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 Sin la
incertidumbre de los hitos anteriores del caso Pinochet, hoy comenzarán frente al juez de
la Alta Corte de Londres, Ronald Bartle, las vistas del juicio de extradición del ex
dictador a España. El proceso durará cinco días; la decisión del juez Bartle podría
tomar dos semanas. Pero tanto en Chile como en Europa, políticos y analistas coinciden en
que es muy poco probable que Bartle decida liberar a Pinochet. Lo que sí consideran
posible es que, una vez terminado este juicio, el ex dictador sea liberado por el ministro
del Interior británico, Jack Straw, por “motivos humanitarios”. Ayer, a la ola
de versiones diarias sobre el empeoramiento de la salud de Pinochet, se sumó la del
Sunday Times. Según el periódico inglés, Pinochet habría sufrido hace dos semanas un
ataque cerebral.Ante 90 corresponsales internacionales y observadores, la vista judicial comenzará hoy y mañana con la exposición del fiscal de la Corona británica Alan Jones, que defenderá el pedido de extradición cursado por el juez español Baltasar Garzón. Luego será el turno del abogado británico de Pinochet, Clive Nicholls, quien seguramente alegará que las acusaciones que enfrenta su cliente no son objeto de extradición según las leyes británicas y españolas. El equipo de Nicholls también podrá cuestionar la jurisdicción de España para juzgar a Pinochet, así como objetar las nuevas acusaciones que el juez Garzón agregó al expediente. Pero después de la decisión de Bartle el camino judicial será tan largo como lo fue hasta ahora con cada nuevo episodio del caso. Cualquiera de las partes podrá apelar el fallo ante el Tribunal Superior de Londres, el cual podría convocar a una audiencia para analizar el tema en los primeros meses del año próximo. Una vez que dicho tribunal se pronuncie, es probable que se produzca una nueva apelación ante la máxima instancia judicial de la nación, la Cámara de los Lores. Si la extradición sigue su curso, será Jack Straw el encargado de emitir la orden. Pero aun así la defensa de Pinochet podrá someter la decisión del ministro del Interior a “revisión judicial” y llevar el caso otra vez al Tribunal Superior. Y la decisión de dicho tribunal podría ser apelada nuevamente ante la Cámara de los Lores. Todo esto llevaría más de dos años. Tanto el gobierno chileno como el entorno de Pinochet afirman que es imposible que el ex dictador sobreviva a todo este proceso. Luego de presionar a España para llegar a un arbitraje internacional, la Cancillería chilena recurrirá al Tribunal Internacional de La Haya una vez que Bartle dé a conocer su fallo. Pero este camino también será largo y por eso los dardos oficiales chilenos se dirigen a obtener del gobierno británico “la liberación humanitaria”. “La muerte de Pinochet fuera de Chile provocaría una reacción nacionalista y un endurecimiento de las posiciones”, recalcó el canciller chileno Juan Gabriel Valdés en una entrevista publicada ayer por el diario madrileño El País. Luego de enumerar las supuestas enfermedades de Pinochet –artrosis, diabetes, problemas cardíacos y de próstata–, Valdés aclaró que “yo no soy médico pero me parece que nadie podría sorprenderse mañana con la muerte de Pinochet”. En Chile, tanto la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) como la Fundación Pinochet encabezarán sendas vigilias a la espera del fallo de Bartle. Son justamente estos dos polos los que dudan de la salida humanitaria. Uno de los principales asesores legales de Pinochet, Fernando Barros, acusó ayer al gobierno de tapar con esta alternativa “los fracasos de sus gestiones”. Por su parte, la presidenta de la AFDD, Viviana Díaz, estimó que “no van a valer las razones humanitarias porque no se le va a eximir de sus responsabilidades penales. Se trata de la Unión Europea, ellos no van a ceder”.
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