Página/12

“Nunca trabajé en el ex Concejo Deliberante.” Así lo aclararon varias veces un taxista, un cartonero analfabeto, un peluquero, una jubilada, un militante político, una anciana minusválida, y otros cientos de personas cuyos nombres fueron utilizados para que “alguien” cobrara sueldos sin trabajar. Sus testimonios alimentaron la famosa causa de los “ñoquis” del viejo órgano legislativo porteño que se instruye desde 1996 pero que todavía no había revelado responsables. Ayer, el juez Alberto Baños ordenó el arresto de tres ex presidentes del Concejo: el actual diputado duhaldista Eduardo Rollano, el radical Juan Trilla y el justicialista José Manuel Pico. También pidió la captura del enemigo íntimo de Fernando de la Rúa, Eliseo Roselló, de la mujer de Pico, Claudia Cabezón, del ex concejal Roberto Larrosa, y de otros tres radicales. El magistrado cree que son autores del delito de malversación de fondos públicos reiterada. Lo curioso es que, pese a que la resolución del juez tiene fecha del viernes pasado, hasta ayer a la noche la Policía Federal no había detenido a nadie.
Hasta ayer a la noche todavía no se había concretado la detención de ninguno de los buscados, según informó a este diario la División de Investigaciones Preventivas, a cargo del operativo. “Algunos de los domicilios que figuran en el oficio judicial no están actualizados. Otras personas no fueron encontradas y ante semejante escándalo es difícil que estuvieran en sus casas”, explicó un vocero del área. “Igualmente -aclaró–, se están haciendo tareas de inteligencia.”
En la lista de nueve detenciones ordenadas por Baños también figuran los radicales Luis Alberto Sánchez, Braulio Feliú y Carlos Bernardou. En el caso de Trilla, el juez resolvió concederle arresto domiciliario en virtud de sus 76 años de edad. A Rollano todavía no lo pueden detener porque previamente tendrá que ser despojado de sus fueros de diputado. En cuanto a Pico, ya está preso por asociación ilícita y las nuevas acusaciones se sumarán a su prontuario. Pero Baños además pidió que se tomen 32 indagatorias ante “la férrea sospecha de estar frente a una maniobra delictiva de vasto alcance”, dice la resolución judicial. En esa nómina, compuesta ante todo por ex concejales y sus colaboradores, figuran Rubén Clienti y Eduardo Pacheco, dos actuales legisladores porteños del radicalismo. A ellos se agregan otros como, por ejemplo, el ex convencional constituyente Víctor Hugo Salazar (UCR) y Eduardo Trilla (UCR).
El expediente sobre los “ñoquis” del ex Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires pone sobre el tapete los increíbles alcances que puede tener la financiación ilegal de la política. En la investigación judicial, un grupo de fiscales (Mónica Cuñarro, Horacio Amelotti, Augusto Troncoso, Joaquín Gaset y Marcelo Roma), comandados por Norberto Quantín, juntó evidencias sobre la responsabilidad de funcionarios de diferentes partidos políticos en designaciones de personas que eran engañadas con surtidos artilugios para hacerlas figurar en cargos que no ocupaban, o de familiares y/o amigos que cobraban aunque no se desempeñaran en ningún puesto público. En muchos casos se trataba de puestos de director del Concejo, cuyo sueldo equivalía a unos 2500 pesos.
Los investigadores calcularon que la defraudación al Estado roza los cinco millones de pesos, como mínimo. El año pasado ya habían pedido varias de las indagatorias que ahora fueron impulsadas por Baños. El juez –que habría llegado al sillón de juez de la mano del actual titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy– también dispuso la inhibición general de los bienes de los sospechosos y que se investigue su patrimonio.
El ex concejal Roberto Larrosa, por ejemplo, está acusado de engendrar al menos 10 “ñoquis involuntarios”, o sea, gente cuya identidad se utilizó para que otros cobraran sueldos, informó un allegado al equipo de fiscales. Larrosa también es investigado por el secuestro de Artemio Martínez, un cartonero analfabeto que es uno de los damnificados en cuestión. El ex concejal Humberto Bonanata, que fue llamado a indagatoria, está sospechado junto a Braulio Feliú de inventar al menos 30 cargos en el ex Concejo (aunque se investigan 30 casos más). A Juan Trilla se le adjudican unos seis “ñoquis”, a Roselló dos y a Pico, cuatro.
Según pudo saber Página/12 varios de los fiscales están conformes con la nueva medida. Pero todavía aguardan con expectativas que la Cámara de Apelaciones resuelva dos recursos que presentaron. En uno de ellos acusaron al magistrado por “retardo de justicia”. En el otro cuestionaron las 697 indagatorias ordenadas por Baños el 30 de diciembre del año pasado en las que citaba como sospechosas a personas cuyo carácter de damnificadas por algún concejal había quedado probado. Los fiscales advirtieron entonces sobre una maniobra destinada “a paralizar el expediente”.
Fuentes de la investigación deslizaron que días atrás había circulado el rumor de que la resolución de los camaristas podría desplazar a Baños de la causa y que, en función de eso, habría apurado un desenlace. Las mismas fuentes manifestaron su preocupación porque todavía no se dispuso la detención de otros ex concejales sobre los que caen serias dudas, como el actual legislador Rubén Gabriele (acusado de cobrar sueldos de unas seis personas), el ex concejal justicialista Juan Carlos Suardi (a quien se le adjudican dos ñoquis), el ucedeísta Jorge Pirra (señalado por al menos cinco casos de ñoquis y acusado de enriquecimiento ilícito) y el ex concejal del PJ Domingo Sandá (que habría cobrado sueldos de dos cargos truchos).

