FERNANDO DE LA RUA ESTUDIA APLICAR UN
|IMPUESTO ESPECIAL A LAS GANANCIAS EXTRAORDINARIAS
Un ojo en la caja de las privatizadas

El presidente electo admitió ayer que les pidió a sus colaboradores que analicen la posibilidad de gravar las ganancias extraordinarias de las empresas privatizadas, a semejanza de lo hecho por Tony Blair en Gran Bretaña. Presidente electo De la Rúa y primera dama. Una mano para el ajuste, otra para gravar las ganancias extraordinarias.

Probando más audacia de la que suponían muchos de sus adversarios, Fernando de la Rúa adelantó ayer la intención de gravar las abultadas rentas de las empresas privatizadas, a semejanza de lo que ya hizo el primer ministro británico Tony Blair. “Le dije a mi equipo que comience a analizar la idea”, aseguró el presidente electo. El anuncio tomó por sorpresa a un grupo de tributaristas de la Alianza quienes, por el momento, ven con más nitidez los bemoles que las ventajas que tendría una decisión semejante. Sin embargo, el futuro impuesto formaría parte del fuerte ajuste con el que, probablemente, el equipo económico aliancista estrenará su gestión.
En el Instituto Programático de la Alianza aseguran que ese tema es familiar al diputado de la UCR, Rodolfo Terragno, quien se ocupó de conocer el régimen creado por Blair en uno de sus viajes a Gran Bretaña. Pablo Gerchunoff, uno de los economistas más destacados del staff aliancista, calculó en detallados estudios la importante renta que vienen acumulando cada una de aquellas prestadoras. Junto a los otros profesionales que integran el círculo estrecho del futuro ministro de Economía, José Luis Machinea, uno y otro podrían asumir ahora la tarea de volcar esos conocimientos en un proyecto de ley.
La posibilidad de gravar la renta de las privatizadas está lejos de ser una idea novedosa, aunque no por eso deja de ser audaz. Diputados del Frepaso llegaron a redactar un borrador de proyecto de ley con la intención de crear este gravamen, mientras que legisladores justicialistas –capitaneados por su jefe de bancada, Humberto Roggero– amagaron con embestir con una iniciativa similar.
Pero, según admitió ayer uno de los técnicos aliancistas a Página/12, la alternativa de crear ese tributo también fue analizada por los equipos de De la Rúa hace un par de meses, cuando las encuestas ya lo perfilaban como ganador de las elecciones del domingo pasado. Sin embargo, en ese momento la idea fue desechada, fundamentalmente, por las dificultades legales de instrumentarla.
Algunos especialistas de la Alianza consultados por este diario confesaron sus reparos. Entre ellos, el riesgo de que el nuevo impuesto viole la cláusula de “estabilidad tributaria” incluida en los contratos de concesión, por la cual el gobierno se compromete a mantener la misma presión impositiva que existe en el momento de adjudicar la empresa en cuestión. Del mismo modo, podría vulnerar los convenios de garantías de inversiones que Argentina firmó desde 1992 con muchos países de donde provienen las empresas adjudicatarias: España, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Canadá.
La pregunta que se hacen algunos de esos especialistas es cuánto tardarán los embajadores de esas naciones en denunciar la supuesta falta de seguridad jurídica de Argentina, en caso de que se creara ese gravamen extraordinario. “Es difícil de habilitar”, reflexionaba ayer uno de los tributaristas ligados al Centro de Estudios para el Cambio Estructural (CECE), entidad ligada a Juan Sourrouille y a Jesús Rodríguez.
Sin embargo, la biblioteca está dividida. Otros técnicos sostienen la intención de De la Rúa con el argumento de la “neutralidad tributaria” comprometida en las concesiones. En virtud de esa condición, el Estado estaría habilitado a compensar las ventajas fiscales ya recibidas por las privatizadas (rebajas de aportes patronales, eliminación de varios impuestos) y que no fueron trasladadas a las tarifas, como estaba estipulado en los contratos de adjudicación.
Claro que las declaraciones del presidente electo y la ratificación de esa voluntad por parte de su vocero, Darío Lopérfido –quien sostuvo que el tema integra la agenda del equipo económico– dan a la propuesta chances de prosperar. El consenso en el seno de la Alianza es más compacto respecto de otros retoques tributarios, algunos de tinte progresista y que resultarán antipáticos no sólo a las adjudicatarias de servicios públicos sino al resto de los empresarios y financistas. Tanto los técnicos afines al radicalismo como los más próximos al Frepaso están convencidos de que hay que terminar con una serie de exenciones al impuesto a las ganancias. Y de que se deben erradicar los regímenes de promoción industrial.
No es un secreto que el nuevo gobierno se topará con cuentas públicas en situación casi desesperante. Ante la necesidad de recaudar (no sólo para cumplir con las pautas acordadas con el FMI sino con las imposiciones de la ley de Convertibilidad Fiscal), De la Rúa parece dispuesto a correr el riesgo de desafiar a una parte del establishment. “No por un afán fiscalista o persecutorio –explicó el Presidente electo a Radio Mitre–. En Inglaterra ese fue un tributo fuerte que sirvió para financiar los programas sociales.”

