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 Una
resolución firmada en septiembre del año pasado por Roque Fernández condonó la
enorme deuda impositiva que pesaba sobre los bancos de Mendoza y Previsión Social,
calculada por los técnicos de la DGI, cinco meses antes, en 26 millones de dólares. La
medida de Roque Fernández no sólo benefició a Raúl Juan Pedro Moneta: también alivió
la situación procesal de Nicolás Canet, ex presidente del Banco Mendoza y primo del
presidente del Banco Central, Pedro Pou Canet. Tanto Nicolás Canet como Moneta y el resto
de los directivos de la entidad se encuentran imputados, entre otros delitos, de
infracción a la Ley Penal Tributaria y sus defensores apelan ahora a aquella resolución
1178/98 para eludir uno de los cargos que los tiene a mal traer. No es, por cierto, la
única franquicia que el BCRA y Economía concedieron al banquero acreedor del Presidente:
el 9 de junio de este año, con la presencia de veedores designados por el Central, se
realizó una asamblea de los accionistas del caído Banco República (Moneta y sus
parientes, Benito Jaime y Pablo Lucini) quienes se encontraban prófugos desde el 2 de
junio, fecha en que el juez federal mendocino Luis Leiva libró orden de captura contra
ellos.El estado de las cosas La evasión impositiva fue descubierta a raíz de la denuncia presentada por el diputado mendocino Gustavo Gutiérrez, quien hizo saber a Leiva que en el Banco Mendoza, antes y después de su privatización, se habían llevado a cabo operaciones ilícitas con cheques posdatados. Dichas operaciones "en negro" habían eludido el pago de los tributos previstos por la normativa entonces vigente (IVA e impuesto a los débitos bancarios). Leiva solicitó de inmediato una pericia que llevó el número 12 y constató la seriedad de la denuncia de Gutiérrez. Quedaba aún por determinar el monto de la evasión. Para ello, Leiva convocó a los inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), contadores David Taló y José Mansilla de la región Córdoba de la DGI. ¿Por qué el juez Leiva tuvo que irse tan lejos para encontrar peritos? Al parecer, el juez no confiaba en la neutralidad de los técnicos de la DGI de Mendoza, tal vez más expuestos a las presiones del poder político y económico de la provincia, interesado en liberar de culpas a su empresariado y, sobre todo, al banquero Raúl Juan Pedro Moneta, hombre de confianza de Carlos Menem y su entorno. El período estudiado por los inspectores abarcó desde julio de 1992 hasta febrero de 1998 y sus conclusiones no podían sorprender a nadie: ya en anteriores verificaciones se habían advertido los desmanejos que desembocaban en "una situación administrativa precaria y con graves deficiencias". Hasta el mismo Nicolás Canet, entonces auditor externo del banco, se había visto forzado a deslizar entre las "salvedades" las inocultables irregularidades que marcaban la dinámica de la entidad. Canet, primo de Pedro Pou y de Eduardo Bauzá, se encuentra actualmente procesado por el juez Leiva en su calidad de presidente del directorio del banco en el momento de su no menos irregular proceso de privatización. En el reporte, los peritos Taló y Mansilla expresaron a Leiva que a fines de marzo de 1998 se presentaron al domicilio fiscal del Banco Mendoza para someter a su consideración los montos adeudados, solicitar las firmas de las declaraciones juradas y darle un plazo de diez días para responder al requerimiento. El 15 de abril y ante la falta de noticias, Taló y Mansilla regresaron. Allí se les notificó que dos días antes el banco había solicitado por escrito a la AFIP una ampliación de los plazos. La deuda impositiva del banco, según constataron Taló y Mansilla, ascendía a 26 millones de pesos: algo más de 16 millones correspondía al IVA y 10 millones al impuesto a las Ganancias. A fines de mayo Taló y Mansilla entregaron a Leiva las conclusiones de su trabajo. Como corolario y valiéndose de un respetuoso condicional sugerían que, en efecto, el Banco Mendoza "habría incurrido en infracciones a la Ley Penal Tributaria". Roque I En septiembre, el ministro de Economía, Roque Fernández, se hizo eco del pedido que Moneta y sus socios del Banco Mendoza dijeron haber formulado a la AFIP-DGI. En realidad, la