Por Luis Bruschtein “La Comisión ha llegado
a la conclusión de que, por acción de las autoridades públicas y sus agentes, en la
República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe
–1975 a 1979– numerosas y graves violaciones a los derechos humanos”
comenzaba el informe que había redactado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) que había visitado el país del 6 al 20 de septiembre de 1979. Fue como si una
bomba estallara en el corazón de la dictadura militar: el telón que ocultaba el horror
comenzaba a descorrerse. Los familiares de los desaparecidos y los miembros de la
comisión, importantes juristas estadounidenses y latinoamericanos, debieron soportar el
hostigamiento de los medios de comunicación y de centenares de personas empujadas por la
propaganda oficial, pero la verdad había comenzado a imponerse sobre el horror y el
miedo.
La visita del organismo dependiente de la OEA había sido pacientemente impulsada por
varios militantes de los derechos humanos en Buenos Aires. El principal de ellos era el
profesor Emilio Mignone, quien por su actividad profesional tenía importantes contactos
con el sector educativo de Estados Unidos. Al comenzar su denuncia sobre las violaciones a
los derechos humanos en Argentina, esos contactos se convirtieron en un factor
fundamental. Junto a Mignone trabajaban el ex diputado Augusto Conte, Graciela Fernández
Meijide, Alfredo Bravo, Simón Lázara y otros militantes de la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos (APDH) y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).
“Cuando supimos que la comisión venía a la Argentina –recuerda Graciela
Fernández Meijide– nuestra angustia más grande era si la gente se presentaría a
efectuar las denuncias.” Fernández Meijide estaba a cargo de ese trabajo en la APDH
y sabía las dificultades para que muchos familiares vencieran el temor o el escepticismo.
“Cuando vimos la cola de dos o tres cuadras que se formaba en Avenida de Mayo al 700,
donde funcionaba la CIDH, supimos que la visita había sido un éxito.”
“La visita de la CIDH fue el resultado de un paciente trabajo de lobby que había
comenzado prácticamente desde la asunción de James Carter en enero de 1977”,
recuerda Simón Lázara. La subsecretaria de Derechos Humanos del Departamento de Estado
norteamericano, Patricia Derian, visitó Argentina ese año y tomó contacto con los
organismos locales. Poco después, el Parlamento norteamericano emitió la enmienda
Humphrey-Kennedy que limitaba la venta de armamento y ayuda exterior a países gobernados
por dictaduras.
“Mignone se movió mucho en los Estados Unidos –relata Lázara– y además,
los militares habían quebrantado la veda de cereales que Washington había impuesto a la
URSS y apoyaban abiertamente al dictador Anastasio Somoza en Nicaragua, que era mal visto
por Carter.” En 1978 llegó el secretario del Departamento de Estado, Cyrus Vance, y
fue completando el cuadro de situación sobre la dictadura argentina. “El 8 de
septiembre de 1977 lo secuestraron a Alfredo Bravo, que era presidente de la APDH
–recuerda Lázara– y allí los contactos de Mignone funcionaron a la
perfección. Mignone logró llegar a Vance y en la firma de los Tratados del Canal de
Panamá, a la que asistió Jorge Videla, el secretario de Estado le pidió por Bravo. Le
salvó la vida, porque lo legalizaron después de diez días de secuestro y feroces
torturas, aunque estuvo casi un año más a disposición del PEN.”
Primero viajaron Mignone y Conte a la OEA, después fue Fernández Meijide y unas semanas
más tarde viajó Simón Lázara. “El viaje de Graciela fue muy importante
–subraya Lázara–, porque ella llevó las denuncias y testimonios que habíamos
reunido en Buenos Aires. Las había clasificado según las características salientes de
cada caso y de esa forma simplificaba mucho el trabajo de la Comisión.”
“Yo creo que el trabajo más importante lo habían hecho Mignone y Conte, que se
movían con mucha comodidad en ese ambiente –relativiza Fernández Meijide– y
muchos familiares habían enviado por correo sus denuncias. Nuestro trabajo fue clasificar
los casos según la información que tenía y los dividíamos por rubros, como
‘Conscriptos desaparecidos’, o ‘Adolescentes desaparecidos’.”
El gobierno se resistía a la visita de la CIDH porque la consideraba parte de la campaña
antiargentina del marxismo internacional. El canciller Carlos Washington Pastor movilizó
a los embajadores para imaginar excusas y recursos para anularla. Videla temía al
aislamiento internacional, pero igual quería impedir la visita, y en eso coincidía con
Emilio Massera. Pero las presiones eran cada vez más fuertes. La CIDH existía desde
varios años antes, pero la administración Carter había decidido sacarla de su función
burocrática para darle protagonismo. El vicepresidente de Carter en persona, Walter
Mondale, le pidió a Videla, durante una visita en la que ambos coincidieron en el
Vaticano, que dejara entrar a la comisión.