INFORME DE FLACSO REVELA UTILIDADES EXTRAORDINARIAS
Seduce el modelo de Tony Blair

Por Raúl Dellatorre

La posibilidad de aplicar un impuesto a las superganancias de las empresas concesionarias de servicios públicos ya mereció la atención de legisladores del justicialismo y de la Alianza en el transcurso del presente año. Los primeros se lo presentaron como intención al presidente Carlos Menem; los segundos lo plasmaron en un anteproyecto de ley, aplicable a toda empresa privada. Para el PJ, el gravamen permitiría recaudar 800 millones de pesos al año. En el cálculo de los aliancistas, los ingresos podían llegar a los 600 millones. Ambas ideas diferían del impuesto creado por la administración Blair en Gran Bretaña, que además de aplicarse por única vez sólo alcanzaba a las empresas monopólicas.
En el caso argentino, con un tributo que se pretendía aplicar hacia adelante y no sobre ganancias anteriores, tampoco se explicaba cómo se evitaría que las empresas alcanzadas no lo eludieran disfrazando sus utilidades con gastos extraordinarios en favor de filiales del exterior. Un dato que no es menor, dada la tradicional ineficacia de la administración tributaria nacional y su escaso apego a controlar con severidad a los grandes grupos económicos.
De acuerdo con un estudio realizado por Flacso para el período 1993/97, la relación de utilidad sobre ventas en las empresas surgidas de las privatizaciones alcanzaba una proporción del 12,1 por ciento, en tanto que las restantes empresas del núcleo de las 200 más importantes del país exhibía una rentabilidad sobre ventas de apenas el 0,8 por ciento. El mismo trabajo refleja que, de las utilidades consolidadas de las 200 mayores empresas del país en 1997, el 55 por ciento quedó en manos de 24 compañías privatizadas, mientras que otras 56 empresas asociadas a compañías privatizadas (con participaciones accionarias o concesiones parciales) se llevaron otro 34,6 por ciento. En total, 80 empresas que disfrutan de los negocios de las privatizaciones absorben el 90 por ciento de las utilidades que se reparten las 200 empresas más grandes. La desigualdad alcanza, incluso, al interior de este exclusivo club de grandes empresas.
La tentación de arrimar hacia el fisco parte de este suculento paquete es inevitable. Pero antes de tomar la decisión, las futuras autoridades deberán tener en cuenta la capacidad de recaudarlo efectivamente, las objeciones legales que enfrentarán y, además, las presiones políticas que soportarán de parte de los poderosos lobbies de los grupos concesionarios. La propuesta encarada por Tony Blair ya había desatado una fuerte polémica en Gran Bretaña a principios de 1997, cuando fue lanzada en plena campaña electoral. Pero partía de un núcleo de definiciones fuertes que le daban un tinte de inobjetable: se aplicaría por única vez y sólo sobre empresas monopólicas, con ganancias excesivas y que habían sido vendidas al sector privado a precios claramente inferiores a su valuación real. Además, se planteó claramente el destino de los fondos: crear empleo para 250 mil jóvenes sin posibilidad de acceso al mercado laboral y subsidiar a 800 mil madres que no trabajaban por cuidar a sus hijos.
Al gobierno aliancista no le faltarán argumentos en el mismo sentido. “El desequilibrio social reclama de un esfuerzo de los más poderosos”, podría decir Fernando de la Rúa repitiendo las palabras de Tony Blair de 1997. Pero, por otra parte, el presidente electo de Argentina necesitará dar señales que muestren un equilibrio entre los sacrificios que exigirá el nuevo ajuste en las cuentas públicas y el aporte que harán los que económicamente son más fuertes.

