Por Horacio Verbitsky

A 25 años del último golpe militar, las Fuerzas Armadas vuelven a extralimitarse sobre asuntos de seguridad interior y política exterior, que las leyes vigentes les prohíben. El Estado Mayor Conjunto, a cargo del general de división Juan Carlos Mugnolo, practica un seguimiento insustancial pero detallado sobre las “Amenazas hacia la República Argentina” que surgirían del Plan Colombia, analiza un hipotético apoyo de las FARC colombianas a indeterminados “grupos violentos” argentinos, pone bajo la lupa militar a organizaciones ecologistas y de derechos humanos y contempla la participación de las Fuerzas Armadas argentinas en el conflicto colombiano. Al mismo tiempo, un Grupo de Trabajo de Estrategia Nacional planifica a pedido del secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, Angel Tello, respuestas para las denominadas “nuevas amenazas”. Inspirador de ese GRUTEN es el coronel Oscar Onell, asesor de Tello y denunciado por la desaparición de un soldado conscripto en 1976. Tello proviene de la denominada corriente progresista de la UCR liderada por el ministro del Interior Federico Storani. Además, el ministro de Defensa Ricardo López Murphy creó dentro del Estado Mayor Conjunto la Dirección de Inteligencia para la Defensa, también enfocada sobre cuestiones de seguridad interior. El informe que la jefatura de inteligencia del Estado Mayor Conjunto envió a las tres Fuerzas Armadas está plagado de obviedades del tipo: “El atractivo del cultivo de coca es su precio de venta” y de informaciones superfluas para la Argentina como las rutas que sigue la droga para llegar a Rusia. Esta inconsistencia no le quita gravedad. El documento consta de un informe base y de actualizaciones semanales, con referencias a cuestiones tan alejadas de la competencia militar como la inmigración, el movimiento de los Sin Tierra y el lavado de dinero. En cambio, ignora las cuestiones de táctica, tecnología y estrategia militar que justificarían su existencia. Para que no queden dudas sobre el grado de autonomía intelectual de los autores, tanto el mapa de Bolivia como el de Paraguay tienen sus referencias en inglés. La frontera internacional se identifica como “international boundary”, las vías férreas como “railroad”, las carreteras como “road”. Brasil está escrito con Z.

