Por Diego Schurman

Dos personas murieron en el marco de un operativo de desalojo de la Ruta 34 que desde hace dos semanas se mantenía cortada en General Mosconi, al norte de Salta. El enfrentamiento entre gendarmes, piqueteros y francotiradores también dejó medio centenar de heridos –27 de ellos uniformados– y por lo menos 6 detenidos. El gobierno nacional reforzó anoche la seguridad en la región y alertó sobre la posibilidad de nuevos disturbios.
El operativo se inició a medida mañana por orden del juez federal Abel Cornejo. A esa altura, 400 efectivos de Gendarmería habían llegaron a Mosconi –a 300 kilómetros de la capital provincial– para evitar una presunta ocupación de la refinería de petróleo crudo Refinor, ubicada a la vera del camino.
Lo que se inició con un clásico método disuasivo a base de gases lacrimógenos, terminó tres horas después a balazos limpio. El plomo reemplazó a la goma con el guiño del juez al ver que de las respuestas de los manifestantes no se limitaban a insultos y hondazos.
La teoría del “enfrentamiento” –en verdad, la reacción organizada y no la espontánea de la gente– fue defendida a capa y espada por Enrique Mathov. El secretario de Seguridad Interior habló más específicamente de una “emboscada” de un grupo de piqueteros que se habrían escondidos en el monte lindero a la ruta. “Había francotiradores”, atizó.
El despliegue de los gendarmes se hizo en forma de anillo. Fue la manera de evitar que la gente se acercara para solidarizarse con los 60 piqueteros apostados en la ruta. Así, un retén detuvo a unas 200 personas en Tartagal deseosos de sumarse a la protesta. Por eso hubo refriegas en el perímetro del corte y también lejos de él. La presencia de agentes uniformados, filtrando la circulación de personas –y dificultando el trabajo de la prensa– al norte y sur de Mosconi, seguía siendo notable anoche.
La primera muerte se produjo muy cerca de la ruta. Fue cuando Carlos “Charly” Santillán, de 27 años, recibió un certero balazo en la cabeza. No era un piquetero: se encontraba camino al cementerio de Mosconi para visitar la tumba de su hija, fallecida hace poco tiempo atrás.
La segunda muerte ocurrió dos horas después. José Oscar Barrios, de 16 años, tampoco murió en la zona del corte sino en la plaza del pueblo, situada a un kilómetro de la ruta. Presentaba una herida de bala a la altura de la cadera.
El vicedirector del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, Luis Martínez Negri, aseguró a Página/12 que la bala encontrada en la cabeza de Santillán estaba “encamisada”. Dio a entender así que se trataba de un proyectil de arma de guerra y que fue disparado por los gendarmes. También confirmó que la muerte de Barrios fue producto del disparo, pese a que originalmente se había relativizado esa posibilidad.
Se llegó a hablar de un tercer muerto, pero no hubo ninguna confirmación oficial. Los gendarmes no tuvieron bajas. Y en esa dependencia no solo agradecían a la suerte sino también a los cascos y chalecos antibala. De todos modos, se anunciaron 27 heridos uniformados, prácticamente el doble que el de los civiles.
Gran parte de los gendarmes heridos fueron trasladados a Orán –algunos fueron atendidos en la clínica Sagrada Corazón– y otra parte a la Capital Federal. En este último grupo se encontraba un oficial en estado desesperante con una bala alojada en la base del cerebro.
