Por Martín Granovsky
El derecho a
saber la verdad sobre la masacre de la dictadura acaba de ganar otra batalla. La
Organización de los Estados Americanos aceptó discutir el reclamo de la madre de una
víctima, que la Corte Suprema había dado por caso cerrado. Ahora, la Comisión de
Derechos Humanos de la OEA llamará a Carmen Lapacó, quien desea saber qué sucedió con
su hija Alejandra, y al Estado argentino, para que juntos busquen una salida. La solución
puede superar el plano individual y el caso Lapacó puede convertirse en la oportunidad de
que el derecho a la verdad encuentre aquí canales definitivos.
El secretario ejecutivo de la CIDH, el argentino Jorge Taiana, ex embajador e hijo del
médico de Juan Perón, le dijo a Lapacó que su caso sería admitido por el organismo. El
texto de Taiana, al que tuvo acceso exclusivo Página/12, dice que la CIDH se pone a
disposición de las partes con el fin de alcanzar una solución amistosa fundada en el
respeto de los derechos consagrados en la Convención Americana.
La admisión no significa que haya ganado el Estado o que haya ganado Lapacó. Supone,
solamente, que la CIDH cree que el caso puede ser analizado. Ahora, la comisión podría
establecer que tiene razón el Estado, y por lo tanto Lapacó debe darse por satisfecha, o
que tiene razón Lapacó, y entonces perdió el gobierno argentino. Abogados de derechos
humanos dijeron a este diario que la frase de Taiana supone la búsqueda de un papel más
activo. La solución amistosa podría dar lugar a una recomendación para casos
iguales al de Lapacó, dijo una abogada que prefirió reservar su nombre.
El Congreso argentino ya se planteó cómo dotar de instrumentos al derecho a la verdad.
Una forma podría ser la creación de una comisión bicameral permanente. Otra, un
organismo independiente con aporte del Estado. Una tercera la que quiere el
Gobierno un ente articulado con la secretaría de Derechos Humanos del Ministerio
del Interior.
En una presentación ante la Cámara de Diputados los organismos de derechos humanos
sugirieron este criterio: que oficiales de las Fuerzas Armadas puedan ser citados a
declarar bajo juramento de decir verdad frente a un Registro sobre Desaparición Forzada
de Personas. Si mienten pueden ser procesados por falso testimonio. Si dicen la verdad su
testimonio no podrá ser utilizado penalmente.
Una recomendación de la CIDH, ya en el 2000, se sumaría a ese debate con una autoridad
moral incuestionable: fue la comisión la que hace veinte años fisuró el poder de la
dictadura cuando investigó en la propia Argentina las denuncias por violaciones a los
derechos humanos.
La historia del caso comenzó cuando el 16 de marzo de 1977 una patota militar de doce
hombres armados secuestró a Alejandra Lapacó, Marcelo Butti Arana, Alejandro Aguiar y a
Carmen Lapacó y los llevó al campo de concentración conocido como Club
Atlético. Carmen fue liberada días después. Su hija quedó desaparecida. Aunque
la Conadep investigó la represión en el Club Atlético, no determinó la
suerte de Alejandra. Esa es la tarea que se impuso su madre, y en 1995 pidió a la Cámara
Federal porteña que reclamase al Ejército cualquier información valiosa. Alegó
el derecho de los familiares a conocer el destino final de sus seres queridos y el derecho
de la sociedad a conocer con detalle la metodología utilizada por la dictadura militar
para exterminar a decenas de miles de argentinos; en definitiva, el derecho a la
verdad, cita la comunicación de Taiana.
La secuencia siguió así:
u La Cámara aceptó el pedido de Carmen.
u El Ejército respondió que no tenía nada.
u Lapacó pidió a la Cámara que buscara información en otros órganos del Estado.
u La Cámara dijo que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los decretos de
indulto le impedían investigar más.
u Lapacó apeló a la Corte. El procurador Nicolás Becerra aceptó el derecho a la verdad
y dijo que seguir investigando no implica juzgar a una persona dos veces. Pero la Corte no
estuvo de acuerdo. La realización de las medidas requeridas implicaría la
reapertura del proceso y el consecuente ejercicio de actividad jurisdiccional contra
quienes han sido sobreseídos definitivamente por las conductas que dieron lugar a la
formación de la presente causa, dijo.
u Carmen concluyó que la Corte le cerraba todos los caminos en la Argentina y se
presentó a la OEA.
El Estado se defendió ante la CIDH sosteniendo que no negaba el derecho a la verdad sino
que se oponía a la búsqueda de nuevas pruebas dentro de una causa penal ya terminada.
