ULTIMOS RECURSOS CONTRA PINOCHET Ayer fue el “Día P”
Se presentaron en Londres los (casi)
últimos recursos contra la liberación de Pinochet y se abre un compás de espera hasta
que el ministro del Interior decida.
El avión de las FACH despega ayer para
buscar al general.
Partió de Iquique rumbo a Londres, y lleva equipamiento médico.
Página/12 en Gran Bretaña Por Marcelo Justo Desde Londres
El plazo para
apelar la decisión “preliminar” de suspender el proceso de extradición de
Pinochet a España venció ayer a la tarde. El ministro del Interior británico Jack Straw
indicó a la BBC que se tomaría todo el tiempo necesario para analizar los argumentos de
las partes a favor o en contra de suspender la extradición por razones humanitarias.
“Los argumentos presentados son voluminosos. Les voy a dar todo el tiempo necesario
para analizarlos con el detenimiento que se merecen”, indicó Straw. A la espera de
los acontecimientos, un avión de la Fuerza Aérea Chilena fue autorizado a aterrizar en
suelo británico, para alistarse a huir con el general a cuestas a la hora señalada. El
argumento legal presentado por cuatro organizaciones de derechos humanos, encabezadas por
Amnesty International, solicita al ministro del Interior que permita ver a las partes el
informe médico en que se basa para evaluar que el general no está en condiciones de
salud para “ser sometido a juicio”, o que, en su defecto, le permitan efectuarle
un segundo examen con médicos del Servicio Fiscal de la Corona. El ministro del Interior
se ha negado hasta el momento a dar a conocer dichos informes médicos amparándose en la
confidencialidad de la relación médico-paciente. “Encontramos extraordinario que
usted (Straw) no haya puesto como condición del examen médico de Pinochet que el informe
fuera dado a conocer”, lo critica el argumento legal de Amnesty International,
Redress, la Fundación Médica para el Tratamiento de las Víctimas de Tortura y la
organización de familiares de desaparecidos en el Reino Unido. El documento de las cuatro
organizaciones consta de seis páginas y presenta 12 cuestionamientos a la decisión
“preliminar” de Straw. Los principales son:u La decisión no se ajusta a la ley
británica de extradición de 1989. u El proceso en Gran Bretaña es de extradición. La
determinación de si está en condiciones de “ser sometido a juicio” la debe
tomar el Estado que lo someterá a juicio. u No hay antecedentes de un caso en que se
niegue una extradición sin que la decisión pase por la Corte.u El equipo médico que lo
examinó no tenía un psiquiatra especializado en demencia senil, una omisión
“extraordinaria” dada la existencia de especialistas británicos que han
testimoniado en casos similares. u El mismo jefe del equipo médico que revisó a Pinochet
reconoció que el general podía recuperarse.u El principio de la confidencialidad de la
relación médico-paciente ha sido revocado en casos judiciales similares. Las
organizaciones de derechos humanos acompañaron los argumentos con cartas de dos eminentes
psiquiatras británicos, especializados en el tratamiento de ancianos, quienes cuestionan
la validez de las pruebas a las que fue sometido Pinochet por cuatro profesionales (dos
gerontólogos, un neurólogo y una neuropsicóloga) el 5 de enero. Entre las falencias que
señalan los psiquiatras está el hecho de que los tests se hicieron en el mismo día y no
esparcidos como para chequear la fiabilidad de los resultados, y que el general supo con
antelación la fecha de la revisión lo que le pudo dar tiempo a prepararse física y
psicológicamente para dar las respuestas que se esperan de un caso de senilidad.El
gobierno español y la organización de derechos humanos Human Rights Watch presentaron el
lunes y ayer, respectivamente, similares solicitudes para que el ministro del Interior
revea su decisión. El gobierno de Chile y el senador Pinochet también habrían
presentado argumentos legales afavor del curso elegido provisoriamente por Straw, aunque
el Ministerio del Interior se negó ayer a confirmarlo. “Lo que le puedo decir
–indicó a Página/12 un portavoz del ministerio– es que se avisará a las
partes con un día de anticipación la fecha del anuncio definitivo”. A partir de ese
momento se ingresará en una situación impredecible. En caso de que, como se anticipa, el
ministro decida suspender el proceso de extradición, caducará automáticamente el
arresto que pesa sobre el general Pinochet. El gobierno de España y las organizaciones de
derechos humanos tienen la posibilidad de solicitar una “revisión judicial”,
mecanismo legal en Gran Bretaña, para protestar contra decisiones “injustas” de
funcionarios. El trámite es relativamente simple y consiste en presentar una carta
solicitando ante la Alta Corte la revisión, lo que inmediatamente pondría en suspenso la
decisión de Straw. En su argumento legal, el gobierno español indicó que no apelaría
la decisión de Straw. Para las organizaciones de derechos humanos, el factor tiempo
además será fundamental. Entre el momento en que el ministro de Interior anuncia su
decisión y la presentación de la apelación judicial se abre un limbo durante el cual el
general Pinochet es un hombre libre que puede tomar un vehículo que lo traslade a la
máxima velocidad posible a la base de Brize Norton, en Oxfordshire, donde lo esperará su
avión con los motores en marcha.La otra opción que se abre al ministro del Interior es
presentar la evidencia médica a la Alta Corte a principios de la semana próxima e
invitar al juez a que deje en libertad al prisionero. Un mecanismo similar se adoptó hace
dos años en el polémico caso de Roisin Mc Aliskey, una irlandesa acusada por Alemania de
un atentado contra bases británicas en ese país. Esta vía resguardaría a rajatabla la
posición “legalista” que adoptó Straw desde el arresto del general el 16 de
octubre de 1998. Pero requeriría una voluntad política que parece haber desertado al
ministro del Interior británico.
