del comandante
de la Policía Nacional, Trinidad Ruiz Días.
La matanza del viernes es la peor en Paraguay contra manifestantes desde 1931, cuando
guardias de la casa de gobierno dispararon sobre estudiantes, matando a 12. El entonces
presidente José Guggiari fue sometido a juicio político a raíz de la masacre, pero fue
absuelto de todos los cargos por un Congreso de mayoría oficialista. Cubas tiene en
contra incluso al gobernante Partido Colorado, manejado por partidarios de Argaña que se
unieron a los legisladores opositores para promover el juicio.
| Crónica
de la masacre que sacudió a Raúl Cubas |
Una pareja de jóvenes llora ante el Congreso Nacional ayer en una
ceremonia por los muertos.
La del viernes fue la peor matanza de estudiantes que se consuma en el país
desde 1931.
|
Paraguay se sumió ayer en lo que muchos describen como en un mar
de luto e indignación por la masacre perpetuada, supuestamente por francotiradores del
gobierno, contra los “Jóvenes por la Democracia”, un grupo que apoya la
destitución del jefe de Estado, el ingeniero Raúl Cubas Grau. Los datos oficiales hablan
de, al menos, cuatro muertos y decenas de heridos, siete de ellos de extrema gravedad
–de los cuales tres murieron– que han recibido uno o más balazos durante la
manifestación que comenzó el viernes por la noche y finalizó en la madrugada de ayer.
Nadie ha encontrado explicaciones para la total libertad con la que actuaron los agresores
durante unas dos horas, sin siquiera ser molestados por la policía, y (menos aún) por el
ministro del Interior, Carlos Cubas, el hermano del presidente.
“Yo tomé las medidas apenas me enteré de lo que pasaba. Las órdenes se
impartieron, pero del dicho al hecho fue el problema”, expresó el ministro, quien
admitió ante la prensa que las fuerzas de seguridad no cumplieron las directrices del
Ejecutivo. En ese sentido, las autoridades parlamentarias han denunciado que la cúpula
policial obedece exclusivamente al ex general golpista Lino Oviedo, cuyos seguidores
estaban también anoche en el lugar de los hechos, precisamente en la zona de donde
provinieron los disparos. Carlos Cubas no quiso entrar en detalles sobre quién pudo haber
interferido sus órdenes, pero adelantó que ese asunto será motivo de un sumario en las
filas policiales, y que “debe caer todo el peso de la ley sobre los
responsables”. Por su parte, el jefe de Estado, amigo y aliado de Oviedo, ensayó una
defensa menos afortunada. “Pero lo que pudo acontecer lamentablemente aconteció:
ambos bandos contaban con infiltrados con armas de fuego en sus filas y las usaron”,
afirmó el presidente Cubas.
Las imágenes de televisión mostraron que las agresiones vinieron primero desde donde
estaban los “oviedistas”, acompañadas después por los disparos de
francotiradores apostados en un edificio que da a las plazas cercanas al Congreso.
Cubas justificó su decisión de no ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas para
controlar la situación porque su utilización, “en pleno fragor hubiera sido un
mayor detonante de las pasiones desenfrenadas”. El mandatario había movilizado
tanquetas, carros blindados y efectivos del Ejército al lugar de los hechos, pero sólo
les ordenó tomar posiciones para resguardar a los manifestados y la sede del partido
cuando la matanza ya se había consumado.
En contrapartida, la mayoría de los estamentos políticos y sociales del país repudiaron
la masacre y responsabilizaron directamente al gobierno, además de destacar el sacrificio
de los “Jóvenes de la Democracia”. “El despertar y el entusiasmo de los
jóvenes debe promover al propósito de organizarse libre y respetuosamente como fuerza
moral y cívica, en defensa de la libertad y la democracia”, subrayó el arzobispo
emérito de Asunción, Ismael Rolón, una de las personalidades más respetadas del país.
La mayoría de los analistas locales coincide en que la gravedad de lo ocurrido desde la
tarde del viernes en las cercanías del Palacio Legislativo justificaría plenamente, como
mínimo, la renuncia del presidente de la república. Por lo pronto, se están llevando a
cabo conversaciones entre la oposición y varios diplomáticos extranjeros para
encontrarle “una salida digna” al presidente Cubas. “Todo lo que es
negociación, si surge de aquellos que tienen algo que ceder, es bienvenido”. La
declaración vino del senador oficialista José Francisco Appleyard, y demuestra que los
oviedistas no descuentan encontrar una solución consensuada a la crisis que se precipitó
en la noche del viernes con la muerte de los jóvenes.