La guerra social

Según el informe, durante la reunión de ministros de Defensa de octubre pasado, Estados Unidos no consiguió apoyo regional para el Plan Colombia, “pero instaló la idea de que el narcotráfico puede ser igual a la guerrilla. Lo que está en juego es si el narcotráfico era un problema de represión policial, ahora trasciende ese espacio y se proyecta como una cuestión que incumbe a los ministerios de Defensa y por consiguiente, puede eventualmente involucrar a las Fuerzas Armadas”, dice. Ya el 16 de marzo del año pasado, al inaugurar el Curso Superior de las Fuerzas Armadas, López Murphy había enumerado las “nuevas amenazas” que se cernirían sobre la sociedad: “La pobreza extrema, la superpoblación y migraciones masivas, el terrorismo internacional, el narcotráfico, el fundamentalismo religioso y las luchas étnicas y raciales”. Esto ha “revalorizado el poder militar dentro de las estructuras de las naciones, al tener que asumir nuevos roles y compromisos en el orden nacional”, agregó. Ante una requisitoria del Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, López Murphy admitió haber pronunciado tan inquietantes palabras. Pero dijo que había sido “en un ámbito académico, como reflexión” y prometió “el irrestricto cumplimiento de la legislación vigente”. Hoy es evidente que las Nuevas Amenazas, lejos de constituir un mero ejercicio intelectual, son el eje de la gestión López Murphy/Tello,con consecuencias concretas violatorias de la ley que juraron cumplir y hacer cumplir.
El documento que el Estado Mayor Conjunto envió a las Fuerzas Armadas analiza las amenazas que se derivarían para la Argentina de la regionalización del conflicto colombiano y las ordena según su origen. Ninguna de ellas es de índole militar:
Desde Bolivia: “Aumento de las rutas y cantidades de tráfico a través de Salta y Jujuy; desplazamiento de los lugares de elaboración hacia nuestro país; incremento del tráfico de precursores por la frontera en común; tráfico de armas hacia Bolivia, tanto para el narcotráfico boliviano como para la guerrilla colombiana”.
Desde Paraguay: “Incremento de la producción y el tráfico de marihuana hacia nuestro país; incremento del tráfico de cocaína; aparición de nuevos grupos de traficantes locales; enfrentamientos entre los nuevos y viejos grupos de traficantes; tráfico de armas hacia Paraguay, para el narcotráfico local y colombiano; tráfico de armas desde Paraguay hacia Argentina para organizaciones locales y bolivianas.. El informe sostiene que el tráfico de Paraguay hacia nuestro país es mayoritariamente de marihuana y que es “muy escaso el tráfico de cocaína”, lo cual quita sentido a la vinculación de este capítulo con el Plan Colombia. En un claro avance sobre competencias de la Cancillería y de la SIDE, el Estado Mayor Conjunto sostiene que “las organizaciones de narcotraficantes tienen una muy fuerte relación con importantes sectores del poder de Paraguay., en cuyas fuerzas de seguridad existe .ineficacia y corrupción que favorecen el accionar delictivo”. También afirma que “existe una gran inestabilidad política y social”. Con la misma concepción de la seguridad nacional que en la década del 70 condujo a las Fuerzas Armadas argentinas a su peor catástrofe histórica, el informe del Estado Mayor Conjunto analiza las “ocupaciones de propiedades privadas en zonas urbanas y rurales de Lambaré, San Lorenzo y Neemby” por parte del movimiento paraguayo de los Sin Techo, a quienes atribuye presunto apoyo logístico de las FARC colombianas.
Desde las FARC: “Apoyo a los grupos violentos que operan en el país, capitalizando la grave situación socioeconómica, para promover la denominada guerra social”. Como ejemplo menciona las conferencias pronunciadas “en universidades y sedes partidarias izquierdistas” por el delegado de la guerrilla colombiana Javier Calderón.
El Estado Mayor Conjunto da por sentado que los incidentes que se produjeron durante la visita al país del presidente colombiano Andrés Pastrana fueron resultado de una reunión realizada en Manta, Ecuador, en junio de 2000, a la que habrían asistido delegados de las FARC colombianas y del Partido Comunista de Ecuador. Allí se habría decidido “promover la denominada guerra social”. Su primera fase consistiría en “protestas sociales, sectoriales y sindicales en Ecuador, Colombia y Perú”. La segunda fase comprendería a Brasil, México y la Argentina “con el objetivo de lograr la desestabilización general”.
El documento menciona visitas que habrían realizado a la Argentina delegados de las FARC (lo cual es público y notorio) y de los paramilitares, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cosa que hasta ahora no se sabía. El documento no aclara si los paramilitares tomaron contacto con el gobierno, el Ejército o el Estado Mayor Conjunto. También señala que continuarán las presiones y acciones externas para involucrar a las Fuerzas Armadas argentinas en la lucha contra el narcotráfico y que .seguirá en aumento la cantidad de inmigrantes ilegales”. En un ítem denominado “tres fronteras, Sin Techo”, el documento afirma que “se incrementa la potencialidad de frontera del delito”.

Fases

El informe reseña las tres fases del “Plan de Campaña del Comando Sur” y vaticina que cuando Estados Unidos realice .Operaciones Militares Decisivas. la estructura del narcotráfico “se va a desplazar hacia el sur, afectando no sólo a los países andinos (zona de producción) sino a los países que han sido tradicionalmente zona de tránsito”:

Fase I (2000-2002).

Asistir a los países de la región en el aumento de sus capacidades para actuar en las zonas de producción. Se realizará mediante:
Interdicción en las zonas de tránsito y arribo.
Establecimiento de lazos operacionales y tácticos.
Mejorar la infraestructura.
Mejorar la capacidad de interdicción dispuesta en su primer etapa

Fase 2 (2002-2007).

Apoyar el desarrollo de operaciones regionales decisivas. A través de:
Apoyo de interdicción en las zonas de tránsito y arribo.
Destrucción de laboratorios.
Interdicción de precursores.
Ruptura de cadenas de narcotraficantes.
Decomiso de drogas ilícitas.

Fase 3 (A partir de 2007).