Ninguno se animó a expresar sus sospechas en voz alta. Pero los principales dirigentes del radicalismo porteño coincidieron ayer en sembrar dudas sobre la actuación del juez Alberto Baños, quien investiga el escándalo de los ñoquis en el Concejo Deliberante. El magistrado ordenó la captura de nueve dirigentes –seis de ellos radicales– y citó a indagatoria a otros 32, entre los que se encuentran los legisladores de la UCR, Roberto Clienti y Eduardo Pacheco. “No parece casualidad que el juez libre la orden de detención con tanta espectacularidad, en el comienzo de la feria judicial”, era el clásico comentario.
“Baños tiene ganas de trabajar en la feria. Se va a pasar los próximos días tomando indagatorias”, decían ayer, con una mezcla de preocupación y sospecha, los radicales porteños. Pero las dudas no sólo apuntaron a la fecha de la orden del juez, librada el viernes pasado, el último día hábil antes de la feria judicial que comenzó el lunes. “Baños pidió nueve detenciones. Es fácil darse cuenta de que el menemismo no perdió nada: (José Manuel) Pico ya está preso, Claudia Cabezón es su mujer y Eduardo Rollano es duhaldista. El resto son todos radicales”, señaló a este diario un referente de la UCR. Los seis dirigentes radicales son los siguientes:
Juan Trilla: este veterano balbinista, que fue senador, todavía despierta rechazos en amplios sectores de su partido, que lo acusaron de hacer lobby a favor de las Fuerzas Armadas cuando se sancionó la Ley de Obediencia Debida. Fue designado titular del Concejo en enero de 1994 luego de un acuerdo entre la UCR y el PJ. Las minoritarias bancadas del socialismo, el Frente Grande y la UCeDé se opusieron al pacto.
Roberto Larrosa: ex concejal y ex titular del Club Sacachispas, fue indagado por la Justicia, acusado de haber contratado a un analfabeto como director del Concejo. No integra ninguna de las corrientes principales del radicalismo porteño. Es el líder de Unir, una agrupación que fundó luego de alejarse de su antiguo referente, Enrique “Coti” Nosiglia. Su hija Marcela es legisladora porteña.
Eliseo Roselló: fue expulsado de la UCR. Fernando de la Rúa lo acusó de ser el responsable de las escuchas telefónicas ilegales contra sus hijos. Braulio Feliú: Es un puntero de Mataderos que pertenece al Movimiento de Participación. Militó con Adolfo Benedetti, padre del diputado Enrique.
Carlos Bernardou: fue secretario administrativo del Concejo durante la presidencia de Trilla. Milita en Cambio Radical, la corriente de Nosiglia. Marta Oyhanarte dijo a este diario que “todavía trabaja en la Legislatura”.
Luis Alberto Sánchez: estaría vinculado con el Ateneo del Centenario.Baños citó a declaración indagatoria a 32 personas. Entre ellos se encuentran dos legisladores porteños de la UCR: Raúl Clienti integra el Movimiento de Participación y fue un hombre de confianza de De la Rúa. En octubre de 1993, luego de que la delarruista Marta Mercader perdiera las elecciones, Clienti fue uno de los primeros en acercarse a la oficina de su jefe, a quien intentó consolarlo sirviéndole café. El otro legislador que deberá presentarse a declarar es Eduardo “Cachorro” Pacheco, un joven dirigente de Barracas cercano a Nosiglia.