“Había créditos del Eximbank para Argentina que estaban parados –recuerda
Lázara– y el Departamento de Estado prometió que los otorgaría si se dejaba entrar
a la CIDH. La dictadura controlaba los medios; los partidos políticos estaban prohibidos;
no había movilizaciones ni actos de ningún tipo. Yo creo que los militares pensaron que
podían manejar la visita, y que, a lo máximo, sería una molestia pasajera. No tenían
la más mínima idea del contexto internacional, como lo demostraron después con la
guerra de Malvinas.”
La visita había sido anunciada primero para el mes de junio y fue retrasada para
septiembre. El matrimonio Fernández Meijide ya tenía los pasajes para viajar Europa en
agosto y debieron postergar la partida. El gobierno se puso nervioso y allanó en dos
oportunidades los locales de la APDH y la Liga por los Derechos del Hombre. “Buscaban
los documentos que ellos pensaban que les íbamos a entregar a la comisión”, explica
Fernández Meijide. Lázara recuerda la discusión con el juez de la dictadura Martín
Anzoátegui que había ordenado los allanamientos a los organismos de derechos humanos.
La comisión llegó el 6 de septiembre de 1978 y comenzó a sesionar al día siguiente en
la sede de la OEA, en Avenida de Mayo al 700. El presidente de la CIDH era el venezolano
Andrés Aguilar, que había sido titular de la Suprema Corte de su país; el
vicepresidente era el abogado hondureño Luis Tinoco Castro y la integraban los abogados
Marco Momroy Cabra, del Instituto de Derechos Humanos de Costa Rica, y Carlos Dunshee de
Abranches, el jurista académico Tom Farer, de Estados Unidos, y el peruano Francisco
Beltrán Galindo. El secretario era el chileno Edmundo Vargas Carreño, que luego fue
embajador en Argentina, y el secretario adjunto, Edgardo Paz Barnica, que más tarde fue
canciller de Honduras. Todos eran eminentes juristas, personalidades absolutamente
irreprochables para el discurso macartista de la dictadura que consideraba
“compañeros de ruta” del marxismo a todos los que se interesaban por los
derechos humanos.
La comisión estuvo del 7 al 10 en Buenos Aires, del 10 al 14 en Córdoba, 14 y 15 en
Tucumán, pasó por Rosario y regresó a la Capital Federal. Visitó los campos
clandestinos de detención de La Rivera y La Perla, en Córdoba, y El Atlético, el Olimpo
y la ESMA, en Buenos Aires que, como se comprobó más tarde, habían sido desmantelados
por los militares para evadir la investigación. Estuvieron en las cárceles de Devoto,
Caseros y Rawson. Se entrevistaron dos veces con la junta militar y con Videla, se
reunieron con los organismos de derechos humanos: APDH, LADH, MEDH, Madres de Plaza de
Mayo y Familiares; vieron a los ex presidentes Isabel Martínez, detenida en la quinta de
San Vicente, Alejandro Lanusse, Arturo Frondizi y Héctor Cámpora, que se encontraba
asilado en la embajada de México. También recibieron a la Conferencia Episcopal y a los
políticos Ricardo Balbín y Raúl Alfonsín (UCR), Deolindo Bittel (PJ), Diego May
Zubiría y Rafael Marino (PI), Enrique De Vedia y Francisco Cerro (DC) y Simón Lázara
(PSU). A los sindicalistas de la CUTA, empresarios de la UIA, CAME, Sociedad Rural y
ADEBA; a la AMIA y la FUA, a la Sociedad Central de Arquitectos y las asociaciones de
psiquiatras y psicólogos, al Colegio de Abogados y en entrevistas personales a Lorenzo
Miguel, Ernesto Sabato, Jacobo Timerman y Alfredo Bravo.
Abrieron tres oficinas en todo el país y recibieron 5580 denuncias de secuestros y
desapariciones “la mayoría de ellas nuevas”, o sea aparte de las casi tres mil
que habían presentado los organismos. La comisión se fue del país el 20 de septiembre,
en diciembre presentó a la dictadura un informe preliminar donde criticaban duramente el
“Estado de excepción” que existía en Argentina y denunciaban la existencia de
miles de desaparecidos. El informe final se conoció un año después en forma de libro.
