Página/12

“La Telefónica de Villalonga destinó 900 millones a sobornos en Argentina.” El titular del diario El Mundo de Madrid levantó ampollas en la piel de una de las principales empresas españolas. Los 900 millones correspondían, en pesetas, a unos siete millones de dólares. De todas formas, en la península la cifra es espeluznante y abre otro frente en la polémica por la investigación de lavado de dinero. “Telefónica de Argentina –señala el artículo– pagó durante 1997 y 1998, bajo la presidencia de Juan Villalonga, el menos 870 millones de pesetas a sociedades de su accionista Raúl Moneta, financiero argentino procesado por diversos delitos económicos.”
“Moneta –continúan Manuel Cerdán y Antonio Rubio, los dos hombres de la redacción de El Mundo que investigaron las alternativas del Yomagate y las andanzas de Monzer Al Kassar– exigió dichos pagos a Telefónica para compensar las comisiones pagadas por él a jueces y políticos para conseguir el llamado rebalanceo de tarifas.” Los periodistas señalaron que la compañía, “tras efectuar fuertes inversiones, consiguió en 1997 de Menem un cambio en el sistema de tarifas muy favorable a sus intereses económicos”. El Mundo relata una historia conocida, pero que retoma vuelo en el marco del escándalo que envuelve al Banco República, al Citibank, a una offshore de Moneta, el Federal Bank, y salpica con fuerza ahora a una de las concesionarias de los servicios telefónicos. El rebalanceo, asegura apoyándose en los datos aportados por su corresponsal en Buenos Aires, se topó con la furia de los usuarios, soliviantados y dispuestos a no hacer efectivo el pago de los recibos. “Finalmente las protestas contra Telefónica llegaron hasta la Corte Suprema y al Congreso. La dirección de Telefónica de Argentina, ante la gravedad de los hechos, encargó a Raúl Moneta, conocido en Argentina como el banquero de Menem, la compra de voluntades a fin de reconducir la situación.”
Cerdán y Rubio agregan que el “economista Luis Balaguer, un experto en los negocios sucios de Moneta y el Federal Bank, acusó al magistrado de haber cobrado 100 millones de pesetas (más de 500 mil dólares) a través de la entidad financiera del banquero de Menem”. El relato subraya que la empresa concesionaria de la zona sur de los teléfonos, en esas fechas presidida por Luis Martín Bustamante, “canalizó el dinero para el pago de las comisiones a través de cuentas del Banco República (...) Para justificar los pagos, acudió a un sistema similar al de la Filesa del PSOE: pagar fuertes sumas de dinero por informes que nunca se realizaron o, si se elaboraron, no tenían ninguna utilidad”. Es obvio que la mención del “caso Filesa”, además de las similitudes señaladas tiene un sentido mayor: el “caso Filesa”, así como el que le costó la cabeza a Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, y la investigación del terrorismo de Estado protagonizado por los GAL fueron los tres episodios que hundieron en un insuperable descrédito los últimos años de la gestión de Felipe González.
La nota de El Mundo aporta una novedad: “La Telefónica de Villalonga –revela– adelantó al amigo de Menem (Moneta) seis millones de dólares a fin de asociarse con el CEI (la corporación que adquirió las empresas privatizadas)”. Hasta ahora sólo se conocía un hecho igual pero protagonizado por el Citibank: el Citi le prestó a Moneta alrededor de 80 millones para hacerlo su socio en el CEI. Una operación a primera vista escasamente comprensible. El diario El Mundo remarca en su edición de ayer que “el siguiente paso de Raúl Moneta consistió en que el CEI, del que ya era socio, desembarcara en los medios de comunicación. Esta operación se efectuó a través de Roberto Dromi, ex ministro de Menem. El propio Dromi se encargó, en 1999, de que Menem prorrogara la exclusividad a Telefónica”.
“La amistad entre Raúl Moneta y Luis Bustamante, director de Telefónica de Argentina –puntualiza– era de dominio público en Buenos Aires. El banquero Moneta formó parte del directorio de TISA (Telefónica Internacional).” Al panorama descripto en el artículo le falta, sin duda,una pieza básica: la presencia del Citibank, socio inigualable en la aventura argentina de Telefónica. Tanto es así que al abandonar la cúpula del Citi, John Reed pasó a ocupar el directorio de Terra, la pata de Telefónica en el mundo de Internet.
Finalmente, bajo el subtítulo de “Un diputado ya lo denunció a la Corte Suprema”, El Mundo recuerda la actuación de Héctor Polino en el controvertido tema del rebalanceo de tarifas. “Un veterano y combativo diputado del Partido Socialista Auténtico de la Argentina –así define al legislador– se enfrentó en 1977, en solitario, a las poderosas compañías Telefónica y Telecom (...) Polino presentó más de 20 mil recursos contra Telefónica y Telecom, que ganó. Después, la Cámara de Apelación confirmó la sentencia contra las compañías y las obligó a volver al cuadro tarifario anterior.” Polino mismo refirió al corresponsal que las telefónicas recurrieron entonces a la Corte, donde todo cambió. “Los representantes del partido del gobierno, los menemistas –evocó– votaron a favor de las compañías telefónicas y elevaron su resolución a un decreto que es a todas luces inconstitucional.”
“Años después –concluye el artículo–, el batallador diputado socialista sigue convencido de que ‘los jueces del Supremo fallaron de acuerdo con las instrucciones del poder político que estaba en la Casa Rosada y que se llamaba Carlos Menem’.”

