JACK STRAW DEFENDIO LA CONFIDENCIALIDAD
DEL INFORME MEDICO QUE EXIME A PINOCHET Insisto, es Inútil para Todo Servicio
Nadie con los antecedentes del ex
dictador chileno puede refugiarse en el derecho a la confidencialidad del paciente: así
reclaman el informe médico los que tienen sólo siete días para presentar objeciones a
la decisión del ministro del Interior británico de interrumpir la extradición de
Augusto Pinochet a España por “razones humanitarias”.
El ministro
del Interior británico Jack Straw defiende su decisión ante la Cámara de los Comunes.En
una tormentosa sesión, defendió el derecho de Pinochet a la confidencialidad del informe
médico.
Página/12 en Gran Bretaña Por Marcelo Justo Desde Londres
La verdad (y la
trampa del caso) está en el informe médico sobre el estado de salud del general
Pinochet, al que ninguna de las partes intervinientes tiene acceso. Un sólido frente
formado por diputados laboristas, organizaciones de derechos humanos y exiliados chilenos
tiene plazo hasta el martes próximo para presentar por escrito su oposición a la
decisión “preliminar” del ministro del Interior Jack Straw de suspender el
proceso de extradición del ex dictador a España. Ayer, renovaron sus presiones al
gobierno británico para que dé a conocer el informe de la junta médica. “Vamos a
luchar contra esta decisión, que a mi juicio debería ser prerrogativa de la Justicia
española. Además el ministro no puede pedir que presentemos nuestros argumentos legales
sobre el caso si no tenemos acceso al informe en que se fundamenta esta decisión”,
resumió la presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de los Comunes,
la laborista Ann Clywd. Pero analistas políticos y juristas expertos en extradición
consideran que a fines de la semana próxima Pinochet podría estar embarcándose hacia
Chile. Siempre que las emociones y los sobresaltos de la espera no perturben su vía de
escape. En una tormentosa sesión en la Cámara de los Comunes el ministro del Interior
Jack Straw indicó que, como todo ciudadano, el general tenía derecho a la
confidencialidad del informe médico. Straw insinuó que el deterioro de su salud mental,
ostensible a partir de septiembre pasado, sería la razón clave para suspender la
extradición del general a España por tortura y conspiración para torturar. Según el
ministro, el senador vitalicio no está en condiciones de “seguir un proceso
judicial, dar instrucciones inteligentes a quienes lo representan y ofrecer una
declaración coherente”. Una de las primeras reacciones del frente opositor a la
decisión anunciada el martes por la noche fue puntualizar que, de acuerdo a la ley
británica, el proceso de extradición debe continuar, siempre y cuando no esté
deteriorada la capacidad mental del general. La intervención de Jack Straw no logró
acallar el clima de suspicacia que provocó en la Cámara de los Comunes su sorpresivo
anuncio. La crítica de los conservadores fue previsible aunque ingeniosa. La ministra del
Interior en la sombra, Ann Widencombe, se burló de los actuales argumentos de salud
esgrimidos por Straw para la puesta en libertad del general señalando que “Pinochet
fue arrestado cuando estaba en cama recuperándose de una operación”. Más
preocupante para el ministro fue la reacción no sólo de la izquierda laborista sino de
sectores del centro del espectro partidario. El presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Cámara de los Comunes, Donald Anderson, subrayó que nadie con los
antecedentes del general podía refugiarse en el derecho a la confidencialidad del
paciente y que el informe médico debía darse a conocer.El problema para los que buscan
una reconsideración del dictamen “preliminar” de Straw es hallar un mecanismo
legal que les permita montar una convincente ofensiva legal. Amnesty International indicó
ayer a Página/12 que estaba trabajando en los argumentos legales que presentarán al
ministro para persuadirlo de que revierta su decisión “preliminar”. Pero el
principal argumento que esgrimirán es la necesidad de derribar la muralla que el mismo
Straw ha insinuado que es inviolable: la confidencialidad del informe médico. “El
cuestionamiento que hacemos es que no se puede confiar únicamente en la decisión
adoptada por médicos que muy bien pueden no entender lo que se requiere de la persona en
un proceso de extradición y que sería importante tener una segunda opinión
alrespecto”, indicó Andy Mac Entee, director de Amnesty en el Reino Unido y
coordinador de su equipo legal. Los grupos de exiliados chilenos también han manifestado
su decisión de montar una “judicial review”, mecanismo que contempla la
Justicia británica para que los súbditos de la Corona puedan apelar las decisiones de
las autoridades. “Vamos a apelar a esta decisión de Straw por todos los medios
posibles”, indicó a este diario Carlos Reyes, de Chile Democrático. Pero aún
exiliados como Reyes, que fueron arrestados y torturados durante el régimen de Pinochet,
tendrán que enfrentar con argumentos legales sólidos la opinión “unánime e
inequívoca” de los facultativos según los cuales Pinochet no está en condiciones
de ser sometido a un proceso de extradición. “La decisión de Straw de no revelar a
las partes el informe médico puede ser cuestionable, pero es altamente improbable que se
pueda montar una apelación porque por el momento el único argumento a la vista es poner
en duda la palabra del ministro del Interior, decir que él y los cuatro médicos
mienten”, indicó a Página/12 el experto en temas de extradición Michael Birnbum.La
mirada de muchos se dirige ahora más allá de Gran Bretaña, a lo que pueda surgir del
magistrado Baltasar Garzón (quien ayer hizo trascender tanto su “satisfacción”
por el veredicto favorable a la extradición como su “desilusión” por la
decisión de Straw) o de los otros países que han solicitado la extradición del general.
