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Por
Irina Hauser
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Enrique Crotto,
llegó el jueves a su cuarta reelección consecutiva con un
proyecto bajo el brazo: radicalizar las sanciones disciplinarias contra
los socios. Sabía que en la asamblea posterior al comicio se enfrentaría,
por primera vez en la historia, con un grupo de estancieros disidentes
decididos a rechazar todos sus planteos y balances contables. Son los
mismos que acusan a las autoridades de la institución por la venta
del predio para convertirlo en un gran shopping de entretenimientos, operación
orquestada por el banquero menemista Raúl Moneta y que está
bajo investigación judicial. El proyecto mordaza, como lo llama
la oposición, fue rechazado de plano hasta por la propia tropa
de Crotto. Pero el borrador no tiene desperdicio: pretendía castigar
a quienes contrariaran -.según el criterio unilateral de la cúpula
ruralista-. hasta el “estilo” o los “valores” de la
SRA.
La entidad a la que el común de los argentinos conoce por sus exposiciones
de vacas, toros y caballos, en las que productores y empresarios del sector
agropecuario regalan calcomanías y muestras gratis de su producción
tiene como titular a Crotto desde 1994. Es un hombre que sabe muy bien
que en realidad la Rural es un lugar de poder económico -.y político-.
clave. Crotto se presentó en una lista única, como suele
suceder, pero no está tranquilo. Nunca tuvo una oposición
tan fuerte, encarnada en un grupo de unos cuarenta productores que señalan,
entre otras desgracias, sus posibles negocios espurios. No sólo
eso, sino que también carga con la amenaza de una inminente citación
judicial.
Los disidentes de la Rural empezaron a hacer ruido a fines de julio, cuando
repudiaron el desfile de caballos de Moneta en la inauguración
de la Exposición Rural de este año. En el grupo figuran,
entre otros, tres hijos de ex presidentes de la Rural, el comodoro Juan
José Güiraldes, Carlos Firpo Peña y Celedonio Pereda.
En la asamblea del jueves pasado que debía convalidar las nuevas
autoridades, reformas al estatuto y balances contables, volvieron al ruedo.
Pidieron la impugnación del evento, una cuestión que deberá
resolver la Inspección General de Justicia. Y se solidarizaron
con los periodistas, a los que les fue prohibida la entrada a menos que
fueran socios de la SRA.
El intento de Crotto de reformular las normas del tribunal de disciplina,
e incluso de ampliarlo en su número de integrantes, es sugestivo.
Sobre ese tema este diario mantuvo con él un diálogo casi
zen. –¿Por qué tiene tanto interés en cambiar
las normas disciplinarias? .le preguntó Página/12.
–Bueno... queremos un nuevo sistema de tribunal de honor, el que
tenemos ahora es muy lento. Imagínese que data del estatuto de
1866.
–¿Y en qué se manifiesta esa lentitud? ¿Por
ejemplo, hay muchos acusados acumulados?
–No, en rigor no hay ninguno.
Crotto propuso modificar el texto original sobre las sanciones (que pueden
llegar hasta la expulsión del socio cuestionado) agregando algunas
causales que pueden llevar a esa instancia: “Actos u omisiones que
configurasen incumplimiento de las obligaciones impuestas por los estatutos,
reglamentos y demás disposiciones internas de la Sociedad o que
desvirtúen sus finalidades”. “... observar una conducta
notoriamente perjudicial o contraria a los intereses sociales, o contraria
a los principios, propósitos, valores, o estilos de la Sociedad
o agraviantes, calumniosas, injuriosas o de cualquier otro modo lesiva
para sus autoridades o sus socios”. “Haber cometido actos graves
de deshonestidad, o engañado o tratado de engañar a la Sociedad
o bien haber cometido actos u omisiones que pudieran afectar la buena
fe, o la confiabilidad de los registros, constancias o decisiones de la
Sociedad”. El texto restringía las posibilidades de apelación
sólo a los casos en que la sanción impuesta fuera una suspensión
de derechos por un plazo mayor a un año o la expulsión.
Pero Crotto no se salió con la suya: la mayoría de los presentes
en la asamblea rechazaron la iniciativa al verse claramente en peligro.