LOS PERIODISTAS ESPAÑOLES ESTUVIERON EN JUNIO EN BUENOS AIRES
Un coletazo del derrumbe de Villalonga

En junio del año pasado la estrella de Juan Villalonga, el empresario insignia del milagro español, el que había privatizado Telefónica y la había convertido en una poderosa trasnacional, el que había logrado que las acciones de la empresa treparan un 500 por ciento, el amigo íntimo del presidente José María Aznar, estaba a punto de culminar una caída estrepitosa. Del cielo del milagro español a lo español más parecido a la pizza y el champagne de la Argentina en la era menemista. Aznar le había retirado su confianza entre escándalos de polleras y corrupción. Y el diario El Mundo, uno de sus antiguos aliados, investigaba su gestión. Ese mes, los periodistas Antonio Rubio y Manuel Cerdán llegaron a Buenos Aires para investigar las coimas de la filial argentina de Telefónica a jueces y políticos para lograr un muy favorable rebalanceo telefónico en 1997-98.
Rubio y Cerdán son periodistas de investigación ya familiarizados con Argentina por la investigación que realizaron del Yomagate y Al Kassar para la revista Cambio 16. Traían en la valija el informe de un alto funcionario de Telefónica sobre este dinero. La misma empresa había ordenado una investigación sobre el derrotero de cerca de seis millones de dólares. El dinero se había usado para pagar tres informes de asesoramiento económico pero había entrado en la cuenta personal del banquero Raúl Monetta, quien en ese entonces era socio de Telefónica a través del CEI.
Con estos antecedentes, los periodistas efectuaron varias entrevistas y se dirigieron el Banco Central, lo cual confirmó los documentos que ellos tenían y la conclusión de que el dinero había sido requerido por Monetta para los gastos que había realizado en la desgastante tarea de convencer a funcionarios, jueces y legisladores sobre los beneficios del rebalanceo tarifario que desencadenó una protesta masiva de los usuarios telefónicos.
Cuando regresaron a España, Villalonga estaba acorralado y las historias de sus actitudes desopilantes de superempresario mundial tenían el atractivo de la decadencia del imperio romano, con lo que la anécdota argentina quedó relegada. En julio, Aznar le bajó el pulgar a su ex compañero de pupitre de la aristocrática escuela del Pilar de Madrid. El Estado español desistió de llevar a los tribunales a su ya desahuciado y otrora hijo predilecto y prefirió otorgarle una indemnización de casi treinta millones de dólares. Y la investigación sobre las coimas en Argentina fueron archivadas con la renuncia de Villalonga. Hasta que ayer, los editores decidieron sacarlas a la luz a raíz de las denuncias del contador Luis Balaguer publicadas en Buenos Aires por Página/12 sobre el dinero que habría recibido por este tema el magistrado de la Corte Suprema, Enrique Petracchi.
La investigación realizada por Telefónica había llegado a manos de Villalonga. La resolución del ditirámbico emperador de las comunicaciones españolas fue ascender a los protagonistas: Monetta a asesor de Telefónica Internacional y el titular de la filial argentina, Luis Bustamante, fue a España como segundo de a bordo. Algunas versiones dicen que Bustamante se llevó su jefe de guardaespaldas, Luis Enciso, un criminal buscado por su participación en la banda de Aníbal Gordon durante la dictadura. Estas versiones aseguran que Enciso se esfumó de Madrid cuando se produjo la detención del represor de la ESMA, Ricardo Cavallo, en México. El mismo Bustamante quedó fuera de Telefónica con la caída de Villalonga.
El carácter de Villalonga forma parte del contexto de estas coimas. Llegó a la presidencia de Telefónica dos meses después de la llegada de José María Aznar a la presidencia española. “Es cierto, pero recuerden que yo siempre fui el número uno” respondía Villalonga cuando le recordaban que había sido compañero de estudios del presidente. El empresario estaba casado con Concha Tallada, íntima amiga de la primera dama Ana Botella y los dos matrimonios solían vacacionar juntos.
En 1996, Aznar lo nombró al frente de Telefónica para que terminara su proceso de privatización y la convirtiera en una potencia comunicacional anivel mundial. Villalonga cumplió su misión con grandes inversiones en América latina, adquisiciones de empresas y fusiones, al punto que trasladó su centro de operaciones a Miami. “Estoy donde están los negocios” decía para explicar sus continuos movimientos en el jet de 34 asientos y cuarto privado que había comprado la empresa.
En el interín conoció a una ex Miss Veracruz, Adriana Abascal, viuda consorte del anciano millonario mexicano Emilio Azcárraga, dueño de Televisa. El hombre se divorció para unirse a Abascal quien llegó a convertirse en emperatriz de Telefónica. Enamorado, Villalonga pagó con dinero de la empresa a los abogados de Abascal que luchaban por la cuantiosa herencia de Azcárraga y llegó a pagarle 750 mil dólares a su nueva compañera por un video para Telefónica que resultó tan calamitoso que nunca pudo exhibirse.
La provechosa equivocación de Villalonga –tan común en estas situaciones– de confundir el patrimonio de la empresa con el suyo afectó su imagen hasta que un escándalo por un plan de reparto de acciones millonarias para un reducido grupo de directivos casi frustró la reelección de Aznar en 1999. El fracaso de una alianza con la empresa holandesa KPN fue la excusa para pedirle su renuncia en el marco de una dura campaña de denuncias. El exitoso tiburón de las finanzas reside ahora en una lujosa casa de dos millones en Kay Biscaine, en Miami, con su flamante y llamativa esposa.

