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LAS PRESIDENCIALES CHILENAS DEL DOMINGO ANTE UN NUEVO DATO
Un cierre con Pinochet de regalo

La sombra de un regreso inminente a Chile del ex dictador planeó ayer sobre el cierre de campañas para la segunda vuelta del domingo entre el socialista Ricardo Lagos y el pospinochetista Joaquín Lavín. Por las dudas, ambos evitaron mencionarlo en sus actos finales.

Uniforme: “Soy la última persona en mirarle la camiseta política a alguien”, dijo Lavín –quitándose metafóricamente el uniforme– en Antofagasta.

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El candidato socialista Ricardo Lagos en uno de los tramos finales de su campaña en el sur.
Aseguró que “hemos ganado en la primera vuelta y vamos a ganar en la segunda”.


Página/12 en Chile
Por Pablo Rodríguez Desde Santiago

t.gif (862 bytes)  La fiesta tuvo un invitado inesperado y los anfitriones lo aislaron por su impertinencia. La fiesta fue el cierre de campaña electoral para los comicios presidenciales del domingo. El invitado fue Augusto Pinochet. Y los anfitriones, el candidato de la Concertación oficialista, Ricardo Lagos, y el de la derechista Alianza por Chile, Joaquín Lavín, estaban demasiado preocupados en la lucha voto a voto para dedicarle algunas palabras. Al calor de esta lucha, que incluye denuncias y pedidos a votar, Lagos cerró su campaña en Valdivia, a 840 kilómetros de Santiago, en un marco curioso: una caravana de 40 barcos que navegaron por el río Calle Calle poco antes de la puesta del sol. “Llamo a votar libremente a los chilenos, sin dejarse provocar. Hemos ganado en la primera vuelta y vamos a ganar en la segunda”, declaró Lagos. “Que cada uno consiga un voto más. Denme la oportunidad de gobernar Chile”, dijo Lavín, que cerró su campaña también lejos de Santiago, en Antofagasta. “No los voy a defraudar”, afirmó curiosamente. La consultora MORI divulgó la última de las casi inexistentes encuestas para este ballottage. Según MORI, Lagos aventajaría a Lavín sólo por “algunos decimales”. El comunicado de MORI señala que los datos fueron recogidos entre el 3 y el 10 de enero, o sea, antes del anuncio del gobierno británico sobre el caso Pinochet (ver nota aparte). Para la titular de MORI, Marta Lagos, este anuncio va a inclinar la balanza en favor de Ricardo Lagos. De las 1200 personas consultadas, “un 9 por ciento dijo que decidió su voto el 12 de diciembre el día de la votación”. De este dato, para MORI, se desprenden dos cuestiones. La primera, que se complica aún más siquiera atisbar un pronóstico. Y la segunda, que el resultado de la elección “puede estar determinado por el efecto de las presiones”. El 40 por ciento opina que hay presiones para definir el sufragio, del cual el 27 por ciento afirma que provienen de partidarios de Lavín.Este ha sido uno de los ejes de la campaña de Lagos: las denuncias sobre delitos “de cohecho”, en los cuales empresarios afines a la derecha recurren a varios tipos de presiones para que sus empleados voten a Lavín, entre ellas el ofrecimiento de aumentos de sueldos y de vacaciones y amenazas de despidos en caso de que elijan a Lagos. Círculos allegados al candidato de la Concertación incluso presentaron denuncias concretas sobre este tema ante la Corte de Apelaciones de Santiago. También el comando de Lavín se llegó hasta este edificio, pero para denunciar hechos tales como la exclusión, en el interior del país, contra funcionarios de la derecha de toda inauguración de obra pública donde asiste algún funcionario oficialista del gobierno central. En todo caso, estas denuncias son la expresión de una campaña particularmente dura, no tanto por la discusión entre los candidatos, sino porque es un hecho que sólo un puñado de votos determinará el ganador. Que Lagos y Lavín hayan recorrido varias veces todo el país, privilegiando la cobertura territorial por sobre la capacidad de convocatoria, o que cierren sus campañas bien lejos de Santiago (donde el clima