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Por Miguel Bonasso
 Jorge Zorreguieta, el virtual
consuegro de la reina Beatriz de Holanda, dirigió ayer un mensaje
de diez puntos “al pueblo de los Países Bajos”, para
“esclarecer su participación en el gobierno militar desde
abril de 1976 hasta marzo de 1981”, donde miente descaradamente desde
la primera hasta la última línea y no puede evitar que el
inconsciente –sometido a la contundencia de los hechos– lo traicione.
El “decálogo” de Zorreguieta se publicó íntegro
en la página 2 del diario La Nación, adonde también
se dio a conocer recientemente una carta del genocida Jorge Rafael Videla,
en la que el personaje intentaba desmentir las declaraciones que se reproducen
en El Dictador, el riguroso trabajo de María Seoane y Vicente Muleiro.
Zorreguieta, hombre ligado históricamente a José Alfredo
Martínez de Hoz y a la Sociedad Rural Argentina, se aprovecha de
la supuesta ignorancia política de los holandeses respecto de la
historia de nuestro país, para ofrecerles en comunión una
hostia de granito. Olvida que en ocasión del Mundial de Fútbol
de 1978, cuando él era alto funcionario de la dictadura militar,
los integrantes de la selección holandesa de fútbol tuvieron
el coraje de entrevistarse con las Madres de Plaza de Mayo.
Ya en la introducción, donde explica las razones que lo llevaron
a “guardar silencio” hasta este momento, adultera los hechos
reales al llamar “gobierno militar” a lo que fue –según
criterio de la comunidad internacional– una dictadura genocida y
terrorista.
En el punto 1 describe “la situación de caos económico,
social y político” que imperaba durante el gobierno de Isabel
Perón y sostiene que “hubo coincidencia en los partidos políticos,
sindicatos obreros, entidades empresarias y la opinión pública
en general para que las Fuerzas Armadas pusieran orden en el país
y así poder llegar a una democracia estable y pacífica”.
Omitir es mentir. Zorreguieta omite en primer lugar que el pésimo
gobierno de la viuda de Perón estaba a pocos meses de su conclusión
y que podía haber sido reemplazado a través de elecciones.
Con ostensible mala fe, habla de “sindicatos obreros” progolpistas
y no dice nada acerca de la intervención en la CGT y en todos los
gremios, el encarcelamiento y aun el secuestro de dirigentes sindicales
y el secuestro, la tortura y el asesinato de miles de delegados de base.
Empezando por los de la fábrica Acindar, de su jefe y amigo Martínez
de Hoz.
También ha olvidado que la inmensa mayoría de los dirigentes
justicialistas fueron a los buques-cárceles y a las prisiones;
que se suspendió sine die el accionar de los partidos políticos
y que la “opinión pública” no pudo expresarse
debido a la férrea censura de prensa establecida por el régimen.
Algo más sincero es cuando habla del apoyo a los militares de ciertas
“entidades empresarias”, como el Consejo Empresario Argentino
y la Sociedad Rural, que comenzaron a conspirar contra el gobierno constitucional
en fecha tan temprana como julio de 1975, en las célebres reuniones
a las que convocaba el abogado-empresario Jaime “Jacques” Perriaux,
a las que ya hemos aludido en otras ocasiones. Conspiración que
ubica a todo ese sector del empresariado al que pertenece Zorreguieta
en la categoría de asociación ilícita.
El empecinamiento de la Sociedad Rural a favor del Proceso de Reorganización
Nacional fue tan persistente y orgánico que en marzo de 1981, cuando
ya nadie podía ignorar los estragos de la dictadura en materia
de violaciones a los derechos humanos, publicó una solicitada celebrando
la derrota de “el enemigo de la nacionalidad”, advirtiendo sin
embargo que la sacrosanta lucha “contra el comunismo” seguía
fuera de las fronteras argentinas y la sociedad debía estar alerta
ante un posible rebrote subversivo. La solicitada de marras y el punto
uno del descargo actual de Zorreguieta guardan una correspondencia total
con aquel texto, aunque ahora el hombre de la Rural es más escueto
y no usa antigüedades como “la lucha contra el comunismo”.
En el punto 2, el inminente familiar político de la Casa de Orange
justifica su acceso a la dictadura militar, como un derivado de su vocación
ruralista y del estado de “desintegración nacional” imperante.