En entrevista con Página/12, señaló que casi todos los altos directivos de Telefónica tenían cuentas en el banco de Raúl Moneta.

Pago: �El dinero salió de Telefónica y hacía falta justificar el pago, para lo cual utilizaron al Banco República de una forma poco creíble�.

Investigador y acusador
Luis Balaguer.

En su oficina del centro de Mendoza capital, el contador Luis Balaguer observó sorprendido las inesperadas derivaciones de la investigación sobre lavado de dinero, que tiene como protagonistas a Raúl Juan Pedro Moneta y al Citibank. Navegando por Internet descubrió, muy temprano en la mañana, que las preguntas que le formulara el corresponsal del madrileño diario El Mundo, así como la información recogida en Buenos Aires por dos de sus periodistas más notorios (ver aparte), sustentaban la portada del periódico en su edición de ayer. El escándalo había llegado a España de la mano de Telefónica. Página/12 lo entrevistó y Balaguer aportó más detalles al affaire. En 1997 y hasta agosto de 1999, recordó, el directorio de Telefónica de Argentina lo integraban Luis Bustamante Vega, presidente; Martín Ruete Aguirre, vice, y, entre otros, Leo Werthein, Benito Jaime Lucini, presidente del Banco República, y Carlos Carballo, ex viceministro de Erman González en las carteras de Economía, Defensa y Trabajo. Todos ellos, dice Balaguer, tenían cuentas en el Federal Bank. Lucini por esos días se encontraba procesado y prófugo por el Banco Mendoza (del que era vicepresidente); Carlos Carballo fue procesado luego en el marco de la causa por la venta ilegal de armas.
–¿Qué cosas, de todo lo que se afirma, tiene usted comprobadas en la relación Federal Bank, Banco República y Telefónica?
–Lo concreto y demostrado es que en 1998 Telefónica de Argentina pagó 800 mil dólares al República en concepto de honorarios por la evaluación del impacto del rebalanceo; 2 millones por asesoramiento en el programa de propiedad participada y antes le habían pagado otros 2 millones de dólares de honorarios por el estudio de las telecomunicaciones en América. El Banco República, de un día para otro, se había transformado en consultora y sus empleados en expertos en telecomunicaciones.
–¿Cuál pudo haber sido la verdadera razón de esos pagos?
–Lo evidente es que el dinero salió de Telefónica y hacía falta justificar el pago, para lo cual utilizaron al Banco República de una forma poco creíble. Estos pagos fueron observados por los inspectores del Central y a fojas 140 del expte 100-115/99 objetaron estos pagos al igual que comisiones pagadas al Federal Bank. Advertían al mismo tiempo a sus superiores en este sentido pero, como de costumbre, el directorio del Central no hizo nada y encubrió la operatoria. Era más que evidente la falsedad de los pagos y que encubrían pagos a terceros. Otra cuestión muy sospechosa es el alquiler del cartel de Telefónica, el que está en el Edificio República, sede de Telefónica, que cuesta 800 mil dólares al año. Es decir, una cifra que en estos 5 años da casi 5 millones de dólares Demasiado generoso de parte de Telefónica para un cartel. Una cifra con la que se puede casi construir otro edificio, no como ese, claro está. Bueno, todos esos obsequios no tienen justificación alguna, excepto que se estén encubriendo otros pagos.
–Usted mencionó en un programa de televisión y en declaraciones al mismo diario El Mundo la existencia de un depósito de 580 mil dólares en el Federal Bank a nombre de un ministro de la Corte: Enrique Petracchi.
