Por Horacio Verbitsky

El pesimismo y la queja forman parte de cualquier caricatura del argentino. Sin embargo, el peor vaticinio sobre el futuro no se encuentra en las calles de Buenos Aires, sino en las páginas de la muy circunspecta publicación económica londinense Financial Times. En su sección de análisis y comentarios, publicó el miércoles 18 una columna firmada por David Hale, identificado como jefe de economía global de “Zurich Financial Services”. En mil palabras, afirma que la crisis financiera argentina puede escapar de control y desestabilizar a toda la región del Mercosur por muchos años.
Si se devaluara para incrementar las exportaciones el peso no caería el 20 por ciento que proponen muchos economistas, sino un 80 o un 90 por ciento, como ocurrió en Indonesia, dice. El Congreso argentino debería declarar nulos todos los contratos en dólares para atenuar los duros efectos de la devaluación. Pero esto tendría “consecuencias globales”, dado que tres cuartas partes del sistema financiero está en manos de bancos de España, Hong Kong, los Estados Unidos y otros países, sin lo cual “ya hubiera hecho implosión”. También se haría sentir en Brasil, cuyo impopular gobierno podría ser reemplazado en las elecciones presidenciales de 2002 “por un demagogo marxista o populista”. La inestabilidad consecuente “haría posible imaginar incluso una situación en la que tanto la Argentina como el Brasil volvieran a caer bajo gobiernos militares”.
Pese al significativo blindaje otorgado por el FMI el mercado sigue siendo escéptico. La realidad geopolítica indica que Estados Unidos no tendrá la misma decisión de contener la crisis argentina que mostró en México, Corea o Turquía, donde tiene relaciones militares o “intereses estratégicos. Sin embargo, agrega Hale, la Argentina podría reducir a la mitad el costo de su endeudamiento si persuadiera al ministerio de Defensa estadounidense de “establecer allí algún tipo de base militar”. Debería pedirle que el Pentágono instalara en la Argentina una de las estaciones de vigilancia de su sistema de defensa misilístico. La conclusión del columnista del Financial Times es que “el único hombre capaz de bajar las tasas de interés de la Argentina, reducir el riesgo de contagio financiero a los mercados emergentes y salvar la democracia en el Cono Sur de América Latina es Donald Rumsfeld, el ministro de Defensa de los Estados Unidos”. Sólo si asignara a la Argentina un rol en la política de seguridad de los Estados Unidos, los inversores creerían que “el gobierno del presidente Bush no la dejará caer en cesación de pagos. Si las percepciones sufren semejante cambio, no habrá necesidad de ninguna otra ayuda oficial, porque para los mercados las percepciones son la única realidad”.

Ultimas consecuencias

De tan extrema, esta visión es caricaturesca. Sin embargo, tiene la virtud de demostrar por el absurdo hacia dónde conduce la lógica imperante si es forzada hasta sus últimas consecuencias. En definitiva, también el canje de títulos de la vieja deuda externa por acciones de las empresas estatales sonaba como un delirio cuando el Banco Mundial y Henry Kissinger lo sugirieron a los países que no podían hacer frente a los intereses que se acumulaban impagos. Como en 1989, el vértigo de subsidios que el conjunto de la sociedad es forzado a transferir a los sectores más concentrados del capital ha llevado a la quiebra del Estado de Bienestar [para Pocos]. Igual que entonces, la solución propuesta consiste en acentuar los desequilibrios que llevaron a la situación crítica. Sólo que esta vez se han traspasado todos los límites. No es lo mismo liquidar a precio vil el patrimonio acumulado en las empresas públicas por generaciones pasadas de argentinos que contemplar la liquidación de esaspropias generaciones, forzándolas a percibir ingresos destructivos de la supervivencia individual y de la convivencia democrática. Los proyectos legislativos de accionistas republicanos, radicales y justicialistas difieren en el piso a partir del cual se recortarían jubilaciones y salarios estatales, pero no sostienen interpretaciones antagónicas acerca de las causas de la deuda pública, de sus consecuencias ni de los remedios posibles a la situación. Por el contrario, la propuesta de unidad nacional para el ajuste en la que con matices coinciden, convalida la distribución regresiva del ingreso que a partir de la dictadura militar ha remodelado la sociedad argentina. Cuestionarla es la clave para cualquier articulación de una alternativa política distinta, como la que la semana pasada se presentó en público con la gráfica denominación de Frente Nacional contra la Pobreza. Sólo tiene un punto en común con la descripción del Financial Times: la democracia está en peligro y debe ser salvada.

