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La Fiscalía General ordenó el arresto de un jefe de las FARC, acusado de asesinar a tres activistas norteamericanos.
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 La Fiscalía
General de Colombia ordenó ayer la detención del guerrillero de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), Germán Briceño, alias Grannobles, por el secuestro y
posterior asesinato de tres ambientalistas estadounidenses, ocurrido en marzo pasado. El
alto mando militar colombiano y las autoridades de Estados Unidos informaron que existen
evidencias de que el triple asesinato fue ejecutado por Grannobles, y ordenado por su
hermano, el número dos de las FARC, Jorge Briceño, alias Mono Jojoy. Ayer se celebró un
nuevo aniversario de la independencia de Colombia y en los desfiles estuvieron presentes
1000 militares, mucho menos de lo habitual. Están todos acuartelados por la posibilidad
de más ataques de las FARC, como el que ocurrió ayer a 1000 kilómetros de Bogotá con
un saldo de un soldado muerto y 22 heridos.El 10 de marzo pasado, los misioneros Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Larry Gay Laheenae, que defendían a los indígenas colombianos u’wa en el nordeste de Colombia, fueron secuestrados y posteriormente asesinados por un comando de las FARC. La guerrilla reconoció la participación de Gildardo, el alias de uno de sus jefes, y afirmó al respecto que iba a ser “arrestado para ser sometido a un juicio”, ya que la decisión de matar a los activistas norteamericanos “no fue consultada con las instancias superiores”. El ejército informó que interceptó una llamada en la que Grannobles, jefe del “bloque nororiental” de las FARC, recibía órdenes de Mono Jojoy para que asesinara a los tres rehenes. Las FARC negaron esta conexión. Washington reclamó entonces al gobierno de Bogotá la captura y extradición de “los verdaderos responsables de este caso de terrorismo internacional”. Pero Luis Devia, alias Raúl Reyes, vocero político de las FARC, indicó que los responsables “serían juzgados y sancionados según las normas de las FARC, pero no entregados a ningún Estado”. Dos meses después, las FARC informaron que castigarían a los responsables con “penas simbólicas”, consistentes en la construcción de caminos y en trabajo intelectual. La decisión de la Fiscalía General colombiana podría estar vinculada con el viaje que realizó el fin de semana pasado el ministro de Defensa colombiano, Luis Ramírez, y el jefe de las fuerzas armadas, general Fernando Tapias. La delegación colombiana viajó a Washington para pedirle más ayuda militar al gobierno norteamericano. En un contexto más general, la medida de la justicia colombiana aparece dentro de una crisis en el proceso de paz que el gobierno inició con las FARC apenas asumió como presidente Andrés Pastrana, en agosto de 1998. El sábado pasado, las FARC y el gobierno suspendieron el inicio de las conversaciones de paz, previstas para anteayer. Es la cuarta vez en el año que este tipo de negociaciones se suspende. Esto generó cierta desconfianza en el proceso de paz en una guerra civil que ya lleva 40 años. Este clima de tensión es el que se vivió en el 189º aniversario de la independencia colombiana. “La actitud de las guerrillas crea desconcierto”, declaró el arzobispo de Bogotá, monseñor Pedro Rubiano, durante la homilía especial por el día patrio. “No son amigas de la reconciliación, no quieren aprovechar la mano que le ha tendido el gobierno”, aseveró por su parte el comandante de la Tercera Brigada del Ejército, general Jaime Humberto Canal. El embajador de Venezuela en Colombia, Fernando Gerbasi, pidió “la intervención de los países amigos” para reactivar el proceso de paz, y aclaró que el encuentro entre el líder de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, depende de un pedido expreso del gobierno colombiano.
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