“No podía negar en abril de 1976 mi colaboración como
subsecretario de Agricultura y luego, a partir de 1979, como secretario.”
Una supuesta conducta salvacionista que se compadece mal con su histórico
papel de lobbista, que persiste en sus actuales actividades como responsable
del Centro Azucarero, detrás del cual asoma el ingenio Ledesma
y la familia Blaquier, lo suficientemente poderosa como para lograr que
el dulce producto sea protegido en los acuerdos del Mercosur de la segura
competencia brasileña.
En el mismo punto, Zorreguieta levanta la eterna justificación
de todos los civiles que promovieron el golpe y fueron sus funcionarios
de cuello y corbata: era un cargo “técnico”, aparentemente
ajeno a los avatares de la represión. Es como si un secretario
de estado de Hitler dijera: yo era un técnico, no tenía
nada que ver con los hornos crematorios de Auschwitz.
En el punto 3 sostiene que el ofrecimiento del cargo en 1976 está
muy relacionado con las posiciones que ocupó en diversas entidades
agrarias. Y vuelve a omitir hasta qué punto esas entidades estuvieron
orgánicamente vinculadas con los militares en la preparación
y sostenimiento de un golpe que tenía un indudable objetivo de
clase: desindustrializar el país; transferir dramáticamente
la renta hacia los sectores de mayores ingresos; pulverizar el estado
de bienestar creado por el primer peronismo en 1945.
El país miserable que hoy tenemos fue diseñado por esos
hombres al servicio de la oligarquía terrateniente y el capital
financiero nacional e internacional.
En el punto 4, Zorreguieta se convierte inesperadamente en historiador
y recuerda que “a partir de 1969 (en la insurrección del Cordobazo
que no nombra) se desarrolló en forma creciente la acción
subversiva” del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y
Montoneros. Allí la falla de omisión se hace aún
más notoria: la “acción subversiva” empezó
con el bombardeo de Plaza de Mayo en 1955, que Zorreguieta y Martínez
de Hoz aplaudieron; con la dictadura de Aramburu y Rojas y los golpes
militares sucesivos de los que Martínez de Hoz y Zorreguieta fueron
altos funcionarios. Entre ellas las de los generales Juan Carlos Onganía
y Alejandro Lanusse (1966-1971).
Remata el inciso con un argumento clásico de los militares genocidas:
“La lucha contra la subversión por parte de las Fuerzas Armadas
comenzó antes de 1976 por orden de la presidente constitucional
Isabel Perón”. La misma del desastre al que se alude en el
punto inicial para explicar el golpe del 24 de marzo. Sólo que
aquí se la llama respetuosamente “presidente constitucional”
porque sirve para justificar el accionar clandestino contra la guerrilla
que tácitamente Zorreguieta sigue respaldando. Ahora bien, si una
de las causas principales del golpe fue la lucha contra la subversión
y esta lucha ya había empezado durante el mandato de Isabel ¿por
qué la derrocaron? ¿No sería para imponer la famosa
tablita cambiaria que promovió veloces fortunas?
“En la secretaría de Agricultura no se tuvo conocimiento de
la represión que se llevó a cabo”, dice el papá
de la futura reina de Holanda en el punto 5. Página/12 recordó
ayer que el 29 de marzo de 1976, cinco días después del
golpe, “los tanques del Ejército entraron en la sede del INTA
–Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria– de Castelar,
un organismo dependiente de la secretaría de Agricultura, y que
luego hubo secuestros y desapariciones en varias de sus delegaciones”.
PeroZorreguieta no se enteró de los tanques que ingresaron en un
predio bajo su surpervisión o pensó, quizás, que
estaban filmando una película. Apelando directamente a la ignorancia
de sus destinatarios, afirma que no conocía las características
de la represión, porque “eran grupos militares independientes
que actuaban contra células guerrilleras también independientes”.
Olvida que en el Nunca más, en el Juicio a las Juntas, en centenares
de publicaciones y aun en juicios penales en sedes judiciales europeas,
como el que sustancia Baltasar Garzón en España, se ha probado
hasta la saciedad que los supuestos “grupos militares independientes”
dependían orgánicamente de los jefes de cuerpo y respondían
a un plan orgánico de exterminio redactado personalmente por un
compañero de gobierno de Zorreguieta, el general Roberto Viola.