Entre dos megacanjes

El déficit estatal se genera por una disminución de los ingresos y un incremento de los egresos. Ese saldo negativo, que se equilibra con endeudamiento, tiene el objetivo principal de financiar los subsidios que el 90 por ciento de la sociedad paga al 10 por ciento restante, explican dos economistas vinculados con el flamante Frenapo, Martín Shorr y Claudio Lozano. El gasto público y la inversión en infraestructura buscan proveer a la población bienes y servicios públicos como educación y salud, o algunas condiciones esenciales para la vida como el acceso al agua potable, comunicaciones y transporte, construyendo caminos, escuelas u hospitales. Por esta vía se distribuye la riqueza generada por la población en forma más equitativa. Los Estados modernos también gastan en la promoción del desarrollo económico, la industrialización y la creación de capacidades científicas y tecnológicas. Pero nada de esto ocurre en la Argentina, donde la oferta de bienes públicos se encoge cada día más, la inversión pública es casi inexistente, lo mismo que la promoción del desarrollo, mientras se subsidia por distintas vías al capital concentrado.
El estudio que distribuyeron esta semana revisa los principales renglones que explican el déficit que condujo a la bancarrota del Estado. La apertura a las importaciones, eliminando toda protección a la industria nacional no sólo generó desempleo, caída de los salarios y pobreza. También produjo un saldo negativo en el comercio exterior, sólo atenuado en los años de recesión. Como al mismo tiempo se desnacionalizó la capacidad naviera nacional, los fletes por el enorme aumento de las importaciones generaron también un fuerte déficit en el rubro denominado servicios reales. La creciente dependencia tecnológica y la destrucción de la industria de bienes de capital elevaron en forma irracional los pagos de regalías por tecnología, marcas y servicios profesionales y técnicos. Un rubro que creció en forma asombrosa fue el de los gastos de turismo en el exterior, propiciado por la ficción de la paridad entre el peso y el dólar. Durante la década se gastaron en pasajes y viajes al exterior más de 40.000 millones de dólares, lo cual supera en más de cinco veces al déficit comercial y prácticamente equivale al total de los intereses pagados por la deuda externa del gobierno nacional. Ello sin contar los gastos por compras realizadas, que deben buscarse en la cuenta de mercaderías. La salida del país de las superganancias obtenidas por las empresas estatales privatizadas también ha teñido de rojo la cuenta de remesas de utilidades y dividendos.

Clasismo combativo

La otra vertiente del déficit es la caída de los ingresos del Estado, gracias a medidas políticas como la privatización del sistema jubilatorio o la reducción de los aportes patronales, que Cavallo justificó hace una década aduciendo que incrementarían las inversiones y reducirían la desocupación. A su vez el endeudamiento del Estado Nacional, contraído para compensar cada uno de esos déficit, genera nuevos saldos negativos, por el pago cada vez mayor de intereses, que en 2000 superaron tres veces y media los de 1992, conduciendo a “un círculo vicioso, una espiral explosiva”. Pero a diferencia de lo que sucede en otros países en los que el déficit refleja condiciones estructurales de pobreza, aquí obedece a opciones ideológicas y decisiones impuestas por la más clasista de las corrientes combativas de la sociedad argentina, aquella representada por el hombre de negocios dudosos Eduardo Escasany, a quien no le disgustarían algunas de las opciones entrevistas por el Financial Times.
Debido al régimen de convertibilidad el Banco Central debe tener en reserva un dólar por cada peso circulante en el país, para que una contracción monetaria no restrinja la actividad económica. De modo que también para sostener las reservas del Banco Central el Estado debe endeudarse en el exterior porque los dólares necesarios no son generados por los ingresos de capital del sector privado, que luego se los compra al Tesoro al precio de fantasía de 1=1. Este es un liso y llano subsidio mediante el cual el endeudamiento estatal termina financiando la transferencia de ingresos al capital concentrado, un incremento de esa concentración y centralización del capital, su valorización financiera y su fuga del país, a expensas del resto de la población y de las funciones básicas y legítimas del Estado mismo.
La recuperación de los recursos que el Estado transfirió a las Administradoras de Fondos Jubilatorios y Previsionales, para que éstas a su vez se lo presten a tasas exorbitantes, bastaría para equilibrar el déficit presupuestario. Así podrían mantenerse los niveles de remuneraciones que hoy se ha decidido recortar y mejorarse el gasto legítimo del Estado Nacional, destinado a la salud, educación, equidad distributiva, desarrollo nacional, protección de la niñez y la vejez. Con el endeudamiento estatal también suben las tasas de interés. Esto agranda la cuenta de intereses que el Estado paga y las ganancias del capital concentrado, que es uno de los principales compradores de los bonos de la deuda pública. La elevación de la tasa de interés se propaga a toda la economía y ahoga a las empresas que no pertenecen al capital concentrado. Esto profundiza la recesión, incrementa el desempleo, la pobreza y la caída del salario. La distribución regresiva del ingreso ha dividido a la sociedad que alguna vez fue la más igualitaria de América Latina entre una capa de extrema riqueza, que concentra el dominio de la economía, gasta en consumos suntuarios y viajes al exterior y valoriza financieramente el excedente que extrae de los trabajadores, y otra capa de extrema pobreza, cuya propia supervivencia se acerca a zona de riesgo. Entre ambas, las clases medias empobrecidas que hacen cola frente a los consulados.

