Por Fernando Cibeira
y Santiago Rodríguez
“Bueno,
Storani, creo que ya agotamos todas las posibilidades.” Poco después del mediodía,
Fernando de la Rúa le comunicó al ministro del Interior su decisión de intervenir
Corrientes a cinco días de haber asumido la Presidencia. Atrás había quedado el deseo
de buscar una solución “correntina” a la anárquica situación de la provincia,
con dos gobernadores y jaqueada por los piquetes de estatales y docentes que no cobran
desde hace cinco meses. El interventor –que hasta anoche no estaba decidido–
llegará por un período de 6 meses prorrogables, con un mínimo de 90 millones de pesos
ya aprobados por el Congreso –30 millones fueron girados– y un plan de ayuda
interministerial de emergencia (ver página 4). “La propuesta se basa en que se han
producido en esa provincia graves hechos de perturbación social, los cuales amenazan de
modo inminente la estabilidad de su gobierno y el orden institucional de la misma, y cuyas
consecuencias inmediatas afectarían seriamente los superiores intereses del Estado”,
justificó el Ejecutivo en los fundamentos del proyecto de intervención federal a los
tres poderes de Corrientes que anoche fue aprobado por el Congreso. Storani junto con su
segundo, el cordobés Carlos Becerra, y el jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, llevaron el
proyecto en mano. Luego se reunieron con el vicepresidente, Carlos “Chacho”
Alvarez, los jefes de los bloques de senadores y con los legisladores de Corrientes para
detallar el grave cuadro de situación que los había llevado a firmar la medida. La
intención del Gobierno es encarar una importante reducción de gastos en la provincia de
manera que Corrientes reduzca su déficit crónico de alrededor de 30 millones mensuales.
Al salir del Senado, el ministro del Interior aseguró que “el auxilio de la
Nación” llegaría a Corrientes pero que no permitirían que se les dé un uso
político. Incluso, Storani habló de la necesidad que se acepte poner en marcha medidas
previas a la remisión del dinero. Según uno de los funcionarios que participó de las
reuniones que se sucedieron ayer en Gobierno, ese plan contemplaría:u sueldos: se
implementaría un cronograma de pagos ante la imposibilidad de saldar de una sola vez la
deuda con los empleados públicos. A diciembre, sólo en concepto de salarios, la deuda
alcanza los 115 millones de pesos.u deuda: la intervención pondrá en marcha un
refinanciamiento de la deuda que mantiene la provincia con sus proveedores. u prioridades:
la idea es comenzar atendiendo las necesidades de los sectores carenciados. Para eso la
prioridad para el pago de los sueldos la tendrán aquellos que perciben los salarios más
bajos.u empleo público: se hará un relevamiento exhaustivo de la capacidad y tarea de
los trabajadores estatales como paso previo a la implementación de un plan de ajuste. Con
todo, en el Gobierno se resistían a hablar de despidos masivos y destacaban que la
reducción sería selectiva. “Vamos a terminar con las prebendas y los puestos
políticos”, prometían. A lo largo de su historia, Corrientes fue intervenida 17
veces, la última durante el gobierno de Carlos Menem. Justamente, el último interventor
de Menem, el ex ministro radical Ideler Tonelli, fue al primero a quien De la Rúa le
ofreció ayer el puesto. Pero, Tonelli, que primero dijo que sí, después consultó con
la familia y respondió que mejor no repetía. Al cierre de esta edición, De la Rúa
seguía reunido con sus colaboradores analizando los nombres para la intervención que
será anunciado hoy temprano. Entre los candidatos figuraban los cordobeses Ramón Mestre
y Mario Negri, el bonaerense Héctor Bertoncello, el tucumano Rodolfo Campero y el
misionero Mario Losada. De acuerdo a la definición deun funcionario de Interior, el
elegido tendría que reunir “capacidad de administración probada y ninguna
vinculación con Corrientes”.La situación correntina marcó el ritmo de la jornada
de ayer en la Casa de Gobierno. Apenas llegó a su oficina, a la mañana temprano, Storani
subió al despacho de De la Rúa y juntos evaluaron el panorama. Las últimas
negociaciones mostraron “un situación de empate” –según graficaban en
Interior– entre los dos senadores autoproclamados gobernadores, el justicialista Hugo
Perié y el liberal Carlos Tomasella. Como ninguno cedía posiciones sólo quedaba esperar
el pronunciamiento por uno u otro del Superior Tribunal de Justicia correntino. Pero en el
Gobierno consideraron que la coyuntura no daba para más. A los cortes de ruta que
mantenían los piquetes de los manifestantes estatales en las rutas 12, a la altura del
límite con Corrientes, y en la 14, en las cercanías de Monte Caseros, se había sumado
una “contraprotesta” de los camioneros. Enojados porque no podían circular, los
choferes cortaron las pocas rutas que permanecían despejadas con lo que nadie podía
entrar o salir de la provincia ni siquiera a pie, y las consecuencias empezaban a afectar
también al Chaco. Luego que De la Rúa decidiera intervenir, Storani se encerró con
Becerra, el secretario de Provincias, el puntano Walter Ceballos, y el de Seguridad,
Enrique Mathov, a redactar el proyecto de intervención. Por la noche, en Interior
evaluaban positivamente la decisión que habían tomado. “Con la intervención
reafirmamos nuestra autoridad”, aseguraban.
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