En ese mismo punto sostiene que en sus frecuentes viajes al exterior entre
1977 y 1979 no se le hizo “ningún reclamo ni mención
sobre violación de derechos humanos en la Argentina”. Aquí
la mentira se torna burda, grosera. En 1978, gracias al Mundial de Fútbol,
la prensa mundial dedicó amplios espacios a los campos de concentración
en Argentina. Y recordó que uno de los más temibles, la
ESMA, estaba a pocos metros del Estadio de River Plate, sede de la inauguración
y la clausura de la Copa. En 1979, la dictadura militar argentina tenía
serios problemas con el gobierno del presidente norteamericano James Carter
a causa de las graves violaciones a los derechos humanos reportadas por
el propio embajador estadounidense Raúl Castro y por la funcionaria
a cargo del sector en el Departamento de Estado, Patricia Derian. Por
si fuera poco, hubo una intensa presión pública en Estados
Unidos para lograr la libertad del periodista Jacobo Timerman. Y reiterados
pedidos de México para que le otorgaran un salvoconducto al ex
presidente Héctor Cámpora, a quien se había obligado
a permanecer refugiado dentro de la embajada mexicana en Buenos Aires
durante tres años. Todas estas violaciones a los derechos humanos
fueron prolijamente registradas por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la OEA que visitó el país entre el
3 y el 20 de setiembre de 1979. Zorreguieta debía andar cazando
liebres en su campo de Pergamino, cuando se formaron largas filas de familiares
para efectuar aquellas históricas primeras denuncias ante un importante
organismo internacional.
“A partir de 1984 se conocieron los excesos cometidos durante la
represión”, dice Zorreguieta en el siguiente punto. Con lo
cual miente dos veces. La primera porque ya sabemos que era imposible
desconocer ciertos hechos aberrantes perpetrados desde el poder del Estado
en años anteriores. Incluso en algunas publicaciones locales, como
el Buenos Aires Herald y La Opinión (antes de que fuera ilegalmente
intervenida) se publicaron algunas denuncias sueltas sobre secuestros
y presentación de hábeas corpus. Las Madres de Plaza de
Mayo, a quien Zorreguieta consideraría seguramente “locas”,
daban vueltas a la Plaza de Mayo desde 1977. En segundo lugar porque no
hubo “excesos de la represión”, sino efectos deseados
y logrados por los jefes militares, cuando concibieron el plan de operaciones.
Así quedó demostrado de manera judicial en el Juicio a las
Juntas de 1985.
Tardíamente, lo que sugiere un repulsivo oportunismo, Zorreguieta
siente un “gran dolor” por esos “excesos” del gobierno
que integró como secretario de Estado. Pero en el siguiente inciso
puede relajarse afirmando que “en todos los años transcurridos
desde entonces he participado en la vida democrática de mi país”.
Allí no miente, pero vuelve a escamotear un dato central: la democracia
argentina es tan corta de vista que permitió al carnicero Bussi
ser gobernador constitucional de Tucumán. “Creo en la democracia
y en los derechos del hombre, principios en los que he educado a mis hijos”,
sostiene el lobbista azucarero en el punto 8. Declaración que no
se compadece con su práctica histórica comofuncionario de
tres dictaduras militares. En el 9 reivindica una “buena fe”
que esta declaración desmiente fervorosamente.
En el punto 10, el que le interesa a la Casa de Orange, dice que hubiera
sido lindo estar en la boda de su hija Máxima con el príncipe
Guillermo, pero no lo hará para evitar que las “controversias”
que pudiera suscitar su presencia pudieran tener “un impacto negativo
en el rol y la posición futura” de su hija “como miembro
de la Casa Real de los Países Bajos”. Con lo que presenta
una razón de estado que le ha sido impuesta como si fuera el gesto
magnánimo de un padre noble y amoroso. Sin embargo, tiene que admitir
indirectamente que las aberraciones perpetradas por la clase a la que
pertenece y el régimen que integró han calado tan hondo
en la comunidad internacional, que al gran caballero de la Rural le está
vedado lo que está al alcance del humilde verdulero de la esquina:
entrar a la iglesia llevando a la nena del brazo.
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