solicitud no la había hecho el Banco Mendoza sino, con una voltereta más elegante, el Ente de los Fondos Residuales de los Bancos De Mendoza y De Previsión Social; tampoco se trataba de una nota dirigida a la AFIP-DGI sino al Ministerio de Economía, que con ella abrió el expediente 020-001189/98 y mucho menos consistía en pedir una ampliación de los plazos sino lisa y llanamente la condonación de la deuda. El ministro, sin vacilar y con diligencia, dictó una resolución: la 1178/98 por la cual se decide eximir "al Ente de Fondos Residuales de los Bancos de Mendoza y de Previsión Social de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización tenga a su cargo la Administración Federal de Ingresos Públicos (...) que recaigan sobre las operaciones referidas a los bienes activos y pasivos determinados en los convenios celebrados en el proceso de privatización de los bancos oficiales de la provincia para su administración hasta su liquidación definitiva y los que deba asumir el Ente de Fondos Residuales de los Bancos Mendoza y de Previsión como consecuencia de la aplicación de la cláusula de indemnidad prevista en los respectivos contratos de transferencia". A las apuradas, con una chicana legal y un juez correccional bien dispuesto, el banquero Raúl Juan Pedro Moneta (por el Banco República) y sus socios de Magna Inversora se habían hecho cargo de los bancos el 30 de noviembre de 1996, luego de ganar la privatización en un proceso cuyas pautas fijó la consultora contratada Merryll Lynch, vieja conocida de Moneta, que había revistado en ella como asesor según consta en la declaración jurada de antecedentes que el propio banquero presentó en esa coyuntura ante el BCRA. La provincia había invertido más de mil millones de dólares en el saneamiento de los dos bancos y, a la hora de la privatización, el Banco Central se deshizo en gentilezas y medidas excepcionales. Esas facilidades permitieron dejar constancia de la satisfacción del directorio en las actas labradas en febrero de 1997, dado que "la situación de liquidez del banco es óptima como consecuencia de los pagos efectuados por el Gobierno Provincial al momento de la privatización". Monetaristas Debieron mediar un año y medio y dos funcionarios de la DGI enviados por la Justicia para que Raúl Juan Pedro Moneta y sus socios advirtieran la existencia de la enorme deuda impositiva que se continuaba bajo su gestión. Sorprendente. Tanto, como que el ministro que protagoniza furibundas peleas en el gabinete para resistir la entrega de fondos correspondientes a salud y educación condone de un plumazo el pago de 26 millones. Será, como se lee entre los fundamentos, "para facilitar y promover los procesos de privatización", y también, por qué no, para evitar el engorroso trámite de ordenar a la AFIP-DGI o al Banco Central la presentación de una denuncia penal contra las administraciones que la contrajeron. Es más, la bendita resolución que exime a los accionistas del Banco Mendoza del pago de tributos tiene un efecto contrario: quita fundamento al delito de evasión fiscal, uno de los varios que el juez Leiva investiga en el caso de Moneta, sus socios y, entre otros, Nicolás Canet. Al menos, la resolución 1178 ya ha sido esgrimida como argumento de defensa por varios de los imputados.
Cámaras, fiscalías y veedores en el juego de relaciones peligrosas El gobierno se tranquiliza cuando una causa difícil cae en la Sala I. Bauzá tiene buena llegada a los camaristas mendocinos.Moneta no debería inquietarse por la marcha de su expediente Por S.V. El conflicto de
competencia planteado en relación al caso que involucra a Raúl Juan Pedro Moneta, casi
con seguridad, es lo que menos inquieta al banquero. La Sala I de la Cámara Federal
porteña es la que goza de mayor confianza del poder político; la Cámara Federal de
Mendoza tampoco es el cuco para el ex hombre público del CEI: sus integrantes tienen
sólidos lazos de amistad con hombres clave del justicialismo y, a cuenta gotas, con las
sucesivas eximiciones de prisión, ha ido abonando el terreno para la presentación de
Moneta. En verdad, amigos y amigos de los amigos no le faltan al único prófugo que queda
en un escándalo cuyo final puede anticiparse si se tiene en cuenta quién es quién.