Apoyar el mantenimiento de los logros obtenidos.
Según el Estado Mayor Conjunto “las operaciones decisivas en la zona de producción serían desarrolladas en la fase 2 y determinarán qué capacidades se requieren de las naciones aliadas y cómo los Estados Unidos conducirán los apoyos en la zona de tránsito”. Añade que esas operaciones decisivas requerirán que “los países aliados comprendan los aspectos centrales y desarrollen sus planes, identifiquen los límites y las debilidades, coordinen los planes y las actividades”. Como si la opinión de los afectados fuera una cuestión menor para la calidad de la democracia, el informe consigna que “pese a ser rechazado por los 200.000 campesinos a los que afecta”, el Plan boliviano de erradicación y sustitución de cultivos de hoja de coca en la zona del Chapare, “está logrando importantes éxitos. Los Estados Unidos han ampliado la asistencia económica para la erradicación en 100 millones de dólares y financiaron dos millones de dólares para la construcción de tres modernos cuarteles antidroga”. La apetencia de recursos es una de las claves de la indulgencia con que la conducción castrense se desliza hacia una nueva ronda de su persistente vocación policial. En ese sentido, la responsabilidad del gobierno nacional es ostensible: el Congreso aprobó una ley de reestructuración castrense que dispuso un incremento presupuestario del 3 por ciento anual, pero López Murphy no lo incluye en el presupuesto de cada año como debería.

Las ONG

El informe atribuye las denuncias de los peligros del Plan Colombia para la región a no identificadas ONG “simpatizantes de las FARC”. Este afirmación dogmática permite descalificar a cualquier persona u organización que impugne la militarización estadounidense del conflicto como partidaria de la guerrilla. El informe atribuye a las FARC la busca de contacto con el movimiento de los Sin Tierra brasileños, de modo de ir constituyendo un enemigo único, al estilo de la década de 1970, y consigna que el 30 por ciento de los militares brasileños asignados en la Amazonía “son indígenas”. La misma impronta racista se advierte en el capítulo dedicado a Ecuador, según el cual “persiste el problema del indigenismo en el país (47 por ciento)” que “agravará los conflictos internos”. Para elEjército argentino, que suprimió el indigenismo local con la campaña al desierto del siglo XIX, el indigenismo ecuatoriano es uno de los factores que sume a ese país “en una ola de decadencia e inestabilidad” (sic). El general Mugnolo es pelirrojo y pecoso. También atribuye a organismos no gubernamentales de derechos humanos y ecologistas el temor de que el uso por Estados Unidos de la base de Manta ponga en peligro la paz de Ecuador. La comprensión de los analistas militares sobre los intereses de cada país no parece descollante. Por ejemplo, afirma que la preocupación de Brasil obedece “a la seguridad de sus fronteras, permeables hasta el momento al accionar del narcotráfico” y minimiza la alarma brasileña por la intervención norteamericana en la región. El 17 de enero de este año, en la audiencia de confirmación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el nuevo secretario de Estado, general Colin Powell mencionó el apoyo que se seguiría dando al Plan Colombia y agregó un tipo de reflexión que está ausente en el informe de la inteligencia militar argentina: “Al mismo tiempo, tenemos que hacer todo lo que podamos en el orden local para eliminar la causa de esa emergencia, que es el ciudadano norteamericano que consume drogas. Y tenemos que asegurarnos de que éste también sea un elemento esencial de nuestra estrategia para Colombia”.

Uno por semana

Aparte del documento base, el Estado Mayor Conjunto envía cada semana a las jefaturas de inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea una planilla de actualización sobre la situación en la Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Venezuela. Uno de esos partes semanales explicita sin rubor el negado nexo entre el Ejército colombiano y los paramilitares. Dice que el Ejército colombiano carece de un verdadero servicio de inteligencia, al que denomina “principal arma antisubversiva”, ya que “no existe una legislación que le permita usar sus usuales recursos”. Y dadas esas “deficiencias prosperan los paramilitares”, que no tienen limitación legal alguna. Otro parte expresa que el Chapare boliviano puede convertirse en “una nueva Chiapas”. Un tercero informa que los jefes de los servicios de inteligencia de Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela se reunieron para tratar “una agenda eminentemente técnica”, eufemismo que encubre la falta de información sobre uno de los pocos temas en que se justificaría la preocupación de la inteligencia militar. Sobre la Argentina, los partes se aventuran en temas políticos, que con toda seguridad escapan a la competencia castrense: “De mantenerse una política permeable en cuanto a control de migración nuestro país seguirá siendo utilizado por extranjeros (en su mayoría de Bolivia, Paraguay y Perú, indocumentados) para ingresar droga, con complicidad de mercaderes locales”. También prevé “presiones económicas, políticas y militares de Estados Unidos, para involucrar más activamente [a la Argentina] a apoyar el Plan Colombia”, de lo cual el propio documento es una buena prueba. Su vaticinio es que con tal fin “Estados Unidos podrá llevar a cabo acciones que convulsionen los ámbitos político-económico-militar en Latinoamérica”.