En el mejor de los casos es por el momento una esperanza incierta. Si Pinochet no está en
condiciones de salud para ser sometido a un juicio de extradición en España,
difícilmente lo esté en otros países, aunque haya otras legislaciones en juego. Por
último, aun en caso de que Straw decida suspender de forma definitiva el proceso de
extradición, está el dictamen que debe librar el director del Servicio Fiscal de la
Corona. El mismo informe médico valdría en este caso, aunque hay cierta incertidumbre
sobre si el director, a diferencia de las partes intervinientes, tendría el privilegio de
estudiarlo antes de formular su dictamen. Por el momento los analistas políticos
británicos vaticinan que el caso entró en la recta final, aunque dadas las continuas
sorpresas que ha dado, comenzando por el mismo arresto del general el 16 de octubre del
‘98, preferían anoche guardar un resto de cautela antes de darlo por definitivamente
concluido.
Claves
Teóricamente,
Gran Bretaña no ha decidido aún sobre Pinochet, y quedan cinco días para que las partes
presenten recursos contra su liberación “por motivos humanitarios” –a la
que el ministro del Interior, Jack Straw, dijo “inclinarse”–.
Pero Straw se niega a entregar los partes médicos sobre los cuales se basaría la
“liberación humanitaria”, alegando “confidencialidad médica”. Eso
implica que las partes no tienen ningún recurso posible que interponer, ya que no se
trata de un dictamen judicial sino médico, y además es (y probablemente seguirá siendo)
secreto.
La gran incógnita ahora es el impacto de la movida de Straw en la polarizada segunda
vuelta de las elecciones chilenas. Para algunos, el ganador es el candidato socialista (y
oficialista) Ricardo Lagos. Para otros, ni Lagos ni Joaquín Lavín (su competidor de
derecha) ganan ni pierden por esto.
LOS TRASCENDIDOS DEL PARTE MEDICO Un duro se orina y llora
Página/12 en Francia Por Eduardo Febbro Desde París
Gabriel
García Márquez no hubiese podido encontrar un mejor epíteto que el que define las
enfermedades que aquejan al general Pinochet. Sin juzgar sobre los fundamentos de la
probable liberación anticipada de Augusto Pinochet, fuentes cercanas al “dossier
médico” revelaron a Página/12 el contenido de las conclusiones a las que llegaron
los cuatro doctores que revisaron al tembloroso ex dictador. La fuente retrató así el
estado de salud de Pinochet, según se desprende del informe que le fue entregado a Jack
Straw: “El general se hace pipí encima por la mañana y llora por las tardes. Está
realmente mal, ni siquiera es capaz de mantener una conversación y se pone a llorar por
nada, intempestivamente”. Aunque esto no justifique en nada el “gesto” del
Reino Unido, las páginas del informe abundan en detalles semejantes. Por lo pronto, luego
del terremoto de la noche precedente, los gobiernos europeos que habían solicitado la
extradición del general reaccionaron con escasa pasión al anuncio del eventual regreso
de Pinochet. Francia se limitó a decir que “toma nota” de los elementos
suministrados por Londres, Bélgica precisó que había pedido “informaciones
complementarias” sobre la salud del detenido, al tiempo que una fuente oficial suiza
destacó que “el pedido de extradición sigue vigente”. No obstante, Berna
admitió que la Convención Europea que rige la extradición reconoce que una demanda de
extradición puede quedar sin efecto por razones de salud. El magistrado europeo que
reaccionó con más vigor fue el juez de instrucción francés Roger Le Loire, quien tiene
a su cargo la investigación sobre la desaparición de cinco ciudadanos franceses en Chile
y la Argentina. Le Loire, en una carta remitida al canciller francés Hubert Vedrine,
solicitó que París interviniera directamente ante el gobierno británico para obtener la
autorización de interrogar a Pinochet. Este juez, que lanzó dos mandatos de arresto
contra Pinochet el 5 y el 20 de noviembre de 1998, más un pedido de audiencia sobre el
que jamás nadie le respondió, ya había sido desautorizado el pasado 5 de enero por la
Justicia chilena a interrogar en Chile a ex miembros de la dictadura pinochetista. Ayer,