–Sí, tiene fecha del 14 de julio de 1998. Los tres pagos, uno a Enrique Petracchi y dos a su primo Alberto Petracchi, son por cifras idénticas, realizados en días consecutivos. A eso hay que sumar que, en esas mismas fechas, se registra un depósito de casi un millón y medio hecho por Telecom. Agregué que eso sucedía poco después que la Corte aprobara el rebalanceo. Para nadie es una novedad que el Estado, desde diversas instancias, favoreció a las telefónicas. Mucho antes habían pasado dos hechos muy importantes: entre la adjudicación y la toma de posesión por parte de las empresas ganadoras de la licitación de los teléfonos, María Julia modificó el cuadro tarifario alterando sustancialmente las condiciones de la licitación. Por otra parte, Carlos García, socio de Bauzá, abogado de Moneta y testigo estrella de Moneta contra el juez LuisLeiva, desde la Procuración del Tesoro produjo un dictamen favorable a un posible aumento tarifario en función de las inversiones hechas y, lo más sorprendente, de las que tenían previstas a futuro.
–¿Los vínculos entre el República, Telefónica y el Federal Bank eran puramente institucionales o también de índole personal?
–Muchos directivos del CEl y Telefónica tenían cuenta en el Federal Bank y operaban en forma personal con esa off-shore. Le voy dar unos pocos nombres: Carlos Basílico, del CEI; Felipe de la Balze, del CEI; Luis Martín de Bustamante Vega, gerente general y luego presidente de Telefónica en época de las privatizaciones; Martín Ruete Aguirre, del Citi; Richard Handley, del Citi. Todas estas personas del directorio del CEI, controlante de Telefónica, operaban con el Federal Bank. Institucionalmente, Telefónica era uno de los principales depositantes del Banco República y, además, un gran depositante del Federal Bank, llegando al extremo de pagar los dividendos a través de ese banco offshore. En realidad, Telefónica también operaba con American Exchange, la sociedad panameña de Moneta que inyectó centenares de millones de dólares en el circuito a través del Federal Bank. Por lo demás, Luis Martín de Bustamante Vega, director de Telefónica de Argentina, era director de FINASOL, otra empresa involucrada en el caso del Federal Bank y cuyo presidente era Richard Handley. A este cuadro hay que agregarle el siguiente dato: según consta en la documentación del Senado de Estados Unidos las grandes operaciones del Federal Bank fueron autorizadas personalmente por John Reed y cuando Reed dejó la presidencia del Citi pasó a la vicepresidencia de TISA, Telefónica Internacional, lo cual demuestra la estrecha ligazón entre los máximos directivos del Telefónica Internacional, el Citi y Moneta. Ninguno de ellos ajeno a la operatoria de lavado del Federal Bank.
–¿Por qué dice que las operaciones estaban autorizadas por John Reed?
–Porque así figura. Hay informes crediticios que mencionan la autorización de John Reed. Por la magnitud de las operaciones no podían ser autorizadas por cualquier oficial de cuentas.
–Enrique Petracchi ha anunciado que lo querellará...
–No me preocupa. Esta absolutamente demostrado que cobró los 580 mil dólares y él tendrá que demostrar a qué corresponden.
–¿Cómo podría repercutir todo esto al interior de Telefónica?
–Esos pagos ilícitos al Banco República constituyen administración fraudulenta.
–El artículo de El Mundo afirma que Telefónica o, mejor, De Villalonga le adelantaron a Moneta 6 millones de dólares para poder asociarse al CEI.
–No lo sé. Lo habrán confirmado a través de sus propias investigaciones. Esa afirmación, igual que otras que se hacen en el artículo, no son de mi cosecha. Son de la de ellos.
–¿Cuándo llegará la documentación del Senado norteamericano a Argentina?
–Eso tampoco lo sé. Pero el que haya surgido el nombre de los Petracchi involucrado en las operaciones del Federal Bank, siendo ambos tíos del yerno del Presidente, son explicativos de las interferencias del Estado nacional para demorar el envío de la documentación, así como el intento del doctor De la Rúa de minimizar el hecho de corrupción más grande de las últimas décadas de la Argentina. La misma falta de voluntad en la investigación la mostró el cavallismo. Alfredo Castañón fue el único diputado que puso objeciones al pedido de documentación a los Estados Unidos, aprobado casi por unanimidad.