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 Una
delegación militar chilena llegó el sábado a Madrid para buscar una residencia a la que
se trasladaría el ex dictador chileno Augusto Pinochet, según informó el diario El
País. Los rumores de que Pinochet se entregaría a la Justicia española para evitar un
largo proceso en Londres surgieron después de que el canciller de España, Abel Matutes,
anunciara el fracaso de un arreglo extrajudicial con Chile para renunciar al pedido de
extradición formulado por el juez Baltasar Garzón –que denunció la maniobra como
una interferencia del Ejecutivo–. Enseguida la derecha chilena reflotó la última
estrategia que queda en pie para presionar por el regreso del ex general: apelar a su
debilitado estado de salud. En Washington, un portavoz del Departamento de Estado insinuó
que el canciller chileno Juan Valdés y la secretaria de Estado Madeleine Albright
hablaron de Pinochet, pero el propio Valdés lo desmintió.“Si el gobierno recibe una carta o una solicitud de otro país, en este caso de Chile, se estudia y se responde. Pero en ningún caso la respuesta puede ser interpretada como una interferencia en la independencia de la Justicia”, se quejó ayer el jefe del gobierno español, José María Aznar, al disparar contra el juez Garzón. Garzón había pedido informes al canciller español sobre el arbitraje entre España y Chile para dejar sin efecto el pedido de extradición de Pinochet, e insinuó que se trataba de una intromisión del Ejecutivo en el ámbito judicial. En reacción, la Fiscalía presentó un recurso ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional, por considerar que el juez violó las normas procesales, al no informarle al canciller si le tomaba “declaración judicial” en calidad de testigo o de imputado. El general Juan Carlos Salgado –hombre de confianza del jefe del Ejército chileno, el general Ricardo Izurieta– negó que el objetivo de la delegación en Madrid fuera enterarse de los resultados de ese arbitraje y negó que estuviera buscando una casa para Pinochet. Salgado llegó a Madrid con el aparente motivo de reevaluar el rango de la actual agregaduría militar chilena en España, que el año pasado perdió su status de mayor nivel en protesta por la detención de Pinochet en Londres. “Mi misión aquí es puramente institucional. Vengo en el marco de una comisión delegada por el comandante en jefe del Ejército chileno, que no tiene nada que ver con el caso Pinochet”, justificó. El militar agregó que la decisión de entregarse a la Justicia española para alejarse de “un clima que perjudica su salud” no es una decisión del ejército sino del propio Pinochet. Sin embargo, reconoció haber hecho una “visita de cortesía” a Fernando Escardo, uno de los abogados encargados de defender al ex dictador en España. “Esperamos que el general Pinochet regrese a Chile lo más pronto posible y en condiciones dignas”, manifestó. Después de negar que haya pedido ayuda a Washington para lograr la libertad de Pinochet, el canciller Valdés dijo que la comisión militar en Madrid no estaba negociando el traslado del ex dictador, pero reconoció que uno de los objetivos era “que el ejército se informe sobre las opiniones de los abogados personales de Pinochet”. “Cambiar de residencia es una decisión suya, nosotros no vamos a incentivar esa decisión ni la vamos a contradecir”, agregó. “En este momento es una idea que se baraja, que se discute”, afirmó el hijo de Pinochet, Marco Antonio, al reconocer que está en estudio la posibilidad de trasladar a su padre a España. “Lo más importante es su salud, porque ha sufrido un deterioro en estos diez meses que, si bien no es visible, existe”, agregó al reflotar el recurso de la vía humanitaria. “Es difícil manipular la salud de un hombre que tiene 84 años, que tiene tantos problemas, en especial la diabetes que cualquier médico puede corroborar que existe. Puede que una semana él se vea bien, pero eso no quiere decir que lo esté”, explicó. El portavoz de Pinochet, Fernando Barros, coincidió en que la salida humanitaria es necesaria porque “cada día crece más el convencimiento de que su condición física no le va apermitir soportar el tiempo que supone un proceso de extradición y después iniciar eventualmente un juicio en España”.
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