Le Loire fundó su nuevo pedido argumentando que “si la solución de la repatriación
fuese rápidamente adoptada”, el enjuiciamiento de Pinochet quedaría en la nada. Por
su parte, tal como lo había adelantado ayer a este diario, la abogada de las familias de
los chilenos desaparecidos en Chile y la Argentina, Sophie Thonon, presentará ante la
Corte Europea de Derechos Humanos –en Estrasburgo– un recurso para exigir la
prolongación del arresto de Pinochet. La abogada también reclamó al gobierno francés
que se “oponga a la liberación de Pinochet” ya que “el enjuiciamiento del
ex militar constituye una exigencia de la Justicia”. Londres parece haber sorprendido
a los acusadores del general, principalmente a los organismos de defensa de los derechos
humanos. Al igual que en otras capitales, en París, la Federación Internacional de Ligas
de Derechos Humanos reclamó un nuevo examen médico de Pinochet y, por sobre todas las
cosas, que se haga público el contenido completo del informe. La liga y los abogados
franceses destacan con justa razón que si bien Straw fijó un plazo de siete días para
atender los reclamos, el ocultamiento de los exámenes médicos coarta toda posibilidad de
recurso puesto que es sobre ese documento que se basaría el “gesto humanitario”
de Gran Bretaña. Desde ya, las organizaciones de exiliados chilenos convocaron a varias
manifestaciones frente al consulado de Gran Bretaña, al tiempo que la Coordinadora
Franco-Chilena contra la Impunidad y por la Democracia en Chile consideró que “la
liberación de Pinochet constituyeuna victoria del gobierno chileno, líder indiscutido de
la campaña de defensa y del rescate de Pinochet”. Es de presumir que si sus
partidarios acceden algún día al dossier médico de Pinochet no tardarán en lanzar una
campaña internacional: “Pañales para Pinochet”.
La verdad (y la
trampa del caso) está en el informe médico sobre el estado de salud del general
Pinochet, al que ninguna de las partes intervinientes tiene acceso. Un sólido frente
formado por diputados laboristas, organizaciones de derechos humanos y exiliados chilenos
tiene plazo hasta el martes próximo para presentar por escrito su oposición a la
decisión “preliminar” del ministro del Interior Jack Straw de suspender el
proceso de extradición del ex dictador a España. Ayer, renovaron sus presiones al
gobierno británico para que dé a conocer el informe de la junta médica. “Vamos a
luchar contra esta decisión, que a mi juicio debería ser prerrogativa de la Justicia
española. Además el ministro no puede pedir que presentemos nuestros argumentos legales
sobre el caso si no tenemos acceso al informe en que se fundamenta esta decisión”,
resumió la presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de los Comunes,
la laborista Ann Clywd. Pero analistas políticos y juristas expertos en extradición
consideran que a fines de la semana próxima Pinochet podría estar embarcándose hacia
Chile. Siempre que las emociones y los sobresaltos de la espera no perturben su vía de
escape. En una tormentosa sesión en la Cámara de los Comunes el ministro del Interior
Jack Straw indicó que, como todo ciudadano, el general tenía derecho a la
confidencialidad del informe médico. Straw insinuó que el deterioro de su salud mental,
ostensible a partir de septiembre pasado, sería la razón clave para suspender la
extradición del general a España por tortura y conspiración para torturar. Según el
ministro, el senador vitalicio no está en condiciones de “seguir un proceso
judicial, dar instrucciones inteligentes a quienes lo representan y ofrecer una
declaración coherente”. Una de las primeras reacciones del frente opositor a la
decisión anunciada el martes por la noche fue puntualizar que, de acuerdo a la ley
británica, el proceso de extradición debe continuar, siempre y cuando no esté
deteriorada la capacidad mental del general. La intervención de Jack Straw no logró
acallar el clima de suspicacia que provocó en la Cámara de los Comunes su sorpresivo
anuncio. La crítica de los conservadores fue previsible aunque ingeniosa. La ministra del
