El secretario privado del fallecido cardenal Antonio Quarracino dormirá está noche en una cárcel y hoy será indagado por la jueza. También fue detenido otro Trusso, Juan Miguel, por la caída del Banco de Crédito Provincial.
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Por Claudio Zlotnik Monseñor Roberto Marcial Toledo, el secretario privado del cardenal Antonio Quarracino, está preso y genera una conmoción tanto en la Iglesia como en la Casa Rosada. La detención del religioso, vinculada con la caída del Banco Crédito Provincial (BCP), es una pieza más del mayor escándalo financiero de los últimos años, que involucra a la Iglesia, a ex banqueros y roza al menemismo. Monseñor Toledo será indagado hoy a la mañana por la jueza penal platense Marcela Inés Garmendia, quien le preguntará al prelado sobre el destino de 700 mil dólares que salieron de la cuenta del Arzobispado en el BCP y cuya ruta no consta en los balances investigados en la sede religiosa. Junto a la de Toledo, la magistrada ordenó la detención de Juan Miguel Trusso, hijo del ex embajador en el Vaticano de Menem, Francisco Javier Trusso, y ex accionista de la entidad financiera liquidada. Toledo fue arrestado ayer a las 9.30 cuando salía de su casa, en Avellaneda. Como todas las mañanas, se dirigía a la sede de la Diócesis del distrito, en donde se desempeña como vicario general. En un primer momento, Toledo fue alojado en dependencias de la Dirección de Investigaciones Complejas Capital, en la localidad de Bernal. Pero, a media tarde, fue trasladado a la Comisaría 3ª de Quilmes. Vestía pantalón y camisa de color negro, y guardó silencio cuando los periodistas se le acercaron.En medio de la investigación sobre el derrumbe del BCP, la jueza Garmendia detectó que de la cuenta corriente del Arzobispado de Buenos Aires en la entidad financiera fueron retirados 700 mil dólares a través de un cheque firmado por monseñor Toledo. A esa cuenta tenían acceso sólo tres personas: Quarracino, su secretario religioso Toledo y su secretario laico, el arquitecto Norberto Silva. A su vez, la magistrada determinó que no existen constancias de que el dinero extraído por una de las ventanillas del BCP haya ingresado a las arcas del Arzobispado, según indicaron fuentes del Juzgado a Página/12.La imputación que pesa sobre el prelado es de administración fraudulenta calificada, un delito excarcelable. Distinta es la situación de Juan Miguel Trusso: prima facie, está imputado por administración fraudulenta, estafa y asociación ilícita. En caso de que la Justicia compruebe estos delitos, el también ex vicedirector de Cáritas Buenos Aires quedará en la cárcel. Este abogado de 38 años tenía un estudio jurídico en Capital Federal, que habría participado como soporte importante en muchas maniobras que se investigan, según indicaron voceros judiciales a este diario. Al mismo tiempo, la jueza investiga maniobras de Juan Miguel Trusso con depósitos offshore y por una presunta estafa en la transferencia de las acciones de Inversora Recoleta al ex BCP. Inversora Recoleta era dueña del 40 por ciento de Buenos Aires Design.No es la primera vez que Toledo aparece vinculado con la causa de la caída del BCP, ocurrida en agosto del 97. En aquel momento, el escándalo giró en torno de un préstamo de 10 millones de dólares concedido por la Sociedad Militar Seguros de Vida una mutual que maneja millonarios aportes de militares retirados al Arzobispado, con el aval del BCP. Quebrado el banco, los militares quisieron cobrar el dinero, reclamándole al Arzobispado. Para ellos se basaban en un documento supuestamente firmado por Quarracino que hasta el día de su muerte el cardenal negó haber rubricado y en dos cheques por 5 millones cada uno firmados por monseñor Toledo. Aunque el prelado nunca admitió haber cobrado el dinero. La disputa entre la Sociedad Militar y la Iglesia que incluyó un allanamiento judicial del Arzobispado perduró hasta hace un