En Colombia, el poder real lo detenta, desde el inicio de la vida republicana, una clase política sostenida por terratenientes y militares, ahora condimentada con narcos. Este poder sigue siendo fundamental y totalmente intolerante; el único método que sabe utilizar para defender sus grandes privilegios es la intolerancia política, que se manifiesta mediante el crimen político y el terrorismo de Estado. Esta es la causa real del actual conflicto. Es una constante que cada vez que se avanza hacia una salida política, ésta es saboteada por el militarismo, para lo cual comete los peores crímenes con tal de lograr su objetivo. En este momento me acuerdo de que, a mediados de los años 80, el M-19 estaba llevando adelante un diálogo de paz con el gobierno y explotó una noticia en todos los medios: �El M-19 derribó un helicóptero del ejército, hay una gran cantidad de militares muertos, el M-19 violó los acuerdos de paz, los diálogos deben terminar�. En efecto, hubo un discurso presidencial y los diálogos se quebraron. Con el tiempo se supo que no hubo ningún helicóptero derribado, y que ni siquiera hubo combate. Pero el daño ya estaba hecho y, naturalmente, nadie pidió cuentas de nada. En esta oportunidad, quien está directamente comprometido en este conflicto es Estados Unidos, y uno de sus grandes intereses en él es el narcotráfico, pero no para acabarlo, sino para hacerse con el control total del �negocio�. Teniendo en cuenta la terrible guerra a la que nos abocaron, esto es un intento más de los Estados Unidos por tratar de impedir a sangre y fuego cualquier intento de independencia y desarrollo en su �patio trasero�. Esta es la dimensión real del conflicto en mi patria, y dentro de ese macabro plan se ubica el collar-bomba. Es por ello que las FARC, como víctima y no como parte del narcotráfico, ha propuesto al gobierno colombiano, a los Estados Unidos y a la comunidad internacional -en particular a Europa�, fórmulas reales para acabar definitivamente con este flagelo de la humanidad, que es impulsado y usufructuado por los grandes poderes económicos del mundo. Para tratar este punto en concreto, la Mesa de Negociación convocó para los días 28 al 30 de mayo un encuentro internacional sobre el narcotráfico en San Vicente del Caguán. Los participantes principales son los gobiernos de España y Noruega, con la participación de la gran mayoría de los gobiernos europeos. Esto, parece ser, va contra los intereses de Estados Unidos, y por eso es que la respuesta de Pastrana al collar-bomba fue suspender dicha reunión. No es cierto que las FARC hayan sido las autoras del collar-bomba. Como revolucionarios, como humanistas y como constructores de la Nueva Colombia y esa bella utopía de un futuro de igualdad, justicia y bienestar para todos �es decir, paz real�, no cometemos ese ni ningún acto que atente contra la dignidad humana. Ayer, el diario El Tiempo publicó que los cuerpos de investigación dicen no saber quién fue el autor, pero en otro artículo dice que los paramilitares están comprometidos en el secuestro de la mujer. Días atrás se secuestraron 500 toneladas de coca que pertenecerían a los paramilitares; sin embargo, Pastrana asegura que eso financia a los violentos y nos pone en el mismo lugar que ellos. Eso muestra la magnitud y complejidad de los intereses en juego. Hoy, los diarios colombianos ya no hablan más sobre el tema porque está quedando clara la maniobra de los verdaderos autores: el militarismo, en cualquiera de sus versiones, militar o paramilitar. Pero el daño ya está hecho.
* Vocero de las FARC.

Por Francisco Soberón*.
Hay que seguir negociando

Es indudable que la paz en Colombia es una exigencia de la sociedad. Como parte de esa demanda, todos los actores del conflicto deben respetar el Derecho Internacional, que obliga tanto a las FARC como al ELN, al Estado y a los paramilitares a respetar las normas fundamentales para que la comunidad civil no se vea en medio del fuego cruzado. Por eso, así como se deben repudiar las ejecuciones por parte de los paramilitares, hay que rechazar las violaciones a los derechos humanos que produce la guerrilla. Además, el Estado debe sancionar a las fuerzas militares en connivencia con los paramilitares, porque para tener legitimidad debe demostrar que quien viola los derechos humanos es castigado. Pero mientras tanto es necesario que el diálogo de paz continúe. Hay un desencanto de la población en ese sentido, y justamente por eso tiene que haber señales claras, no sólo de diálogo sino de compromiso para que las negociaciones den resultados concretos, porque el resultado de la suspensión sería una escalada de violencia que llevaría a un conflicto aún más peligroso, no sólo para Colombia sino para toda la región. 
* Vicepresidente de la Federación Internacional de DD.HH.