Interior en la sombra, Ann Widencombe, se burló de los actuales argumentos de salud
esgrimidos por Straw para la puesta en libertad del general señalando que “Pinochet
fue arrestado cuando estaba en cama recuperándose de una operación”. Más
preocupante para el ministro fue la reacción no sólo de la izquierda laborista sino de
sectores del centro del espectro partidario. El presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Cámara de los Comunes, Donald Anderson, subrayó que nadie con los
antecedentes del general podía refugiarse en el derecho a la confidencialidad del
paciente y que el informe médico debía darse a conocer.El problema para los que buscan
una reconsideración del dictamen “preliminar” de Straw es hallar un mecanismo
legal que les permita montar una convincente ofensiva legal. Amnesty International indicó
ayer a Página/12 que estaba trabajando en los argumentos legales que presentarán al
ministro para persuadirlo de que revierta su decisión “preliminar”. Pero el
principal argumento que esgrimirán es la necesidad de derribar la muralla que el mismo
Straw ha insinuado que es inviolable: la confidencialidad del informe médico. “El
cuestionamiento que hacemos es que no se puede confiar únicamente en la decisión
adoptada por médicos que muy bien pueden no entender lo que se requiere de la persona en
un proceso de extradición y que sería importante tener una segunda opinión
alrespecto”, indicó Andy Mac Entee, director de Amnesty en el Reino Unido y
coordinador de su equipo legal. Los grupos de exiliados chilenos también han manifestado
su decisión de montar una “judicial review”, mecanismo que contempla la
Justicia británica para que los súbditos de la Corona puedan apelar las decisiones de
las autoridades. “Vamos a apelar a esta decisión de Straw por todos los medios
posibles”, indicó a este diario Carlos Reyes, de Chile Democrático. Pero aún
exiliados como Reyes, que fueron arrestados y torturados durante el régimen de Pinochet,
tendrán que enfrentar con argumentos legales sólidos la opinión “unánime e
inequívoca” de los facultativos según los cuales Pinochet no está en condiciones
de ser sometido a un proceso de extradición. “La decisión de Straw de no revelar a
las partes el informe médico puede ser cuestionable, pero es altamente improbable que se
pueda montar una apelación porque por el momento el único argumento a la vista es poner
en duda la palabra del ministro del Interior, decir que él y los cuatro médicos
mienten”, indicó a Página/12 el experto en temas de extradición Michael Birnbum.La
mirada de muchos se dirige ahora más allá de Gran Bretaña, a lo que pueda surgir del
magistrado Baltasar Garzón (quien ayer hizo trascender tanto su “satisfacción”
por el veredicto favorable a la extradición como su “desilusión” por la
decisión de Straw) o de los otros países que han solicitado la extradición del general.
En el mejor de los casos es por el momento una esperanza incierta. Si Pinochet no está en
condiciones de salud para ser sometido a un juicio de extradición en España,
difícilmente lo esté en otros países, aunque haya otras legislaciones en juego. Por
último, aun en caso de que Straw decida suspender de forma definitiva el proceso de
extradición, está el dictamen que debe librar el director del Servicio Fiscal de la
Corona. El mismo informe médico valdría en este caso, aunque hay cierta incertidumbre
sobre si el director, a diferencia de las partes intervinientes, tendría el privilegio de
estudiarlo antes de formular su dictamen. Por el momento los analistas políticos
británicos vaticinan que el caso entró en la recta final, aunque dadas las continuas
sorpresas que ha dado, comenzando por el mismo arresto del general el 16 de octubre del
‘98, preferían anoche guardar un resto de cautela antes de darlo por definitivamente
concluido.
Teóricamente,
Gran Bretaña no ha decidido aún sobre Pinochet, y quedan cinco días para que las partes
presenten recursos contra su liberación “por motivos humanitarios” –a la
que el ministro del Interior, Jack Straw, dijo “inclinarse”–.