Por Martin Kettle
Desde Washington
Algunos
juristas norteamericanos creen que los votantes de Palm Beach en Florida
tienen una base sobre la cual plantear ante los tribunales la nulidad
del proceso electoral en su condado. La cuestión clave, sin embargo,
es si algún juez va a sostener esta pretensión (con s) de
la parte del electorado de Palm Beach que se siente agraviada. Una cosa
es revertir la elección del consejo directivo de una universidad
y otra ordenar un nuevo voto en un caso que tendría consecuencias
prácticas de verdad.
En Estados Unidos, como en la mayoría de las democracias, el Poder
Judicial es muy reacio a involucrarse, en cualquier forma que sea, con
las elecciones. Las presiones en un juicio como el que los ciudadanos
de Palm Beach quieren promover serían las más pesadas e
intensas que puedan imaginarse. No sólo la presidencia misma dependería
de la decisión, sino que además habría que cumplir
con un apretado cronograma, y a los jueces no les gusta que los apuren.
Como siempre, no es imposible encontrar precedentes que apoyen el reclamo
de los votantes iracundos de Palm Beach. Y no son lejanos. En 1998, la
Corte Suprema de Florida dijo que una elección podía ser
declarada nula incluso sin alegar fraude o dolo, lo que cuadraría
perfectamente con el caso que se disputa en Palm Beach. El derecho de
interponer la acción corresponde a los votantes, quienes deberán
presentar la demanda ante los tribunales de Florida, y no a Al Gore o
al Partido Demócrata. El partido puede financiar la demanda de
los votantes y se espera que Gore empiece a recaudar unos 3,3 millones
de dólares con este propósito.
Los votantes agraviados de Palm Beach argumentan que su intención
de votar por Gore se vio frustrada por la boleta electoral mariposa,
que ya se hizo célebre, que se usó en su condado. En la
boleta, el nombre de George Bush iba primero, el de Al Gore debajo. Pero
el segundo agujero en la línea de agujeros que había que
marcar era del candidato del Partido de la Reforma Pat Buchanan, que estaba
en la otra columna o ala de la boleta. El agujero de Gore
era el tercero. De los nombres de los candidatos salían flechas
hacia el agujero correspondiente.
Los abogados dicen que la boleta les da dos razones a los que intenten
iniciar acciones legales. En primer lugar, no se conforma a la ley electoral
de Florida, porque ésta ordena que los votantes deben marcar su
voto a la derecha del nombre del candidato. En segundo lugar, afirman
los abogados, la boleta provocó que los votantes se confundieran
y así literalmente perdieran su voto. Muchos votantes afirman que
por error votaron por Buchanan, mientras que 19.000 boletas fueron impugnadas
porque los votantes votaron dos veces.
El precedente jurisprudencial del estado de Florida que parecería
permitir a los votantes agraviados promover su acción legal en
una difícil elección de sheriff en 1998, cuando la Corte
Suprema estadual sentenció que los tribunales pueden invalidar
una elección cuando existan dudas razonables acerca de si
la elección expresa realmente la voluntad de los votantes.
En tales circunstancias, los tribunales deben declarar nula la elección,
incluso en ausencia de fraude o alevosía. Los pedidos
de nulificar la elección pueden basarse en sobornos o inhabilitación
de los candidatos causales que aquí no se aplicarían
como también en cualquier otra causa que demostrara
que las intenciones de voto y el voto efectivo no coinciden.
Los funcionarios que supervisaron la elección podrán argumentar
que la mayoría de votantes (unos 400.000) sí usaron correctamente
la boleta. Y pueden alegar un fallo de los tribunales de Florida en 1974
que decidió que la mera confusión no significa un
impedimento para el libre sufragio de los votantes si aquélla se
resolvía estudiando la boleta en un tiemporazonable. Más
aún, las boletas mariposa fueron usadas antes en el mismo condado
de Palm Beach sin levantar objeción alguna. Aun cuando los demandantes
tienen el derecho de acción, los tribunales siempre fueron muy
reacios a ordenar vueltas al primer casillero y repetición de elecciones,
incluso en el caso de 1998. Pero tienen el poder de hacerlo. La orden
más probable, en el caso hipotético de una revotación,
confinaría el derecho de votar en una segunda elección a
todos los que votaron el supermartes de la elección presidencial.
Una objeción clave para una nueva votación es que ocurriría
en un contexto radicalmente diferente de la primera. Esta segunda vez,
los votantes de un condado sabrían que tienen en sus manos el futuro
de la presidencia. En términos generales, los juzgados federales
dejan estas disputas a los tribunales locales y la mayoría de los
abogados piensa que la Justicia federal no quiere intervenir en este diferendo.
En el estado de Florida, los jueces de todas las instancias son elegidos
por el gobernador (en la actualidad, por el republicano Jeb Bush, hermano
de George W.), siguiendo las recomendaciones de una comisión de
juristas. Los siete jueces que podrían decidir en el caso de Palm
Beach, sin embargo, fueron designados en anteriores administraciones estaduales
demócratas. Los jueces de Florida también están sometidos
a elecciones periódicas.
Los que tuvieran que sentenciar en este caso lo harían sabiendo
que se convertirían en hombres y mujeres marcados por el partido
que se considerara desfavorecido por su voto. Y si las demandas de los
afroamericanos, que dicen que los votantes negros no pudieron votar el
martes fueran aceptadas, ya intervendrían los juzgados federales.
Las apuestas son tan altas que algunos jusperitos empezaron a tener en
cuenta otro escenario, en el cual la elección de Florida permanece
sin resolverse mientras el 18 de diciembre el Colegio Electoral se reúne
en Washington para elegir al próximo presidente. Si Florida no
puede certificar un equipo de 25 electores para tomar parte en el encuentro
del Colegio, ningún candidato llegaría a los 270 votos que
necesita para la victoria. En ese caso, decidiría la Cámara
de Representantes (diputados) en el Congreso y cada una de las 50 delegaciones
estaduales tiene un voto. Y en este caso Bush sería presidente.
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