Página/12 en Gran Bretaña
Por Marcelo Justo Desde Londres La defensa del general
Pinochet adoptó, sin ruborizarse, la vieja táctica leninista de los dos pasos adelante y
uno atrás. En la tercera audiencia, ayer, por el juicio de extradición a España del ex
dictador, comenzó por retirar la declaración escrita de dos constitucionalistas
españoles presentada el martes en la que los abogados alegaban que España no tenía
jurisdicción en el caso y que el pedido de extradición en su contra era una maniobra
política porque España no soportaba que Pinochet hubiera derrocado a un gobierno
marxista. El abogado del general, Clive Nichols, admitió que no tenía pruebas para
sustanciar dichos cargos, que invalidarían la extradición porque constituirían
persecución política del ex dictador. Para compensar el resbalón, Nichols negó que los
35 casos de tortura presentados por la fiscalía pudieran ser calificados como tortura y
adujo que el general Pinochet no había tenido intención de causar serios daños a los
familiares de las víctimas en los 1189 casos oficiales de desaparecidos ocurridos bajo su
dictadura. Clive Nichols revisó algunos de los casos de la fiscalía para puntualizar que
“estar de pie contra una pared y vendado”, “en celdas aisladas”,
“privado de alimento, sueño y agua”, “con la cara cubierta por una
bolsa” o “padecer amenazas” no constituían el delito de tortura por el que
se intenta extraditar a Pinochet a España. “En la ley esto es equivalente a
‘tratamiento inhumano y degradante’, pero no a tortura”, dijo. El letrado
aplicó el mismo cínico tecnicismo al caso de Wilson Fernando Valdebenito Juica, un
dirigente sindical que murió a manos de la policía tras una feroz paliza y una sesión
de picana eléctrica. “La muerte de Valdebenito Juica fue instantánea de modo que no
pudo haber padecido el constante y severo sufrimiento que requiere la definición de
tortura”, dijo Nichols. Ante tal definición, apenas sorprende que la defensa
desestimara por completo la acusación de la fiscalía respecto a la “tortura
mental” de los familiares de las 1189 víctimas. “La ley requiere que haya una
intención concreta del perpetrador de causar severo dolor y sufrimiento en la víctima.
De ninguna manera se puede decir que el senador Pinochet hubiera tenido la intención
concreta de causar esto a los familiares de los desaparecidos”, dijo Nichols. El
soberbio desparpajo del argumento obligó al letrado a aclarar que nada de lo dicho
significaba que él o el general Pinochet “condonaban” lo ocurrido.Nichols
añadió que el general tenía inmunidad respecto de lo sucedido con anterioridad al 8 de
diciembre de 1988, fecha en que Gran Bretaña incorporó la Convención contra la Tortura,
tal como dictaminó el pasado 24 de marzo la máxima instancia judicial inglesa, la
Cámara de los Lores. La defensa insistió en que los casos presentados con posterioridad
a dicho dictamen no podían formar parte del juicio porque no estaban incluidos en la
Autorización para Proceder con el proceso de extradición que, tal como lo estipula la
legislación británica, tuvo que dar el ministro del Interior Jack Straw. Según esta
interpretación, sólo Marcos Quesada Yáñez, muerto bajo tortura el 24 de junio de 1989,
cuando tenía 17 años, forma parte de la causa. “Pero una sola instancia de tortura
no constituye un crimen internacional. Para que haya un crimen internacional se requiere
una política sistemática y extendida que acá no existe”, dijo Nichols. En el
alegato de cierre, el Servicio Fiscal de la Corona, que actúa en representación del
gobierno de España, atacó duramente la estrategia adoptada por la defensa. El fiscal
Alun Jones recordó que cinco de los seis lores que se pronunciaron en marzo contra la
inmunidad de Pinochethabían manifestado que un solo caso de tortura bastaba para
extraditarlo a España. Asimismo, descartó que los casos presentados después del 24 de
marzo no fueran válidos para la causa. “En su autorización para proceder el
ministro del Interior sólo especificó que se solicitaba su extradición por dos delitos,
torturar y conspirar para torturar. No necesita por ley hacer referencia a los casos que
hay”, dijo Jones. El fiscal reservó sus palabras más contundentes para la polémica
definición de tortura de la defensa. “Decir que lo que le ocurrió a Wilson Fernando
Valdebenito Juica no es tortura es ofensivo. Cuando murió tenía quemaduras en todo el
cuerpo y moretones de los golpes que había recibido. Decir que murió de forma
instantánea y que por lo tanto no pudo padecer el constante y severo sufrimiento que
define a la tortura es absurdo”, dijo Jones. La defensa tendrá esta mañana la
última palabra al completar su alegato. Se calcula que el juez Roland Bartle se
pronunciará en aproximadamente dos semanas. Expertos en temas de extradición consultados
por Página/12 estiman que el juez dará curso a la extradición y que la defensa apelará
llevando el caso a la Alta Corte de Londres.
EL NUEVO SUPERPLAN DE SALVATAJE CHILENO
Un Pinocho muy, muy malherido
El
gobierno chileno lanzó una nueva maniobra para obtener la liberación del ex-dictador
Augusto Pinochet. Su cancillería reafirmó ayer que presentaría “antes del fin de
año” una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya para
cuestionar la competencia de la justicia española para juzgar al ex-dictador. El
canciller español Abel Matutes calificó al plan chileno como “una buena
fórmula”, y agregó que la decisión de la corte “nos obligará a todos”.