En familia

En estas condiciones, el recorte sobre los ingresos de los jubilados es una inmoralidad militante y la insistencia en ajustar sobre los gastos políticos una cortina de humo para ocultar por dónde se escurren de verdad los recursos del país. Es cierto que casos como el de Patricia Bullrich, quien quiso hacer blanco en el ojo de los sindicalistas y terminó dando explicaciones sobre las vigas de su propia casa, son especialmente irritantes. Su compañero sentimental, el abogado Guillermo Yanco, es el jefe de asesores del ministerio de Trabajo, con una remuneración de 5.207 pesos mensuales. Su hermano, el administrador de empresas Martín Bullrich, percibe 3.892 pesos al mes, como jefe de gabinete de la Subsecretaría deCoordinación. Sus explicaciones son burocráticas: cobran lo establecido para sus categorías respectivas, que fue rebajado cuando ella asumió, son capaces, trabajan duro y pierden plata en la función pública, Yanco cerró su estudio luego de veinte años y Martín Bullrich trabajó en una exportadora de granos y fue gerente general de un Centro Médico. Pero ambos la acompañan desde hace años en la función pública, en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo, en la Nación y en la provincia de Buenos Aires. “Son dos personas de suma confianza” , dijo. Al superponerse con el parentesco este valor parece más propio de la omertá que de la República. Con astucia, la ministra comparó esta situación con la de Jorge De la Rúa. Es verdad que la conducta de los Bullrich no se aparta de la moral media de la sociedad, pero la comparación más adecuada hubiera sido con el presuroso abogado Fernando De la Rúa (h), el Infante Aíto, cuyo faraónico proyecto Educ.ar, crédito del BID mediante, alejará en 400 millones de dólares el objetivo del déficit cero. En todo caso, el ministro de Justicia es el único que hizo una carrera destacada en la administración pública, bien lejos de su pariente. Pero aun así, el gasto político es insignificante en comparación con los subsidios al capital más concentrado.

Las siete columnas

El 11 de setiembre, Día del Maestro, siete columnas de un centenar de personas cada una partirán de Buenos Aires. Una seguirá el recorrido del Río Uruguay, hacia Puerto Iguazú; otra bordeará el río Paraná, pasando por Villa Constitución, Rosario, Paraná, Corrientes y Resistencia. La tercera pasará por la cuna de Domingo Cavallo (San Francisco), por Santiago del Estero y Salta, hasta llegar a La Quiaca. La tercera arribará a Tucumán luego de recorrer Córdoba, La Rioja y Catamarca. La del Oeste pasará por La Matanza, Junín, Río Cuarto y las tres provincias de Cuyo. Hacia el sur, una cruzará Lanús, Neuquén, Cutral-Có y Bariloche y otra dejará atrás Solano, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Río Gallegos, para desembocar en Ushuauaia. Todas arribarán el 21 de Setiembre, Día del Estudiante y de la primavera. En el camino, que comprende muchas localidades intermedias, presentarán el Frente Nacional contra la Pobreza y sus propuestas en favor de la redistribución del ingreso, como eje para salvar la democracia. La semana pasada se reunieron 400 delegados, que representan a 60 Juntas Promotoras de todo el país. Las identidades que confluyen en el nuevo Frente son diversas. Hay dirigentes políticos de distintos partidos. Entre otros, Elisa Carrió, María América González, Alfredo Bravo, Alicia Castro o Luis Farinello; cooperativistas, como el ex dirigente de Boca Juniors, Carlos Heller; sindicalistas, como los máximos dirigentes de la Central de Trabajadores Argentinos, Víctor De Gennaro y Marta Maffei; líderes estudiantiles, como el presidente de la FUA, Manuel Terrades; gremialistas empresarios, como el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi y el de la Asamblea de PYMES, Francisco Dos Reis, junto con militantes por los derechos humanos, como Estela Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel o Nora Cortiñas; dirigentes de los jubilados, como Antonio Forte; religiosos, como la monja Marta Pelloni y el rabino Daniel Goldman; el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Fortunato Mallimaci y el veterano sindicalista del peronismo combativo Miguel Gazzera. El porcentaje de mujeres supera el de cualquier otra agrupación, salvo las de género. El 20 de noviembre, Día de la Soberanía, la dirección de las columnas será inversa, porque se convocará a una movilización y acto nacional en la Plaza de Mayo. El Frenapo había solicitado autorización a la justicia electoral para consultar a la ciudadanía el 14 de octubre acerca de su proyecto de establecer un salario de ciudadanía de 500 pesos por cada familia tipo, de modo de que no queden hogares por debajo de la línea de pobreza. Pero la ley reglamentaria de laconsulta popular, promulgada hace tres semanas, prohibió tal simultaneidad. El Frente Nacional contra la Pobreza decidió entonces realizar la consulta el 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos.

