Por Martín Granovsky En una decisión que puede
terminar en la remoción de tres jueces de la Cámara de Casación, la Comisión de
Disciplina del Consejo de la Magistratura decidió que hay elementos para que se
investigue si cometieron delito o desempeñaron mal su cargo los magistrados Alfredo
Bisordi, Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso y Liliana Catucci. Los tres habían anulado un
fallo que condenaba a tres skinheads que golpearon al joven Claudio Salgueiro mientras
cantaban slogans antisemitas.
“Muerte a los stones, muerte a los rockeros, muerte a los judíos”, gritaban los
skins. A los jueces de la Casación el cántico les pareció tan pero tan confuso que
“no puede saberse –dijeron– si el ataque contra Claudio Salgueiro obedecía
a que era parte de una banda de stones, porque era rockero o por una pertenencia
racial”. El tribunal que condenó a los skins impuso tres años de cumplimiento
efectivo porque no tuvo dudas de que la discriminación agravó el delito de
“lesiones graves cometidas en agresión tumultuaria”. De ese modo lo entendieron
también las dos organizaciones que pidieron el juicio político al Consejo de la
Magistratura, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a través de Alfredo Bravo
y Simón Lázara, y la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina, con la
firma de Rogelio Cichowolski.
El Consejo prevé dos pasos para una acusación de ese tipo. Primero, la Comisión de
Disciplina debe decidir si hay antecedentes suficientemente graves como para elevar el
caso. Si los hay, los eleva a la Comisión de Acusación, encargada de sustanciar el
juicio político.
El primer paso ya fue dado con un dictamen de mayoría elaborado por el senador José
Antonio Romero Feris, miembro de la Comisión de Disciplina. El organismo pudo conformarse
con abrir un expediente administrativo o reglamentario, pero dictaminó que “la
gravedad de los reproches efectuados trascienden con holgura” ese marco.
“Teniendo en cuenta que la conducta imputada podría configurar mal desempeño en el
cargo o la eventual comisión de un delito, y sin que ello implique emitir juicio al
respecto, es competencia de la Comisión de Acusación determinar si se han configurado
causales suficientes para la promoción del juicio de remoción”, sostiene el
documento al que tuvo acceso exclusivo Página/12.
Uno de los cuestionamientos contra los tres jueces fue que habría entrado en la
reconsideración de los hechos, en lugar de avocarse a las cuestiones de Derecho. Otro,
sobre la curiosa interpretación del grito de guerra de los cabeza-rapadas, decía que
“la forzada valoración de la prueba que esgrime la sentencia de la Casación para
excluir la agravante (de la discriminación) revela un esfuerzo intelectual y discursivo
contrario a la lógica que no puede esgrimirse de buena fe por un Tribunal de Justicia,
puesto que atenta contra los principios de la sana crítica”.
El dictamen de Romero Feris fue acompañado por Claudio Kipper, Javier Fernández Moores,
Juan Geminiani, Eduardo Orio y Ricardo Branda.
El de minoría fue escrito por Bindo Caviglione Fraga y acompañado por Margarita Gudiño
de Argüelles.
El de mayoría recoge otro de los argumentos de la presentación contra Bisordi,
Rodríguez Basavilbaso y Catucci: que ignoraron “los antecedentes ideológicos y
políticos de estos grupos, que es precisamente el neonazismo”.
El dictamen de minoría, en cambio, marca diferencias notorias con el de Romero Feris:
 Dice que en principio
“no se aprecia fundamento suficiente para sustentar el mal desempeño que se atribuye
a los denunciados”.
Propone elevar
el caso, entonces, no por presunto delito de los jueces sino “en atención a la
entidad de los cargos formulados y la gravedad de las imputaciones deducidas respecto de
la actuación de los magistrados intervinientes, que exceden el marco de esta Comisión de
Disciplina”.
Y niega que los
tres camaristas sean sospechosos, como afirmaba Cichowolski, de haber actuado “con
parcialidad a favor de los imputados en la causa, integrantes de un grupo neonazi
violento, lo que indicaría participación o simpatía con las ideas del grupo o al menos
tolerancia de impunidad hacia quienes la comparten”.
Este diario pudo saber que los tres jueces están preocupados por las decisiones de la
Comisión de Disciplina, y sobre todo por el dictamen de mayoría. Por lo menos uno de
ellos, Rodríguez Basavilbaso, realizó gestiones muy discretas, pero no tanto como para
que la noticia llegara a la redacción de Página/12, ante funcionarios y legisladores.
Hasta ahora, al menos, esas gestiones fueron inútiles.
El camino recién abierto podría terminar en un juicio político de enorme importancia
institucional.
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