El violento resultado terminó provocando un cruce entre el juez y Mathov. El secretario de Seguridad Interior lo responsabilizó de la represión. El magistrado se defendió distribuyendo la orden que emitió a la Gendarmería, donde exigió “los máximos recaudos de precaución, prudencia y recato, a fin de evitar hechos de violencia de cualquier tipo”. En los pasillos oficiales hubo un recuerdo para nada ingenuo: el copamiento y posterior robo de armas de una dependencia policial, hechos ocurridos en noviembre del año pasado durante una pueblada en Tartagal. La recuperación del armamento no fue total. Había de todas las clases, tamaños y calibres.
Anoche ya había llegado un refuerzo de 300 gendarmes en un Boing 707 de las Fuerzas Armadas provenientes de Córdoba. La Comisión de la Pastoral Social de la Diócesis de la Nueva Orán llamó a la paz tras los graves enfrentamientos. “Hoy han buscado el camino de la lucha armada para lograr su propósitos. Ese no es el camino, sólo una encrucijada sin salida”, dice el comunicado. En el Gobierno dejaron trascender su temor ante la posibilidad de nuevos disturbios.
La Ruta 34 es la única de acceso desde Salta hacia el norte. Une diversas localidades, como Orán, Ciudad de Embarcación, Mosconi, Tartagal y Salvador Mazza.
La mayoría de las críticas de los trabajadores apuntaron a Juan Carlos Romero. En el momento del conflicto el gobernador menemista se encontraba participando en una misa de Corpus Cristi. “Estos son grupos minúsculos, guiados vaya a saber por qué intereses tratan de desestabilizar el sistema democrático”, dijo Romero, quien se comunicó con el presidente Fernando de la Rúa para intercambiar opiniones.
El gobernador no fue el único sorprendido: muchos salteños celebraban en ese momento un nuevo aniversario de la muerte de Martín Miguel de Güemes. Claro que no sólo el agua de una inusual lluvia para esta época del año desactivó los actos, desfiles y fogones tradicionales. También lo hicieron las balas –de goma y plomo– y los gases lacrimógenos, en una escena que volvió a la memoria los enfrentamientos del año pasado, donde se produjo la emblemática muerte de Aníbal Verón (ver aparte).
Los trabajadores que hace medio mes vienen protestando en Salta son mayoritariamente del área de la construcción. El corte en la ciudad de Mosconi era el último que quedaba de una retahíla que incluyó Tartagal y Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia.
Los piqueteros, muchos de ellos ex desocupados contratados para la edificación del Hospital Público de la ciudad y otras obras locales, reclamaban el pago de 2,50 pesos la hora de trabajo, como plantea un convenio para el sector. La empresa concesionaria a cargo de la obra abonaba 1,50.
En los últimos días se produjeron varias detenciones, como la del miembro de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados del Norte de Salta, el dirigente del Partido Obrero José Barraza.
Los conflictos en la región se remontan a la década pasada cuando YPF pasó a manos privadas. Ese proceso dejó a miles de trabajadores en la calle con apenas una promesa de consuelo: el cobro de las acciones que le correspondieran de la empresa a través del denominado Programa de Propiedad Participada (PPP). Pero no hubo caso. Romero aún negocia por estos días con el secretario General de la Presidencia, Nicolás Gallo, para que se cumpla con el pago de los PPP.