¿Una Estrategia Nacional?

Este es el escueto relato que la señora Dedid Angélica Molina de Thomas formuló a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas al concluir la dictadura militar sobre la desaparición de su hijo, Alfredo Mario Thomas: “El 5 de junio de 1976 se encontraba de licencia en mi domicilio (en Mar del Plata) ya que estaba cumpliendo el servicio militar en Azul. Lo citan y mi hijo se presenta, quedando incomunicado durante cinco días. Luego, el 14 de junio lo visito. Pregunto siempre por teléfono cuándo lo dejan en libertad. Permaneció 25 días en el calabozo delcuartel; hablo por teléfono y me comunican que se había ido de baja con todas sus pertenencias. Su jefe, el coronel Pedro Pablo Mansilla, el teniente Gómez Centurión, el capitán Oscar Onell y Guillermo Duret son los responsables de esta desaparición”. En marzo de 1981 un compañero de servicio militar de Alfredo Thomas visitó a su familia .y nos contó que había visto a mi hijo en un campo de concentración en La Quiaca”. En su libro “El escuadrón perdido” el ex capitán José Luis D’Andrea Mohr, quien murió el último jueves, reproduce el relato de otro compañero de cautiverio de Thomas. “Los intimidaban con pistolas o fusiles en la cabeza y dentro de la boca; los rociaban con líquidos inflamables y amenazaban quemarlos; les advertían sobre la presencia de vidrio molido en la comida (práctica utilizada por el oficial que los amenazaba para eliminar perros en la unidad). No les dieron agua y tampoco les permitieron ir al baño durante los primeros días de los veinte a veinticinco que duraron el cautiverio y los interrogatorios”. El entonces capitán Onell, hoy coronel retirado, es el hombre que asesora sobre “nuevas amenazas” al ministro de Defensa y al Secretario de Asuntos Militares desde el Grupo de Trabajo de Estrategia Nacional. Lo acompaña en esa tarea el ex mayor Jorge Pedro Mones Ruiz, quien acaba de cumplir los diez años de reclusión que le impuso la Justicia por participar en el último alzamiento carapintada, el 3 de diciembre de 1990.
El 9 de mayo del año pasado, López Murphy firmó la resolución 490, que delegó en el jefe del Estado Mayor Conjunto la creación de la Dirección de Inteligencia para la Defensa, encargada de producir en forma conjunta inteligencia estratégica nacional. En apariencia, estaba cumpliendo con el artículo 15 de la ley de Defensa Nacional. Pero sólo en apariencia, porque el texto de la ley establece que ese organismo dependerá “en forma directa e inmediata” del ministro de Defensa y no del Estado Mayor Conjunto. Además, la resolución encomendó al nuevo organismo la obtención de información y la producción de inteligencia estratégica correspondiente a “las misiones subsidiarias asignadas a las Fuerzas Armadas”. Esta críptica referencia era un alambicado modo de permitir la inteligencia sobre Seguridad Interior, que las leyes prohíben a las Fuerzas Armadas. El 25 de octubre de 2000 la Comisión de Defensa del Senado aprobó un proyecto de resolución del aliancista Néstor Daniel Rostán, firmado por representantes de todos los partidos (los radicales Mario Losada y Luis León, los justicialistas Antonio Cafiero y Beatriz Raijer, el provinciano Roberto Ulloa, entre otros). Su texto solicitaba al ministerio de Defensa modificar la Resolución, de modo que la Dirección de Inteligencia para la Defensa dependiera en forma directa e inmediata del ministro, como manda la ley, y que la inteligencia sobre las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas se limitara a las misiones de paz de las Naciones Unidas y no incluyera la Seguridad Interior. Cuando el Senado iba a aprobar la resolución por unanimidad, Defensa pidió que se postergara su tratamiento y prometió efectuar la enmienda en forma espontánea. Los senadores cumplieron lo acordado.

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