A muchos no se les habrá olvidado la denuncia pública que
hizo a mediados de julio el comodoro Güiraldes, socio vitalicio y
descendiente de uno de los fundadores, quien atribuyó a Crotto
la distribución de un panfleto en el que lo ridiculizaba al decir
que “se disfraza de gaucho” e incluía como “prueba”
un listado de amigos o socios con apellido judío diferenciados
con un acentuado subrayado.
Lo cierto es que además de haber sido denunciado ante la comunidad,
Crotto fue demandado por la Asociación Amigos del Lago junto con
un lista de funcionarios y empresarios. La investigación llevó
al fiscal José María Campagnoli a la conclusión de
que la operación que permitió a la SRA comprar el tradicional
predio de Palermo fue una “venta fraudulenta”. La venta de las
12 hectáreas de tierra pública del Parque Tres de Febrero
se concretó en diciembre de 1991 con un decreto firmado por el
ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía Domingo
Cavallo. Para Campagnoli, la transacción respondió a una
decisión “tomada en base a pactos y acuerdos cerrados”
entre el gobierno del riojano y los directivos de la Rural. Además,
los terrenos se vendieron en 30 millones de dólares, un valor diez
veces inferior al de mercado, con el argumento de que la SRA era una sociedad
sin fines de lucro. El mismo día de la escrituración nació
“la Sociedad Rural de Palermo Sociedad Anónima”, cuyo
objeto era la explotación de todo tipo de negocios en el lugar
y cuyo titular era el mismo que el de la sociedad civil: Crotto. Luego
vino la sociedad con la firma norteamericana Ogden para convertir el predio
en un centro de cines, bares, jugueterías y cualquier clase de
entretenimiento imaginable. Un negocio redondo, en cuya gestación
participó el banquero Moneta.
El fiscal también acusó a la gestión del hoy presidente
Fernando de la Rúa en el gobierno porteño de participar
en “la segunda parte del fraude”, al aprobar en 1997 las dos
primeras etapas del proyecto de remodelación de la Rural, que incluyó
un megacentro de convenciones y un pabellón de 35 mil metros cuadrados.
Así fue que Campagnoli terminó pidiéndole al juez
Ricardo Farías, por lo que consideró “un vergonzoso
fraude en perjuicio de la República”, que indague como sospechosos
no sólo a Crotto, Moneta, Menem y Cavallo sino también a
más de medio centenar de personas entre las que figuran el propio
De la Rúa, el actual procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, el
ex presidente de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales, Matías
Ordóñez, el secretario porteño de Planeamiento, Enrique
García Espil, el ex ministro Roque Fernández, el ex presidente
de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri, y el ex ministro del
Interior, Carlos Corach, entre otros.
Mientras se paseaba el jueves por el subsuelo de la sede de la calle Florida
entre las urnas que lo consagrarían otra vez, Crotto criticaba
a sus detractores: “¿Por qué no se presentan a elecciones
si quieren que algo cambie? ¿Qué quieren impugnar, que les
ganamos por mucho?” Ante su gente de confianza decía, sin
embargo, que está preocupado porque es probable que el juez Farías
lo llame a indagatoria como sospechoso. Y porque la empresa Ogden comenzó
a amenazar con retirarse del negocio cuando el gobierno porteño
impidió continuar con la obra del shopping. Más aún,
ya estaría en busca de diez socios para comprar esa parte societaria
y ya contaría con el “sí” del leal Moneta.
“Si no fuera por Crotto nosotros, los del interior, no tendríamos
lugar en la exposición rural”, proclamaba un gaucho santiagueño
ajeno a las disputas sobre la venta del predio. Pero en la asamblea no
fueron todos elogios para el hombre re-re-reelecto. Algunos de los presentes
relatarona este diario que un auditor señaló que en el balance
oficial no estaban registrados 394.335 pesos de pérdidas, mientras
que algunos contadores advirtieron que la pérdida real sería
de 3.500.000. Entretanto, los más interesados en que Farías
resuelva lo antes posible el pedido del fiscal dicen estar convencidos
de que “habrá un festival de indagatorias”.
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