REPORTAJE AL JUEZ FEDERAL DE SALTA
“Yo no ordené reprimir”

Por Martín Piqué

El conflicto que ayer dejó dos muertos y decenas de heridos comenzó hace veinte días, cuando trabajadores y desocupados de General Mosconi cortaron nuevamente la Ruta 34 y organizaron un piquete. Está en manos del juez federal de Salta, Abel Cornejo, quien el sábado, luego de recibir información sobre un supuesto copamiento de las instalaciones de una refinería de petróleo, ordenó la “recuperación de la ruta nacional 34”. En el mismo oficio pidió que se empleen “los máximos recaudos de precaución, prudencia y recato, a fines de evitar hechos de violencia”. El domingo, a medida que se iba conociendo la cantidad de muertos y heridos, insistió en que fueron causados por “una emboscada”. Y negó haber ordenado la represión, como había dicho el secretario de Seguridad, Enrique Mathov.
–¿Usted ordenó la represión?
–No. El oficio (enviado al comandante de la VII agrupación Salta de Gendarmería, Aníbal Maiztegui) está clarísimo. La orden que di era la de recuperar la ruta. Y además tenía una serie de aclaraciones a fin de evitar hechos de violencia. La orden no implicaba necesariamente el desalojo de los manifestantes. Pero el endurecimiento de las posturas del piquete, una tentativa de volar el gasoducto y un copamiento de la refinería Refinor fueron los hechos desencadenantes. Cuando los gendarmes fueron hasta ese lugar, se desencadenó una emboscada.
–Usted dice que no ordenó la represión, pero Mathov dijo lo contrario.
–Bueno, yo trato de mantener, en la medida de lo posible, la independencia total. No emito ningún tipo de consideración política.
–¿Si usted no dio la orden de reprimir, por qué actuó Gendarmería?
–La orden que se había dado era que vaya la Gendarmería a la ruta, que se mantengan los pasos alternativos para que pasen los colectivos y no queden aislados Tartagal y Salvador Mazza. La presencia de los gendarmes se debía a una denuncia de la apoderada de la empresa Refinor que decía que el viernes habían entrado manifestantes a una planta con cinco millones de litros de petróleo crudo. Ante esa situación van esta mañana, y les dicen que depusieran su actitud. Pero los recibieron a tiros desde los costados de la ruta. A partir de allí se iniciaron una serie de acciones con intercambio nutrido de armas de fuego entre los gendarmes y un grupo de francotiradores que tiraba con armas largas. Eso está totalmente probado.
–Mathov dijo que la Gendarmería había recibido la autorización para usar balas de plomo. ¿Usted les dio la autorización?
–No, porque yo no puedo dar órdenes. Esa es una cuestión propia del área de seguridad.
–¿Quiénes eran los francotiradores?
–Eso lo tengo que investigar. Cerca de la ruta hay partes que son de monte, medias boscosas. Estaban allí pero no se sabe la cantidad. Durante dos horas, le tiraron con armas de fuego a la Gendarmería, que responde con balas de goma y gases, y después de recibir la autorización del ministerio del Interior, con armas de fuego. Hubo dos civiles muertos en los enfrentamientos, y 27 gendarmes heridos. Los francotiradores que estaban en las vías del tren tiraban con armas largas.

LOS ANTECEDENTES DEL ESTALLIDO
Historias de la 34

La explosión de ayer en Salta fue apenas una más. En mayo y en noviembre de 2000 la Ruta 34 ya se había transformado en teatro de operaciones de piqueteros, policías y gendarmes. En aquellas protestas, los reclamos se basaban en el aumento de los planes Trabajar y en la ejecución de nuevas obras públicas. Esos piquetes dejaron como saldo un par de “puebladas”, el asesinato del manifestante Aníbal Verón y el robo de varias armas de distintas dependencias policiales y judiciales.
El primer corte de la Ruta 34 durante el año pasado empezó el 2 de mayo, ante una reducción de planes Trabajar dispuesta por el gobierno nacional. Cientos de desocupados interrumpieron el tránsito en la ruta, en el acceso sur a la localidad de General Mosconi. La elección del lugar de la protesta no fue casual: la 34 es la vía de salida hacia Bolivia, por lo que tiene vital importancia económica para toda la zona.
Finalmente, el viernes 12 de mayo, por orden de la Justicia salteña, la Gendarmería inició el operativo de represión. Sin embargo, los manifestantes resistieron y terminaron copando General Mosconi, desde el cuartel de bomberos hasta las oficinas de la Municipalidad. A las 13 del día siguiente, cuando la “pueblada” ya había amainado, los piqueteros firmaron un acuerdo con el gobierno nacional y con la provincia, pero el pacto se derritió a los pocos meses.
El segundo piquete comenzó en la localidad de Cuña Muerta, al norte de Tartagal, el 30 de octubre, y el jueves 9 de noviembre se extendió hasta Mosconi, con reclamos similares a los de mayo. En la madrugada del día siguiente, como indican los “manuales”, la policía provincial intentó despejar la ruta, pero se trenzaron con los piqueteros en una batalla de palos, gases, y armas de fuego.
A las 5 y 45 cayó asesinado el piquetero Aníbal Verón, y los manifestantes, enfurecidos, coparon también Tartagal, llegando a entrar a la subcomisaría local, de donde habrían desaparecido tres FAL y un número no determinado de armas cortas, según dijeron en su momento autoridades salteñas. El lunes 13 volvió la paz con un nuevo acuerdo con la Nación y la provincia, pero siete meses después la densa realidad social volvió a recalentar a Salta, aún en pleno invierno.

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