Este recurso no afectaría al juicio de extradición que actualmente se celebra en
Londres. Y Santiago apuesta a detenerlo pidiendo la liberación de Pinochet por
“razones humanitarias”. En otras palabras, presentando parte de enfermo. El
canciller chileno Juan Gabriel Valdés aseguró ayer que tiene en su poder informes
médicos que “confirman la seriedad de la salud del general Pinochet”. Pero si
fallan las “razones humanitarias”, Santiago está preparando una demanda al
tribunal de La Haya para detener el proceso una vez que llegue a España. Recurrir al
tribunal es la tercera y última de las opciones legales abiertas al gobierno chileno bajo
la Convención Internacional Contra la Tortura para detener el proceso contra Pinochet.
Las otras dos -el arbitraje internacional y la resolución bilateral del conflicto–
habían sido rechazadas por Madrid. La cancillería española argumentó que estas vías
infringirían la jurisdicción del Poder Judicial español, dado que el gobierno español
estaría directamente involucrado en ambas. Pero acudir al Tribunal de La Haya le quita la
responsabilidad de las manos al gobierno español, por lo que la delegación chilena a
Madrid confió en que sería aceptada. “España no tenía margen de maniobra para
aceptar la negociación o el arbitraje”, explicó ayer Jaime Lagos, director del
departamento jurídico de la cancillería chilena, quien agregó que “creemos en la
buena fe del canciller Matutes en esta materia”. Lagos consideró además, que la
disposición de Madrid para acelerar el pedido a La Haya -que teóricamente tendría que
venir sólo luego de seis meses de negociaciones bilaterales– era
“excelente”.La reacción española pareció ser todo lo que esperaba la
cancillería chilena. Matutes consideró que el conflicto originado por el caso Pinochet
“ha llegado a exceder los límites de un simple contencioso” bilateral, por lo
que España estaba completamente de acuerdo con que sea el Tribunal de La Haya el que
resuelva el litigio. “Ese tribunal es justamente el que tiene que pronunciarse sobre
si la justicia española tiene competencia para juzgar estos hechos”, explicó. Por
lo demás, Matutes aseguró que no era “en absoluto probable” que el recurso
chileno detenga el juicio de extradición contra Pinochet en Londres.
AUNQUE VIAJAN POR BRITISH AIRWAYS
Pinochetistas en histeria xenófoba
Por M. J.
Los
pinochetistas insisten en que Chile debe boicotear a Gran Bretaña y España por lo que
están haciendo con su general. La coherencia no es su punto fuerte. La enorme mayoría de
los 75 u 80 manifestantes que diariamente corean consignas por la libertad del ex dictador
enfrente del magistrado de Bow Street viajaron desde Chile en los vuelos que tiene British
Airways con escala en Buenos Aires. “Ofrecen los mejores precios”, admitió a
Página/12 Emilio Evans, uno de los manifestantes.Vestido de guaso, suerte de gaucho
chileno, con poncho y sombrero, Evans dijo que venía a defender la “soberanía de mi
país, que está siendo pisoteada”. A su lado, de elegante traje, el abogado Martín
Espejo reafirmó el tema de la soberanía, pero se mostró pesimista sobre el futuro.
“Esperamos que las cosas salgan bien, pero sabemos que no va a ser fácil. Porque el
juicio es la herramienta que tienen para mantener a Pinochet secuestrado. Porque Pinochet
está secuestrado por países que no tienen ningún derecho a detenerlo.” Una de las
más vociferantes de la manifestación, una rubia con sombrero, Bárbara Cumus, definió
el proceso como una “farsa”, “inmundicia” , “revancha
política” que de “juicio” no tiene nada. “Esto es un problema del
socialismo internacional, que no perdona que hace más de veinticinco años Pinochet haya
erradicado el socialismo de Chile y haya construido un país moderno y próspero.”
Cuando Página/12 le pregunta por los desaparecidos, la rubia insiste en que son una
“farsa”. “Lo que hubo acá es muertos de ambos bandos, porque había
prácticamente una guerra civil que sólo el ejército evitó. Nosotros tenemos hartos
detenidos-desaparecidos pero no andamos con los carteles colgando con sus fotos. Hay
muchos detenidos-desaparecidos que están escondidos. El general Pinochet nunca mató a
nadie. En Chile había muchos miles de armas y de efectivos cubanos.” Cerca de ella,
otro de los manifestantes, de unos 50 años, que declinó dar su nombre, fue más directo:
“Los que murieron bien muertos están. Eran comunistas y subversivos”.
| “Es colonización jurídica” El presidente Carlos Menem enarboló ayer una de las banderas del gobierno
chileno en su oposición al proceso contra el ex dictador Augusto Pinochet: el
anticolonialismo. En una entrevista concedida ayer al diario colombiano El Tiempo, Menem
calificó al proceso como “colonización jurídica”. “No podemos tolerar
que, además de que nos hayan colonizado, ahora también haya una suerte de colonización
en el campo del Derecho”, recalcó. Menem subrayó que “todos los países,
inclusive España con el rey Juan Carlos y el primer ministro José María Aznar, firmaron
un acta que no admitía la extraterritorialidad”. Por tanto, “condenamos
severamente a este juez (Baltasar Garzón) por su intromisión en los asuntos de
Chile”. El Presidente ilustró su posición señalando que “Garzón ya pidió la
extradición de cuatro militares argentinos, y le dije que no porque ellos ya fueron
juzgados, condenados, e indultados por la justicia argentina”. Menem concluyó
confirmando que en protesta contra España por el caso Pinochet, “no vamos a
concurrir a la próxima Cumbre Iberoamericana en La Habana”. |
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