* Sala I de Cámara Federal porteña: Integrada por Luisa Riva Aramayo
y Raúl Vigliani. Riva * Cámara Federal de Mendoza: integrada por Otilio Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Demetrio Petra. Alfredo López Cuitiño, fuertemente vinculado al mendocino Eduardo Bauzá, fue director del Registro Nacional de las Personas cuando el organismo otorgó la documentación al traficante sirio Monzer Al Kassar; Otilio Romano, fue compañero del Liceo Militar de Bauzá y se lo considera en su esfera de influencia; Julio Petra es íntimo amigo (juntos y en familia toman sus vacaciones) del senador mendocino por el radicalismo José Genoud. Esta misma cámara que eximió de prisión a la inmensa mayoría de los directivos del Banco Mendoza negó el beneficio a Héctor Greco, Jorge Basil y Juan Milordo, directivos del caído banco Los Andes. La última denegación en aquel proceso se produjo a principios de este año, cuando fue solicitada por Angel Falanga, contador de Greco, quien se había presentado espontáneamente ante los tribunales. * Fiscalía de Cámara de Mendoza: Ernesto Peñaloza fue fiscal en el caso del irregular otorgamiento de ciudadanía al traficante de armas y drogas sirio Monzer Al Kassar. Por aquella participación Peñaloza estuvo suspendido en el cargo durante casi siete años y fue rehabilitado por el Procurador General de la Nación, el también mendocino Nicolás Becerra. Se asegura que el fiscal Peñaloza (quien deberá pronunciarse respecto del pedido de eximición de prisión de Moneta) es gran amigo del ex juez federal Jorge Garguir, actual defensor de Moneta en Mendoza. Un persistente rumor, de improbable confirmación, circuló en los mentideros de la provincia: afirmaba, no sin intención, que en base a esa antigua amistad, Peñaloza y Garguir habrían viajado juntos hace poco más de un mes a Buenos Aires, alojándose en un hotel de la Avenida Córdoba. * Banco Central de la República Argentina: Su titular Pedro Pou Canet, primo del último presidente del Banco de Mendoza antes de su privatización, Nicolás Canet (en la actualidad procesado por Leiva) y primo asimismo de Eduardo Bauzá, ante la caída de los bancos Mendoza y República se limitó a designar veedores en ambas entidades, sin intervenir sus directorios, que pese a haber estado masivamente prófugos continuaron en funciones y, en el caso del República, llegaron a celebrar una asamblea con la presencia de los enviados del BCRA. Los veedores que Pou designó no son nuevos en misiones delicadas: * Veedor del BCRA en el Banco Mendoza: Carlos Mora. Con anterioridad, Mora había sido designado interventor del Banco Feigin y fue asimismo auditor del BID (Banco Integrado Departamental), por cuya caída Pedro Pou se encuentra procesado por el juez federal Gabriel Cavallo. * Veedor del BCRA en el Banco República: Gustavo Raventos. Actuó en la quiebra de Multicrédito, avalando una cesión de falsos créditos suscriptos por los propietarios de Multicrédito, la familia Flamarique, en una operación de redescuento autorizada por Pou un día antes de decretar él mismo la intervención de la entidad. Raventos se desempeñó, de igual modo, como interventor de otro banco privado de la provincia, el BUCI, cuyo ex gerente general fue nombrado director del Banco Nación. El 26 de agosto de 1998, el juez Leiva, al frente de 50 policías y 20 inspectores de la DGI, allanó las instalaciones del banco a raíz de una denuncia. Esta consistía en un fax, en inglés y con claves en números y letras. Su tramo más importante decía: "Pagar a orden de Nueva York por agencia para Pegasus S.A. 19.487.500 dólares". Llevaba fecha del 11 de agosto de 1997". En julio, un mes después de emitido el fax, el grupo Corpbanca se había hecho cargo del BUCI. El juez Leiva allanó las viviendas de las dos propietarias de Pegasus (una empresita que vendía artículos de odontología y se había conformado con un capital de 2 mil pesos), Elena de Roitman y Mirtha Liberal de Pou, ex cuñada del presidente del Banco Central. COMO DAR EL PRESENTE ESTANDO AUSENTE