Pero para muchos nada que ofrezca Cubas será suficiente si no incluye su renuncia.
“¿Hasta cuando, Cubas?”, se preguntaron ayer algunos diarios matutinos
asunceños al mostrar en sus portadas los cuerpos ensangrentados en la plaza del Congreso.
LA VIGILIA EN LA CATEDRAL POR EL
JUICIO POLITICO
Paisaje después de la batalla
Olor a
orines, sudor, guisos preparados en la calle y bananas podridas, vidrios rotos, pedazos de
baldosas rotas, camiones quemados y ruedas hacia arriba, tanques blindados y soldados
armados con fusiles M-16: eso es lo que se veía y se olía en los alrededores del
Congreso de Paraguay. Parece territorio de guerra, parece un Estado de sitio. Asunción
estaba muy lejos de parecerse a la capital de un país donde funcionan las instituciones
democráticas.
Es un contexto de tensión, de emociones exacerbadas, de llanto de hombres y mujeres por
igual, el que reinaba en los alrededores del Congreso, donde el plenario del Senado
constituido en tribunal escuchaba la defensa del abogado del presidente, Raúl Cubas Grau,
en el marco de un juicio político que busca destituirlo cuanto antes.
Los militares de la Marina vestidos de azul, los del Ejército con uniformes camuflados,
algunos policías de marrón, todos con armamentos pesados y respaldados por tanques
blindados en cada esquina, revisaban a cada manifestante que pretendía atravesar el
cordón de seguridad que rodeaba el Congreso para acercarse a la Catedral Metropolitana,
donde se concentraban quienes claman por la destitución del presidente.
A cada persona se le requisaba cualquier cosa que pudiera ser utilizada como arma. La
Catedral había repicado sus campanas en la madrugada durante cuatro horas seguidas. Allí
se recibían las donaciones de alimentos para todos los manifestantes que se congregaban
bajo gigantescas banderas de Paraguay. Una enorme tela negra sostenida desde la puerta
hasta la escalera simbolizaba el luto por los que murieron “en defensa de la
democracia, víctimas de la crueldad de este gobierno asesino y déspota que representa
las cadenas a las que el pueblo no quiere volver”, según dijo uno de los
manifestantes.
La gente seguía por radio atentamente lo que sucedía en el interior del Congreso, a
pocos metros de la Catedral, bajo un sol que rajaba los piederos, mientras cientos de
voluntarios repartían agua, hielo, bananas, frutas, guiso, pan, galletas. “La gente
dona tanta comida, es tanta la solidaridad que nos llega de todo el país, que nos sobra
comida”, manifestó Azucena de Duarte, de la Pastoral Social, que coordina la
recepción y reparto de donaciones.
Dentro de la Catedral hay una misa permanente por la democracia. Allí dentro, ante la
majestuosidad colonial de la iglesia más antigua del virreinato del Río de la Plata,
bajo el altar dorado y repujado, detrás del púlpito, hombres y mujeres se concentraban
para entonar cánticos que se referían, invariablemente, a un renacimiento democrático
que los acontecimientos de afuera del templo se obstinaban en desmentir, o en matizar.
En la Catedral también hay olor rancio, olor a transpiración de días sin bañarse,
soportando 35 grados de temperatura a la sombra, y mucha humedad. También campesinos
hacinados, durmiendo tirados en el piso, entre los reclinatorios de madera.
En medio de los vidrios rotos, de las baldosas, de los restos de la batalla improvisada de
oviedistas y antioviedistas, había monumentos improvisados a los caídos. Todos los
reunidos en la Catedral querían que la democracia se afianzara, y que no hubiera muertos.
El deseo era de cumplimiento improbable.
En la plaza donde cayeron los muertos del viernes y del sábado, había ahora policías.
Sólo podían pasar los legisladores, apurados por concluir, lo más rápido posible, con
el impeachment guaraní. También, ahora, los policías. Allí, en la plaza, quedaron los
restos de una noche fatal. Había cruces vestidas con las cintas azules, rojas y blancas
de la bandera de Paraguay. Había palos enterrados en la tierra. Había carteles que
decían “Gracias Juventud valiente”. Eran, por una vez, anónimos. No eran
partidistas, como los que la noche anterior acompañaron a tantos a la muerte. |
|