mes, cuando ambas partes pactaron la paz, desistiendo de cualquier reclamo. Ambas partes fuimos víctimas de las maniobras defraudatorias por parte de los directivos del ex BCP, señalaron en un comunicado conjunto. La soluciónconciliatoria había llegado de la mano de Roberto Dromi, el ex funcionario menemista abogado del Arzobispado.La trama de aquel préstamo por diez millones no hizo más que dejar al descubierto la íntima relación entre los Trusso y la Iglesia. En la práctica, el Arzobispado actuó como intermediario financiero para devolver a los Trusso uno de los tantos favores recibidos, y los dueños del banco necesitaban fondos frescos para cubrir los problemas. Por caso, los banqueros se hacían cargo de los abultados saldos de las tarjetas de crédito de Quarracino y las de sus secretarios Toledo y Silva. A cambio, los Trusso hacían uso de las influencias políticas de los eclesiásticos: Francisco Javier Trusso fue nombrado embajador ante el Vaticano por Carlos Menem. Y estuvo a punto de ocupar la Oficina de Etica Pública. A poco más de dos años de aquellos momentos de gloria, hoy Juan Miguel Trusso será el tercer miembro de la familia que deberá comparecer como imputado ante la Justicia.
HISTORIA DE LA CAIDA DEL BANCO DE LOS TRUSSO El escándalo estalló hace más de dos años, en agosto del 97. Por entonces, la situación financiera del Banco Crédito Provincial (BCP) se hizo insostenible pese a los buenos oficios del Banco Central. La punta del ovillo que desembocó en la intervención y posterior liquidación fueron los 20.985 créditos truchos que se detectaron, por un total de 64 millones de pesos.La jueza penal Marcela Inés Garmendia fue ampliando las investigaciones, de acuerdo con las múltiples denuncias de ahorristas que fueron llegando a su despacho. En los tribunales tienen la certeza que, desde el BCP, la familia Trusso tejió una amplia gama de operaciones fraudulentas, que terminaron con el vaciamiento de la entidad financiera.En la actualidad, la magistrada investiga el desvío de unos 100 millones de dólares que habían sido depositados por los ahorristas a través de operaciones off shore (colocaciones en el exterior). En ese sentido, Garmendia envió exhortos a veintidós bancos estadounidenses para que éstos contesten si en ellos existen cuentas a nombre de los ex directivos del BCP. El contenido de un disco rígido perteneciente a un director de la entidad financiera, incautado por la juez, reveló que, efectivamente, el dinero de los ahorristas era depositado en paraísos fiscales. Y que, de allí, se desviaban a bancos de Miami y Nueva York, en donde se colocaba a nombre de los Trusso o de allegados a la familia. Algunas de las entidades a las que se les solicitó información son el Citibank, Bank of New York, Chase Manhattan y BankAmerica.Por otra parte, la magistrada investiga irregularidades en los depósitos que un grupo de jubilados realizó de títulos previsionales (Bocon Segunda Serie), por un total de cinco millones de pesos, y en el manejo discrecional de resúmenes de tarjetas de créditos con el objetivo de agrandar los activos del BCP. A su vez, se estima que por la quiebra de la entidad financiera quedaron impagos unos 40 millones de pesos en Obligaciones Negociables (títulos de deuda), que habían sido suscriptas por empresas de primera línea del extranjero.La familia Trusso se sirvió de sus vinculaciones políticas para mantener la olla tapada. Su estrecho lazo con el cardenal Antonio Quarracino le sirvió a Francisco Trusso para acceder a las cumbres del poder: fue embajador en el Vaticano y hubiese ocupado la Oficina de Etica Pública de no estallar el escándalo. El hijo del ex embajador, Francisco Javier, se jactaba de sus encuentros semanales con Ramón Hernández (el secretario privado de Carlos Menem) en el Hotel Alvear. Pero un día la fiesta terminó, y los Trusso empezaron a desfilar por los tribunales.
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