preelectoral estuvo presente con tímidas caravanas de coches que desfilaban por la Alameda), obedece a que deben luchar voto a voto. Y, además, responde a que existen 800.000 personas que, estando inscriptas en el padrón, no votaron. Muchos de ellos, estiman en los comandos, son gente pobre que vive alejada de los centros de votación, y hacia ellos se dirigió la campaña. “A los que no votaron, a los que se abstuvieron y a los que votaron en blanco, les pido que ahora confíen en mí, que confíen en el cambio... soy la última persona en mirarle la camiseta política a alguien”, declaró Lavín –quitándose metafóricamente el uniforme– enAntofagasta, capital de una región donde la derecha perdió por 14 puntos frente a la Concertación. Más confiado y menos pedigüeño, Lagos afirmó en Valdivia que “a 72 horas de las primeras elecciones del siglo XXI, tu defines qué patria quieres, cómo quieres que tu familia pueda abordar el futuro. De ti depende. Estoy seguro de que me vas a apoyar”. Pero la inminencia del retorno de Pinochet a Chile hace que la campaña electoral tenga que disputar el espacio político con las especulaciones ante su eventual retorno. Y a pesar de que los candidatos, sus comandos y muchos analistas consideren que el tema Pinochet no incidirá en la elección, la ex candidata a presidente por el Partido Comunista, Gladys Marín, declaró ayer que el poco más del tres por ciento que la votó en primera vuelta y que se siente inclinado a votar por Lagos en esta ocasión, lo pensará dos veces ya que “ahora queda claro que este gobierno y su continuador, Ricardo Lagos, consagran la impunidad”. Se refería a que, para ella, no existen condiciones para juzgar a Pinochet en Chile por los crímenes de su dictadura.El gobierno y el juez Juan Guzmán, que tramita más de 50 querellas criminales contra Pinochet, piensan que sí se lo puede procesar. El mismo Guzmán manifestó que quiere someter al ex dictador a otros exámenes médicos. Según varios especialistas legales, no existe en Chile algo similar a las razones humanitarias como en Gran Bretaña para eximir a un acusado de un juicio. Sin embargo, según el diario La Segunda, el dirigente del oficialista Partido por la Democracia Jorge Schaulsohn afirmó que “en Chile sí existen razones humanitarias, y están establecidas en la Constitución cuando expresa que todos tienen el derecho al debido proceso. Si Pinochet no puede colaborar en su defensa, no puede ser juzgado”. Una de las figuras por las que Pinochet puede evitar el proceso es la demencia, contemplado en las leyes chilenas. El juez Guzmán también deberá decidir sobre un eventual desafuero de Pinochet, actual senador vitalicio, dado que seguramente se presentará un pedido de este tipo. Extrañamente, Lavín pidió algo parecido pero sin implicancias legales: que se retire de la vida política. “Pero mañana, cuando Pinochet vuelva, los mismos que hacen estas declaraciones estarán homenajeando permanentemente al ex dictador. Está en la cultura política de la derecha. Aquí, la derecha es y seguirá siendo por un tiempo, lamentablemente, pinochetista”, aclaró el secretario general de la presidencia, José Miguel Insulza.

 

Ultimas movidas de Garzón

El juez Baltasar Garzón enviará hoy al Ministerio de Asuntos Exteriores el informe de alegaciones solicitado por el ministro del Interior británico, Jack Straw, en su carta del pasado 11 de enero, a fin de conocer la posición de España ante su anuncio de que el general Augusto Pinochet no debe ser extraditado por razones de salud. El texto señala que “el Ministerio del Interior británico no ha facilitado tales pruebas (de enfermedad de Pinochet) a España, que tiene la obligación de reclamarlas o, en su caso, de pedir que se practiquen pruebas adicionales”. Francia, por su parte, dijo que transmitirá a Londres el pedido del juez Roger Le Loire para interrogar a Pincohet, mientras Bélgica –otro país que pidió la extradición del militar– dijo que hay que juzgar al general “salvo que esté loco”.


