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Por Miguel Bonasso
 ”Tuve la sensación
de que iban a vender todo, que iban a desvalijar en días a Aerolíneas
Argentinas. Me dio mucha bronca y me sentí muy solo. ¿Qué
dijo entonces (Hugo) Moyano? ¿Adónde estaban los gremios?”,
evoca ante Página/12 el juez Oscar Garzón Funes, el magistrado
que quiso impedir la privatización de la línea de bandera
en 1990 y fue arrollado en minutos por la Corte Suprema a través
del novedoso mecanismo del per saltum que anuló su sentencia.
En su departamento de clase media en Barrio Norte, sobrio y distante de
las opulencias inmobiliarias de algunos colegas, revisa libros y papeles;
el enjundioso trabajo de Alejandro Carrió y Alberto Garay sobre
el “per saltum” y la Corte Suprema; una caricatura de 1994 que
lo muestra tironeando con Domingo Cavallo un avión de Aerolíneas
y su sentencia sobre “las toninas overas” (curiosos y escasos
delfines autóctonos parecidos a las orcas), un fallo que puso coto
a la codicia pesquera de los japoneses y se estudia en la Facultad de
Derecho. Junto con los casos Siri y Kot, donde hubo resoluciones judiciales
que fueron al fondo del derecho más que al ritual. Y se tuvo en
cuenta ese “derecho difuso” -.ya aceptado por gran parte de
las legislaturas internacionales– que es el de todos y cada uno.
El que habilita, por ejemplo, a un simple ciudadano a pleitear por el
despojo de la línea de bandera o los ilícitos de la deuda
externa.
Garzón Funes tiene 67 años e integra un tribunal oral de
la Capital; cuando se presentaron los litigios por el tema Aerolíneas
(en 1990 y 1994) era juez federal del fuero Contencioso Administrativo,
cargo en el que se desempeñó durante 17 años, chocando
con todos los poderes ejecutivos dictatoriales y constitucionales que
gobernaron durante ese período. Motivo por el cual se ganó
una fama de “loco” que a veces, admite, “lo benefició”
al librarlo de ciertas presiones. Una fama que engarza bien con una de
sus grandes pasiones deportivas, el boxeo, que lo vio lucirse como amateur
de la categoría “livianos” y pelear (en un estilo que
él mismo define como “agresivo”) por el Campeonato Nacional
en 1959.
Su padre también fue juez y boxeador (presidió durante años
la Federación de Box) y le dejó en herencia varios púgiles
amigos que aún hoy visitan al juez que sufrió el per saltum
de la Corte menemista recién ampliada.
Garzón Funes le relatará al cronista los entretelones de
esa maniobra que según Horacio Verbitsky (“Hacer la Corte”)
“más que una actuación judicial se trató de
un operativo comando”. Pero antes de empezar su relato se demora
–justificadamente– en explicar lo que significa .una línea
de bandera.. La única de todas las líneas que operan en
un país a la que el gobierno otorga la llamada “quinta libertad”:
la suma de posibilidades de una empresa de aeronavegación, tanto
para actividades como para rutas.
La historia de la “Operación Per Saltum” es escandalosa,
sucia, triste.
Todo comenzó el 4 de julio de 1990 cuando el diputado del grupo
de los Ocho Moisés Fontenla presentó un recurso de amparo
en el juzgado de Garzón Funes para que se suspendiera la licitación
de Aerolíneas Argentinas. El diputado justicialista disidente basaba
su presentación en un dictamen del Inspector General de Justicia
Alberto González Arzac donde se cuestionaban diversos vicios en
la conformación de la nueva sociedad a privatizar. Según
el Inspector, se estaba conformando una “sociedad irregular”
más que una “sociedad anónima” y ese carácter
de irregular habilitaba a cualquiera de los socios a pedir su disolución.
La estructura jurídica de la nueva empresa donde convivirían
Iberia, algunos empresarios y el Estado argentino como accionista minoritario,
no se ajustaba los lineamientos de la ley 23696 de Reforma del Estado.
Garzón Funes sospechaba, además, que detrás de ella,
venía “el vaciamiento y el despojo” en un verdadero “complot”
del que una opinión pública manipulada no tenía ni
noticias. Ycon esa sospecha en mente le solicitó un informe al
ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, que conducía
el negocio y bregaba por la urgencia de la privatización.
De Dromi se podrá decir cualquier cosa menos que es perezoso: contestó
de inmediato exigiendo el rechazo del amparo. A su juicio Fontenla estaba
equivocado al considerar que una sociedad anónima con participación
estatal minoritaria fuera “sui generis”. Además puso
en duda la legitimidad de los pliegos del legislador para presentar el
amparo. .Una hora después de evacuado el informe, el ministro se
presentó directamente ante la Corte Suprema pidiendo la avocación
del cuerpo para resolver la causa”. No había aún sentencia
de primera instancia y por lo tanto de ningún tribunal de alzada.
No había, pues, recurso extraordinario.
Pero Dromi sabía que había un terreno fértil. En
aquellos momentos liminares del menemismo, la Corte acaba de ser ampliada
a nueve miembros, incluyendo a quienes luego serían conocidos como
“la mayoría automática” y el cerebro de Enrique
Petracchi había parido la idea del per saltum. Una antigüedad
remozada que venía al pelo para la ocasión. Un hombre muy
cercano a Dromi, el actual Auditor Rodolfo Barra, estaba allí para
darle forma a la intervención.
Pero además de las argucias leguleyas, de lo que a la postre resultaría
“un mamarracho jurídico”, menudearon las presiones. El
teléfono de Garzón Funes sonó y alguien que se identificó
como el doctor Ricardo Levene (a la sazón presidente del máximo
tribunal) le reclamó al “loco” que demostrara cordura.