Otra lógica

El salario de ciudadanía consta de dos partes: un seguro de 380 pesos para cada cabeza de familia sin empleo y una asignación universal de 60 pesos por hijo. La asignación por hijo no haría exclusiones por la situación laboral de los padres, y el seguro de desempleo obraría como un piso, sobre el cual se elevaría el salario mínimo de los demás trabajadores. Esto a su vez dinamizaría el mercado interno. Su aplicación requeriría unos 11.000 millones de dólares al año, que es la mitad de lo que podría recaudarse por la expansión de la actividad económica y el consumo ( 5.600 millones), la reasignación de los planes asistenciales vigentes (3.700 millones, el regreso al sistema de reparto de los fondos que reciben anualmente las AFJP (4.200 millones) la eliminación de las exenciones del impuesto a las ganancias (5.700 millones), los impuestos sobre el consumo más sofisticado (mil millones), la restitución de aportes patronales (mil millones) y. los subsidios a operadores fluviales, ferroviarios y de carreteras por peaje (500 millones). En total 21.700 millones, sin contar los que podrían obtenerse reduciendo la evasión tributaria y aduanera, que ronda los 34.000 millones. El salario de ciudadanía no es un programa económico completo, pero correría el eje del debate, postulando la supresión de los subsidios y privilegios tributarios que hoy tiene el capital concentrado. Permitiría, además, restituir su carácter transformador al voto, avanzaría hacia el control democrático del presupuesto y del gasto público, y frenaría la liquidación del Estado y de sus servicios legítimos.

La degradación

Tal vez de este modo se detendría la degradación que padece la institucionalidad democrática, como se observa tanto en los avances del Poder Ejecutivo sobre las atribuciones del Congreso, como en la adopción del discurso represivo para enfrentar cualquier problema social, ya se trate de las protestas organizadas como de las respuestas individuales de la criminalidad. Un claro indicador es la celeridad con que el Senado aprobó el disparatado proyecto del amigo presidencial José María García Arecha, que dispone penas superiores para la toma de rehenes durante un delito que para el secuestro extorsivo o el homicidio. El proyectado artículo 142 bis del Código Penal no sólo destruye la escala de valores que las penas para cada delito intentan expresar. También provocará grados crecientes de violencia y costará más vidas. La brutalidad policial, las ejecuciones extrajudiciales y la situación espantosa en las cárceles han estimulado las tomas de rehenes, porque quien conoce lo que le aguarda está menos dispuesto a entregarse si es sorprendido. El incremento de las penas redoblará la temeridad de quienes llegan a ese extremo y hará más difícil la negociación para rescatar con vida a los rehenes futuros. La vida de los rehenes y la de los policías valdrá tan poco como la de los ladrones. Un proyecto del sindicato de bancarios reclama la instalación de puertas automáticas dobles, con un detector de metales en el medio, de modo que si se detecta un arma su portador quede atrapado entre ambas. Pero los banqueros lo objetan, debido a su costo, de unos 30.000 pesos por cada una de las cinco mil casas bancarias del país, es decir unos 150 millones, equivalente a las comisiones que ganaron con el megacanje. No todos los especialistas comparten el entusiasmo por esos mecanismos, que los bancos españoles estarían dando de baja, y sostienen que nada cambiará mientras los bancos se beneficien con los robos. .Dada la complicidad delBanco Central, que hace diez años no inicia un sumario administrativo, si les roban 30 cobran el seguro por 80. ¿No vio que cada vez que un periodista pregunta cuánta plata les robaron están haciendo la auditoría?., comenta un experto, escéptico sobre la posibilidad de cambios. .El Banco Central no tiene un solo funcionario idóneo en el área de seguridad y el jefe de seguridad del Banco Nación es un prefecto, Pedro Gómez. Le dijeron que tenía que hacerse cargo de un banco. Entendió barco y agarró viaje. Era un premio consuelo, porque no lo pudieron poner de jefe de Prefectura. Decoró el despacho con cadenas, anclas y flotadores., añade con sorna. Claro, él no es prefecto, sino policía. Lo único inminente parece ser una resolución del Banco Central disminuyendo de 10.000 a 5.000 pesos el monto máximo de dinero en cada caja y la instalación de buzones de seguridad, en los que el cajero guardaría el dinero recibido y luego no podría abrirlos. Es una buena metáfora del país, donde el dinero está más seguro que las personas.

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