EL EQUIPO ECONOMICO PIENSA SU POLITICA
Cómo ajustar y conservar poder

Por Mario Wainfeld

Ayer Fernando de la Rúa anunció que se estudia un impuesto a las ganancias extraordinarias de las empresas privatizadas. No fue un lapsus ni una distracción del presidente electo a quien nunca se le escapa algo que no quiso decir. Es el anticipo de una serie de medidas sugeridas por el “ministro electo” José Luis Machinea, avaladas por De la Rúa y Carlos “Chacho” Alvarez, que persiguen equilibrios políticos y económicos. Implican por un lado impopulares recortes en el sector público –aun en el Fondo docente o en la Universidad– y por el otro gravámenes a ciertos sectores empresarios privilegiados. La apuesta del nuevo gobierno es que el consenso originado por las políticas sociales sirva de contrapeso a los cuestionamientos que produzca el ajuste. Y que los organismos financieros internacionales no objetarán una mayor presión fiscal contra algunas empresas de la economía local si el gobierno –al unísono– produce reducciones y equilibrios presupuestarios.
La iniciativa no nació ayer. Hace tres meses Página/12 habló largamente con un economista cercano a José Luis Machinea y le preguntó qué medidas tomaría la Alianza si llegaban al gobierno. El economista replicó: “Ustedes van a decir ‘Machinea lanzó un plan de ajuste’, porque los medios siempre simplifican, pero no será así”. Y desató el siguiente diálogo.
–¿Cómo tendríamos que titular, según usted?
–Que nos haremos cargo, al mismo tiempo, de cuatro problemas centrales: el desequilibrio presupuestario, la pérdida de capacidad del aparato recaudatorio, la falta de competitividad internacional y los problemas sociales, empezando por el desempleo.
–Es un título demasiado largo y algo obvio, deme algún detalle.
–El gobierno debe resolver problemas graves y al mismo tiempo legitimarse ante la gente. La lógica política dice que algunos mecanismos para aumentar los ingresos son piantavotos pero que otros, por ejemplo, una ofensiva contra nichos de ineficiencia y de privilegio (estatales o privados) pueden generar consenso. Vamos a crear un gravamen sobre las ganancias extraordinarias de las empresas privatizadas y sobre algunos sectores de la economía privada que obtienen abusivamente réditos siderales. Eso trae plata y apoyos sociales.
–Eso parece el plan económico de Eva Perón, no el de un gobierno en época de restricciones. Ustedes se meten solamente con “los malos”.
–Bueno, también hay medidas piantavotos: tenemos que bajar gastos del Estado, tal vez sueldos o contrataciones. Y también cargar contra nichos de ineficacia en el Estado o en el sistema educativo, aunque los gestionen sectores, como diría usted, “de buenos”. Quienes dilapidan recursos estatales no son “buenos”.
–En política los buenos son los aliados. Y buena parte de los sindicatos docentes, los rectores universitarios y Franja Morada, son aliados de la Alianza...
–La austeridad y el control del gasto sólo serán legítimos si se aplican a los “aliados” que gestionan mal.
–¿El establishment les permitirá crear nuevos impuestos que afecten capitales privados?
–Los organismos internacionales quieren equilibrios macro y los habrá. No les importa cómo lo conseguimos. No romperán lanzas para defender las superganancias de las privatizadas o el lucro excesivo de algunos nichos de los capitales locales.
–Eso no parece ser la economía ortodoxa que domina hoy en las academias.
–”Eso” será nuestra política económica.
Parece que ayer se empezó a mostrar cómo funcionará. O intentará funcionar.