El plazo para
apelar la decisión “preliminar” de suspender el proceso de extradición de
Pinochet a España venció ayer a la tarde. El ministro del Interior británico Jack Straw
indicó a la BBC que se tomaría todo el tiempo necesario para analizar los argumentos de
las partes a favor o en contra de suspender la extradición por razones humanitarias.
“Los argumentos presentados son voluminosos. Les voy a dar todo el tiempo necesario
para analizarlos con el detenimiento que se merecen”, indicó Straw. A la espera de
los acontecimientos, un avión de la Fuerza Aérea Chilena fue autorizado a aterrizar en
suelo británico, para alistarse a huir con el general a cuestas a la hora señalada. El
argumento legal presentado por cuatro organizaciones de derechos humanos, encabezadas por
Amnesty International, solicita al ministro del Interior que permita ver a las partes el
informe médico en que se basa para evaluar que el general no está en condiciones de
salud para “ser sometido a juicio”, o que, en su defecto, le permitan efectuarle
un segundo examen con médicos del Servicio Fiscal de la Corona. El ministro del Interior
se ha negado hasta el momento a dar a conocer dichos informes médicos amparándose en la
confidencialidad de la relación médico-paciente. “Encontramos extraordinario que
usted (Straw) no haya puesto como condición del examen médico de Pinochet que el informe
fuera dado a conocer”, lo critica el argumento legal de Amnesty International,
Redress, la Fundación Médica para el Tratamiento de las Víctimas de Tortura y la
organización de familiares de desaparecidos en el Reino Unido. El documento de las cuatro
organizaciones consta de seis páginas y presenta 12 cuestionamientos a la decisión
“preliminar” de Straw. Los principales son:u La decisión no se ajusta a la ley
británica de extradición de 1989. u El proceso en Gran Bretaña es de extradición. La
determinación de si está en condiciones de “ser sometido a juicio” la debe
tomar el Estado que lo someterá a juicio. u No hay antecedentes de un caso en que se
niegue una extradición sin que la decisión pase por la Corte.u El equipo médico que lo
examinó no tenía un psiquiatra especializado en demencia senil, una omisión
“extraordinaria” dada la existencia de especialistas británicos que han
testimoniado en casos similares. u El mismo jefe del equipo médico que revisó a Pinochet
reconoció que el general podía recuperarse.u El principio de la confidencialidad de la
relación médico-paciente ha sido revocado en casos judiciales similares. Las
organizaciones de derechos humanos acompañaron los argumentos con cartas de dos eminentes
psiquiatras británicos, especializados en el tratamiento de ancianos, quienes cuestionan
la validez de las pruebas a las que fue sometido Pinochet por cuatro profesionales (dos
gerontólogos, un neurólogo y una neuropsicóloga) el 5 de enero. Entre las falencias que
señalan los psiquiatras está el hecho de que los tests se hicieron en el mismo día y no
esparcidos como para chequear la fiabilidad de los resultados, y que el general supo con
antelación la fecha de la revisión lo que le pudo dar tiempo a prepararse física y
psicológicamente para dar las respuestas que se esperan de un caso de senilidad.El
gobierno español y la organización de derechos humanos Human Rights Watch presentaron el
lunes y ayer, respectivamente, similares solicitudes para que el ministro del Interior
revea su decisión. El gobierno de Chile y el senador Pinochet también habrían
presentado argumentos legales afavor del curso elegido provisoriamente por Straw, aunque
el Ministerio del Interior se negó ayer a confirmarlo. “Lo que le puedo decir
–indicó a Página/12 un portavoz del ministerio– es que se avisará a las
partes con un día de anticipación la fecha del anuncio definitivo”. A partir de ese
momento se ingresará en una situación impredecible. En caso de que, como se anticipa, el
ministro decida suspender el proceso de extradición, caducará automáticamente el
arresto que pesa sobre el general Pinochet. El gobierno de España y las organizaciones de
derechos humanos tienen la posibilidad de solicitar una “revisión judicial”,
mecanismo legal en Gran Bretaña, para protestar contra decisiones “injustas” de
funcionarios. El trámite es relativamente simple y consiste en presentar una carta
solicitando ante la Alta Corte la revisión, lo que inmediatamente pondría en suspenso la
decisión de Straw. En su argumento legal, el gobierno español indicó que no apelaría
la decisión de Straw. Para las organizaciones de derechos humanos, el factor tiempo
además será fundamental. Entre el momento en que el ministro de Interior anuncia su
decisión y la presentación de la apelación judicial se abre un limbo durante el cual el
general Pinochet es un hombre libre que puede tomar un vehículo que lo traslade a la
máxima velocidad posible a la base de Brize Norton, en Oxfordshire, donde lo esperará su
avión con los motores en marcha.La otra opción que se abre al ministro del Interior es
presentar la evidencia médica a la Alta Corte a principios de la semana próxima e
invitar al juez a que deje en libertad al prisionero. Un mecanismo similar se adoptó hace
dos años en el polémico caso de Roisin Mc Aliskey, una irlandesa acusada por Alemania de
un atentado contra bases británicas en ese país. Esta vía resguardaría a rajatabla la
posición “legalista” que adoptó Straw desde el arresto del general el 16 de
octubre de 1998. Pero requeriría una voluntad política que parece haber desertado al
ministro del Interior británico.