Pidió a la OEA que no admitiera tratar el caso. Sin embargo, la OEA contrarió el pedido:
opinó que admitiría el reclamo de Lapacó y discutiría si en su caso la Argentina
violó el derecho a una tutela judicial efectiva y a contar con
garantías judiciales. Y fue más allá. Tras constatar que el Gobierno dejaba
abiertas otras vías al margen de la penal por ejemplo la administrativa, dentro
aparato estatal afirmó que no señala de manera clara cuál es el recurso que
la señora Lapacó debe utilizar, y su idoneidad.
Eso y sugerir que la CIDH guiará al Estado argentino en la búsqueda de claridad es lo
mismo.
Otro camino ha quedado abierto.
Claves
* La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó tratar el reclamo de
Carmen Lapacó de saber la verdad sobre su hija Alejandra, secuestrada por una patota en
marzo de 1977.
* La CIDH quiere una solución amistosa entre el Estado y Lapacó para que el caso sirva
de testigo.
* Legisladores y dirigentes de derechos humanos ya barajaron formas, desde una comisión
bicameral a un organismo independiente.
* Aunque no tiene relación directa, el pronunciamiento es simultáneo a la acusación de
Juan
Gelman contra el general Eduardo Cabanillas, quien podría saber la verdad sobre el
destino de su nieto nacido en cautiverio. |
La búsqueda de la verdad
Por Martín Abregú
La decisión de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos
(OEA), de aceptar discutir el reclamo de Carmen Lapacó de saber la verdad sobre su hija
Alejandra secuestrada en 1977, es extremadamente importante porque es un ejemplo de la
responsabilidad internacional sobre el tema de los desaparecidos. También representa una
clara señal y una presión sobre el Estado argentino para que no abandone la búsqueda de
la verdad.
En 1992, la OEA ya había condenado al Estado argentino por las leyes de Obediencia Debida
y Punto Final y los decretos de indultos. La comisión de Derechos humanos recomendó, en
esa oportunidad, que se continuaran las investigaciones sobre todas los delitos cometidos
durante la última dictadura militar. Entonces la decisión de la Corte Suprema de
Justicia, de no aceptar el derecho de saber la verdad en el caso Lapacó, está en contra
de aquel fallo de 1992 y de las obligaciones internacionales de Argentina. Esta nueva
resolución, en donde se demuestra que el tema de los desaparecidos es prioritario para la
OEA, obliga al Estado argentino, que siempre trató de evitar conflictos con el tema de
los derechos humanos, a buscar mecanismos para tratar esta cuestión con seriedad para no
exponerse a la vergüenza internacional.
* Presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). |
TODOS LE DAN IMPORTANCIA A LA
CAUSA TESTIGO
La firma de nueve organismos
Por M.G.
Para los organismos de
derechos humanos el de Lapacó es un leading case, un caso testigo importante para el
resto. Por eso nueve organismos patrocinaron su presentación ante la Organización de los
Estados Americanos.
Firmaron la petición de Carmen Lapacó Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones
Políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo-Línea
Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Servicio de Paz y Justicia.
La discusión en la Argentina es cada vez más aguda y más concreta, con novedades
permanentes.
Diez días atrás la Cámara Federal aceptó una presentación de la ombudsman porteña
Alicia Oliveira pidiendo que no se incineren los archivos del Consejo Supremo de las
Fuerzas Armadas. Oliveira reclamaba además que la documentación sobre juicios realizados
entre 1976 y 1983 fuera declarada de interés histórico y acceso público. Su argumento
es que los materiales del Consejo completarían la información recogida por la Conadep
con detalles surgidos de las mismas fuerzas que ejecutaron la represión.
Un ejemplo reciente ilustra qué útiles pueden ser esos archivos. Juan Gelman basa su
pedido de llegar a la verdad sobre la suerte de su nieto o nieta nacido o nacida en
cautiverio en datos obtenidos de un expediente de la Justicia militar de 1977. Los papeles
demuestran que el oficial acusado por Gelman como responsable mediato del robo del bebé
de su hijo Marcelo Eduardo Rodolfo Cabanillas, actual jefe del Segundo Cuerpo de
Ejército fue segundo jefe del campo de concentración Automotores
Orletti en 1976, cuando revistaba en el Ejército como capitán.
Alicia Oliveira y María José Guembe recuerdan en un trabajo compilado por el director
del Cels, Martín Abregú, La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por
los tribunales locales, que tras al confesión de Adolfo Scilingo ante Horacio
Verbitsky sobre los vuelos de la muerte comenzó una nueva etapa social: el reclamo de
verdad dejó de estar monopolizado por los familiares de las víctimas y los organismos de
derechos humanos.
Desde ese momento se rescató la verdad como un derecho colectivo y, por tanto,
propio de las sociedades democráticas, dicen.
Oliveira y Guembe también rescatan el derecho al duelo (El rito funerario es una
forma de mediar la realidad, sostienen) y dan como necesario que el pueblo
recuerde, no como modo de plantear una enfermedad histórica. Lo contrario supone
romper la transmisión y destruye la identidad.
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