 

La secreta y vera historia de cómo
el tirano quedó (casi) en libertad

La solución –evitar la extradición de Pinochet a España por “razones humanitarias”– fue soplada a Londres por la diplomacia chilena. Permitió que Jack Straw presentara una decisión política como semijudicial. Y fue un triunfo para el gobierno de la Concertación.

Manifestantes chilenos con una imagen del ex dictador.
Saben que en su país las “razones humanitarias” no valían.

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The Guardian de Gran Bretaña
Por Ewen MacAskill Desde Londres

t.gif (862 bytes) Para el general Augusto Pinochet, el camino hacia la libertad comenzó el pasado septiembre en un pequeño recinto de las Naciones Unidas. Tomando una taza de té, mirando hacia el East River de Nueva York, el canciller chileno Juan Gabriel Valdes delineó para el ministro de Relaciones Exteriores británico Robin Cook una nueva propuesta para la saga Pinochet. Hasta ese momento, el énfasis del argumento chileno en procura del regreso de su ex presidente estaba puesto en el daño que el caso estaba causando a las relaciones entre los dos países, y en la violación a la soberanía chilena. Que el ex dictador era un hombre viejo, con la salud debilitada, era el último argumento de la lista. Pero, para sorpresa del gobierno británico, Valdes dio vuelta la lista, y por primera vez hizo su apelación sobre bases humanitarias. Prometió entregar evidencia de la mala salud del general al gobierno británico. Este argumento médico parece haber provisto la salida al dilema que enfrentaba el ministro del Interior, Jack Straw, desde la llegada del general Pinochet a Londres en 1998. Durante todo el proceso, Straw se presentó a sí mismo como un prisionero de la ley, e insistió en que todas sus decisiones habían sido tomadas en su capacidad semijudicial, libre de toda influencia política. Declaraba que había ignorado a los manifestantes de derecha y de izquierda, los últimos reclamando justicia por los abusos de los derechos humanos después del golpe militar de 1973 del general Pinochet, y los primeros exhibiéndolo no sólo como un fuerte aliado de Gran Bretaña durante la guerra de Malvinas, sino también como un flagelo del marxismo. Los asistentes del ministro del Interior fueron inflexibles con respecto a la actitud de Straw: a pesar de sus antecedentes como estudiante de izquierda en la época del golpe, siempre había estado por encima de todo, sin consultar siquiera a sus colegas en el gabinete. Sólo había tomado en consideración los argumentos legales.Pero nadie, ni siquiera un juez, es inmune a las influencias del mundo exterior. Y la presión del gobierno chileno era tremenda. Straw concedió ayer en la Cámara de los Comunes que un factor había sido la representación del gobierno chileno sobre la base de la salud. Después de la reunión de la ONU, el gobierno chileno entregó puntualmente su evidencia médica el 14 de octubre. El embajador chileno, Pablo Cabrera, recientemente llegado a Londres, pasó la información al Ministerio de Exterior que, actuando como casilla de correo, a su vez se la entregó a Straw. Cabrera, un ex ministro de Defensa, recibió con alegría la inminente libertad del general Pinochet de 84 años. “En cuanto llegué en septiembre, lo fui a ver al senador Pinochet”, dijo. “Si el gobierno chileno iba a hacer una representación por motivos humanitarios, debíamos verificar su estado de salud. Es un hombre mayor que acarrea todos los problemas de un hombre mayor.” Sufrió un empeoramiento entre septiembre y noviembre. Cabrera pidió que cuatro médicos vieran al general Pinochet, dos británicos y dos chilenos que viajaron desde Santiago. Concluyeron que padecía 12 enfermedades distintas, incluyendo diabetes, problemas cardíacos y depresión. Esto constituía la base del informe entregado a Straw el 14 de octubre. “El peligro de que Pinochet se muera es permanente”, dijo Cabrera. “A menudo miro los avisos fúnebres del Guardian y 70 por ciento de la gente ahí tiene entre 70 y 85 años. Estudié esa cifra. Es muy probable que la situación de Pinochet y su estado de