“Todo responde a una maniobra”, repetían los diputados justicialistas que rodearon y apoyaron a su par Eduardo Rollano, uno de los ex concejales a los que el juez Alberto Baños le pidió la captura. En cambio, nadie se esmeró en romper lanzas por José Manuel Pico, el otro justicialista ex presidente del Concejo Deliberante implicado en la causa por la que ya está preso. Rollano minimizó la situación y se comprometió a presentarse hoy ante el juez. No podrá ser detenido pues tiene fueros, que lo protegerán hasta el 10 de diciembre.
Acodado en la puerta del despacho de un diputado, un operador peronista buscó ser contundente: “No sé qué pasó. Baños era uno de los nuestros, pero se fue. Lo que no sé es a quién responde ahora”, se quejó. También se negó a afirmar que haya radicales detrás de esta “maniobra”. La razón del operador fue simple y numérica: “Hay orden de captura para mucho más radicales que peronistas”. Un detalle curioso, el operador se negó a creer, pero sin mucha convicción, que el menemismo esté detrás de todo, y finalmente se acordó de Rollano: “Este tipo no tiene nada que ver con esa causa. Es un invento el pedido de captura”, dijo.
Rollano quiso dar su versión de los hechos. Eligió el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso para esgrimir su defensa y se hizo acompañar por el presidente del bloque del PJ, Humberto Roggero. Rollano, quien entre 1983 y 1993 fue miembro del desprestigiado Concejo Deliberante, aseguró que “nunca nadie presentó una denuncia en mi contra durante mi gestión como presidente del Concejo”. Dijo, además, que está dispuesto a despojarse de sus fueros y se presentará hoy a declarar ante el juez. Sin embargo, se animó a sostener que “alguien quiere embarrar la cancha”, pero prefirió mirar hacia el costado y no decir nada cuando se le preguntó quién está detrás de esta supuesta “maniobra”.
Roggero prefirió, en tanto, ser más directo. Primero defendió a su compañero de bancada: “Es un hombre de bien, no tiene nada que esconder y cuenta con el apoyo total del bloque justicialista”. En segundo lugar la emprendió contra el juez Baños, al destacar que “cometió un error procesal gravísimo porque nunca lo citó y ahora pide la detención del legislador. Es insólito”. No contento con ello, Roggero criticó la “actitud mediática” del magistrado y señaló que Baños “es de esos jueces que a la mañana denuncia, al mediodía juzga y a la tarde condena”. El titular del bloque coincidió con Rollano al decir que no sabe de dónde proviene la maniobra. “Es posible que tenga que ver el año electoral que vivimos”, arriesgó tibiamente el legislador.
El que no contó con el respaldo de Roggero fue el ex concejal peronista Pico. “Nuestro apoyo es sólo para Rollano”, explicó. Es lógico, el ex presidente del Concejo está actualmente detenido en la cárcel de Devoto, procesado por dos causas: la primera es por asociación ilícita por comandar, según la Justicia, una banda que estafó a quinientos ahorristas que esperaban adquirir departamentos, y que luego fueron clausurados por violar normas edilicias y que habían sido exceptuadas por Pico. La otra causa no es menor, lo acusan de enriquecimiento ilícito.

La Defensoría del Pueblo porteña apeló ante la Justicia la decisión del juez Cisneros de no investigar las órdenes policiales para “aumentar ostensiblemente la cantidad de detenidos”.

Directivas: Las directivas se dividen en tres cuestiones: pedidos de dinero, entrega de materiales y medidas concretas a tomar en relación a las detenciones.

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El fiscal Pablo Lanusse investiga desde hace dos años la red de corrupción policial en la Federal.
Pero el juez Cisneros se negó a profundizar la pesquisa. La ombudsman porteña apeló la decisión.