Machinea ya fue nombrado para contener a las fieras

Fernando de la Rúa ya designó a su primer colaborador en el gabinete nacional: José Luis Machinea será el ministro de Economía a partir del 10 de diciembre. Aun cuando el propio presidente electo había dicho que se tomaría unos días para dar a conocer el nombre de sus colaboradores, la rápida confirmación de Machinea al frente del Palacio de Hacienda debe ser leída como la primera señal que De la Rúa envía a los empresarios y a los financistas internacionales.
Los hombres de negocios y los inversores están ansiosos por conocer los planes que la Alianza tiene bosquejados para salir de la recesión y conseguir el financiamiento necesario para el 2000. El año que viene, la Argentina precisa de 16.000 millones de dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda externa y cubrir el bache fiscal.
Cuarenta y ocho horas después de ganar las elecciones, De la Rúa sintió que ya era momento de colgarle a Machinea el cartel de ministro, y que dejara de ser tan sólo el “referente económico” de la Alianza. “Vas a ser mi ministro de Economía”, le confió ayer por la tarde al economista.
Pese a que intentó mostrarse ajeno a la vorágine postelecciones, el presidente electo se convenció de que no podía dilatar más el nombramiento del próximo titular del Palacio de Hacienda: a medida que fueron pasando las horas, ya no sólo eran los periodistas quienes intentaban arrancarle los nombres de sus colaboradores, sino también varios gerentes de empresas líderes, presionados por los llamados telefónicos que recibían desde las casas matrices en el extranjero. También los inversores dieron su alerta: tras el rally alcista de la última semana, ayer las acciones líderes cayeron el 1,15 por ciento, con los operadores inquietos por la incertidumbre sobre el futuro plan económico y en medio de rumores sobre quién sería finalmente el sucesor de Roque Fernández.
También es cierto que el ex presidente del Banco Central no permaneció de brazos cruzados pese a la indefinición de De la Rúa. Después de las elecciones, Machinea y los economistas más cercanos a él (Daniel Marx, Pablo Gerchunoff, Alfredo Fólica, Guillermo Rozenwurcel y Miguel Bein) vienen manteniendo reuniones maratónicas en la sede de la fundación que dirige (FADE), analizando los primeros pasos que darán en el Ministerio de Economía. Sobre esta base de especialistas, Machinea asentará al resto de su equipo, que seguramente incluirá a Daniel Montamat (experto en temas energéticos), Nicolás Gallo (actual secretario de Obras Públicas de De la Rúa) y Roberto Lavagna (ex secretario de Industria en el gobierno de Raúl Alfonsín).
Machinea tiene el visto bueno de los financistas. Tras su paso por Nueva York y Washington, pocas semanas antes de las elecciones, tanto en el exterior como en la city lo ven como un buen garante del modelo económico. Ayer mismo, el influyente banco de inversión estadounidense Morgan Stanley Dean Witter salió a brindarle su apoyo. En ese sentido, el vicepresidente para América latina de la firma, Carlos Janada, dijo que Machinea “tiene un conocimiento profundo de los desafíos que habrá que enfrentar en el terreno económico”. Pero, al mismo tiempo, advirtió que para mantener la convertibilidad, el nuevo gobierno “deberá actuar rápidamente, tanto en materia de finanzas públicas como en el mercado del trabajo”.
En estos días, la base del futuro equipo económico se puso a trabajar especialmente sobre el proyecto presupuestario del año 2000. En ese sentido, tomaron como base el plan enviado al Congreso por Roque Fernández, que contempla un ajuste de 1800 millones de dólares. Si bien Machinea se autoimpuso un estricto silencio en las últimas semanas, trascendió que el esqueleto del plan económico se construirá sobre un recorte de gastos de 1500 millones de pesos y un programa para elevar la recaudación tributaria en otros 2000 millones, básicamente a través de la generalización del IVA y de Ganancias. También por la eliminación de exenciones que existen en esos tributos, para lo cual la semana pasada mantuvo un encuentro con el actual secretario de Hacienda, Pablo Guidotti, quien le preparó un detallado informe sobre ese tema.

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