salud se deterioren, teniendo en cuenta que tiene 84 años.” Esto fue lo que contó para Pinochet, no las protestas de los amigos del general como la baronesa Thatcher y el ex canciller Lord Lamont. La campaña por su liberación estuvo bien apoyada, alcanzando su clímax en la conferencia del partido conservador británicoen octubre, cuando Lady Thatcher lo describió como el único prisionero político de Gran Bretaña. Pero esa reunión de viejos derechistas fue contraproducente en lugar de ser beneficiosa. Las personalidades involucradas difícilmente obtendrían mucha compasión de Straw.La izquierda también comenzaba a vacilar. A pesar de los estallidos de los miembros del Parlamento de izquierda comprometidos en la campaña, algunos en privado decían que el general Pinochet ya había sido suficientemente humillado, y que era poco lo que se ganaría con seguir adelante la extradición. Temían que pudiera morir en Gran Bretaña y convertirse en un mártir de la derecha. En Chile también el tema tampoco estaba definido. La primeras predicciones del intenso daño a las relaciones entre los dos países no se materializaron. Un diplomático chileno insistió en que las relaciones se habían dañado, pero admitió que sólo hasta un cierto punto. El Ministerio de Exterior no cree que el daño sea serio. Después de considerar el informe médico entregado por el gobierno chileno, Straw ordenó a su propio equipo de médicos que revisara al general. Recibió su informe el jueves pasado a la tarde. Aunque Lord Lamont había informado confusamente que el general Pinochet estaba en buena forma, los médicos acordaron con el veredicto del primer equipo: estaba seriamente enfermo.Straw se niega a hacer públicos los motivos médicos, pero en la Cámara de los Comunes insinuó que el general estaba senil. Dijo que tenía que tomar en cuenta si el general Pinochet estaba lo suficientemente bien para el desarrollo de un juicio y si era capaz de hacer una declaración coherente. El ministro del Interior concluyó que no lo estaba. Straw no convenció a los críticos sobre su total imparcialidad. “Inevitablemente parecerá una decisión política, y hasta ahora él (Straw) fue muy cuidadoso con interferir en el caso”, dijo Geoffrey Bindman, un abogado de la organización de derechos humanos, Amnesty International. “Mi impresión es que debería ser un asunto de las autoridades españolas si está o no en condiciones de enfrentarse a un juicio. No hay nada que sugiera que no está condiciones por lo menos de viajar a España”, dijo Bindman.Straw tenía planeado hacer pública su decisión el martes en una declaración escrita al Parlamento. Pero el gobierno chileno desarticuló esos planes. El ministro del Interior informó al canciller Robin Cook sobre su decisión el lunes. El martes a la tarde, Cook llamó por teléfono al ministro de Relaciones Exteriores chileno diciéndole que una declaración era inminente, pero no sus contenidos. Pero el gobierno chileno es extremadamente indiscreto y pronto fue evidente que la noticia se sabría durante la noche. Enfrentado a la perspectiva de que el público británico se enterara de su decisión vía Santiago, Straw dio a conocer su declaración tarde el martes a la noche. El general Pinochet parece estar ahora en camino a su casa. La saga estuvo llena de giros inesperados y un desafío legal de último momento es posible, aunque no probable. Una fuente del gobierno británico aconsejó no creer mucho en el rol de los diplomáticos chilenos, diciendo: “La evidencia médica podría haberse inclinado para cualquiera de los dos lados”. Quizá, pero aun así fue una buena táctica de los chilenos, con una chance de éxito de 50-50 en el peor de los casos. El gobierno chileno, cuidadoso de no festejar demasiado pronto, advirtió que si bien las relaciones entre Gran Bretaña y Chile se pueden recobrar de este episodio, habrá una explosión si hay más demoras. Sólo cuando el avión de Pinochet esté en el aire, comenzarán los diplomáticos chilenos a felicitarse por un inteligente movimiento diplomático que finalmente ayudó a Straw a resolver su dilema.Traducción: Celita Doyhambéhère