La dictadura prohibió su difusión y su venta. Pero había comenzado la cuenta regresiva
y los represores comenzaban a preocuparse por el futuro.
| Escrache en Campo de Mayo “Puedo sentir el olor de la sangre de nuestros hijos y nietos”,
dijo una Abuela de Plaza de Mayo, y tuvo que hacer un esfuerzo para que el llanto no le
quebrara la voz. El acto por la memoria convocado por H.I.J.O.S., Madres de Plaza de Mayo
Línea Fundadora y Encuentro por la Memoria realizado ayer frente al polígono de tiro de
la Guarnición Militar Campo de Mayo reunió a personas de distintas edades con un
objetivo común: no olvidar la propia historia. Es que desde 1975 y por lo menos hasta
1978 en la guarnición funcionó el campo clandestino de detención conocido como “El
Campito”. Entre pintadas rojas que declaraban al lugar “Campo de asesinos”
y afirmaban “Compañeros del ‘Campito’ presentes”, los representantes
de las organizaciones recordaron el paso de “nuestros hijos, padres y
compañeros” por ese lugar. Los carteles de repudio a los militares responsables y la
imagen blanca y anónima de un hombre que representa a los “30.000
desaparecidos” cubrieron el alambrado de púa, junto al anuncio del próximo acto de
repudio al ex represor y actual intendente de Escobar, Luis Patti. |
LOS VIGIL, LA PRENSA Y LOS GRITOS DE MUÑOZ
Los caretas “derechos y humanos”
Por L. B.
“Vayamos todos a la Avenida de Mayo –gritaba el gordo Muñoz como un desaforado
por Radio Rivadavia– y demostremos a los señores de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos que la Argentina no tiene nada que ocultar.” Mientras el famoso
Gordo montaba una operación de propaganda para la dictadura, en la ESMA los prisioneros
eran rápidamente eliminados algunos y otros, trasladados a una secreta isla del Tigre.
El mismo día que la CIDH comenzaba su labor en Buenos Aires, el seleccionado juvenil del
fútbol ganaba el campeonato mundial de 1979 en Japón. El operativo de propaganda de
Muñoz era cruzar al DT de la Selección, César Menotti, y a su capitán, Diego Maradona,
con Videla y Massera, que aguardaban impacientes la conexión al punto que el famoso Gordo
se salió de las casillas y empezó a amenazar a los corresponsales que demoraban el
contacto.
Desde la mañana temprano, los servicios de información repartían obleas que decían:
“Los argentinos somos derechos y humanos” que llegó a convertirse en la
consigna más vergonzosa de la historia argentina contemporánea. Julio Lagos, desde Radio
Mitre; Muñoz, por Rivadavia, y José Gómez Fuentes desde ATC convocaban a la gente a
festejar a Plaza de Mayo para lo cual el Ministerio de Educación había dado asueto a los
estudiantes. Los festejos debían pasar frente a la sede de la OEA donde centenares de
personas, padres, madres y familiares de desaparecidos hacían una cola permanente de tres
cuadras para presentar sus denuncias.
“¿Cómo puede hablar de derechos humanos Estados Unidos, un país que ha tenido un
millón de abortos en un año?”, explotó el obispo Octavio Derisi, rector de la
Universidad Católica. “Cada país debe regular los derechos humanos; no deben ser
los extranjeros los que nos vengan a indicar qué tenemos que hacer”, se sumó
monseñor Guillermo Bolatti, arzobispo de Rosario.
La revista Para Ti, de la familia Vigil, publicaba “postales” defendiendo a la
dictadura y la represión. La revista Gente, también de los Vigil, publicaba una carta
abierta lacrimógena y llena de golpes bajos con un contenido similar. “... el único
juez legítimo de los preceptos constitucionales es la Corte Suprema de la Nación, por
ello es lamentable que el canciller haya cedido a la tentación de invitar a la
CIDH...” clamaba un editorial de La Prensa.
José Gobello, defensor de represores y torturadores, publicó una solicitada en todos los
diarios, financiada por “amigos” que no identifica, donde planteaba que era
necesario “resignarse por los muertos, los desaparecidos y los hechos irracionales o
inexplicables” porque son “parte de la guerra”, igual que la tortura, la
destrucción de familias enteras o la apropiación de los hijos del enemigo.
“Pasaban los chicos festejando junto a la fila donde estaban los familiares
–recuerda Otilia Renou, de la APDH, que hizo dos horas de cola para presentar su
denuncia–, pero en general no hubo insultos o agresiones, salvo algunos que eran
perfectamente identificables como provocadores. La gente no se metió con nosotros.”
Además de esa parafernalia desatada por la dictadura y sus agentes, la comisión y
quienes la acompañaban debían soportar el permanente asedio de una nube de fotógrafos,
algunos de los medios, pero muchos de los servicios de inteligencia. Pero la comisión fue
impermeable a la campaña de hostigamiento y atemorización.
Con el lenguaje sinuoso de la diplomacia, el informe fue inusualmente duro y recomendaba a
los militares “informar circunstancialmente sobre la situación de las personas
desaparecidas”. La dictadura reaccionó violentamente y sólo permitió la difusión
de una versión “lavada” de las conclusiones, acompañada por la correspondiente
refutación indignada de los militares.
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