El misterioso interlocutor le recordó al juez que había
sido amigo de su padre, con quien había compartido varias pasiones
deportivas, entre ellas las de la esgrima. Garzón Funes tomó
nota y cerró el diálogo con una estocada a fondo: “No
creo que usted sea el doctor Levene. El amigo de mi padre jamás
hubiera hecho una llamada como esta”.
La secuencia horaria es de cine mudo y no registra antecedentes en el
fuero local: Dromi presentó su informe a las nueve de la mañana
del día 12 de julio. A las 10:09 (una hora y nueve minutos después)
se presentó en la Corte Suprema para solicitar la “avocación”.
(Es decir que agarrasen el expediente mediante el per saltum). A las 12:08
del mismo día, le pidieron los autos al juez Garzón Funes
que aún no se había expedido.
“Yo recibí el pedido y decidí que les iba a remitir
el expediente pero con mi sentencia,” recuerda el juez. “Que
redacté esa misma noche. Siete carillas en total haciendo lugar
al amparo requerido por Fontenla. A las ocho de la mañana del día
siguiente (13 de julio) cuando llegué a mi oficina ya me estaba
esperando un empleado de la Corte para llevarse las actuaciones. Le dije
que se fuera que ya iban para allá. Quería que todo estuviera
legalmente registrado, en el Libro y con todos los sellos. Ellos estaban
apurados además porque ese viernes 13 era el último día
laboral antes de dos semanas de feria”.
Mientras tanto, a las once y media de la mañana, el comité
privatizador del ministerio de Obras y servicios Públicos a cargo
de Dromi precalificaba la oferta de Iberia-Cielos del Sur. A las 12:38
el expediente ingresaba a la Corte Suprema, con la sentencia puesta y
se le agregó, sin acumular, el pedido de avocación presentado
con anterioridad. A las cuatro de la tarde (fuera ya del horario tribunalicio),
Dromi .asesorado por Rodolfo Barra que era juez y parte– presentó
un escrito titulado “Apela”, sin mencionar que interponía
un recurso extraordinario. Al margen de lo que la ley establece, lo presentaba
directamente ante la Corte y no ante el juez que había dictado
la sentencia. Pero qué importaba: Carlos Menem había ordenado
ese mismo día que no se trabase la privatización de Aerolíneas
y Carlos Menem no era el de hoy. Horas más tarde, recuerda el afectado,
“la Corte resolvió suspender ‘los efectos de la sentencia
del señor Juez de primera instancia’. Su diario, Página/12,sacó
en portada a los miembros de la mayoría automática de la
Corte menemista y tituló: ‘Rapiditos para los mandados’”.
A las ocho de la noche del mismo 13 de julio, el ministerio de Dromi informó
que había sido calificada Iberia. El 16 Roberto Dromi .un nombre
que los argentinos deben recordar- entregó la línea de bandera
a sus nuevos dueños. Recién el 6 de setiembre de 1990, la
Corte dictó sentencia, confirmando la entrega que se basaba en
razones inexplicadas de “extrema gravedad institucional” argumentadas
por Dromi. Votaron por el per saltum Ricardo Levene (h), el actual abogado
de Menem, Mariano Cavagna Martínez, Rodolfo Barra y Enrique Santiago
Petracchi. A favor de la mayoría pero con matices, o sea con lo
que se llama “su voto”: Julio Nazareno (actual presidente del
cuerpo) y Eduardo Moliné O’Connor. El único que votó
en disidencia fue Carlos S. Fayt.
En 1994, el tema Aerolíneas Argentinas volvió a recalar
en el despacho del juez que gusta verse a sí mismo “como un
boludo que pelea contra los molinos de viento”. Esta vez la causa
nacía de tres pedidos de amparo para anular el nuevo convenio con
Iberia que proponía el ministro de Economía Domingo Felipe
Cavallo, en el que la mayoría de la compañía española
se hacía total, se licuaban las acciones PPP de los trabajadores
de la otrora eficiente empresa estatal, el estado renunciaba a la famosa
“acción de oro” que le otorgaba derecho de veto y quedaban
desprotegidos los empleados y técnicos de Aerolíneas. Uno
de los recursos de amparo había sido presentado por el diputado
frentista Carlos “Chacho” Alvarez y, curiosamente, era sumamente
crítico respecto de los designios entreguistas de Cavallo que,
al decir de Garzón Funes, “protegían la seguridad jurídica
de los inversionistas foráneos pero no la de los trabajadores argentinos”.
“Entonces recibí otro llamado al estilo Levene,” recuerda
el juez. “Esta vez era de Horacio Liendo -.hijo del general que fue
ministro del Interior de la dictadura– y mano derecha de Cavallo.
Al que obviamente no le di bola”.
Pero esta vez no hizo falta el per saltum. A Cavallo y Menem les bastó
con la sentencia adversa para Garzón Funes de la Cámara
de Apelaciones. Que ignoró entre otros antecedentes un informe
de la SIGEN cuestionando el nuevo convenio por “no guardar relación
con el pliego de bases y condiciones que rigió la licitación”.
El nuevo convenio salió sin consulta al Congreso y explica lo que
pasa en estos días, porque .entre otras “conquistas”-
anuló los convenios colectivos entre la empresa y los trabajadores.
Además, dice Garzón Funes, mientras me muestra en blanco
y negro al joven (y delgado) boxeador que era en 1959: “consagró
de hecho y de derecho una sociedad ‘leonina’, de las prohibidas
en el artículo 1651 del Código Civil, por eso todo ha sido
absolutamente nulo”.
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