 


 

HABLA MICHAEL BIRNBUM, EXPERTO INGLES EN EXTRADICION
“Podría volver la semana que viene”

Página/12 en Gran Bretaña
Por Marcelo Justo Desde Londres

t.gif (862 bytes) El ministro del Interior, Jack Straw, hizo uso de las facultades cuasijudiciales que le concede el sistema legal inglés para intervenir en el proceso de extradición y tomar la decisión “preliminar” de suspender el proceso de extradición de Pinochet por razones humanitarias. Página/12 dialogó con Michael Birnbum, especialista inglés en temas de extradición, para analizar esta fase crucial del proceso.–¿Es posible revertir la decisión “preliminar” de Straw?–Es altamente improbable. Hay un dictamen unánime de cuatro médicos independientes de por medio. Me sorprende eso sí que el ministro Straw se haya negado a revelar el contenido del informe médico. En casos normales la confidencialidad del estado médico de una persona es sacrosanta. Pero dada la repercusión internacional del caso es sorprendente. Creo que la presión seguirá creciendo para que Jack Straw dé a conocer al menos un resumen del informe, garantizando así la completa transparencia del proceso. –¿Qué pasa si no lo hace? ¿Es realmente legal retener un informe médico que es decisivo en un caso criminal de extradición?–El principio de la confidencialidad en la relación con el médico no está afectado por el hecho de que sea un caso criminal. Es un tema sobre el que existe una gran preocupación tanto en Inglaterra como en otras partes del mundo. Acá entra toda la temática de la confidencialidad de los enfermos de sida o si una empresa tiene derecho a conocer el código genético de sus empleados. Jack Straw tenía que conocer el contenido del informe porque de otro modo no podía tomar una decisión. Pero no tiene obligación de darlo a conocer a las otras partes intervinientes.–El martes que viene vence el plazo para que se presenten a Straw los argumentos legales en contra de su decisión preliminar. ¿Qué pasa si, tal como parece, decide efectivamente suspender el proceso de extradición?–Acto seguido, casi simultáneamente, el director del Servicio Fiscal de la Corona, la fiscalía británica, se pronunciará sobre la posibilidad de juzgar a Pinochet acá. Seguramente lo hará en el mismo sentido que Straw. Si Pinochet no está en condiciones de salud para ser sometido a juicio en España tampoco lo está acá. Esto mismo vale para los pedidos de extradición de otros países. Pero todavía queda la posibilidad de apelar contra la decisión de Straw.–¿Quiénes pueden apelar?–El gobierno español, que en realidad no tiene ningún deseo de hacerlo. Las organizaciones de derechos humanos. El margen de maniobra que tienen es muy estrecho. Pinochet tiene también derechos humanos, algo que es difícil de entender a quienes vieron sus derechos totalmente pisoteados por su dictadura. Si cuatro expertos médicos independientes opinan que el general no está en condiciones de ser sometido a juicio, no es mucho lo que se puede hacer.—¿Aun si las partes intervinientes no vieron el informe médico en el que se basa la decisión de suspender el proceso de extradición?–El problema es que el tribunal competente en una apelación de esta naturaleza tendría que poner en duda la palabra misma del ministro del Interior, quien ha dicho públicamente que el dictamen es unánime e inequívoco. Equivaldría a sospechar que es un mentiroso y que además cuenta con la connivencia de todo el equipo médico. Más allá de que sea un aspecto insatisfactorio, tanto acá como para el resto del mundo que sigue este caso, suena inverosímil.–En caso de apelación, ¿puede entrar el caso en un interminable laberinto legal? –No. La apelación será tramitada de urgencia. Lo mismo sucederá con la respuesta que Straw dará a las presentaciones que se le hagan de acá al martes. En mi opinión, a fines de la semana próxima Pinochet estará en condiciones de regresar a Chile.

 

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