A Mauricio Macri le cobraron penal. El juez Carlos Liporace (que no es el suspendido por el Consejo de la Magistratura) lo procesó ayer por contrabando agravado y le trabó un embargo millonario, por 4,9 millones de pesos. La mala nueva para el presidente de Boca se produjo al día siguiente en que confirmó sus aspiraciones por iniciar una carrera en la política nacional, seguramente de la mano de Carlos Menem. El entusiasmo que mostró Macri por su posible postulación en las próximas elecciones se vio empañado ante la resolución de la Justicia. Lo procesaron, como había ocurrido antes con su padre, Francisco, por las presuntas maniobras de la desaparecida automotriz Sevel en 1993, por las que exportaba autopartes a Uruguay y luego importaba vehículos terminados, cobrando en ambos casos reembolsos aduaneros.
“Mauricio está muy tranquilo porque no tiene vinculación con el hecho que se le imputa”, aseveró su vocero, Iván Pavlovsky. Sin embargo, su situación ante la Justicia es cada vez más comprometida. Macri había escapado al procesamiento cuando el juez Guillermo Tiscornia –ahora suspendido– dictó su falta de mérito en la causa, aunque en el mismo trámite procesó a su padre –titular del grupo Socma– y a otros directivos de Sevel, entre ellos a Doménico Ferraris, máximo responsable de Sevel Uruguay. Sin embargo, el 18 de octubre pasado la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico revocó la falta de mérito de Mauricio y consideró que, a su juicio, la responsabilidad de padre e hijo en el presunto contrabando agravado era idéntica. Por lo tanto, ordenó al juez Liporace –reemplazante de Tiscornia– que profundizara la investigación.
El magistrado resolvió ayer procesarlo y trabarle embargo por 4,9 millones de pesos. También procesó a otros dos ex directivos de Sevel: Armando Amasanti y Luis Da Costa. La causa que los involucra se inició en paralelo a otra investigación de un juzgado de Córdoba contra Renault, por maniobras similares a las que se le imputan a Sevel. La automotriz que perteneció a los Macri habría cometido contrabando al enviar autopartes a las firmas Sevel Uruguay y Drago, bajo el régimen de exportaciones definitivas, lo cual le permitía cobrar reintegros del Estado. En Uruguay, las autopartes eran ensambladas en las fábricas de aquellas dos compañías –también controladas por los Macri– y luego se exportaban a la Argentina como vehículos terminados, sin pagar aranceles por el sistema de intercambio comercial del Mercosur.
La maniobra habría ocasionado un perjuicio al fisco argentino por cerca de 300 millones de pesos, de acuerdo a estimaciones preliminares de la Justicia. Mauricio Macri prefirió guardar silencio. El grupo Socma se expresó a través de su vicepresidente, Jorge Aguado, quien emitió un comunicado señalando que “esta resolución constituye sólo un trámite procesal” y que la causa sigue su curso. “También se ha dispuesto la realización de medidas de prueba hasta ahora no realizadas en el proceso, las cuales en conjunto con otras que propondrá la defensa, confiamos llevarán a la conclusión de la inexistencia de cualquier delito”, agrega.
Fuentes cercanas a la causa indicaron a este diario que tanto el juez Liporace como el Gobierno dilataron los tiempos del proceso, al solicitar nuevas medidas de prueba supuestamente injustificadas. Por ejemplo, la Aduana pidió al juez que ampliara las investigaciones a los años 1994 y 1995, lo cual podría haber corrido por un canal paralelo. Lo más llamativo fue que la solicitud del organismo se produjo un día antes de que el mismo se retirara como querellante, por una orden expresa de José Luis Machinea. Las mismas fuentes indicaron que Liporace debió haber dictado el procesamiento mucho antes, y especularon que las demoras se deben a que Mauricio Macri podría quedar a salvo de un fallo adverso si en octubre se convierte en senador o diputado. Todo lo contrario dijo una de las personas más allegadas a Macri a este diario. “Es llamativo que cuando Mauricio confirmó su interés en postularse como candidato, la Justicia saque esta resolución en su contra”, dijo, imaginando teorías conspirativas.

ARGENTINA PERDERIA STATUS DE PAIS SIN VACUNACION
Aftosa del país que no miramos

El gobierno intentó bajar el tono de la decisión brasileña de suspender las importaciones de carnes vacunas con hueso y animales en pie producidos en Argentina a raíz del destape del problema de la fiebre aftosa. Aunque se realizarán campañas de vacunación en las principales zonas ganaderas del país, el vocero presidencial Ricardo Ostuni consideró que “felizmente, Argentina sigue siendo país libre de aftosa sin vacunación, excepto en las zonas donde se hagan vacunaciones”.
Ostuni también optó por acusar al gobierno de Carlos Menem por haber dejado de vacunar luego de que el país obtuviera el rango de libre de aftosa sin vacunación en 1999, no obstante haber recibido recomendaciones en contrario. Por su parte, el ministro de Economía, José Luis Machinea, negó hoy que se evalúe el reemplazo del secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Antonio Berhongaray, quien con la excusa de la cuestión pesquera, optó ayer por mostrarse junto al presidente Fernando de la Rúa en el centenario de la ciudad patagónica de Comodoro Rivadavia. Machinea, también en la Patagonia pero en la zona cordillerana próxima a Bariloche, señaló que “lo que está haciendo la Argentina es vacunar en forma preventiva en la zona de invernada, en la que parte de los animales provienen de Formosa”.
En tanto, el gobierno bonaerense ya instaló 22 puestos fijos y móviles en rutas de tránsito de ganado en pie, “para evitar la salida de animales enfermos de aftosa de los partidos del noroeste provincial”. El Ministerio de Agricultura de la provincia, Haroldo Lebed, dijo que “nuestra intención es la de evitar la salida de animales de los partidos del noroeste bonaerense, que en su momento estuvieron comprometidos por esta enfermedad, permitiendo sólo el traslado de hacienda con destino a faena”.
Mientras Brasil ya cerró sus fronteras al ganado argentino, entre los sectores exportadores era ayer evidente el temor por la reacción de los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), quienes en agosto pasado, cuando se detectó la presencia de animales infectados, cerraron rápidamente sus fronteras. En tanto, la Unión Europea (UE), el principal comprador de carne argentina con 291 de los 597 millones de dólares que exportó el país en el 2000, no suspendió las importaciones de la cuota de 20.000 toneladas de corte de calidad que adquiere anualmente.
La Oficina Internacional de Epizootias (OIE) notificó el miércoles que, tras la vacunación, Argentina perdería su estatus sanitario de nación libre de aftosa sin restricciones. El titular de la Asociación de Industrias Argentinas de Carnes, Héctor Salamanco, dijo, sin embargo, que esta decisión de la OIE “no tiene implicancias económicas ya que no teníamos acceso pleno a ningún mercado como país libre de aftosa sin vacunación”.
Luciano Miguens, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, sintetizó la situación comercial emergente de la nueva realidad. “Se perderán algunos mercados que todavía había que ganar, como son los de Japón, Corea y México, que exigen sin vacunación, no así los de la UE, Estados Unidos y Canadá que exigen carne sin hueso”, explicó.

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