La Defensoría del Pueblo porteña reclamó a la Justicia que investigue una decena de instrucciones reservadas con las que la Policía Federal ordenó a las comisarías de la Capital aumentar arbitrariamente la cantidad de detenciones, entregar dinero a sus superiores y brindar diferente trato a los encargados de las pegatinas políticas según el contenido de sus afiches. Las órdenes en cuestión fueron descubiertas por el fiscal Pablo Lanusse, quien investiga junto al juez Vicente Cisneros una presunta red de corrupción policial. Pero se convirtieron en una nueva piedra de la discordia cuando el magistrado se opuso a seguir su rastro por considerar que ellas no ocultan potenciales delitos.
Entre los papeles secuestrados hay dos referidos específicamente a la actuación de los federales en épocas de campaña electoral. Ambos fueron distribuidos por la Dirección General de Comisarías en diciembre de 1997 y marzo de 1998. Uno tiene la forma de un simple anuncio: “El Movimiento Menemista Fe en Menem –dice– realizará pegatinas de afiches en toda la zona de la Capital”. El otro contrasta por su contenido: “Si se detectan personas pegando afiches donde figuren Perón y Seineldín deberán hacer cesar de inmediato esa actitud” y detenerlas “por averiguación de antecedentes”, dispone textualmente la comunicación. Con un agregado: en el caso de encontrar los afiches pero no a los muchachos con sus tachos de engrudo los uniformados tendrían la obligación de limpiar las paredes.
El resto de las directivas –todas impartidas en 1997 y 1998– se dividen en tres cuestiones puntuales: pedidos de dinero, entrega de materiales y medidas concretas a tomar en relación a las detenciones.
El comisario inspector Alejandro Di Nunzio, por ejemplo, hizo saber a los jefes de las siete comisarías sobre las que mandaba que debían “incrementar ostentosamente la cantidad de detenidos”, en especial durante los fines de semana. Todo indica que sus subordinados cumplieron su misión con entusiasmo pero sin demasiado rigor: un mes más tarde recibieron una contraorden. La nueva recomendación puntualizaba que “a raíz de una reunión con instancias superiores de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana” se solicitaba a todos que certificaran que las personas registradas en el Libro de Detenidos efectivamente hubieran estado tras las rejas. La circular mencionaba específicamente el riesgo de que “se haya anotado individuos a efectos de aumentar una supuesta productividad”.
Cada una de estas órdenes fueron transmitidas por teléfono y mecanografiadas en la comisaría 16ª, la seccional donde el fiscal Pablo Lanusse inició su investigación. La causa se abrió a principios del año pasado, cuando una vendedora ambulante denunció que miembros de la 16ª le exigían “contribuciones monetarias forzosas” para dejarla trabajar. Después un ex integrante de esa comisaría, el cabo Marcelo Hawrylciw, confirmó que sus antiguos jefes obligaban a comerciantes, prostitutas y dueños de hoteles a aportar un peaje en efectivo. Hawrylciw sufrió tres ataques a balazos en su casa por haber quebrado el pacto de silencio. En los meses que siguieron la Justicia reunió suficientes elementos para suponer que existía una organización policial dedicada a encubrir negocios ilegales a cambio de coimas; se estima que de esta forma se recaudaba cada mes cerca de tres millones de pesos.
Di Nunzio, que ahora vuelve a estar en primer plano al aparecer como uno de los que difundieron las órdenes cuestionadas, es uno de los principales imputados de la causa. El comisario mayor fue, precisamente, jefe de la Circunscripción VI de la Capital Federal, a la que pertenece la comisaría 16ª. Los comisarios Luis Fernández y Carlos Navedo, que formaban junto a él la cúpula de la seguridad de la Capital Federal también están en el centro de las sospechas.
Sobre las pedidos de dinero y materiales, la documentación secuestrada revela fueron sistemáticos e incluyeron desde efectivo para pagar gastos de celulares a resmas de papel, abrochadoras, productos de limpieza yhasta papel higiénico. En la mayor parte de los casos la exigencias se originaron en la Dirección General de Comisarías.
Con su presentación la Defensoría apeló la negativa el juez Cisneros a ampliar el objeto procesal e incorporar estas órdenes a su expediente. Cisneros argumentó que las exigencias de efectivo podían parecer “lamentables” y las indicaciones sobre qué hacer con las pegatinas políticas “diametralmente opuestas”, pero no indicaban acciones dolosas. En cuanto a las instrucciones sobre los detenidos, consideró que tampoco configuraban delito. Para la defensora Alicia Oliveira su valoración es “arbitraria e ingenua”. En su escrito, patrocinado por el abogado Eduardo Guarna, Oliveira puntualizó que las “órdenes de privar de la libertad fuera de los casos previstos por la ley y la hipótesis de que el dinero y los bienes circulen de manera anómala merece que se proceda a iniciar una investigación, más allá del resultado al que se llegue a lo largo de ella”.