Por S.V. La asamblea fue presidida por Carlos Alejandro Molina. "en su carácter de director" y, dice el acta sin abundar en mayores precisiones, "por estar ausentes los señores presidente y vicepresidente". Por una obvia razón de buen gusto el acta no explicita que el presidente del Banco República Jaime Benito Lucini y el vice, Raúl Juan Pedro Moneta, estaban prófugos desde el día 2 de ese mismo mes. Y que un cuarto accionista y miembro del directorio, Jorge Rivarola, se encontraba en prisión desde la misma fecha y por similares razones. El Banco República es una sociedad integrada por cuatro accionistas. Tres de ellos tienen bajo su control el 99 por ciento de las acciones: Benito Jaime Lucini (33 por ciento), Raúl Juan Pedro Moneta (33 por ciento) y Monfina (una sociedad de Raúl Juan Pedro Moneta y familia, el otro 33 por ciento). El 1 por ciento restante está en manos de Jorge Rivarola. En el acta 39 se expone que "ha quedado acreditada la presencia de cuatro accionistas, todos por representación, que depositaron la cantidad de doscientas mil acciones ordinarias (...), representando la totalidad del capital accionario de veinte millones de pesos". El documento no registra ninguna pregunta del veedor del Banco Central, Gustavo Raventos, acerca del mecanismo empleado para que Moneta, Lucini y Rivarola transfirieran las acciones a sus representantes. Sí se explica, en cambio, el por qué de la reducción del directorio, obligado por la vida misma en el caso de Marcelo Moy Padilla, cuñado de Moneta, quien había fallecido poco tiempo atrás; en cuanto a Rivarola, el acta no se mete en honduras. Refiere, sencillamente, que éste ha presentado su renuncia, la que ha sido aceptada dejando constancia de que no había "impedimentos de forma o de fondo para que los renunciantes (incluye a Jorge Saúl Maldera) continuaran en el desempeño de sus cargos".
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Aramayo, se asegura, es la camarista
federal penal más cercana al ministro del Interior Carlos Corach. Cuando un tema quemante
queda localizado en su jurisdicción, el Ejecutivo suele respirar tranquilo. Riva Aramayo
y Vigliani fueron designados camaristas en 1993 y ambos firmaron el fallo que eximió de
prisión a la ex jefa de audiencias y ex cuñada presidencial, Amira Yoma. 
El 9 de junio de este año un hecho casi sin precedentes se
produjo en la calle Sarmiento 336.
Allí, con la presencia del veedor del
Banco Central, Gustavo Raventos, se celebró la curiosa Asamblea General Ordinaria número
29 del Banco República. El objetivo era reducir el número de miembros del directorio,
que quedaría fijado en cinco, y aprobar el Plan de Regularización a presentar ante el
BCRA. La singularidad del acto residía en que tres de los accionistas se encontraban con
orden de captura desde hacía una semana y el cuarto, preso, por decisión del juez
federal de Mendoza Luis Leiva. Nadie sabe --y el veedor del Banco Central tampoco lo
preguntó-- cómo habían hecho los prófugos y el preso para transferir las acciones a
quienes los representaron en esa reunión. Tal vez la explicación resida en que las
decisiones de la Justicia y las de la administración pública funcionan con lógicas
diferentes: mientras Leiva los imputaba bajo los cargos de vaciamiento y subversión
económica, el presidente del Central, Pedro Pou, no veía la necesidad de intervenir el
directorio o remover a sus miembros.